Este 2023 se cumplen 23 años a través de los cuales disímiles Gobiernos federales, y aquellos estatales y locales en turno, han intentado apaciguar la ola permanente de violencia que ha azotado a Ciudad Juárez por parte de los distintos grupos del crimen organizado que operan en la entidad.
Como si de fiestas de quinceañeras se tratase, no han faltado mesas de todos tipos y colores, para conformar proyectos, programas, planes y tácticas o como usted guste llamarles, que han tenido como propósito regresar la tranquilidad a las calles, pero sobre todo a las vidas de los juarenses.
Pero, ¿qué han conseguido dichas estrategias, además del imparable derramamiento de sangre, la pérdida de vidas humanas inocentes y multimillonarios daños a la economía y al patrimonio de los habitantes de esta ciudad fronteriza? Híjole, pues parece que solamente eso.
Desde hace 23 años los Gobiernos federales afirman que la estrategia a realizar, tal o cual, les permitirá recuperar la paz perdida. La realidad es que los días pasan y los juarenses seguimos añorando dicha paz como sueño guajiro.
Este laboratorio del futuro, como lo nombró alguna vez el escritor y periodista Charles Bowden, está aún a la espera de alcanzar la anhelada paz, como el desarrollo ordenado, que no termina por cuajar; al contrario, se ve cada vez más y más acullá.
Si intentáramos plasmar en palabras cada una de las buenas intenciones que han tenido los Gobiernos a través de sus planes, mismas que prometen la recuperación de la tranquilidad, a nadie le alcanzaría la vida para acabar de leerlas. Aquí aplica el “prometer no empobrece, dar es el que aniquila”; o más aún, “de lengua me como un taco”.
El escepticismo de los juarenses que aparece cada que llega un nuevo anuncio de una operación, un programa, una estrategia para pacificar la ciudad, está sustentado en los fracasos que se han observado a lo largo de estas dos décadas sangrientas, de dolor insondable.
Aquí están en cada calle el dolor, el alarido, los gritos, la muerte y la sangre presentes, como una cicatriz que nos impide olvidar la vida de miles de personas que se han perdido y que en su mayoría se trata de muertes que aún continúan impunes.
En su último año de gobierno, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León anunció sus Bases de Operaciones Mixtas, con las que nada ocurrió. Luego, Vicente Fox Quesada llegó con la agilidad que tienen los zorros en la noche, y así se fue de su mandato sin resolver el problema de la inseguridad.
La presencia de Felipe Calderón Hinojosa al frente del Poder Ejecutivo Federal, se recuerda ya como la más sangrienta y desastrosa de la historia reciente de México. Con Enrique Peña Nieto, los esfuerzos que se hicieron pasaron a su estilo, sin “peña” ni gloria.
En este 2023 Andrés Manuel López Obrador está al frente del país y en su mandato continúa cargando el lastre de un país malherido, adolorido. Tal vez por eso mejor se la pasa a carcajadas todas las “mañaneras”, en claro tono de burla.
Su posición de “abrazos, no balazos”, ante la delincuencia organizada, le ha valido toda crítica adversa e incluso burlas a nivel internacional.
Aun así, el presidente de México apuesta por llevar un nuevo intento en Ciudad Juárez mediante la estrategia “Unidos por Juárez”, donde los resultados deberán reflejarse a corto y mediano plazo, antes de que el país termine por arder en llamas. Así dicen ahora, el telón de fondo es el escenario político electorero que ya sopla por esta nación.
Lo que no han entendido los mandatarios, ante los yerros, es que los juarenses ya no queremos promesas, sino sencillamente, poder salir a la calle, caminar en paz y volver seguros a casa. Nos resistimos a vivir permanentemente en la violencia. Nada más.
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Veintitres años atrás (2000), la preocupación de los Gobiernos municipal y estatal en turno, encabezados por Gustavo Elizondo Aguilar y Patricio Martínez García, respectivamente, coincidía, pese a los desencuentros que sostenían por cuestiones políticas, en que era imperante la intervención del Gobierno federal ante la escalada de inseguridad y violencia que se vivía en Ciudad Juárez.
Esta situación derivada del consumo de drogas y el aumento de delitos del fuero común hacía ya, para aquel entonces, insostenible la vida a los juarenses.
Derivado de ello y tras reunirse en una visita que tuvo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a esta frontera, acordaron realizar acciones que permitieran la recuperación de la paz.
En el último año del mandato de Zedillo, en febrero de 2000, se realizó aquí la Cumbre Anticrimen, encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.
Entre los acuerdos, se anunció una partida de 245 millones de pesos, destinados a la seguridad en el estado, la instalación de tres puntos más de revisión carreteros en las vías de acceso a Ciudad Juárez, la integración de una agencia mixta del Ministerio Público y la coordinación de la Policía Judicial Federal (PJF) y de la Municipal para atacar el problema de la venta de drogas en las calles de esta frontera.
Según consta en los archivos periodísticos de Norte, también se fortalecería la presencia de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) con agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal en las bases de operación mixtas.
Pero a escasos meses de la conclusión del sexenio de Zedillo, la iniciativa de pacificación avanzó lenta y con resultados que seguramente usted no recordará, porque en pocas palabras, no pasó nada.
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Cuando Vicente Fox Quesada ganó las elecciones en el año 2000, se encendió una luz de esperanza para millones de mexicanos. Su llegada al poder, significaba también la alternancia en un país que había sido gobernado durante 71 años por el Partido Revolucionario Institucional.
La postura insolente ante la forma de gobernar de sus antecesores, le valió la empatía de los mexicanos que a la postre lo convirtió en ganador de la elección. En campaña, Fox era un verdadero “loco” que prometía acabar con la corrupción, meter a la cárcel a los corruptos de las esferas altas del poder y resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos; pero el poder cuesta, y Fox no pudo.
Sus buenas intenciones de mejorar la seguridad de los mexicanos se vieron mermadas y varias de sus iniciativas fueron “bateadas” por el Congreso, y tuvo que conformarse con aplicar solo parte de lo que había estipulado en su Plan Nacional de Desarrollo.
Ni Fox ni su Gabinete dimensionaron lo que significaría para el país, pero principalmente para las ciudades fronterizas, la caída de las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y el consecuente bloqueo de las fronteras.
El hecho suscitado en los Estados Unidos cambió la forma de vida en Ciudad Juárez, que pasó de ser zona de trasiego a un espacio ideal para el consumo de droga. Y no es que no lo hubiera sido antes, pero las repercusiones que se tuvieron a raíz del atentado terrorista aún están latentes.
Vicente Fox, en el 2003, implementó el Plan Integral de Seguridad Pública, estrategia que pretendía, dos años después, disminuir los índices de delincuencia en Ciudad Juárez; buscó infructuosamente abonar a la mejora del tejido social, mediante un plan con objetivos destinados a la seguridad y la sociedad.
Pero poco pudo hacerse con su Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006 (PNSP), en donde solo se plantearon los cimientos de un programa que, a falta de habilidad política, no permitió a su Gobierno abatir los problemas e índices derivados de la delincuencia.
Fox nunca pudo ver en su sexenio una baja de la violencia; no, se acentuó el uso de violencia excesiva entre integrantes de grupos del crimen organizado, que, pese a los discursos oficiales de seguridad, continuaron operando con ejecuciones cada vez más sangrientas y desalmadas.
Llegaron las decapitaciones y descuartizamientos, los asesinatos múltiples y la pérdida de respeto a las fuerzas policiacas. México estaba de rodillas, sometido ante el poder de los delincuentes.
En respuesta, el país entero marchó en contra de la inseguridad el 27 de junio de 2004. La lucha contra el crimen había fracasado una vez más.
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Felipe Calderón Hinojosa fue nombrado presidente tras una polémica elección. Su sexenio fue marcado por la declaración de guerra contra el narco.
Pretendía el exmandatario combatir a la delincuencia organizada y les declaró la guerra el 11 de diciembre de 2006. El costo, al final de su sexenio fue de 121 mil muertes en todo México. Tan sólo en Ciudad Juárez, se habla de 11 mil homicidios en ese periodo.
Con el país enardecido al inicio de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, Calderón consideró que tomar las armas y sacar a las fuerzas militares era el camino para pacificar el territorio nacional.
Fue en diciembre de 2006 cuando envió a Michoacán tropas militares para combatir a los grupos delincuenciales, pero en marzo de 2008, mandó a Ciudad Juárez, dos mil 500 policías federales, lo que dio inició a la Operación Conjunta Chihuahua.
Para este fin, en el arranque de las acciones estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
A la víspera se informó que dos mil 26 militares, y 425 agentes federales y ministerios públicos del fuero federal se integrarían a este programa de combate a la delincuencia. Se realizaría también una depuración de los cuerpos policiacos, ante la presunción de que pudieran estar infiltrados con el crimen organizado.
Pudiéramos ahondar en las beldades que se plantearon en su momento, pero el lector seguramente lo recuerda: las cifras de delitos y homicidios se incrementaron de manera tal, que cualquier película de horror se queda corta a lo padecido en Juárez entre los años 2008 y 2014.
Cuando Calderón entregó la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, devolviendo el poder al PRI, tras su fracaso, fue despedido entre gritos de “asesino”.
La guerra no había terminado, porque nadie así lo declaró; la sangre, en las calles continuaría.
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Enrique Peña Nieto llegó al poder, para convertirse en el mandatario más ridiculizado, hasta entonces, a través de las redes sociales. El fracaso generalizado del sexenio de Peña, significó para el Partido Revolucionario Institucional cavar su propia tumba.
A partir de la ausencia del poder del Estado, la interpretación de la cesión de los poderes de facto al crimen organizado se constituyó entre los mexicanos como la cúspide del hartazgo.
Peña pasó en su sexenio sin pena ni gloria ante los invariables logros en materia de seguridad. Asociado su nombre a la corrupción, salió de la residencia presidencial de Los Pinos como el último latido de un priismo que había muerto años atrás, pero al que nadie le había avisado. Entonces, 18 años después de intentarlo, en el 2018, Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), –pero que antes fue priista y perredista–, se convirtió en el nuevo presidente de México.
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Un dato resuena en la memoria de Mirone, la banda presidencial que entregaba Enrique Peña Nieto tenía los colores invertidos, el ya presidente Andrés Manuel López Obrador no la portó en su toma de protesta, puede ser que entendió su significado, que las cosas venían mal.
La lucha de AMLO, se ha caracterizado desde su primer discurso como mandatario por criticar al neoliberalismo, la corrupción y la violencia. Sus palabras significaron esperanza nuevamente entre los mexicanos, porque no dejó fuera el caso Ayotzinapa, ni tampoco la mejora de las carencias sociales. En pocas palabras, se dijo comprometido con México y en sus posteriores visitas a esta ciudad fronteriza dijo que vendría cada 15 días para supervisar los avances en materia de bienestar social, incluyendo bajar los índices de la violencia.
López Obrador declaró en 2019 el fin de la guerra contra el narco, aquella dictada años atrás por Felipe Calderón. A cambio ofreció “Abrazos, no balazos”, pero su buena intención se vio severamente criticada por los expertos en la materia; y se desató una nueva guerra, ahora mediática, que se vive entre dimes y diretes entre sus mañaneras y la reacción de los entes políticos y medios de comunicación, a quienes sigue nombrando como sus detractores.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se han iniciado ya cuatro estrategias de seguridad en Ciudad Juárez, la más reciente “Unidos por Juárez”. Antes se dieron el Plan Especial Juárez, Juntos por Juárez y en el presente año Operación Juárez 2023, que surgió a raíz de la fuga masiva de reos del Cereso 3, el primero de enero del año en curso.
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Usted podrá recordar mejor que Mirone, estimado lector, que a lo largo de estas dos décadas hubo otros intentos fallidos por volver la paz a la ciudad, pero nos concentraremos en la estrategia iniciada apenas el 18 de julio, “Unidos por Juárez”.
Anunciada en un evento que se celebró en la explanada de la Megabandera, la estrategia “Unidos por Juárez” tiene como ejes principales la disminución de homicidios, del tráfico de personas, del narcomenudeo y de las adicciones.
Nos dijeron lo que quieren, pero no nos plantearon cómo van a hacerlo.
Entonces, pues aquí le paramos, le daremos un voto de confianza a la secrecía de cómo habrán de trabajar. Pónganse de acuerdo. Den resultados, porque los juarenses queremos salir a la calle tranquilos y volver a casa a abrazar a nuestros seres queridos. Parece simple, pero, la historia del siglo XXI no nos dice lo mismo. ¿Podrán?
Don Mirone