Esta Navidad, el espíritu de Resurrection: Ertugrul abandonó la pantalla y decidió instalarse —aunque sea por un rato— en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El responsable del episodio fue Gilberto Loya, secretario de la SSPE, mejor conocido como el Capi Centinela, quien sorprendió a los reporteros que cubren la fuente con un obsequio digno de serie épica: una tabla para picar y un cuchillo finamente afilado, con el nombre del periodista grabado al pie de la madera, como para que nadie dude a quién pertenece el arma… perdón, el regalo.

A primera vista, el detalle es original. Mirado con calma, la simbología se impone sola.

La tabla, robusta, con la insignia oficial de la SSPE grabada al frente, no parece tabla: parece escudo. El cuchillo, largo, pesado, con hoja martillada y funda negra, no parece cuchillo: parece espada. Un combo que no remite a la cocina, sino al campo de batalla. Más Ertugrul que utensilio doméstico.

La insignia de la SSPE refuerza la idea: protección institucional al frente, filo en alto detrás. Ertugrul versión chihuahuita. El justiciero invencible, pero ahora en horario navideño y con dedicatoria grabada.

El detalle no incomoda por el obsequio —que es de buena calidad y hasta elegante—, sino por la puesta en escena involuntaria. Porque en un estado donde la violencia no es ficción ni utilería, la imagen de espada y escudo en manos de la autoridad no necesita mucho contexto para hablar sola.

Tal vez fue solo una ocurrencia decembrina; tal vez fue humor interno. Pero en seguridad pública, hasta los regalos comunican doctrina. Y esta Navidad, el mensaje fue claro: aquí no se reparten galletas… se reparte épica.

Habrá que ver si, pasada la temporada, el Capitán Centinela guarda la espada, baja el escudo y vuelve a lo que no admite metáforas: resultados. Porque la realidad, a diferencia de Ertugrul, no perdona guiones heroicos mal actuados.

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¡En la Torre! —dirían en el barrio— y no solo por el encabezado de esta columna, sino por el cúmulo de errores que se le fueron al diputado juarense Pedro Torres Estrada, periodista de origen y político en funciones, en la tarjeta navideña que compartió en sus redes sociales para cerrar el año.

El mensaje, en esencia, es el de siempre: deseos de paz, unión, esperanza, salud y bienestar para Chihuahua, así como el llamado a seguir trabajando juntos por un estado más fuerte y solidario. Nada extraordinario. Nada que no se haya dicho ya en estas fechas. Lo que volvió memorable la postal no fue el fondo, sino la forma. O mejor dicho, las formas… y las faltas.

En una sola imagen se acumularon errores ortográficos, palabras mal escritas, acentos de más y frases que parecen no haber pasado por una segunda lectura. El “nueves oportunidades” no fue un desliz aislado, y el todavía más desconcertante “trabqundo” dejó claro que el texto pasó directo del teclado a las redes, sin escalas por revisión o corrección.

El asunto no sería mayor si no viniera de alguien que se formó en el periodismo, un oficio donde la palabra se cuida, donde una error pesa y donde publicar algo así habría significado, cuando menos, una llamada del editor. En política también importa el mensaje, pero importa —y mucho— cómo se dice. Porque la forma también es fondo.

Por cierto, no es la primera vez que al diputado se le mueven las teclas… o los botones. Hace apenas unos días, Pedro Torres Estrada reconoció públicamente que votó “equivocado” porque, según su propia explicación, “se fue con la finta”. Y no fue en un trámite menor ni en una reserva irrelevante: fue durante la votación del Paquete Económico de Chihuahua 2026, uno de los documentos más sensibles del año para el estado.

Después vinieron la disculpa y la justificación. El problema no fue solo el error, sino el contexto. En una votación que define presupuesto, prioridades y rumbo financiero, no leer deja de ser anécdota y se convierte en señal de alerta. Y cuando ese mismo descuido reaparece en la comunicación pública, el patrón comienza a ser evidente.

La tarjeta navideña no revela mala intención ni un mensaje cuestionable, pero sí deja ver prisa, ligereza y una preocupante ausencia de cuidado. Hubo diseño, hubo producción, hubo intención de imagen. Lo que no hubo fue edición.

Así que sí, ¡En la Torre! No por el árbol, ni por la estrella, ni por los buenos deseos, sino porque cuando las palabras se caen, hacen más ruido que cualquier felicitación.

Tome nota, diputado.

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Todo indica que el Gobierno del Estado de Chihuahua —los tres poderes, pues— volverá a faltarle al respeto a su propia legislación electoral y dejará sin efecto la elección directa de regidores en los 67 municipios de la entidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión del 23 de diciembre pasado, acordó iniciar la demarcación de los 67 municipios para elegir regidores de manera directa… pero acá, en el Legislativo, esa reforma ni les espanta el sueño.

No debería sorprender a nadie, porque desde hace tiempo vienen pateando el bote y haciendo como que no la vieron venir, con tal de mantener el actual estado de cosas: que los regidores sigan siendo electos dentro de una planilla, junto con el candidato a presidente municipal.

Desde el 1 de julio de 2020 —hace cinco años y medio— se publicó el Decreto número LXVI/RFLEY/0732/2020 VIII P.E., que fijaba fecha para la elección de regidores en boleta propia y por separado: el proceso electoral 2023-2024.

Las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo más que para volver a patear el bote y aplazar la entrada en vigor de esa reforma hasta 2027, es decir, las próximas elecciones locales.

Sin embargo, los partidos siguen amachados en la misma postura de hace cinco años y medio: Morena insiste en reducir el número de regidores y en que éstos se elijan por voto directo; el bloque PRIAN y partidos acompañantes, en el sentido contrario.

Es más: el PAN trae entre manos un proyecto para que ni siquiera el síndico se elija en boleta propia, sino que sea un “chalán” más del alcalde electo. Vaya regresión.

Ante todo ese aletargamiento legislativo, el INE ya les pintó la cara a los poderes del estado y no solo les pidió realizar la elección, sino que les anunció que comenzará la chamba para crear la demarcación interna de cada municipio, a fin de que se vote por el regidor representante ante el Ayuntamiento.

El problema es que dicha reforma debe estar vigente, según el propio INE, 365 días antes de la elección 2026-2027, y esa fecha ya pasó, porque el proceso iniciará el 1 de diciembre del año próximo.

Es decir, que en pleno año de Mundial de futbol, le volveremos a dar tremenda patada al bote y dejaremos la elección de regidores de “arme”… ahí, pa’ la otra.

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En este espacio les habíamos comentado que Morena y el PAN ya habían “planchado” la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la famosa CEDH.

Hablamos de que fue una especie de “catafixia”, donde el PAN se quedó con la Auditoría Superior del Estado, que tanto le interesaba, y Morena pondría nueva cabeza en la CEDH. Todos contentos.

Pues bien, desde las alturas de la Torre Legislativa y en corrillos del Palacio de Gobierno le confirman a esta mironesca columna que el trato va, que el planchado no se ha arrugado y que las cosas terminarán como estaba pactado para el año próximo.

De entrada, la elección se centrará en lo que ha venido empujando Morena desde hace rato: que la CEDH tenga, por primera vez en su historia de más de 30 años, a una mujer al frente, en calidad de presidenta.

Ya se intentó esa fórmula, pero la última vez que el Congreso sometió a votación ese cargo, la panista —sí, es panista— Georgina Bujanda se quedó a un solo voto de sentarse en la silla principal de la CEDH y, pues, ¡lástima! Todo se quedó como estaba, con Alejandro Carrasco como encargado de despacho.

Lo que nos cuentan es que, definido como está el dato de que será mujer, hay cuatro que aspiran y empujan fuerte para colocarse al frente de las preferencias de la “planchaduría” legislativa.

Una de ellas es Flor Alejandra Corral Requejo, quien llegaría al punto de salida con un expediente robusto que avala su trayectoria como especialista en la materia. Haber sido directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado pesa lo suficiente como para disipar cualquier duda.

Otra de las aspirantes que llega con buen empuje es la actual Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado.

Aunque se le ve como candidata natural, probablemente tendría en contra, precisamente, ser “demasiado” cercana al fiscal César Jáuregui Moreno, quien anda querendón por la candidatura del PRIAN a la Presidencia Municipal.

La que llega con pinta de ser punto de unión entre las dos bancadas “planchadoras” es Zulay Alaíd Abbud Esparza, encargada de la oficina de la CEDH en Ciudad Juárez.

Y bueno, nadie descarta que se vuelva a presentar Georgina Bujanda, pero se ve difícil que esta vez consiga los votos que no logró cuando no había acuerdo entre azules y morenos.

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Mal parada quedó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025, publicado por el Inegi el pasado diciembre.

Para empezar, el color de Chihuahua quedó pintado de amarillo en un mapa donde destacan las pocas entidades del país que no cuentan con un Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para dar pena: el mapa es casi todo en color verde, que identifica a las entidades que ya integraron ese consejo consultivo, y solo cinco aparecen en amarillo: Chihuahua, Michoacán, Morelos, Puebla y Chiapas. ¿Por qué? Porque aún no lo han integrado.

¿Y por qué no lo han integrado? Ah, pero qué buena pregunta. ¿Será porque ya llevan cuatro años de brincoteos, entre que quitan a un presidente y no terminan de elegir al siguiente? Tal vez.

Por lo pronto, la CEDH no cuenta con un órgano de ese tipo. Eso sí, el año próximo se gastará 136 millones 818 mil 178.63 pesos. Así se lo autorizó el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos para 2026.

Un presupuesto que va al alza respecto al del año anterior, porque también van en subida las cifras de quejas y hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos: de 2 mil 713 en 2023, se pasó a 5 mil 107 en 2024.

Todavía está por verse quién lo ejercerá, porque —como es bien sabido— ni siquiera se han puesto de acuerdo para decidir quién ocupará el cargo de manera oficial y permanente.

Lo único que hay, hasta ahora, y que sepamos, es el acuerdo PAN-Morena para que sea una mujer quien asuma la presidencia en el próximo periodo.