El Grupo Reforma publicó ayer una información que resonó fuerte en todo el país.

Resulta que, en varias aduanas, incluyendo la de esta frontera, los grupos criminales tienen cuotas para la importación de distintos productos. Como quien dice, cobran sus propios impuestos.

O sea que los usuarios de las aduanas pagan doble tributación. Su impuesto legal y aparte la contribución exigida por el crimen organizado que nomás no deja ir ningún negocio.

Y eso que el Sistema de Aduanas está bajo control militar, se supone que precisamente para evitar las redes de corrupción y las tentaciones por los cañonazos de los mafiosos.

Reforma hasta consiguió el supuesto catálogo con los precios para cada producto, es decir, la tarifa de las extorsiones para las aduanas de Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Las cuotas van de los 100 a los 2 mil dólares en un listado de 215 productos que fue entregado por criminales a las empresas importadoras y oficinas de agencias aduanales.

Por citar algunos de los ejemplos, para introducir un tractor mediano, además de pagar el impuesto, la cuota extra es de 350 dólares; por una motocicleta, 300 dólares; por un camión con ganado, mil dólares; lanchas con remolque, 550 dólares.

Se hizo público ahora, pero de acuerdo con la información, desde antes de que concluyera el sexenio obradorista, se puso duro el cobro, a niveles nunca antes vistos. Y de plano muy descarados.

Los malosos habían empezado más discretos y con una lista de 15 productos para la cuota adicional a los aranceles e impuestos legales, principalmente para maquinaria agrícola, pero después fueron agregando otros más, como la madera, el acero, los lubricantes, hasta llegar a los 215 del “tarifario” de septiembre, como señala el documento que una de las víctimas entregó a Reforma.

Lo que más llama la atención es que presuntamente se están utilizando las bases de datos de las aduanas para el cobro criminal. Eso pasa, cuando la Sedena y la Marina tienen el control de las Aduanas del país desde el 2022, por decreto presidencial.

Por cierto, el tema llegó ayer a la mañanera de Claudia Sheinbaum. La presidenta aseguró que lo revisará.

“Con gusto lo revisamos, se está trabajando con muchos ámbitos, en inteligencia e investigación y en carpetas que lleven a detenciones”, indicó cuando le explicaron el caso.

También el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue cuestionado sobre la publicación y aseguró que específicamente eso no se le ha denunciado por parte de los empresarios locales.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya igualmente dijo no tener conocimiento de esos movimientos del crimen organizado, o al menos no ha recibido denuncia alguna. A lo mejor tendrá que mandar poner sus cámaras de la Plataforma Centinela en las garitas aduanales. Seguramente le darían permiso.

A ver en qué queda el caso. Ya se está viendo que la corrupción campea en las aduanas, trátese de Gobiernos tricolores, azules o guindas. Tampoco se escapan los militares, aunque se crea que son más confiables, íntegros o patriotas.

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Luego de que se definió por tómbola en qué juzgados y tribunales colegiados habrán de elegirse en 2025 a los jueces y magistrados por voto popular, lo que sigue ahora, además de que se publique la convocatoria, es que quienes están en los cargos actualmente, notifiquen si le entran a la competencia o no.

La convocatoria debe de salir hoy conforme al calendario y también hoy mismo se deberá establecer la fecha de cierre en la que los juzgadores, al igual que 10 ministros de la Suprema Corte y 14 magistrados de Sala Regional del TEPJF, informen si declinan participar en la elección.

Las otras dos opciones que tienen son la renuncia y pago de liquidación, o el retiro anticipado, si es que cumplen las condiciones de edad y antigüedad.

Esa decisión la deberán de tomar 711 jueces y magistrados en todo el país, incluyendo desde luego, los juzgados y tribunales con residencia en la capital del estado y Ciudad Juárez.

Hay algunos que se pusieron muy dignos y adelantaron que no seguirán el juego; otros ya andan en plan de jubilación anticipada, por lo que el Senado ya tiene la notificación de cuatro jueces y 25 magistrados que declinaron participar, según datos del Consejo de la Judicatura Federal.

El proceso avanza, pero el litigio legal y político tampoco se detiene. Mientras que en el centro del país, los diputados federales sesionaban para discutir las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Chihuahua el pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó la presentación de una controversia constitucional, precisamente contra la reforma.

Por unanimidad, aprobaron magistrados la propuesta que elaboró la presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, quien trae rato ya como activista en contra de la Reforma Judicial.

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Habíamos comentado aquí ampliamente cómo andaba el enjuague irregular con algunos giros de venta de alcohol en Ciudad Juárez.

Se vio que en Gobernación tomaron nota y en el reporte de la semana le pusieron lupa especialmente a las tiendas de abarrotes y a las terrazas-jardín, donde al parecer alguien no estaba haciendo bien su trabajo localmente.

El caso es que las brigadas de Chihuahua reportaron la clausura de 7 tiendas de abarrotes, dos licorerías y tres terrazas, además de un centro nocturno y un restaurante. Había falta de permisos y violación de giro, además de que se encontraron menores de edad en dos establecimientos.

Por cierto, llamó la atención de Mirone que en dos de las clausuras se señala que se trató de tiendas de abarrotes, aunque identificadas como Modeloramas. Por lo visto, los expendios intentan cobijarse con permisos de tiendas de abarrotes.

Entre los negocios sancionados están el salón de eventos “Terraza Paris”, también “Jardín de Eventos Las Glorias” y la “Terraza Madrid”. No tenían permisos, además de operar en un caso fuera de horario y en otro con menores consumiendo alcohol.

Ya lo había señalado Mirone, en las terrazas-jardín, dispersas por zonas habitacionales de toda la ciudad, prevalece un completo desorden.

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Como se preveía, la juarense Cristina Jiménez presentó su impugnación ante la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, instancia que consideró que no cumplió con los requisitos en las firmas de apoyo para su registro por la presidencia del Comité Directivo Estatal.

Ya no supo Mirone si en el documento se defiende nada más la validez de las firmas y el cumplimiento de presentación con la debida credencial de elector que se pidió en la convocatoria, o en términos generales se va a alegar inequidad en el proceso, o incluso presuntas irregularidades de quien sí consiguió las firmas.

De eso ha hablado la exregidora y exdiputada federal. Que el equipo de Daniela Álvarez utilizó la presión en contra de empleados de Gobierno del Estado para obtener los apoyos, y hasta que se usaron recursos públicos, cuando se sacaron copias de los documentos.

Tampoco era cosa del otro mundo obtener mil 333 apoyos distribuidos en los distintos municipios. La también exlegisladora juarense que recién recorrió el estado en campaña por el Senado, entregó 6 mil 600 apoyos y le validaron los mil 333 que necesitaba sin ningún problema, con su firma y su INE.

Cristina, quien estaba separada de la vida partidista y reside y se mueve profesionalmente en El Paso, entregó supuestamente los mil 333 apoyos, nada más que en su bonche de documentos había nombres repetidos y hasta una persona militante de Aldama que ya murió.

La Comisión de Elecciones consideró válidos únicamente 376 apoyos y por eso resolvió negarle el registro. Simplemente no cumplió con los requisitos.

Trascendió que Jiménez ya sabía que eso pasaría. Por eso ella y su equipo estuvieron haciendo cabildeo previo para que les dieran chance de competir, aunque no hubieran cumplido los requisitos, a pesar de que eso va contra la propia norma interna.

Ahora impugnaron y alegan que van con todo para que se hagan respetar las normas y la vida democrática de su partido.