Conforme transcurren los días después de la tragedia de los migrantes, siguen surgiendo más irregularidades de la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración, como es la cancelación del Comité de Protección Civil, que dejó de funcionar en la dependencia cuando el Gobierno federal la militarizó y la convirtió en un cuartel con mazmorras.

Personal de la propia dependencia reveló a Mirone que, con la llegada del general Pedro Alberto Alcalá en octubre del 2019, los procedimientos del Instituto cambiaron y el comité dejó de funcionar, situación que se mantuvo con la llegada del contraalmirante Salvador González Guerrero, desde el 2021 hasta la fecha.

El Comité de Protección Civil se encargaba de revisar periódicamente las medidas de seguridad de las instalaciones, de realizar simulacros de evacuación, de capacitar a todo el personal, incluyendo a los agentes del grupo Beta, especializándolos en rescates en montaña, mar, ríos, desiertos y en todas las situaciones de peligro en que pudieran verse los migrantes.

Cuando se interrumpieron estas supervisiones y capacitaciones, dejaron de revisar algo tan básico en la protección civil, como son las condiciones en que se encontraban los extinguidores de la dependencia, por lo cual el día de la tragedia solo había uno y estaba vacío, así como el sistema de alarmas contra incendios, que estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Otra situación irregular que ocurrió con la militarización del INM, fue que, con la contratación de guardias privados, estos comenzaron a tener acceso a las oficinas y a las celdas de la estación migratoria, así como contacto directo con los migrantes, que por ley solo podrían ser resguardados por los oficiales federales.

Los guardias privados, que deberían estar vigilando solamente los estacionamientos y accesos exteriores de la dependencia, fueron indebidamente habilitados y autorizados para permanecer en todas las áreas sensibles de la delegación, sin considerar su falta de capacitación en la materia, su desconocimiento de las leyes migratorias, pero, sobre todo, de los protocolos de seguridad para responder en situaciones de emergencia, como la que se vivió la noche del 27 de marzo. 

Extrañamente, de todo esto no habló en ninguna de sus conferencias de prensa la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez, pues solamente se refirió a la mala actuación de los servidores públicos que estaban en el recinto siniestrado, pero dejando de lado que fueron las rutinas negligentes y las omisiones implementadas por los jefes militares en el instituto, los que provocaron esa forma de actuar de los agentes.

Por todo eso, la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hizo un llamado al gobierno federal para dar un golpe de timón en las políticas migratorias, pero, sobre todo, para que ponga fin a la militarización y a la detención generalizada de migrantes.

A ver a cuál de las decenas de recomendaciones que han hecho organismos nacionales e internaciones sobre el tema, incluyendo a la ONU y a la OEA, les hace caso, o van a seguir practicando la estrategia del Tío Lolo.

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Uno de los aspectos que en la crisis migratoria de la ciudad se está pasando por alto, es el desgaste y escasez de recursos que padecen muchos de los 25 albergues para migrantes que atienden las organizaciones religiosas y de la sociedad civil en Juárez, y que están operando al límite de sus capacidades por falta de apoyo oficial.

Mientras que el Gobierno federal se aplica únicamente en el albergue Leona Vicario y da servicio de alimentación con recursos del Bienestar y hasta con la cocina móvil de la Sedena; los albergues de las organizaciones privadas que por humanidad atienden a miles de migrantes, se las están viendo negras, porque el personal voluntario se ha agotado y los recursos oficiales nunca llegan, a pesar de las promesas.

Uno de los albergues icónicos de la ciudad, la Casa del Migrante de Juárez, que atiende la Diócesis, enfrenta serios retos por la demanda de servicios que reclama el constante flujo de extranjeros que arriban todos los días y porque los recursos no les alcanzan.

Esta situación, y la ausencia de políticas públicas que obliguen al Gobierno a destinar apoyos suficientes a estas organizaciones altruistas, ha orillado al director del centro a pensar seriamente en rendirse y presentar su renuncia a la Diócesis.

Y no es mentira, organizaciones hermanas de la Casa del Migrante, revelaron a este escribidor que el padre Javier Calvillo, quien tiene 13 años como director de esta institución, se ha cansado de pedir los apoyos a las instancias gubernamentales federales, pero no hay respuesta.

Como él, están muchas otras personas que dirigen la comunidad de apoyos a los migrantes en Juárez, que a 5 años de que comenzaron a llegar los flujos migrantes con las primeras caravanas, ya piden esquina, como se dice coloquialmente.

Aunque miles de migrantes siguen en las calles de Juárez, otros 2 mil 866 están alojados en los 25 centros de apoyo, incluyendo el federal Leona Vicario y el Gimnasio Kiki Romero, del Gobierno Municipal, pero de continuar el mismo ritmo del flujo, muy pronto entrarán en crisis y muchos tendrán que cerrar sus puertas. Al tiempo.

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Porque existen razones fundadas para suponer que las investigaciones en torno a la muerte de los 40 migrantes y 27 lesionados es selectiva y cargada a los empleados menores, ayer se presentó en el Congreso del Estado la iniciativa para la integración de una comisión especial de seguimiento y vigilancia del proceso judicial, que entrará en funciones la próxima semana, una vez que se apruebe en el pleno.

La propuesta anunciada la semana pasada y realizada ayer por la diputada juarense Marisela Terrazas, subió ayer a tribuna, con el argumento de que se carece de la debida diligencia en la investigación de los hechos y en la sanción de las conductas delictivas y administrativas, que se generaron por las condiciones de prisión en que fue convertida la estación migratoria.

La iniciativa pasó a la Junta de Coordinación Política, que domina la bancada del PAN, por lo que no tendrá mayor problema para que la próxima semana se apruebe y se pase al pleno para votación final.

Una vez aprobada, la comisión especial tendrá facultades para intervenir en el curso de las investigaciones que realizará la Fiscalía General de la República, así como para darle seguimiento a las denuncias que se han formulado en la fiscalía del estado, donde las Organizaciones de la sociedad civil de Juárez, mencionaron las condiciones inhumanas que privaban en las celdas del INMI, como son la falta de atención médica, acceso al agua potable, incomunicación y desinformación.

O sea que, el tiro está cantado contra las instancias federales que solamente enderezaron sus baterías contra empleados internos y externos, así como contra un migrante, quienes son considerados por la opinión pública como simples chivos expiatorios.

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Hay veces en que, cuando la riegas, es mejor dejarla como quedó y no tratar de componerla, porque la dejas peor.

Esa máxima le viene bien a la diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, después de que se le fue a la yugular al presidente AMLO por aquel incidente en Juárez donde le atribuyó a Maru Campos los reclamos en su contra.

“No abona en nada. Considero desafortunado el comentario del Presidente, tal vez él tenga algún tipo de información, pero debemos de trabajar Federación-Estados-Municipios de manera conjunta”, le dijo al portal Entrelineas.

Horas más tarde, y después de una sesión del Congreso donde los opositores de la 4T volvieron a la carga con el tema de la migración, donde se llegó al penoso extremo de igualar las estaciones del INM con “campos de concentración”, la diputada presidenta le echó su puñado de confeti y sus tiras de serpentinas a AMLO.

“Respaldamos las estrategias en materia de seguridad y migración del Presidente de la República”, dijo en el campo militar, durante la ceremonia de cambio de mandos en la Guardia Nacional en Chihuahua.

¡Ya cuándo! El daño ya estaba hecho. La diputada ya se anotó en la lista de oradores que le van a endilgar el tema migratorio al presidente morenista y de ahí no la van a dejar salir sus compañeros que aún le reclaman haber aceptado la presidencia del Congreso.

Pero los morenos tienen la culpa. Para qué andan ofreciendo candidaturas a modo a actores de la política que no tienen vinculación alguna con los programas de la 4T.

Adriana, por lo pronto, si ya no es integrante de la bancada del PAN, no está lejos de quedar fuera incluso del partido y cerca del que la vio irse hace no mucho tiempo.