Migrantes secuestrados, autoridades que extorsionan, riñas, mujeres lanzadas desde un segundo piso, hombres golpeados y quemados en reyertas por viviendas y edificios en ruinas, pedigüeños temporales, madres y padres que pierden la vida y la de sus hijos en peligrosas vialidades.

Los migrantes son el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado, los reclutas idóneos: gente sin registros oficiales, sin arraigo, sin lazos con México, con una gran necesidad y en condiciones sumamente vulnerables.

Son también clientes dispuestos para autoridades policiales y migratorias corruptas, y un potente ingrediente adicional para una ciudad tan golpeada como Juárez, en donde una tormenta perfecta se asoma de nueva cuenta.

Lo que estamos viviendo no es un problema menor. La tragedia de las 40 personas que murieron por la negligencia del INM, debería de ser más que suficiente para poner verdadera atención a lo que aquí está pasando.

Se trata de la mayor desgracia de la que se tiene memoria  dentro de unas instalaciones oficiales del Gobierno federal. La tragedia desnudó la grave crisis migratoria en Juárez, ciudad-epicentro de una problemática binacional y continental.

Pocos fuera de Juárez saben lo que realmente ocurre en esta frontera, y muy pocos, incluso en estas tierras, dimensionan lo que puede pasar si no se actúa a la brevedad para evitar lo que es, a todas luces, evitable.

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La llegada de migrantes a Juárez no cesa ni disminuye. Sobre el techo del ferrocaril, a bordo de camiones, en autos particulares y hasta en avión, con o sin “polleros”, extranjeros de diversas nacionalidades llegan día tras día.

Aunque fue aquí donde ocurrió la criminal muerte de los 40 migrantes encerrados en los calabozos del INM, el centro de la ciudad es hoy lugar común para muchos centro y sudamericanos que sueñan con llegar y establecerse en los Estados Unidos. 

Esta semana, el mismo día en que la gobernadora Maru Campos aseguró que son 35 mil los migrantes que se encuentran en Juárez, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anticipó, para mayo, un repunte en la llegada de migrantes a la frontera con México, justo cuando expira el Título 42, que permite la expulsión exprés de indocumentados, incluso si solicitan asilo político o humanitario.

La gobernadora Maru Campos lanzó un duro reclamo al Gobierno federal, exigiendo que se detenga el flujo migratorio hacia Juárez.

AMLO se limitó responder, como siempre, que el reclamo es producto de “la politiquería”, y de paso hasta se le ocurrió decir que los periodistas que cubrían el evento, incluyendo a reporteros estadounidenses, eran parte de los “provocadores”. El chiste se cuenta solo.

Desde hace tiempo, Estados Unidos ha descargado en el Gobierno mexicano un gran pedazo de su problemática migratoria, y esta carga, que el Gobierno federal ha asumido sin chistar, consiste en la contención del flujo migrante latinoamericano hacia el vecino país del norte, lo que ha convertido a México, y en particular a Juárez, en burda antesala migratoria.

Hace unos años, AMLO sostuvo que nadie en México pagaría por el muro de la retórica Trumpista, pero después convirtió a las autoridades migratorias mexicanas y a la Guardia Nacional en una especie de muro casi humano, que además de retener a los migrantes en una precaria antesala, los abusa, extorsiona y hasta los mata.

Nuestra ciudad no está preparada para recibir a más extranjeros, pero en el altiplano no parecen entender. Por alguna razón que todavía no se explica, parece que el flujo migratorio lo están desviando y concentrando en Juárez.

Más que disparatadas mañaneras, requerimos de la sensibilidad, de la voluntad y la coordinación política para encontrar soluciones de fondo, para administrar adecuadamente un flujo de seres humanos que no se detendrá.

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Condiciones políticas y económicas adversas, modelos sociales disparatados, el hambre, la violencia, las persecuciones y la falta de esperanza en un futuro mejor, han obligado a cientos de miles de personas de Centro y Sudamérica a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Sin embargo, el cruce de las fronteras de varios países en busca del “sueño americano” no es una empresa sencilla. Estados Unidos está más lejos de lo que geográficamente parece.

Una vez en México, en el largo trayecto por los estados de la República, los migrantes son víctimas de ladrones, “polleros” y células del narco dedicadas al secuestro.

En este oscuro itinerario son perjudicados también por los abusos de agentes del Instituto Nacional de Migración y de elementos de todas las corporaciones de seguridad pública locales y estatales, que los roban y extorsionan. Y estos excesos y arbitrariedades continúan en la frontera.

Un diseño institucional perverso y ventajoso permite y fomenta tropelías y todo tipo de excesos al amparo de la más roñosa corrupción, mientras que el Estado mexicano coloca los clavos en el ataúd de los más desafortunados.

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Sin soslayar todos estos abusos y delitos cometidos en contra de los migrantes, existe otra cara de la moneda: la transgresión de muchas de nuestras leyes y reglamentos por parte de algunos grupos de migrantes cuando ya están en nuestra ciudad.

Basta ver las agresiones de algunos de estos grupos hacia agentes del INM y de la Policía Municipal, principalmente.

El pasado 8 de marzo un grupo de venezolanos se enfrentó con elementos de Migración, policías municipales y de la Guardia Nacional, luego de que intentaran hacer una inspección en el hotel Úrsula, ubicado en la avenida Francisco Villa y 16 de Septiembre, en el centro de la ciudad.

En ese lugar, un migrante poseído por Spider-Man se deslizó desde el muro de un tercer piso, mofándose de las autoridades locales y federales. Posteriormente aparecieron militares mexicanos, que fueron desplegados por si las cosas se salían de control. Este enfrentamiento estuvo a punto de terminar en otra tragedia.

Esta actitud de burla y desafío que han adoptado algunos migrantes, ha generado muchos altercados entre ellos y la Policía, sobre todo en el centro de la ciudad.

Se ha vuelto común que, durante las revisiones de rutina por parte de los elementos de la Policía Municipal, algunos migrantes se tornan violentos. Las condiciones en las que se encuentran, la tensión y la desesperación los convierten en una bomba de tiempo.

Estas condiciones fomentan la violencia y los enfrentamientos en una ciudad que ya no necesita mucho para estallar en mil pedazos. Por un lado tenemos las difíciles circunstancias y condiciones de los migrantes y por el otro el respeto a sus derechos humanos.

Pero resulta que nadie ha puesto orden ni parece realmente decidido a tomar el toro por lo cuernos. En las autoridades existe el temor de asumir esta delicada responsabilidad. La tragedia de los 40 migrantes carbonizados y asfixiados los mantiene paralizados.

Entonces, ¿quién va a ocuparse del flujo migratorio? ¿Quién va a impedir que la crisis en Juárez se convierta en tormenta? ¿Quién nos asegura que no se repetirá una nueva desgracia como la del INM? Ante la falta de acciones, ¿tendremos que esperar una nueva tragedia?