No hay confianza en la Guardia Nacional, pero tampoco en las Policías Estatal y Municipal de Juárez, fue una de las interesantes revelaciones de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, correspondiente al cuarto trimestre del 2022, que también reveló, que en el transporte público de pasajeros, la gente se siente más insegura.

La encuesta realizada en 75 ciudades del país que midió percepción, conocimientos y experiencias en 11 indicadores, se realizó en una muestra de 28 mil viviendas.

Entre esos indicadores destacan la inseguridad por temor al delito, la expectativa social sobre la tendencia al delito, el testimonio de conductas delictivas, el cambio de rutinas, el desempeño de las autoridades se seguridad pública, hogares víctimas del delito, personas víctimas de corrupción, acoso y violencia sexual, entre otros.

Un 73.4 de los juarenses entrevistados en diciembre, dijeron sentir inseguridad en la ciudad, porcentaje que marca un descenso de 9.3 puntos, del 80.9 que se registró en este mismo renglón en el mes de septiembre del 2022.

Dos sitios donde la gente siente más inseguridad en Juárez fueron, los cajeros automáticos con el 79.5 por ciento y el transporte público con el 76.2 por ciento.

Por esa misma sensación de inseguridad, el hábito de llevar cosas de valor encima en la calle cambió en un 66.2 por ciento, igual que el de caminar de noche por la calle.

El porcentaje más alto en este renglón fue el de otorgar permiso a los hijos menores para salir, que registró un 72 por ciento.

Es de llamar la atención que la percepción y conocimiento por el delito de extorsión fue mayor en Chihuahua con un 15.5 por ciento, que, en Juárez, que marcó 4.9 por ciento.

Otro rubro que en la capital del estado fue mayor que el de la frontera fue en el de hogares víctimas de algún delito, que fue de 12.6 y 31.2, respectivamente.

En el campo de la percepción ciudadana sobre el trabajo de las corporaciones policiacas, el Ejército Mexicano resultó el mejor evaluado, mientras que la Guardia Nacional fue reprobada con el 41 por ciento, la Policía Municipal con el 37.7 y la Estatal con el 34.6.

Estos resultados se confirman cuando la pregunta se hizo en el sentido de cuál corporación inspira más confianza, la Guardia Nacional fue calificada con un 40 por ciento, la Policía Municipal con el 37 y la estatal con el 32.

La encuesta trimestral del Inegi tiene un alto grado de confianza, por la simple razón de que se realiza en entrevistas cara a cara por el personal de campo de la institución, que no tiene sesgos ni inclinaciones partidistas, como otras casas encuestadoras patito, que cobran caro por fabricar trajes a la medida.

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Salió de las sombras y volvió a la escena, el policía de mala fama Leonardo Joaquín Calzada Contreras, ahora como director de Seguridad Pública Municipal de Guerrero, Chihuahua, una región que conoce ampliamente, desde que fue primer comandante de la Policía Ministerial y fue destituido, en la Fiscalía de Occidente, con sede en Cuauhtémoc.

Calzada es el mismo que, después de ser destituido como primer comandante en esa zona, protagonizó un escándalo frente a Palacio de Gobierno en octubre del 2014 y fue arrestado por insubordinación y dado de baja.

En aquella fecha, el fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, informó que Calzada Contreras fue degradado de primer comandante a simple agente, después de que algunos señalamientos por actos de corrupción y nexos con grupos criminales, por lo que le abrieron varias carpetas de investigación.

Por esa razón hizo su escándalo en la plaza Hidalgo y logró que lo dieran de baja de la comisión a la que había sido asignado, como simple agente ministerial en Juárez.

En esos señalamientos de complicidad de Calzada con los criminales de Cuauhtémoc, destacó en aquellos años la desaparición y muerte de varias decenas de vecinos de esa región, levantados por las células del narcotráfico, que nunca más fueron vistas con vida.

Después de causar baja, Calzada entró al equipo de campaña de Javier Corral como chofer, y hasta llegó a presumir que sería el titular de la Policía Estatal, cargo que finalmente ocupó Javier Benavides.

Pero por su lealtad a la causa corralista, Leonardo Calzada fue nombrado Primer Comandante de la Policía Ministerial en la Fiscalía de la Zona Sur, con sede en Parral, donde nada menos que el segundo de a bordo era su propio hijo. Chulada de familia.

En el 2017, fue removido del cargo por causas similares a las que le fincaron en Cuauhtémoc: por presuntos nexos con las bandas del crimen organizado que asolaban el sur del estado, levantando y matando gente impunemente.

Ahora que aparece nuevamente en escena, como jefe de Policía Municipal de un municipio que solo tiene 30 agentes en servicio y 5 patrullas, Calzada presumió de una carrera policiaca de 35 años en la Policía Federal, en la Ministerial del Estado y hasta en la Guardia Nacional, donde permanecía apertrechado hasta que le salió esta chambita, y dice que llega a “sacrificarse” para ordenar la seguridad pública en Guerrero.

Lo que no dijo en su presentación ayer a medios en Guerrero, fueron los motivos por los que en dos diferentes administraciones, lo destituyeron de la primera comandancia de la Policía Investigadora en Cuauhtémoc y Parral.

Por cierto, que en esa conferencia hasta patinó cuando los reporteros le preguntaron por la versión que circulaba en el municipio, sobre la supuesta presencia en la región de José Noriel Portillo, El Chueco, a lo que respondió nervioso: “es un chisme”.

No se sabe quién recomendó a Calzada con el alcalde morenista Carlos Comadurán Amaya, pero lo que, sí es seguro, es que no es la mejor carta en materia de seguridad pública, en un municipio caliente por la presencia de grupos criminales, que han hecho de la región serrana su guarida para operar con total impunidad. Al tiempo.

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La pavimentación de doce importantes calles de la ciudad, donde ya se realizaron trabajos preparatorios, se encuentra en el limbo y ha comenzado a generar molestia de los vecinos y usuarios de las vialidades.

Se trata de calles ubicadas en nueve colonias y en un parque industrial que tienen bastante tráfico vehicular, como la avenida Ramón Rivera Lara, que es una de estas.

En dicha avenida ya se hizo el levantamiento del pavimento viejo y el raspado respectivo desde el año pasado, pero se interrumpió la obra sin que hasta la fecha se vean intenciones de completar los trabajos con el refresado, como le llaman técnicamente al retiro de pavimento en mal estado para aplicar una nueva capa.

Esta calle que atraviesa las colonias Infonavit Parques Industriales y Santa Teresa, es la más extensa con una superficie de este grupo de obras, con 22 mil 711 metros cuadrados, porque conecta a la avenida Tecnológico con la Óscar Flores.

Todas esas obras forman parte de la inversión 2022 del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Coplademun, que coordina el director de Obras Públicas del Municipio, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, quien no ha dicho una sola palabra sobre la fecha en que reanudan los trabajos, para terminar lo que ya comenzaron en el 2022.

En total, son 70 mil 4887 metros cuadrados de 6 calles con pavimento de refresado, y 6 con concreto hidráulico, que están a la espera de que el coordinador se ponga las pilas, y ordene la reanudación de los trabajos, para que estas arterias dejen de estar en el abultado inventario de rutas peligrosas para circular que tiene Ciudad Juárez.

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El Tribunal Estatal Electoral, notificó el jueves pasado al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, que la denuncia presentada en su contra por la regidora Vanessa Mora por violencia política de género, entró en la etapa de resolución para emitir sentencia, una vez que ya fueron desahogadas todas las diligencias de este caso.

La denuncia que fue formulada después de que Vanessa Mora y Cecilia Reyes Castro fueron desconocidas por sus compañeras y compañero de la fracción de Morena en el Cabildo, al parecer fue desestimada por la parte acusada, pues respondieron las audiencias de desahogo de pruebas y alegatos, solamente por escrito.

Vanesa y Cecilia, denunciaron en forma individual. La primera en el expediente PES-03-2023 contra el secretario del Ayuntamiento solamente, y la segunda, con el expediente PES-04-2023, contra el mismo funcionario, pero también contra el regidor Antonio Domínguez y las regidoras Carmen Estrada, María Adame, Mayra Castillo y Patricia Mendoza.

Fue del segundo expediente, en el que el magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral, Gabriel Sepúlveda, emitió el primer acuerdo el 25 de enero para resolver, mientras que en el segundo caso, lo acordó apenas el jueves.

El tiro ya está cantado, y las regidoras consideradas disidentes del grupo de Morena en el poder del Gobierno Municipal, confían en que habrá una sentencia condenatoria, que puede comenzar con una disculpa pública de la parte acusada, hasta una indemnización por las vergüenzas que las hicieron pasar en las sesiones de cabildo.