El aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez está cada vez peor, es un lugar que da harta pena ajena y sobre todo, que la comunidad fronteriza no merece.

En los últimos días usuarios de redes sociales han difundido imágenes en las que se observan calentones para usarse en exteriores, porque la calefacción volvió a fallar… igualito que el año pasado.

Elva Navarro, usuaria de redes sociales, comentó en Facebook que “el impuesto es de los más altos del país, esto es un buen ejemplo de una pésima administración”, mientras que David Zavala Tolentino le respondió en seco: “ejemplo de robadera, más bien”.

Esos son algunas de las opiniones más benevolentes con dedicatoria a los administradores del lugar, representantes del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Poco han cambiado las instalaciones desde 1998, año en que OMA recibió la concesión del aeropuerto. Dentro de sus obligaciones está la de presentar un Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto revisable cada 5 años.

Si hacemos un comparativo con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico, el bodegón local se queda muy por debajo de la comodidad que ofrecen las instalaciones de aquella frontera.

El aeropuerto internacional Abraham González es el tercero con mayor tráfico aéreo del Grupo OMA y el segundo de mayor crecimiento año con año.

Aunque en noviembre de 2020 publicaron el Programa Maestro de Desarrollo 2021-2025, han venido solicitando prórrogas en las inversiones y solo se han limitado a decir que se encuentran en etapa de remodelación. Ya fue mucho tiempo, ahora en Juaritos tenemos ya el aeropuerto ETERNO.

En septiembre pasado empresarios juarenses exigieron que se le retirara la concesión a OMA, ya que por ejemplo Viva Aerobus no contaba con lo necesario para el abordaje, además de que “los adultos mayores y las personas con discapacidad reciben un trato indigno e inhumano”.

De nada sirve que OMA obtenga utilidades anuales por 147 millones de pesos si no tiene la capacidad de tener su sistema de calefacción en buen estado, y no abundaremos sobre los baños que están en condiciones deplorables, entre otros malos servicios, dignos de una central camionera en San Juan de los Zopilotes.

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Corrían los meses de junio y julio de 2019 cuando el entonces gobernador Javier Corral enfrentó una rebelión en su granjita que estuvo a punto de estallarle en las manos…en ese momento. Pero resulta que el cohete que le dejó uno de los enfrascados en aquel pleito tronó la semana pasada y hizo tanto ruido que dejó sordos a más de uno, y dejará mudos a otros más.

Se trata de aquella bronca que tuvieron el secretario de Hacienda del corralismo, Arturo Fuentes Vélez, y su dizque subordinado Eduardo “Lalo” Fernández, el influyente subsecretario de Egresos de la misma secretaría. Ambos, para beneficio o desgracias, amigos cercanos de Javier Corral.

Este Mirone sabe que en esos días, trascendió que Lalo y Arturo Fuentes Vélez tuvieron una sonora discusión en torno a la reestructuración de los créditos bancarios de largo plazo y los bonos Cupón Cero, por más de 28 mil millones de pesos, pero hasta ahí quedó el dato.

En los radiopasillos de la torre “Héroes de la Reforma” que alberga a la Secretaría de Hacienda, se sabía que Fernández denunció a su exjefe ante el mismísimo Corral y que se ufanaba de haberlo hecho también ante la Fiscalía estatal y la Secretaría de la Función Pública.

Cierto es que pasaron los meses y nada de nada, hasta que el 15 de agosto de ese año, el cabreado exsubsecretario asumió la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado. 

Dicen las lenguas viperinas que el pleito quedó, aparentemente, hasta ahí. Fernández y Fuentes Vélez se volvieron a ver las caras (pero ahora de igual a igual) en las reuniones de gabinete, cuando el primero llegaba ya investido como secretario de Salud en plena pandemia de Covid-19.

El caso quedó cubierto por una gruesa capa de tierra y bien pudo quedar en el olvido hasta que aparecieron los “cazafantasmas” de la Auditoría Superior del Estado, quienes dieron con un MUUUUY bien escondido documento que evidencia un probable desvío de 98.6 millones de pesos entregados a una empresa “membrete” por supuestos servicios de asesoría para la reestructuración de la deuda.

Mironianas fuentes que estuvieron cerca de aquel pleito, le confirman a este Mirone que la fuente del encontronazo Fernández-Fuente (valga la redundancia) fue aquel contrato cedido a la supuesta firma “López Elías Finanzas Públicas, S.C.”, a nombre de Pedro López Elías.

También le aseguran que la operación con esa firma es toda una colección de irregularidades, según lo que se asienta en la ASE en su informe de revisión a la Cuenta Pública del 2019.

Primero, que le hayan dado un contrato por ese monto, sin licitación alguna, a una firma que no tenía ninguna experiencia ni conocimiento de cómo se hacen esos procedimientos. Tal era el tamañote de su ignorancia que la SHCP les devolvió más de 50 VECES el trámite, por malhecho.

Segundo, que lo hubieran hecho a través del fideicomiso de marras, como para que no lo encontraran y, de paso, para no obligar a la licitación ni a los estudios de mercado que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Si Lalo Fernández no puso denuncia en aquel entonces, ya es pecata minuta, porque el asunto va camino al Tribunal de Justicia Administrativa para que se enderece una causa penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

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“A la fecha no hemos encontrado la prometida ‘justicia pronta’”, es la frase contundente con la que la comunidad jesuita de la Tarahumara, condenó ayer la impunidad al cumplirse 6 meses de que fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma.

“Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios”, dice el comunicado publicado ayer en el sitio oficial de la Compañía de Jesús.

El documento, firmado por 12 sacerdotes de esta orden religiosa que trabajan en la sierra de Chihuahua, deja muy claro que en aquellas regiones prevalecen las condiciones de inseguridad con asesinatos, extorsiones, tala clandestina de los bosques y los desplazamientos forzados, afirmación que se robustece con las cuatro muertes registradas el domingo en Rocheachi, durante un enfrentamiento entre grupos criminales.

“Solicitamos, además, evaluar la situación de seguridad de Cerocahui y todo el Municipio de Urique, y diseñar un plan de restablecimiento de las condiciones de paz a largo plazo que implique garantizar el buen ejercicio de la función pública y la coordinación interinstitucional. Queremos respuestas estructurales a problemas estructurales”, manifestaron en clara alusión al fracaso de los operativos y supuestas medidas de seguridad implementadas en esa región.

Los jesuitas advierten que seguirán levantando la voz para exigir justicia y que resistirán junto con el pueblo rarámuri y mestizo. 

“La indiferencia y el silencio no son una opción y las muertes piden ser escuchadas”, señalan con clara dedicatoria a las esferas de Gobierno federal y estatal, que en su momento se comprometieron a resolver los crímenes, y hasta ahora solo han dado palos de ciego.

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Ahora que el aguerrido panista Gabriel García Cantú, fue designado como representante del Congreso del Estado ante el Organismo Público Descentralizado, que administrará el Parque Central de Juárez, sería bueno que comenzara poniendo orden en la sección sur del parque, donde se acumulan basura y materiales chatarra de todo tipo.

Si dicho organismo descentralizado fue creado con el propósito de que el importante pulmón de la ciudad funcione adecuadamente, con el mantenimiento y cuidado profesional de la flora y la fauna que alberga, la limpieza debe ser también una prioridad, por la salud de miles de familias que lo visitan diariamente.

Si el diputado García Cantú se ha destacado en los últimos días, como un enérgico defensor de los intereses de los juarenses, este nombramiento deberá ser una oportunidad para que lo demuestre, disponiendo lo necesario para que el Parque Central vuelva a lucir como en sus mejores tiempos.

Si hasta en la pasada administración corralista, calificada como una de las más descuidadas de la historia de Chihuahua, el parque recibió atención y tuvo una inversión importante en equipo para la limpieza y mantenimiento del lago, esta administración no puede ser la excepción, aunque en un principio se hayan equivocado al entregarle la administración del parque a personas neófitas, de la Subsecretaría de Desarrollo Humano.