Tremendo refuego causó en Chihuahua la publicación de uno de los proyectos de sentencia por parte del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Reyes Rodríguez Mondragón.

Tiene que ver con el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el JCD-2389/2025 que promovió la candidata a magistrada penal, Judith Ávila Burciaga, en contra de la resolución que dictó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en el Juicio de Inconformidad JIN-398/2025.

Ávila Burciaga impugnó la asignación de los 14 cargos que se realizaron en materia Penal sin aplicar la alternancia, con la jurisprudencia ya reconocida respecto a que en materia de paridad de género, se debe de aplicar siempre el mejor derecho en favor de las mujeres.

Específicamente, controvirtió que los lugares 13 y 14 se hayan entregado a dos hombres y pidió aplicación de la paridad tanto horizontal como verticalmente, para que a ella se le asigne la posición 14. Es lo que votó en contra el TEE, que optó por el criterio de asignar conforme al número de votos obtenidos, con independencia del género, argumentando que eso era lo que se apegaba a lo ya dictado previamente por la Sala Superior.

Pero el proyecto de Rodríguez Mondragón dice otra cosa, y le da la razón a la candidata que actualmente labora como secretaria proyectista en la Segunda Sala Penal Regional del Distrito Bravos y que en la elección obtuvo 65 mil 171 votos, colocándose en el lugar 15 de la votación en materia Penal.

El proyecto plantea que la regla de alternancia sí aplica cuando beneficia a las mujeres y que el tribunal de Chihuahua no observó el principio de paridad vertical en la asignación de los cargos.

El razonamiento es que la autoridad responsable omitió juzgar con perspectiva de género y no advirtió que: 1) la regla de alternancia debe aplicarse de forma no neutral, únicamente cuando beneficia a las mujeres; 2) la aplicación mecánica de criterios aparentemente neutrales permitió que dos hombres ocuparan lugares consecutivos en múltiples ocasiones, excluyendo sistemáticamente a mujeres; y 3) no se puede privilegiar un orden simple por votación cuando ello resulta en la exclusión de mujeres, contraviniendo el propósito mismo de las medidas de paridad.

Por eso propuso revocar la sentencia impugnada y el acuerdo de asignación respectivo y, por lo tanto, dejar sin efecto la constancia de mayoría previamente otorgada a Rodolfo Acosta Mendoza.

Sin embargo, resulta que al magistrado Rodríguez Mondragón, la mayoría en el Pleno del Tribunal, le ha estado votando en contra todos sus proyectos. Generalmente nada más tiene el voto a favor de la magistrada Janine Otálara Malassis. En contra van, casi por regla, la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y los otros dos magistrados. Simplificando, siempre se ha dicho que la presidenta conforma un bloque simpatizante a la 4T (y todos sus proyectos, como la propia Reforma Judicial) y los otros dos un bloque crítico u opositor.

La verdad ya no le queda claro a Mirone qué pueda pasar y si se mantengan o no criterios que antes había tomado la Sala Superior. Todo puede pasar (política y legalmente hablando), por eso los magistrados electos, particularmente Rodolfo Acosta Mendoza, mantienen sus veladoras encendidas.

Sobre todo porque no es el único medio de impugnación pendiente. Hay asuntos de inelegibilidad todavía sin resolver y no únicamente en materia Penal. Entre este jueves y viernes deberá de terminar el suplicio para varios magistrados electos que ya deben de tomar posesión el próximo lunes 1 de septiembre.

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A propósito de lo ocurrido en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en la sesión del martes se volvieron a dar otro tiro los dos bloques de magistrados en torno al tema del financiamiento, distribución y uso de acordeones como motivo de nulidad de las elecciones judiciales.

El proyecto de la magistrada Janine Otálara dio por válidos los agravios y los argumentos de los actores que impugnaron la validez de la elección de los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pero la mayoría de tres, igual que ocurrió la semana pasada con la elección de ministras y ministros, confirmó los acuerdos impugnados y consideró que no hay pruebas plenas para una anulación.

Hubo distintas irregularidades enlistadas en los medios de impugnación, pero siempre la constante fue el reclamo de nulidad por la inequidad que en la contienda generó la operación coordinada, generalizada y sistemática para inducir el voto por medio de los acordeones.

Cuando razonó su voto por la anulación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se aventó una muy buena al señalar que al exigir que los promoventes se convirtieran en productores de pruebas, al no flexibilizar sus estándares y al analizar el caudal probatorio con una metodología fragmentada, el máximo tribunal estaba pidiendo lo que se conoce en la doctrina como “pruebas imposibles o diabólicas”, alejando a la justicia de la autocorrección democrática.

Pero si en la impugnación sobre la validez de la elección de la Corte, no se consideraron como pruebas de nada los 3 mil 188 acordeones presentados, ni las otras 371 pruebas técnicas que incluían 231 notas periodísticas, menos se iban a considerar 87 acordeones y otras 225 pruebas físicas que incluían 34 notas periodísticas, en el caso del Tribunal de Disciplina.

Ni los videos, ni las publicaciones en Facebook o X pasaron de indicios y prevaleció el criterio de que la mera existencia de los acordeones no probó que alguien los hubiera utilizado para inducir el voto, o siquiera que se hayan utilizado de forma alguna.

En la misma sesión del martes, otra centena de medios de impugnación promovidos por candidaturas a los juzgados de Distrito y magistraturas de Circuito, también fueron resueltos y desechados por la Sala Superior, pero en todos, aparte de otras supuestos irregularidades, se señaló la operación y la intervención indebida de funcionarios públicos para entregar y promover el voto en favor de quienes finalmente resultaron electos, en concordancia con los números que se promovieron en los acordeones.

Y hubo impugnaciones prácticamente de candidaturas en todos los estados. Pero de acuerdo con la mayoría de los magistrados electorales, sin pruebas suficientes, todo se redujo a una mera especulación y a una “trama paranoica” de los impugnadores y las dos magistraturas que estuvieron de acuerdo en sus alegatos.

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Con razón las familias y los deudos de las víctimas del crematorio Plenitud han pasado de la indignación a la protesta social y hasta la presentación de denuncias penales contra funcionarios omisos.

Las autoridades siguen acumulando omisiones, con independencia de que tengan o no responsabilidades penales por todo lo que no hicieron para evitar que se acumularan los 386 cuerpos en la bodega del crematorio que no fue supervisado ni verificado durante años, aunque ya se tenían antecedentes de su manejo irregular desde el 2020.

Lo comenta Mirone porque a dos meses ya del macabro hallazgo, ni siquiera han sido capaces en la Fiscalía General del Estado, o cualquier otra instancia de Gobierno involucrada en el asunto, de articular un programa de ayuda psicológica y atención a la salud mental por parte de quienes tuvieron que interrumpir su duelo y vivir la incertidumbre de no saber de qué o de quién son las cenizas que les entregaron.

Y eso que ya hubo petición en ese sentido por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que ha seguido de cerca a las familias y trae su propia investigación sobre todos los protocolos y procedimientos que fallaron en este caso. Seguramente terminará emitiendo recomendaciones múltiples, tanto a instancias municipales como estatales y dará vista a la Comisión Nacional para que haga lo propio a nivel federal.

Ni un equipo básico de psicólogos y tanatólogos se ha podida armar para intentar dar ese apoyo ante las múltiples frustraciones, enojos y tristezas que han sufrido las familias que en gran parte decidieron salir a protestar a la calle, aunque otras prefirieron no exponerse y enfrentan aisladas ese dolor.

Supo Mirone que, en parte, no se ha podido articular nada desde la esfera estatal, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Ciudad Juárez quedó recientemente descabezada.

Eso por un lado, también se conoció que para la Fiscalía General, las familias que ahora reclaman por sus deudos no son siquiera reconocidas como víctimas para recibir atención por parte de la CEAV hasta en tanto no concluya la identificación plena de los cuerpos encontrados en el crematorio, lo cual no tiene para cuándo.

Así que tienen motivos de sobra para protestar las familias. Se avanza demasiado lento en la identificación y los funcionarios de las dependencias que fueron omisas en las revisiones y verificaciones, siguen tan campantes, como si nada hubiera pasado.

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Por lo visto, a los diputados de la actual Legislatura les tiene sin pendiente el cambio de guardia en el Poder Judicial del Estado, el cual está programado, por artículo constitucional, para el próximo lunes.

Desde las alturas de la Torre Legislativa nos llega el dato de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano facultado para convocar a los grupos parlamentarios y tomar acuerdos que atañen al Poder Legislativo, sesionará hasta el sábado 30 de agosto.

O sea, a 48 horas de que el actual pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entregue todo, absolutamente todo lo relacionado con el Poder Judicial del Estado, el alto mando de la 67ª Legislatura no tiene apuro en aprobar lo que ya urge.

Para empezar, deben reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear el órgano administrativo que recibiría todos los activos, documentos y contratos del actual TSJ. ¡Poca cosa!

Hasta este día, ese órgano no existe y, por lo tanto, nadie está facultado para recibirlo. De hecho, la actual presidenta, Myriam Hernández, no tiene en este momento con quién hablar de ese delicadísimo tema, porque simplemente no existe el dichoso organismo.

A ver si les entendimos: o les corre no atole, champurrado por las venas, o de plano quieren terminar de tronar el nuevo sistema de justicia que ya de por sí nació atravesado, con unas elecciones que no acaban de resolverse.

Para darnos una idea: de los 30 magistrados que integrarán el pleno del TSJ, ocho aún no están seguros en el cargo.

Así que no nos queda más que pecar de optimistas, rezarles a todos los santos y encender cuanta veladora haya a la mano para que el nuevo Poder Judicial salga mejor que el que ya teníamos.