No es nueva la inequidad en los manejos presupuestales entre Chihuahua y Ciudad Juárez, pero siempre cala ver esos indicadores con el maltrato a esta frontera, sobre todo si hablamos de rubros tan sentidos como la procuración y la impartición de justicia.

Los últimos datos los tiene la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, el organismo que integra a funcionarios de gobierno de los tres órdenes y a ciudadanos sin cargo público, principalmente representantes empresariales y de la academia.

La falta de personal en Juárez es un foco rojo que sigue sin atenderse. Aquí hay menos personal que en Chihuahua, aunque las cargas de trabajo sean mayores.

Para dimensionarlo, se tiene el dato de que, en 2023, en la Zona Norte de la Fiscalía General Juárez se abrieron 26 mil 243 carpetas de investigación por delitos del fuero común, mientras que en la Zona Centro fueron 23 mil 131 los delitos cometidos y denunciados. Otras 11 mil 142 carpetas vieron su inicio en el resto del estado.

Sin embargo, en Juárez hay menos recurso humano ya que están contratados 405 agentes del Ministerio Público y 333 policías investigadores, mientras que en Chihuahua esas cifras suben a 486 MPs y 540 policías investigadores.

Si se checa el personal de la Dirección de Servicios Periciales, también se ve la desproporción. En Zona Norte hay 137 peritos contra 163 de la Zona Centro.

La Mesa de Seguridad también revisó las causas penales ante jueces de Garantía y encontró que aquí se abrieron cinco mil 909 causas (55 por ciento) contra tres mil 923 (29 por ciento) en Chihuahua. En el resto de los municipios fueron tres mil 667 causas penales, es decir, el 27 por ciento.

Eso significa que cada uno de los jueces en esta frontera tiene una carga de 219 causas penales, casi el doble de los jueces en Chihuahua, donde llevan 115. En el resto del estado la carga es de 141 causas penales por cada juzgador.

Aunque hay más carga, hay menos presupuesto por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La capital se queda con el 62 por ciento y destina el 24 por ciento a Juárez, de acuerdo con los datos de la Mesa de Seguridad.

A ver si en el Presupuesto de Egresos 2025 ya se empieza a corregir ese trato in desigual e injusto.

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Este fin de semana se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la convocatoria para la elección de la persona que deberá presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los siguientes cinco años.

Hay que recordar que a la inesperada muerte del juarense Javier González Mocken, designada apenas este mismo año, se quedó como encargado de despacho, Alejandro Carrasco Talavera, pero estaba pendiente reponer todo el proceso que había concluido en abril. Por cierto, Carrasco tendrá derecho a anotarse para buscar la presidencia en la convocatoria lanzada por el Congreso del Estado.

Para aspirar a ocupar el cargo, se debe de contar mínimamente con estudios de licenciatura y acreditar al menos cinco años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos.

Quién sabe si ahora sí vayan a apegarse a la convocatoria las y los diputados, ya que ese segundo punto no estuvo lo suficientemente acreditado cuando la mayoría votó en favor del finado González Mocken.

Algunos otros requisitos son el de “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso”, no ser persona deudora alimentaria morosa, así como entregar una declaración, bajo protesta de decir la verdad, de que no es ni ha sido dirigente de partido político en los últimos cinco años.

En su momento fue muy cuestionada la designación de Javier González Mocken, ya que, aunque no había sido dirigente partidista, sí fue candidato del PAN y del PRI (el mismo bloque político que aprobó su cargo) a la alcaldía juarense en el 2021. En 2018 había sido candidato de Morena, también por la alcaldía.

Por lo pronto, se abrió desde hoy el registro de candidatos. La recepción cerrará el 28 de febrero del 2025 y habrá entrevistas entre el 20 y el 25 de marzo.

Se supone que la entrevista tendrá un valor de 50 por ciento y el otro 50, para la calificación final, se derivará de la revisión del perfil curricular.

Ojalá que en el Congreso privilegien ahora sí los perfiles de personas verdaderamente derechohumanistas y dejen de ver la CEDH como otro organismo más en el que se reparten cuotas de grupos políticos.

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Dentro de la grilla partidista, un evento que llamó la atención el fin de semana fue la inauguración de la Casa de Atención Ciudadana del senador panista, Mario Vázquez Robles.

Está con todo la mano el inmueble de la capital del estado y se hizo en grande el evento de apertura con la participación de la gobernadora Maru Campos. No hay que olvidar que Mario trae ya bastante camino recorrido en el mismo equipo de la actual mandataria.

Primero fueron compañeros de Legislatura en el Congreso del Estado, después fue Vázquez su colaborador en el Gobierno Municipal y en el Gobierno del Estado. El también exdirigente estatal del PAN, ha sido uno de sus más activos operadores políticos y por eso está en el Senado de la República.

“Hoy inauguramos la Casa de Atención Ciudadana, un espacio diseñado para que las y los chihuahuenses se acerquen con confianza y la certeza de ser escuchados. Felicito de corazón al senador Mario Vázquez por esta noble iniciativa, que brinda un lugar donde la ciudadanía podrá acceder a información sobre las acciones que estamos realizando en beneficio de nuestro estado, y lo más importante, atender las necesidades más urgentes de nuestra gente”, escribió la gobernadora, confirmando que están dentro de un mismo proyecto político.

Hablando de la gobernadora, en el evento se dejó ver en compañía de su pareja, el empresario Víctor Cruz Russek, quien también participó en el corte del listón, igual que lo hizo la presidente del PAN, la juarense Daniela Álvarez.

La casa de enlace se ubica en el centro de la ciudad, sobre el Paseo Bolívar y calle Tercera, donde se habilitó una antigua casona. Hubo bastante convocatoria con militancia y los principales cuadros blanquiazules.

Ahí anduvieron el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla y la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, además de gran parte de las diputadas y los diputados panistas, así como integrantes de los gabinetes estatales y municipales. Al primero no le tocó cortar el listo, pero sí se dejó ver en el interior de las oficinas con el senador Vázquez.

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A propósito de casas de enlace legislativo, a Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, ambos juarenses y morenistas, todavía no se les ve nada por Ciudad Juárez, ni por la capital del estado.

La senadora Andrea es la más activa porque ya armó su casa de enlace en Delicias y una más en Guadalupe y Calvo. Juan Carlos se colgó de Andrea en cuanto al inmueble en la Sierra Tarahumara, pero personalmente o de parte de su propio equipo, todavía no articula ninguna.

Se supone que hasta lana hay para que los legisladores operen sus casas de enlace. Andrea Chávez trae el compromiso y los recursos para poner varias de ellas por todo el estado, como parte de su proyecto por la gubernatura.

En cuanto a los diputados federales por Juárez, tampoco se han visto muy activos. Alejandro Pérez Cuéllar (Distrito 04) tuvo su casa de campaña sobre la Tomás Fernández, pero no tiene todavía su casa de enlace legislativo.

Daniel Murguía (01), tenía una en el suroriente en la pasada Legislatura, aunque ya poco se ha sabido de ella en este segundo periodo.

La diputada petista Lilia Aguilar (03) atiende en las mismas oficinas del PT en Juárez, en la calle Valle del Ródano. En el periodo anterior estuvo en medio de la polémica cuando la panista Daniela Álvarez la acusó de simular una casa de enlace y mantenerla cerrada.

Quien de plano nunca ha gastado un cinco en este tema en Juárez, es la diputada morenista Maité Vargas (02).