Una denuncia le llegó a Mirone en torno a la crítica situación que enfrentan servidores de la nación de origen chihuahuense en el estado de Guerrero.

Por los daños que generó el huracán John, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel ordenó mandar brigadas y la delegada estatal Mayra Chávez trae por allá su gente desde hace cerca de un mes.

Resulta que no nada más hubo afectaciones en Acapulco, también en la zona de Costa Chica, en Chilpancingo y en gran parte de la sierra guerrerense, hasta donde fueron enviados los empleados de Bienestar de Chihuahua, principalmente para apoyar en los censos de los afectados en sus viviendas y en su actividad agropecuaria.

Las brigadas también han realizado tareas de limpieza y de pintura en bienes inmuebles.

Las quejas llegaron por las pésimas condiciones en que se encuentra el gimnasio de Chilpancingo, donde se quedan los servidores, no tienen servicio de comedor y para acabarla de amolar ni sus viáticos les llegan.

Hizo crisis la higiene en el gimnasio acondicionado con letrinas, regaderas, y lavaderos de ropa, sobre todo por la falta de agua para bañarse y hasta para lavarse las manos en medio de una plaga de moscas. Reportaron incluso enfermos de tos y diarrea.

Le estalló el problema interno la nueva delegada Chávez ya que los empleados de Bienestar están inconformes porque se les está obligando a continuar fuera del estado por más de un mes.

Hay quejas de los servidores de la nación porque existe el amago de la secretaria Montiel de que el personal que adelante su regreso a Chihuahua por sus propios medios será dado de baja.

Se supone que ya estaba programado un relevo de personal para el 26 de octubre, pero se pospuso para el 15 de noviembre. En el grupo de chihuahuenses se encuentran mujeres madres de niños menores de 5 años que ya no saben qué hacer, según le reportaron a Mirone.

Hay mucho enojo y acusaciones graves, como la que de que directores regionales de Chihuahua se quedan con los viáticos de los servidores de la nación.

A ver cómo resuelve la novel delegada de Bienestar el problema para que se respetan los derechos laborales de los trabajadores a quienes prácticamente se les está dejando deja morir fuera de casa.

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Será por cuestiones de seguridad o porque no existe una estrategia adecuada para enfrentar el problema, pero la autoridad municipal uniformó la velocidad para circular sobre el bulevar Juan Pablo II a 60 kilómetros por hora (Kph) en toda su extensión, donde alguna vez hubo tramos de hasta 80 Kph.

Ese camino es uno de los que conecta al nororiente con el norponiente de la ciudad y viceversa, por lo que se torna en uno de los más concurridos por los conductores fronterizos, quienes tienden a ignorar consciente o inconscientemente la ordenanza ya que llegan a imprimir hasta 100 Km/h durante sus traslados dada la amplitud que tienen sus carriles.

El asunto, le reportan automovilistas a Mirone, es que la reducción en la velocidad máxima es aprovechada por elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) para “atorarlos” cuando le meten velocidad excesiva a sus unidades durante su recorrido por ese bulevar.

Varios alcanzados por los “mordelones” de vialidad contaron que con la frase “¿cómo quiere que le ayude?” abren la posibilidad de “pagarle” ahí mismo la multa por exceder el límite de velocidad.

El monto de la multa es de 3 mil 257.10 pesos, así que los conductores deben decidir qué hacer: cumplir con el azaroso deber ciudadano o “mocharse” con el agente para ahorrarse problemas.

Algunos de los quejosos indican que han sido “vacunados” con mínimo 200 pesos, pero otros han “colaborado” con 500 pesos cuando el servidor público se pone remilgoso y desprecia a Sor Juana, ya que a quien admira es a Diego Rivera.

Hacen la observación de que la autoridad municipal no hizo una campaña para advertir del cambio, simplemente bajó el límite parejo a toda la vía y la dejó a 60 Km/h parejo.

Esa estrategia se impuso a raíz del accidente ocurrido en el paso a desnivel de Bernardo Norzagaray a finales de junio anterior, cuando tres menores de edad fallecieron a consecuencia de que el vehículo en el que viajaban recibió el impacto de otro que circulaba a una velocidad inmoderada.

Fue así como, casi sin aviso ni campaña de difusión, la autoridad municipal se fue por la acción más fácil: disminuir los límites de velocidad sin mayor trámite.

Un factor que también afecta el cumplimiento de esa norma es que los señalamientos indicativos de la velocidad límite son casi invisibles, del tamaño que se coloca en las vialidades primarias o secundarias, pero en Juan Pablo II se requiere que sean más notorios dada su amplitud.

Si bien la acción busca bajar riesgos y accidentes, a final de cuentas solo abona a que persista la corrupción y la desobediencia de los automovilistas.

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Eso de enarbolar las causas populares y la austeridad republicana como que no le va muy bien a quien se siente el Tony Stark de la política local.

Nos referimos al regidor morenista, Antonio Domínguez Alderete, quien el jueves pasado encabezó una airada protesta en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez por su pretensión de aumentar en un 20 por ciento la tarifa a partir del año próximo.

Envalentonado, como quien no tiene a su rival en frente, el regidor del Ayuntamiento pidió la destitución del titular de ese organismo, Sergio Nevárez, y reclamó que les suban el cobro a familias a las que no les llega el agua.

Quien lo viera y no lo conociera, en una de esas y hasta se la cree. Pero basta con verlo en sus redes sociales para dimensionar la falsedad de sus poses.

Aparece ahí con sus tenis Dolce & Gabana de a 18 mil pesos—que, la verdad, pudo conseguir unos iguales en mil pesos en la zapatería de la esquina—o su bicicleta Colnago, de esas que cuestan 90 mil pesos, la más barata.

Domínguez Alderete suele mostrar su “pobreza franciscana”, esa que tanto repetía el líder ahora retirado y alojado en su rancho, allá en Palenque, Chiapas, en sus paseos por Mazatlán o las Europas, incluso posando frente a autos deportivos.

El regidor se puso muy gallón para reclamar el aumento al agua, pero no dijo ni pío acerca del incremento al predial propuesto por la Administración municipal, ¿Pues no que muy defensor del Pueblo?

De plano, la propaganda que él mismo se hace, como un guerrero de esa corriente política que dice representar la austeridad y el rechazo al gobierno rico con pueblo pobre nomás no se sustenta en los hechos. Cero congruencia del morenista que más parece un Mirrey del Ayuntamiento.

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Quien anda en apuros es la expresidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), la abogada Claudia Arlett Espino, conocida como Cata Espino.

Resulta que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) pretende inhabilitarla para ocupar cargos públicos, por presunta responsabilidad en la malversación de fondos del IEE.

Cata Espino asumió el cargo de presidenta provisional una primera vez a la muerte de Arturo Meraz en el 2020. En el 2021 lo hizo por segunda vez a la revocación de Víctor Yuri Zapata.

Ahora es señalada por presuntamente haber utilizado casi 80 mil pesos en la adquisición de medicamento mientras presidía el órgano electoral local, por eso se le realizó el Juicio de Responsabilidad Administrativa número 71.

Y como se le quiere inhabilitar por tres meses, la exconsejera promovió un amparo en contra de la resolución del TEJA. A ver si el Tribunal Colegiado admite o no el recurso legal que fue presentado desde el 11 de octubre.

No es cosa menor el problema de Espino ya que despacha actualmente como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal al mando de Gilberto Loya.