Parece misión imposible, pero las autoridades estatales aseguran que, antes de que concluya el año, el Gobierno de Chihuahua contará con mil nuevos policías.

Los nuevos elementos, conforme al plan, serán destinados tanto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, el reclutamiento lleva buena marcha y, al momento, ya se cuentan 400 cadetes en formación.

Se dice que la convocatoria para completar los mil elementos que se integrarían a las filas estatales es parte de una “estrategia integral”, una con la que se busca avanzar en la pacificación y seguridad del estado.

Sin embargo, es bien sabido que la búsqueda de nuevos elementos policiales ha sido el talón de Aquiles no solo de la Policía Estatal, sino de todas las corporaciones de seguridad a lo largo y ancho del país.

Muchos factores han incidido en el reclutamiento y los malos resultados: malas condiciones laborales, falta de prestaciones, el permanente acoso del demonio de la corrupción, las amenazas y ataques del crimen organizado y lo poco valorado que resulta socialmente, en nuestro país, formar parte de estas corporaciones.

En su última convocatoria, tanto la SSPE y la FGE, ofrecen aumento de sueldos, promoción de ascensos, créditos de vivienda, seguros de vida, seguros de gastos médicos, becas académicas para la profesionalización de los agentes y para sus familias, entre otros incentivos.

Pero, ¿son estos incentivos suficientes para animar a hombres y mujeres de bien a incorporarse a las filas de la seguridad estatal?

Aunque el sueldo ofrecido en la convocatoria estatal, que asciende a 19 mil 299 pesos, se encuentra dentro de la media nacional y mejora, en parte, las actuales condiciones salariales de las corporaciones en el estado, lo cierto es que la incorporación de más elementos policiales y de investigación y la mejora mínima de sus condiciones laborales no resuelve, ni tantito, la compleja problemática de fondo en el combate al crimen.

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Para la organización Causa en Común, los policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, al tiempo que la violencia extrema se arraiga en todo el país.

Según esta organización, los horarios de trabajo de nuestros policías son extenuantes, dispares con los sueldos y prestaciones que reciben; el equipamiento y capacitación son insufientes y, encima de todo, tienen que soportar tratos denigrantes dentro de las corporaciones y la discriminación y falta de respeto al exterior, por parte de la ciudadanía.

Para este Mirone, las complicadas condiciones laborales de nuestras corporaciones policiales e investigadoras no solo tienen que ver con sueldos, prestaciones e incentivos, sino con todo un entramado de corruptelas y complicidades que dificultan, en gran medida, el trabajo profesional de agentes honestos.

El macabro armazón de histórica convivencia entre policías y criminales, somete a quienes desean hacer un buen trabajo policial y de investigación a grandes vulnerabilidades, presiones y riesgos personales y familiares, y los agentes operadores dentro de este sistema podrido pueden optar por no asumir estos enormes costos, haciéndose de la vista gorda o incorporándose al esquema de corruptelas y componendas con el mundo del hampa.

La corrupción en México está tan arraigada, que muchos han normalizado los nefastos contubernios entre las autoridades policiales y de seguridad y el crimen organizado y desorganizado, la monumental inefectividad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y el autogobierno criminal en la mayoría de las cárceles de nuestro país.

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Son muchos, y justificados, los requisitos para obtener un puesto dentro de una corporación de seguridad estatal en Chihuahua. Ademas de los obligados filtros de confianza, los aspirantes a cadete deben cumplir con una escolaridad mínima para el área de su interés, que consiste en secundaria y preparatoria para policía preventivo, Licenciatura en Derecho para ministerio público y nivel Licenciatura para agente de investigación.

Los aspirantes deben cumplir con un programa continuo de seis meses de formación en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP). Al final, quienes logran terminar satisfactoriamente la instrucción y cubren todos los requisitos, obtienen su plaza.

Y es a partir de este momento, cuando el agente operador se encuentra trabajando en campo, donde comienza a manifestarse la triste realidad de nuestro estado y nuestro país.

Según el documento “Profesionalización policial en Chihuahua: realidades, posibilidades y prioridades”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la efectividad de la Policía está directamente vinculada a la medida en la que alcanza sus objetivos de acuerdo con el mandato legal al que obedece.

Este estudio refiere que la efectividad de un cuerpo policial estatal como el de Chihuahua se valora a partir de su capacidad para la prevención, investigación y persecución de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas y su capacidad para garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

En Chihuahua, un estado ubicado en frontera con Estados Unidos, asentado en el país donde han florecido las organizaciones criminales mas poderosas y sofisticadas del continente, con una larga historia de contrabando, tráfico de drogas y que enfrenta hoy la problemática del narcomenudeo y las luchas territoriales entre pandillas y grupos criminales fragmentados y fuera de control, es fácil percatarse que la efectividad de nuestras instituciones policiales y de investigación está por los suelos, como lo está en la mayoría, sino es que en todas las entidades federativas de México.

Como muestra un botón. Desde que este humilde escribidor tiene memoria, en Juárez las instituciones policiales han estado vinculadas a grupos de contrabandistas y narcotraficantes, desde los tiempos de la líder criminal Ignacia Jasso, La Nacha, hasta llegar a los actuales carteles de Juárez y Sinaloa, que utilizan a diversas pandillas como grupos armados y distribuidores de droga en todo el estado, y que son los principales generadores de violencia y muerte en la entidad.

Día tras día, noche tras noche, la muerte ronda las calles de esta golpeada frontera, sin que exista poder policial, investigador, humano o divino, que pueda atajarlos, y las carpetas de investigación se siguen apilando, como colosal monumento a la impunidad que impera en nuestro estado y nuestro país. Mientras tanto, las investigaciones de delitos cometidos contra ciudadanos de bien duermen el sueño de los justos, para luego pasar a engrosar el archivo muerto.

¿Como podemos hablar, entonces, de la capacidad para la prevención, investigación y persecución de los delitos en Chihuahua y en todo Mexico?

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Recientemente, Norte Digital entrevistó en exclusiva a Alberto Capella de AC Consultores, la empresa que realizó el informe denominado Presencia del Crimen Organizado en México.

Capella refirió que en el estado de Chihuahua están identificados 20 grupos delictivos que operan en 54 de los 67 municipios, es decir, en el 85 por ciento de la superficie de la entidad.

Esto nos da una idea del enorme problema al que se enfrentan nuestras autoridades policiales e investigadoras en la entidad, al menos si hablamos de los operadores del sistema que desean hacer un trabajo honesto y profesional.

La corrupción y las actividades ilícitas, que son práctica recurrente entre muchos de los elementos policiales, sigue siendo el cáncer que requiere impostergable atención por parte nuestras instituciones de seguridad.

Tan solo a principios del mes pasado, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que la campaña permanente de depuración en la corporación, dio como resultado el cese de más de 340 elementos que estaban involucrados en actividades ilícitas.

De este proceso interno, están abiertos más de 300 expedientes de investigación y 58 elementos se encuentran suspendidos. Según Loya Chávez, este proceso de depuración no ha sido fácil, pero con ello se busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Policía del Estado.

En la Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales de los Estados y sus Respectivos Municipios, elaborado por la SSPE en noviembre de 2022, se destaca lo que se requiere para brindar un servicio eficaz a los ciudadanos.

El informe refiere que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), difundida el 18 de octubre de 2022, tan solo en Ciudad Juárez la percepción de inseguridad pasó de un 59.9 por ciento en 2021 a un 80.9 por ciento en 2022; es decir, aumentó un 21 por ciento la sensación de inseguridad en esta ciudad fronteriza. Y esa percepción está plenamente sustentada. 

En lo que va del año se han asesinado, al menos, a 280 policías en el país. Del 1 de diciembre de 2018 al 17 de agosto de 2023 se han registrado, al menos, 2 mil 98 policías asesinados en México.

El estado de Chihuahua se encuentra en la segunda posición a nivel nacional como la entidad con más policías asesinados en lo que va en el 2023, con 19, lo anterior, según el conteo que lleva la organización Causa en Común. Chihuahua solo es superado por Guanajuato, con 52, y en la tercera posición se ubica a Zacatecas con 18 homicidios contra elementos de seguridad, seguidos por Michoacán y Jalisco, con 17 decesos cada uno.

Chihuahua se encuentra entre los más altos índices debido al motín registrado el pasado 1 de enero en el Cereso No. 3, en Ciudad Juárez, en donde 10 policías penitenciarios fueron cobardemente asesinados durante una histórica fuga de 30 reos de alta peligrosidad, entre los que se encontraba Ernesto Piñón de la Cruz (a) El Neto, líder de los Mexicles, quien compurgaba una condena de 200 años.

Al día de hoy, cuatro de los 30 reos evadidos desde enero permanecen prófugos, y son muchas las interrogantes que continúan sin respuesta. Muchos de los culpables de las masacres y cómplices de la evasión de decenas de reos continúan libres.

Por todo lo anterior, no es que Mirone esté en contra de la incorporación de más elementos policiales y de seguridad, y de la mejoras, aunque sean mínimas, de sus condiciones laborales. Lo que se sostiene aquí es que el problema tiene un fondo mucho más profundo.

De nada sirve anexar mil o dos mil elementos más a nuestras instituciones policiales y de investigación sin una visión estratégica en materia de política criminal.  No hay forma de resolver esta problemática sin un enfoque en el combate a la estructura de impunidad que la alimenta. Mientras numerosos policías, agentes investigadores, fiscales, jueces y magistrados continúan fomentando la corrupción, la solución de nuestros problemas en materia de seguridad se ve cada vez más lejana.