El maratón de “sobras”, o de presuntas obras que el exgobernador Javier Corral emprendió al final de su quinquenio, no incluyó la reparación estructural del puente Carlos Villarreal, que había sido programada debido a los daños que presenta en su base y en su tendido sobre la avenida Abraham Lincoln.

El viejo puente, que este año cumplirá 73 años de haber sido construido, tiene daños que son visibles a simple vista y que han sido causados por choques de camiones contra su estructura. Fisuras en las juntas de expansión, cuarteaduras en la base, barandillas de seguridad y bloques de contención destruidos también por choques, son algunos de los deterioros que desde el año pasado fueron denunciados por civiles y especialistas de los colegios de ingenieros a las autoridades municipales y estatales, por el peligro que puede representar para la ciudadanía.

Considerando que a lo largo de más de siete décadas el puente ha dado servicio a miles de vehículos y soportado cientos de miles de toneladas de peso, lo menos que se requería de la autoridad responsable del ramo, como es la dirección de Obras Públicas, era un programa de mantenimiento regular.

Sin embargo, este no ha existido, porque ha sido hasta después de los reportes ciudadanos cuando los funcionarios han reaccionado. Así ocurrió el año pasado, cuando Protección Civil municipal realizó una revisión del puente y, sin ser la instancia técnica pertinente, determinó que los daños que mostraba no ponían en peligro su estabilidad.

También el año pasado, el coordinador de la Unidad de Protección Civil estatal en la Zona Norte, Bulmaro Márquez González, aseguró que las revisiones se realizan de manera periódica, pero en ningún momento mostró las evidencias de los daños que hasta los automovilistas detectaban a su paso.

Aunque el mismo secretario de Obras Públicas del estado del corralato, Gustavo Elizondo Aguilar, admitió los graves daños del puente y la urgencia de hacerle reparaciones mayores, estas nunca se realizaron. La bitácora de atención del puente se agregó a los trabajos que se iban a ejecutar en el último año de la Administración corralista, pero nada de ello ocurrió.

El responsable del desastre de las calles de Juárez habló en aquellas fechas hasta de la construcción de un puente con tirantes, como parte de un plan de remodelación integral de El Chamizal, pero todo quedó en simples promesas, la clásica de Elizondo.

Ni las reparaciones menores que expuso en su plan de obra, como son la pintura y barandillas de seguridad, se realizaron, pese a que también se presupuestaron. Los nuevos titulares de Hacienda, Obras Públicas y Contraloría, deberán revisar los gastos que en el último año reportaron los mentirosos corralistas, para determinar el destino que tuvo el presupuesto del puente.

Si en las obras mayores se fueron grandes con sobreprecios y desvíos de recursos, lo más probable es que en las inversiones menores que se planearon, también lo hayan hecho.

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Lo que tanto se temía y que los especialistas de salud cantaron con mucha anticipación, finalmente ocurrió, y ahora gran parte del estado regresó al semáforo epidemiológico naranja. Lo que no es explicable es el hecho de que Juárez se mantenga en semáforo amarillo, cuando es la región que mayor riesgo de contagio ha mostrado, por la simple condición de frontera con el país más afectado del mundo con el coronavirus.

Eventos masivos sin control sanitario, como los conciertos y la Feria Juárez, la reapertura de puentes internacionales y la entrada diaria de miles de compradores a los Estados Unidos, que relajaron los protocolos de protección, han hecho de la frontera mexicana una zona de alto riesgo que mostró un repunte en el número de contagios.

No lo dice Mirone, lo dicen las estadísticas de la Secretaría de Salud, que evidenciaron desde noviembre aumentos significativos en los controles clínicos de las instituciones de salud del Gobierno, pero también en las del sector privado.

Los registros de farmacias y hospitales, que ofrecen el servicio de pruebas Covid, siempre estuvieron al alza, por lo que no es lógico que la Secretaría de Salud los haya ignorado al momento de determinar los colores de semáforo para Juárez y la ciudad de Chihuahua.

Con la segregación pandémica, el Gobierno estatal y los municipales tendrían que establecer revisiones de las personas que entran y salen de las ciudades, para mantener el cerco epidemiológico recomendado por las autoridades sanitarias para estos casos.

Así como no se han establecidos esos cercos preventivos en los puentes internacionales, es de esperar que tampoco se hagan en las dos carreteras que comunican a la ciudad.

Por lo mismo, se deduce que la razón de dejar a Juárez en el semáforo amarillo tuvo una motivación política, no científica y mucho menos sanitaria.

El mensaje que la gobernadora dio a los chihuahuenses mostró una preocupación genuina por la gravedad del problema, por lo que ahora resulta incongruente que la región que más riesgo tiene por su condición geográfica se mantenga en una normalidad que no existe.

Ojalá que la tolerancia por razones políticas y económicas no se convierta en una pesadilla de salud como está ocurriendo en otras partes del mundo. El horno no está para bollos.