Nada bien le cayó al fiscal Roberto Fierro el informe publicado por el Inegi sobre muertes violentas registradas durante el 2021.

En ese documento, el Inegi deja mal parado a Chihuahua desde cualquier punto desde el que se quiera analizar.

Quinto lugar en homicidios totales y segundo en tasa por cada 100 mil habitantes.

De entre los estados fronterizos, sólo Baja California salió igual o poquitito peor.

El enojo del fiscal con nombre de aeropuerto es porque el Inegi contó todo en una misma columna. Es decir, sumo en la misma cuenta los homicidios culposos, es decir, los incidentales, los que se cometieron sin el propósito de hacerlo, y los dolosos.

En parte tiene razón el Lic. Fierro: el componente social y de seguridad pública entre uno y otro tipo de homicidio es distinto. Pero también el Inegi tiene “su razón “, como dice la canción. Ellos se basan en gran medida en las actas de defunción que emiten las oficinas del Registro Civil de cada estado, donde no es posible asentar si la causal de muerte es un homicidio cometido con toda la mala intención.

Lo que nos cuentan mironianas fuentes es que el enojo llegó a tal punto que pronto el Inegi recibirá una enérgica carta de protesta.

Estará en su derecho el Fiscal “de Fierro”. Lo que nadie nos quita es que, a lo largo de diez años perdimos a toda una generación por causa de la violencia, y eso no lo vamos a ocultar con cartas de reclamo.

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Mientras los eventos violentos siguen incontenibles en la ciudad causando víctimas fatales, en las filas policiacas estatales sigue el descontrol, ahora por la inconformidad que hay en los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los policías investigadores se quejan ahora de que los traen patrullando la ciudad como si fueran preventivos, en lugar de andar investigando, bueno, dándole seguimiento a todos los crímenes que están pendientes de esclarecer.

“Ya nos cambiaron la camisa de investigadores a preventivos jaja. Ya somos puro operativo rondando en las calles”, dicen en sus comentarios socarrones.

El colmo, es que dicen los agentes que están peor que en la administración de Corral, porque ahora tanto el fiscal general, Roberto Fierro, como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, nomás andan pegados a la gobernadora, como su sombra, pero de trabajo de campo, nada.

Hasta dicen que extrañan a Duarte porque en ese entonces les pagaban puntualmente sus sueldos, al igual que las prestaciones y viáticos, lo cual ahora solo ocurre con los jefes.

Primero fueron los elementos de la SSPE, los que pegaron de gritos porque los mandaron a la sierra de Chihuahua a buscar al Chueco en condiciones miserables, y ahora lo hacen los de la Agencia Estatal de Investigación.

Algo muy serio debe estar pasando en los mandos de estas corporaciones, porque donde brota la inconformidad no puede haber trabajo con buenos resultados. Por eso está incontenible la ola de violencia en los cuatro puntos cardinales de la entidad, donde la gente ya no siente lo duro, sino lo tupido.

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Para decirle que mucho ayuda el que no estorba y que ahueque el ala, porque como político está muy desgastado, los priistas juarenses del Grupo Unidad y Participación, le mandaron una carta al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

El documento fue dirigido con copia al dirigente estatal, Alejandro Domínguez, y al municipal, Jaime Cano, a quien los pocos priistas fieles a las siglas no ven desde hace varios meses.

Unidad y Participación es la única organización priista, adherida a la CNOP, que sigue activa tratando de remover los escombros para reavivar al priismo fronterizo, mucho del cual ha chapulineado a donde calientan las gordas, con Morena y con el PAN.

El grupo ha tratado de competir en varias ocasiones para alcanzar la dirigencia estatal y luego la municipal, pero ha sido anulado porque se han impuesto usos y costumbres del PRI rupestre, donde sigue mandando el señor dedazo.

En la carta que le envían al Comité Ejecutivo Nacional le cuestionan si el partido debe seguir perdiendo competitividad electoral y convertirse en aliado del PAN, a pesar de que históricamente “nos combaten, nos denigran y nos desprecian”.

Preguntan también si las actuales dirigencias nacional, estatal y municipal, son las mejores para negociar políticamente la Alianza por México, cuando en realidad los están conduciendo a la pérdida de confianza y preferencia del electorado.

Firmada por el ingeniero Ernesto Mendoza Viveros, le dicen a “Alito” que lo que debía ser un liderazgo, es una simple administración burocrática de las siglas del partido, que ni la imagen del partido ha logrado mejorar, porque cuando intenta modificar la percepción negativa, tiene el efecto del pantano, y más se hunde.

Por todo ello le piden que tome decisiones de hombre de estado, no de simple político, y que por el desgaste y el desprestigio que tiene abandone el partido, para que el tricolor esté a la altura de los retos del 2023 y 2024.

Mendoza Viveros, incluyó también en su rudo mensaje, una crítica a la manera cupular y ortodoxa, “como la dirigencia estatal maneja con cinismo, simulación y falsedad, la renovación del PRI municipal”.

De esta manera, el ruido del PRI se suma al que existe en todo el ambiente político estatal, desde el mismo Comité Municipal del PAN, donde piden la salida anticipada de Joob Quintín; al que hay en las elecciones de consejeros de Morena, donde se están dando con todo los grupos de Juan Carlos y Cruz; al del MC que carece de liderazgo y ahora lo quiere controlar Javier Corral y al del Partido Verde, donde Patricia Borunda comenzará a limpiar la casa de los vestigios de María Ávila y su familia. 

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Tremendo revés le dieron ayer, en el Congreso del Estado, a la iniciativa de los legisladores morenistas, que solicitaban la renuncia de la fiscal Anticorrupción, Nidia Aidín Orpinel Pizarro, quien el pasado 24 de junio sustituyó a la corralista Gema Chávez Durán.

Por seis votos en contra y tres a favor, de la fracción de Morena, la diputación permanente desechó la iniciativa que tenía carácter de urgente resolución.

El principal argumento de los diputados de la 4T, era que la abogada Orpinel Pizarro tomó posesión de un cargo que le correspondía al Lic. Ulises Soteno Torres, segundo en el mando de la Fiscalía Anticorrupción, y quien por ley tendría que haber asumido temporalmente, la responsabilidad ante la falta de fiscal, en espera del nombramiento de uno nuevo por parte del Congreso.

Los morenos expusieron que la licenciada Orpinel fue nombrada porque es de todas las confianzas de la gobernadora y del secretario general de Gobierno, un argumento de kínder si se considera que todas las posiciones de primer nivel, en cualquier esfera de gobierno, son ocupadas por personas de confianza de los gobernantes en turno.

O, ¿alguien sabe de algún funcionario que sea nombrado porque no se le tiene confianza? Esta es lo primero que se pierde cuando el funcionario resulta ladrón, corrupto, abusón o simplemente no dar resultados, no antes.

Los diputados morenistas manifestaron antes de que el punto se sometiera a votación y fuera rechazado, que al gobierno actual no le interesa respetar la ley y el Sistema Estatal Anticorrupción.

“Van por todo, por todos los puestos bajo el estricto control y lealtad del gobierno actual, ni más ni menos la misma forma de gobierno que aplicó César Duarte al Estado de Chihuahua”, dijeron.

Llamó la atención que ese punto de acuerdo, fuera firmado por los diputados Gustavo De la Rosa Hickerson, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Oscar Avitia Arellanes, Rosana Díaz Reyes, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Benjamín Carrera Chávez y Oscar Daniel Castrejón, menos por María Antonieta Pérez.

Ahora lo que sigue, es que el Congreso acelere el nombramiento formal, para lo cual el panista Roberto Carreón Huitrón, presidente de la Comisión Anticorrupción, urgió a sus colegas a realizarlo a la brevedad, antes de que les encuentren otro prietito en el arroz.