Mal augurio ofrece a la población un Gobierno municipal que inicia su gestión aumentando el impuesto predial, en tiempos en que la pandemia colapsó la economía de la ciudad en todos los rubros, provocó el cierre de negocios, trajo desempleo y por si esto fuera poco, nos dejó también un incremento en los índices delictivos.
Esto hizo ayer el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, cuando en sesión de Cabildo obtuvo la aprobación para aumentar un 5 por ciento el impuesto predial, sin consultar con la población o las llamadas fuerzas vivas de la ciudad, con las que dijo que iba a trabajar en alianza.
El aumento se da a pesar de que el pasado 5 de octubre el alcalde declaró a los medios que no habría incremento en el gravamen, que la recaudación se aplicaría en la recuperación de la cartera vencida y que solo se haría un “ajuste por la inflación”.
Ajuste por la inflación o como se le quiera llamar, el 5 por ciento autorizado por unanimidad en el Cabildo es un aumento en el impuesto que contradice lo afirmado con anterioridad.
Durante su campaña por la alcaldía, Cruz fue insistente en declarar a los medios que, de llegar a la presidencia municipal, haría una alianza con la sociedad civil para avanzar en favor de la ciudad.
Habló de mantener un diálogo permanente con la sociedad organizada, pero ahora, en los hechos, vemos un monólogo en la instrucción a sus operadores políticos para conseguir en Cabildo la aprobación del aumento al predial.
¿Qué fue lo que pasó en el Cabildo que horas antes todas las fracciones, menos la de Morena, se habían manifestado en contra de cualquier aumento al predial?
La fracción de Acción Nacional sería la piedra en el zapato para que no pasara la aprobación, por ser el segundo grupo más numeroso. Sin embargo, la tarde del martes llegó la instrucción desde Palacio del Estado, para que todos los regidores azules se alinearan a favor del aumento, con el cuento de que todos los municipios panistas de la entidad iban a autorizar aumentos, y el de Juárez se iba a ver mal si votaba en contra.
Un ridículo argumento para justificar el madrazo al bolsillo de los juarenses, que igual pudo haber sido cualquier otra mentira y hubiera sido aceptada, como una verdad que tenía que acatarse a producto de gallina.
Fue el inquieto líder de la fracción panista, el cowboy urbano Joob Quintín Flores, quien tuvo la orden de bajar la instrucción y alinear a toda la fracción, donde había fuertes resistencias, que finalmente tuvieron que cuadrarse ante la orden de la jefa Campos.
Muchos se preguntarán, ¿por qué la intromisión del Gobierno estatal que representa un partido totalmente opuesto al de Morena? La respuesta es simple. Cruz le pidió el favor a la gobernadora y entonces se hizo la luz en el Cabildo, para bien de las arcas municipales y para mal de los bolsillos de los juarenses.
El aumento del 5 por ciento en la aplicación del impuesto en lo general no significa de ninguna manera que este sea para beneficio de la ciudad, porque administraciones van y administraciones vienen sin que nada mejore en limpia, obra pública, equipamiento urbano, vialidades, atención de parques y jardines y menos en seguridad pública, porque nadie da seguimiento puntual al destino que tiene cada peso que se paga por este impuesto.
La ausencia de una política pública efectiva del impuesto predial, que no tenga solamente un enfoque recaudatorio, sino de devolución a la ciudadanía en obras y servicios tangibles, tiene por consecuencia que órganos colegiados como el Cabildo, sean presionados fácilmente desde las cúpulas para que voten en contra de los intereses de la ciudadanía que juraron proteger.
Si la ciudad se caracteriza por la existencia de miles de lotes baldíos y superficies sujetas al negocio de la especulación de terratenientes y corredores de bienes raíces, que son los que menos pagan de impuesto predial y los que más deben, ¿por qué exprimir la golpeada economía familiar que no acaba de reponerse de la crisis de la pandemia y ya tiene otra carga en camino?
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Después de intentar sin éxito la ratificación de los jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales, utilizando los servicios de los consejeros Pablo Héctor González Villalobos y Roberto Siqueiros Granados, los escándalos de la barzonista Lucha Castro cobraron nueva vigencia y ahora será llamada a cuentas por su participación en el cochinero judicial, ocurrido en el 2018.
Así lo dejó ver ayer el líder de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez, cuando al ser abordado por los medios sobre la posible responsabilidad de Lucha Castro en el proceso manipulado, donde fueron impuestos 54 jueces de primera instancia y magistrados, dijo que debe responder ante la justicia.
“De ser el caso. Seguramente hay algunas carpetas pendientes por resolver y claro, así se llame Lucha o de cualquier otra manera, cualquier servidor público tiene que atender el llamado de la justicia”, citó textualmente.
La nueva disputa por el control del Poder Judicial del Estado, que estalló el pasado 21 de octubre cuando 2 consejeros afines a Luz Estela Castro, designados también durante el cochinero judicial, intentaron ratificar a dos jueces, pero fueron bateados por los votos de tres consejeros, puso nuevamente en la marquesina del teatro público a la tremenda Lucha, de la tremenda corte, pero ahora en calidad de indiciada.
Los escándalos de la amiga de Javier Corral durante su paso por el Consejo de la Judicatura fueron muchos y muy variados, desde las acusaciones por obstaculizar la justicia a favor de su grupo, El Barzón, pasando por las denuncias de Nadia Siqueiros por acoso político y sexismo; hasta la fabricación de delitos a enemigos políticos, para cerrar con broche de oro con el llamado cochinero judicial, proceso amañado donde impuso a 54 amigos como jueces que no cumplían con el perfil para el cargo.
La barzonista de todas las confianzas del entonces gobernador Javier Corral, asumió el puesto en el Consejo de la Judicatura el 31 de mayo de 2017. En el 2018 se aventó el tiro del cochinero judicial con la designación de 54 amigos incondicionales como jueces y magistrados.
En mayo de 2019, el consejero Joaquín Sotelo Mesta presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por hechos constitutivos de delito y la manipulación de resultados de los exámenes teóricos, de los concursos para designar los 54 jueces y magistrados.
Ese mismo mes del mismo año, agentes de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción catearon el despacho de Lucha Castro, donde aseguraron discos duros, memorias y documentos clave en la investigación de esta polémica mujer y su cochinero.
Ahora solo es cuestión de tiempo para que los 54 jueces espurios vayan saliendo uno a uno del poder judicial y que la luchadora de las causas corralistas, no de las causas sociales, sea llamada a cuentas, pero ahora en calidad de indiciada.
Ahora sí, literalmente se le acabó el corrido a la luchadora del interés social y en cuanto le corran la serie por todas las pillerías que hizo al frente del Consejo de la Judicatura, tendrá tantos problemas, que la harán merecedora a una beca en el centro de reposo y meditación de Aquiles Serdán.
Ya lo adelantó Mario Vázquez y hay que creerle, pues cuando el río suena, agua lleva, sin duda alguna.