Hoy se cumplen dos meses del asalto, fuga y masacre más atroz que se haya registrado en el Centro de Readaptación Social Número 3.

Ese 1 de enero de 2023 que parece que fue ayer, en el que un comando armado ingresó al penal para ejecutar a 17 personas, 10 custodios y siete internos, además de llevar a cabo la fuga de 30 reos, la más grande en la historia de esa cárcel, prófugos de los cuales aún faltan cinco por recapturar.

Tras la fuga masiva orquestada por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, quien murió días después en un enfrentamiento durante su recaptura, han sido localizados un total de 25 prófugos, seis de ellos -entre los que se cuenta el Neto-, se han recapturado sin vida, mientras que otros 19 han sido reingresados a los penales del estado.

Sin embargo, en las calles siguen cinco evadidos de alta peligrosidad. Se trata de Francisco Lucio Juárez Hernández, Adán Aguirre Macías, Kevin Leobardo Molina Rodríguez, Jorge Arturo Meléndez Alvídrez y Esteban Ramón Ruiz Pérez alias “El Clavos”.

Francisco Lucio Juárez Hernández fue detenido cuando tenía 15 años, acusado primero de “carjacking” con otros supuestos cómplices. Sin embargo, tras aparecer muertos dos de ellos, se le acusó de homicidio.

De acuerdo a los archivos periodísticos, Adán Aguirre Macías, otro de los prófugos, fue acusado de un homicidio perpetrado en el 2014, en contra de un hombre en la colonia Fidel Ávila.

Kevin Leobardo Molina Rodríguez, otro de los pendientes de reaprehender, se encontraba en prisión por intento de homicidio desde mayo de 2020.

En el listado de los evadidos está también Jorge Arturo Meléndez Alvídrez, quien fue detenido en su momento por el delito de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El último de los prófugos pendientes es Esteban Ramón Ruiz Pérez, “El Clavos”, de quien no se difundieron detalles del motivo de su reclusión, lo que lejos de restarle peligrosidad, lo mantiene como uno de los más buscados por el estado.

Mientras la evasión de este grupo de reos continúa, siguen también por parte del Gobierno estatal las labores de limpieza y depuración de los penales, donde el retiro de más de 5 mil artículos prohibidos, armas y privilegios, se siguen llevando a cabo en los distintos ceresos.

Al día de hoy la totalidad de los penales se encuentra bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y, aseguran, este será un reordenamiento en las cárceles de la entidad que no dará marcha atrás.

Esperemos y así sea. Por lo pronto, la comunidad exige la recaptura de los cinco evadidos restantes para darle ese voto de confianza y credibilidad que la SSPE necesita, como corporación de seguridad.

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Ahora sí que al subsecretario de Transporte del Estado, Luis Manuel Aguirre Aguilera, el engrudo más que bolas se le está haciendo un verdadero “nudo Gordiano” en el llevado, traído, golpeado y sacudido tema del BRT-1.

Un entramado nudo que, al estilo de Alejandro Magno, se ha pretendido resolver con el afilado tajo de la cancelación de la concesión a la empresa “Intra”, pero con el desafortunado uso de una espada que, en este caso, no solo carece del filo necesario, sino que abunda en abolladuras, herrumbre, y una evidente falta de pericia para esgrimirla con tino.

Si en el caso del BRT-2 -donde aún persiste una desangelada fase que ni siquiera llega a preoperativa- las cosas marchan con auténtico paso de oruga, en el BRT-1 ni se diga. Cero avances, pues por ahora todo es retroceso, aunque no falta quien diga que la reversa también es cambio.

El pleito entre Carlos Saldívar y Raúl Rodríguez, socios fundadores de la empresa “Intra”, que comenzaron con sacadas de lengua, piquetes de ojo y mordidas de cachete cuando el segundo le dio gane con el control del Fideicomiso creado para la operación de la troncal 1, ya le llegó a los aparejos al subsecretario Aguirre, al que mantiene arriba del ring sin posibilidad de saque.

Un grupo de concesionarios encabezados por Carlos Saldívar se le apersonaron el pasado lunes en plan nada amable en las instalaciones del Pueblito Mexicano, para increparlo porque, presuntamente, ha sostenido negociaciones “en lo oscurito” con Raúl Rodríguez.

Los inconformes lo acusaron de ofrecerle a Rodríguez un reacomodo “a modo” en otras rutas de la ciudad, para dejar libre la troncal 1, pero dejando fuera de la jugada a Saldívar y compañía.

El anuncio hecho en días pasados por Oscar Ibáñez, representante de Gobierno en Juárez, de que se abriría un nuevo proceso para licitar el servicio de transporte en esta vialidad o bien el Gobierno del Estado le entraría al quite, encendió las alarmas para el resto de los concesionarios que -aducen- ahora no saben dónde están parados.

Los transportistas encararon a un cariacontecido subsecretario Aguirre, exigiendo que finiquite el contrato del BRT-1, y dé paso a la firma de uno nuevo donde haya suelo parejo para todos.

En su defensa Aguirre señala que Saldívar miente porque también se le ofreció un acuerdo similar, pero este no lo aceptó.

Un as bajo la manga para el funcionario es que -afirma-, Saldívar tiene violaciones graves al reglamento al carecer de camiones que cuenten con la edad mínima aceptable, rentar las concesiones y evadir el pago de la revalidación, entre otras.

Mientras esta pelea sigue sumando guantazos, y ya suena la campana para el siguiente round, el que la sufre “de a deveras” es el ciudadano obligado a hacer uso del cada vez más deficiente servicio que se presta en esta controversial y desatendida línea de transporte público.

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A varios regidores del Honorable Ayuntamiento se les cuecen las habas por figurar más allá de lo que debería importarles su función como servidores públicos electos por la vía popular y a expensas de su encargo, con la desfachatez propia de los que nada les importa, descuidan la oficina y atienden su agenda personal partidista.

En el caso que nos incumbe, nos referimos a algunos integrantes de la bancada por Morena en el Cabildo local, quienes en plena jornada laboral asistieron al llamado de su sangre guinda para recibir sendos nombramientos de una comisión de un movimiento que, afirman, busca destacar los logros obtenidos por los gobiernos morenistas.

Específicamente hablamos de las regidoras María Adame, Patricia Mendoza y Carla Escalante, así como del regidor Antonio Domínguez, todos morenistas, quienes fueron a recibir su nombramiento para integrarse al comité denominado “Frente de la Cuarta Transformación”.

En este equipo estará Alejandro Pérez Cuéllar, como coordinador regional zona norte del nombrado frente. El encargado de la toma de protesta del comité fue Sebastián Torres, quien a su vez es el coordinador estatal del movimiento.

Según se dijo la regidora Escalante, estará como encargada del área de organización del mismo; Mendoza tendrá a su cargo el grupo de mujeres, Antonio Domínguez, trabajará con las juventudes, mientras que Adame se encargará de los líderes.

Según se informó en conferencia de prensa celebrada durante la mañana del martes, este Frente será el encargado de difundir el trabajo que realizan los Gobierno municipal y federal, ambos conducidos por Morena.

El Frente de la Cuarta Transformación tendrá entre sus objetivos, difundir las actividades de Morena en los distintos medios de comunicación y además, lo harán mediante la impresión de un periódico que tendrá por nombre “Frente 4T”, el cual será distribuido por todas las colonias de Ciudad Juárez y zonas conurbadas, publicación que se hará llegar a la población de casa en casa, según dijeron.

Las preguntas del millón son ¿A qué hora realizarán los regidores dichas actividades y si ellas no se contraponen a sus funciones y si estas no se contraponen, al menos en un sentido ético de intentar llevar agua a su molino… perdón difundir, los logros de ambas esferas de gobierno, funciones, que se supone, ya tienen específicamente asignadas áreas conocidas como Comunicación Social?

Las elecciones 2024 ya están a la vuelta de la esquina y a muchos les urge ser invitados a esa comilona porque ya huele a carnita asada y muchos quieren, al menos, alcanzar al menos un huesito para roer.

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Hace unos días en su visita a esta frontera, el recién nombrado fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, fue tajante al afirmar que el Ministerio Público buscaría que el joven que atropelló y mató a la estudiante Edith De los Santos Xolio – frente al Cecytech-, llevara su caso en prisión preventiva.

Días más tarde, se confirmó que el joven de 18 años de edad, Eliot Daniel S. C., conducía en segundo grado de ebriedad cuando dio muerte de manera imprudencial a Edith, por lo tanto el joven tuvo que regresar a la prisión.

Un juez de Control resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses, además de fijar tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Jáuregui Moreno dijo, en ese momento, que la prisión preventiva para Eliot no se daba en función de una venganza pública, sino en atención a la seguridad de todos los ciudadanos. Enfatizó que el joven de 18 años representaba un peligro para la sociedad, razón por la cual no debía llevar su proceso en libertad.

El fiscal argumentó que este tipo de personas no pueden estar en la calle porque han demostrado poca conciencia en el uso de un vehículo automotor, por lo que se buscaría la pena máxima. Insistió en que la sanción debe ser ejemplar, porque los ciudadanos “necesitan ver que el que la haga, la pague”.

Lo cierto es que, en un santiamén, las vidas de dos jóvenes dieron un vuelco de 180 grados de manera trágica, la de Edith, que se perdió por la irresponsabilidad de un conductor ebrio; aunque también la de Eliot, un estudiante universitario con futuro por delante y que ahora deberá vivir en la prisión.

Como sociedad podemos estar de acuerdo con el fiscal general en cuanto a la postura de que “el que la haga, la pague”, pero no solo en este tipo de casos tan dolorosos y sentidos, sino con los cientos, sino es que miles, de criminales que mantienen a nuestra sociedad en jaque desde hace décadas y que asesinan impunemente a nuestros jóvenes en las calles de la entidad.

Que también vayan por ellos, que ninguno de los que la ha hecho, quede sin pagarla. Esto se trata de entrarle en serio a la raíz de muchos de nuestros males: el combate a la impunidad.