Ha sido evidente el afán de las autoridades chihuahuenses y de los funcionarios de seguridad y procuración de justicia por desvincular a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la entidad de Chihuahua, así como con el Cártel de Juárez y su derivación, La Línea.

Más allá de la confiabilidad o el descrédito de los informes de la DEA, conoció Mirone de un antecedente que apunta a un vínculo del abatido líder criminal con un capo de grandes dimensiones, que llegó a ser jefe de La Línea en todo el estado.

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Nos referimos a Jesús Luján Weckmann, quien murió asesinado en julio de 2017, en Guadalajara, Jalisco, cuando se ejercitaba en un parque. En su etapa final manejó un perfil más empresarial, aunque provenía del refuego en la zona de Namiquipa y dirigió desde la frontera de Ciudad Juárez la operación del famoso grupo Los Linces.

Luján Weckmann fue superior jerárquico de los también tristemente célebres Carlos Arturo Quintana, El 80; Jesús Salas Aguayo, El Chuyín; y César Raúl Gamboa Sosa, El Cabo, quienes por años sembraron el terror en diversas latitudes de Chihuahua.

El punto es que Luján, también conocido como El Gato, mantuvo una relación cercana con El Mencho. Tanto así que, en 2009, Nemesio Oseguera llegó en helicóptero a una boda en Chihuahua capital, a la que fue invitado por el capo chihuahuense.

Hacían negocios juntos y, además de encontrarse en Chihuahua, también los realizaban en Playa del Carmen.

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Difícilmente no habría llegado hasta Ciudad Juárez dinero de El Mencho, además de su droga. Luján Weckmann siempre le entró acá a la rama restaurantera, entre muchos otros negocios utilizados para el lavado de dinero.

Cuando murió, también se le identificó como empresario financiador de la campaña de César Duarte por la gubernatura de Chihuahua.

El exgobernador Javier Corral lo identificó públicamente como jefe estatal de La Línea y denunció que, durante su campaña política, recibió de él amenazas de muerte. Dijo también que Luján Weckmann fue protegido por Pablo Ernesto Rocha Acosta, entonces jefe de la Agencia Estatal de Investigación, en tiempos de Duarte.

Luján, como El Mencho, era especialista en tejer conexiones políticas para expandir sus negocios. Quizá por eso hoy hay esferas de poder más interesadas que nunca en desvincularse de Nemesio Oseguera, como si sus tentáculos nunca hubieran tocado a Chihuahua.

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Por las vísperas se conocen los días, dice el refrán popular y, si de eso va la reforma electoral, ya podemos adelantar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va en serio, con la tijera bien afilada, a recortar el gasto en elecciones y el “costo” de la democracia.

Este martes 24 —día que había marcado para el envío de la iniciativa—, en su conferencia mañanera, la mandataria dejó entrever dos temas que ya había expresado en ocasiones anteriores y que, por lo visto, le incomodan bastante: la gran cantidad de regidores que hay en los municipios del país; los sueldazos que se autopagan diputados locales y el precio tan alto que paga el erario por tener elecciones “limpias”.

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Apenas anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que enviará su reforma electoral y ya empezó el temblor en más de un despacho legislativo. No por el contenido —que todavía no se conoce completo—, sino por la palabra mágica: recorte.

Recorte de dinero a los partidos. Recorte de gasto a los Congresos. Recorte a las abultadas listas de regidores. Todo un “récord” de “re-cortes”.

Porque, según la narrativa oficial, la democracia mexicana sale muy cara.

Algo tiene de razón la presidenta: hay Congresos estatales donde los diputados ganan más que ella, o ayuntamientos con 30 o 35 regidores que más parecen una bolsa de trabajo o un seguro de desempleo político que un órgano deliberativo. Hay partidos que viven cómodamente del financiamiento público aunque no llenen ni una plaza.

Hasta ahí, hay aplausos del “respetable” que no quiere saber nada de gastos superfluos y sí de mejores obras de infraestructura.

La pregunta de los 64 mil está en el “cómo”.

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Sheinbaum insiste en que no se eliminará la representación proporcional, sino que se modificará su mecanismo. Traducción: quien quiera ser legislador deberá ir a territorio y ganar votos, no entrar por lista. Ahí está el detalle: no a todos les encanta eso de quitar las “becas” legislativas ganadas sin hacer campaña, incluso en la 4T.

La postura presidencial es clara: la representación proporcional no nació para premiar flojos. Nació para que las minorías no quedaran borradas del mapa.

En México —y particularmente en estados como Chihuahua— la historia electoral está llena de mayorías aplastantes que dejaron sin voz a oposiciones enteras. Los plurinominales fueron el contrapeso imperfecto, sí, pero contrapeso al fin.

Recuerden la época de Duarte, cuando el PRI “regalaba” su votación plurinominal para repartirla entre un montón de partidos satélite que se volvieron sus aplaudidores.

La pregunta incómoda es otra: ¿la tijera será pareja o quirúrgica?

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En Chihuahua, por lo pronto, el proyecto “claudista” ya tiene dos posturas que se anticiparon al proyecto presidencial y que anuncian un choque de trenes entre las bancadas del PRIAN y la de Morena.

Morena quiere reducir el número de regidores y eliminar las diputaciones “de lotería”, de esas que se sacan quienes no movieron ni un dedo para ganarse el voto popular.

La propuesta del PAN va en sentido contrario: que vivan las planillas, los cargos públicos que caen del cielo electoral y la elevación a rango de diputado o regidor de personas que ni en el país estaban cuando se hizo la campaña.

Todo eso tendrá que encuadrar y, la verdad, no se ve ni por dónde conciliar ambas posturas.

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Quien anda cada vez más encuerdado, soltando golpes a diestra y siniestra, es el exmagistrado y exconsejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes.

Siempre ha sido polémico el abogado panista, pero ahora que se quedó fuera del presupuesto público, se puso más filoso que nunca, con mucho tiempo para escribir y redactar denuncias.

El esposo de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Diana Margarita Félix Sierra, puso ahora en la mira de su escopeta a la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez. Ella es su dirigente, a menos que Villegas haya renunciado al PAN, de lo cual no se ha enterado Mirone.

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El caso es que va en contra de ella en una queja presentada ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y lo hace precisamente en su carácter de presidenta estatal del Comité Directivo Estatal del PAN.

Villegas solicitó un Procedimiento Especial Sancionador por la realización de probables actos anticipados de campaña y promoción personalizada indebida, por los anuncios espectaculares que aparecieron en diversas ciudades del estado, con propaganda favorable a Daniela.

El abogado es especialista en temas electorales. A eso se dedicó por años, antes de entrarle al Poder Judicial, en aquellos tiempos en que César Jáuregui, como coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, negociaba posiciones con el gobernador César Duarte.

El exjefe de la Oficina de Asuntos Legislativos y excoordinador de asesores del PAN en el Congreso del Estado se puso a documentar la pinta de bardas y el uso de espectaculares desde octubre del año pasado, por lo que adjuntó a su denuncia 40 medios de prueba.

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La presidenta del PAN ha negado que ella impulse o pague los anuncios y dijo no tener nada que ver con esa campaña que habla de una Daniela “cabrona” y con palabra; sin embargo, el abogado asegura que el empleo de símbolos visuales está inequívocamente asociado a su persona.

Habla Villegas del vínculo de su nombre (Daniela) y de su silueta femenina, con los colores azul y naranja sobre fondo blanco, asociados en el ámbito local y nacional a la propaganda panista.

Plantea el abogado varios antecedentes, como el hecho de que Daniela figura como aspirante a ocupar un cargo de elección popular. Señala también una presunta intromisión ilegal de la gobernadora Maru Campos en el proceso interno blanquiazul.

Particularmente destaca comentarios reiterados de la mandataria sobre actos de posibles aspirantes. Pero en el recurso presentado ante el IEE, simplemente se va en contra de la dirigente partidista.

El caso es que ya presentó la queja y pide a la autoridad determinar si los recursos para financiar la campaña denunciada son ilegales o no, y si existe o no promoción política personalizada encubierta.

A ver qué resuelve el IEE y a ver qué resuelve el PAN respecto a mantener en sus filas a alguien que los está denunciando.

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En Morena, la carrera por las candidaturas ya no aguanta más. Lo mismo ocurre con las postulaciones a Gobiernos estatales que con las presidencias municipales que estarán en juego. Ni se diga de las 300 diputaciones federales de mayoría o, ya de perdida, de las curules locales que se disputarán en 2027.

La competencia está tan desatada que la dirigencia nacional ya tomó la decisión de iniciar sondeos de popularidad entre la andanada de aspirantes —a lo que caiga— que tiene en sus filas, con el fin de irle preparando el terreno a quien salga mejor posicionado y, de paso, decirles a los demás que no había ni cómo ayudarles con esos rangos tan bajos de aceptación.

A Mirone le contaron que el partido guinda y blanco ya no quiere seguir ateniéndose a encuestadoras externas, cuyas tarifas pagó sabe Dios quién.

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Lo que urge a estas alturas, le cuentan a Mirone, es tener mediciones propias para decirles, de una vez por todas a quienes no tienen posibilidades, que mejor se sumen o busquen otra candidatura —de menor rango, tal vez, pero candidatura al fin—.

También servirá para los acelerados que andan queriendo chantajear al actual “partidazo” con aquello de que, si no me postulan a mí, me candidatea otro partido. Nada de eso: les van a enseñar los números para que sepan que no están para ganar ni una elección de sociedad de alumnos.

En Chihuahua arrancarán esos sondeos dentro de muy poco, según le contaron los “comunicativos” a este Mirone, cuyo pecho no es bodega. Desde ya les urge tener una tendencia clara que permita saber quién va ganando en la disputa por la candidatura al Gobierno del Estado.

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Ese termómetro cobra particular relevancia en un proceso como el actual, donde la 4T tiene en sus filas a dos aspirantes visibles: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, quienes andan desatados, promoviéndose como la opción casi amarrada para que Morena gane Chihuahua por primera vez en la historia de la izquierda electoral.

Con una encuesta propia, elaborada por las casas “de la familia”, le podrán decir a uno u otra cómo realmente andan y qué tanto éxito tendrían si, acaso, se les ocurriera lanzarse por otra fórmula partidista en caso de no recibir la bandera guinda para la gubernatura.

La fórmula aplicará en los 17 estados donde habrá elección de gubernatura, pero también en los municipios que más “tráfico” generan entre quienes buscan iniciar —o consolidar— una carrera política como alcaldes. En ese paquete están Juárez y Chihuahua.

Como hemos visto, cada día se suma alguien más que quiere ser sucesor de Cruz Pérez Cuéllar en la alcaldía juarense. En la lista figuran el senador Juan Carlos Loera, la delegada de Bienestar, Mayra Chávez, el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada y el diputado “a-Yunes-ado”, Óscar Avitia.

En la capital también hay una lucha fragorosa entre el exalcalde Marco Adán Quezada, el regidor Miguel Riggs y la diputada Brenda Francisca Ríos, pese a que la tienen muy cuesta arriba en una de las regiones más sólidas del país para el panismo.

Hasta ahí, nada fuera de lo normal en un partido cuasi de Estado. La verdadera sorpresa será a quién enviará la dirigencia nacional como “delegado plenipotenciario”.

Prepárense, porque podría aparecer el mismísimo Ricardo Monreal a hacerse cargo del proceso.