Muchas preguntas deberán responder el administrador de la Aduana, General Cecilio Martínez, y la segunda en el mando, Mayté Ponce, por las 28 armas que el miércoles pasado fueron decomisadas en una residencia del fraccionamiento Jardines del Bosque, durante un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, donde fueron detenidos 11 individuos.

Las armas requisadas, entre las que se encontraba un Barret calibre 50, el terrible fusil conocido como “mata policías”, no llegaron a la residencia en cuestión por obra y gracia del espíritu santo. Fueron transportadas a Juárez por tierra y cruzaron por la Aduana mexicana sin ningún problema.

Por lo mismo, y aunque los detenidos y las armas no hayan sido recibidos por el Ministerio Público Federal, bajo el argumento de que la Agencia Estatal de Investigación se tardó más de 24 horas en realizar la consignación, ahí hay un delito de contrabando que debe ser investigado aparte, y por el que deben de responder el administrador de la Aduana y su subalterna.

Este es el segundo contrabando de armas decomisado en los últimos 45 días en el mismo fraccionamiento, aunque en distinto domicilio.

El anterior fue de 9 fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo, así como 9 mil balas, que estaban en poder de una pareja que fue detenida por la Policía Municipal.

En ese caso, como en el más reciente, de las 28 armas, la Fiscalía General de la República y sus Ministerios Públicos han guardado total silencio.

Si por arreglos o desarreglos con los malandros dueños de los cargamentos, no quisieron recibir el jueves la consignación que les hizo la Fiscalía del Estado, eso no los libra de la investigación que están obligados a realizar, por el delito de contrabando que involucra directamente a la Aduana.

Mucho tienen que decir también los asistentes del administrador de la Aduana, José Leal y Luis Rivera, dos tamaulipecos que se trajo el general Martínez Arcos, que son los que se encargan de vigilar todo lo que pasa por los puentes, con y sin permiso.

Habrá que esperar, pero solo falta que los 11 “angelitos” detenidos con las 28 armas, queden en libertad este día, cuando vence el término constitucional para resolver su situación jurídica, y entonces los federales dirán que no hay elementos para iniciar otra investigación o que se trata de rifles de paintball y bolitas de pintura.

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A pesar de que tiene 5 semanas despachando desde esta frontera, a partir de junio, cuando se cambió la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el titular de la misma, Gilberto Loya, no asiste a las mesas de seguridad, donde se supone que la presencia de todos los jefes policiacos es obligada, para la coordinación o descoordinación de los operativos.

Ciertamente que las famosas mesas de seguridad han servido para nada en el combate a la delincuencia, y han servido lo mismo para frenar los homicidios dolosos, pero eso no lo exime de su compromiso, y más cuando ya no tiene el pretexto de trasladarse desde la capital del estado para atender las reuniones.

En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada ayer en la estación policiaca sur, no estuvieron Gilberto Loya, ni el comandante de la guarnición militar, general Gaudencio Ramos, ni el fiscal de la Zona Norte, Jesús “Lord” Carrasco, a quien también ya se le hizo costumbre ausentarse de las reuniones.

Podrán argumentar que pierden mucho tiempo en esas mesas de trabajo conjunto, pero si coordinados no pueden contra los malandros, solitos menos.

El desaire a la reunión de ayer, se dio a pesar de que hay muchos problemas en materia de seguridad que deben atender y resolver, comenzando por el hecho de que en los primeros 8 días del mes, se han registrado en la ciudad 26 homicidios dolosos.

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Desde el estado de Nuevo León le llegó a Mirone la noticia de que la exprocuradora de Justicia de triste memoria, Patricia González Rodríguez, volvió a asomar la cabeza durante el Seminario de Proceso Penal en América, realizado el pasado martes, donde dio una conferencia sobre la prueba y psicología del testimonio en el proceso penal acusatorio.

La exprocuradora de Chihuahua durante el sexenio de mayor violencia en la entidad (2004-2010), asistió invitada por el Colegio de Abogados de Nuevo León y presume, donde se anuncia su participación, que “cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público profesional en puestos directivos vinculados a la procuración de justicia a nivel nacional y subnacional” (sic).

Aunque menciona que fue jueza penal por 20 años en Chihuahua, la abogada, mejor conocida como Paty Fashion, omitió mencionar que fue también procuradora del Estado y durante los 6 años en el cargo, se cometieron más de 12 mil homicidios dolosos por el crimen organizado, principalmente en Juárez.

Esa página negra en su currículum la disfraza intencionalmente cuando cita que estuvo en puestos de procuración de justicia a nivel “subnacional”, pero no dice para nada que fue en el Estado Grande, cuando por su omisión e inacción, se tejió en Juárez otra leyenda negra, quizá la más cruenta de su historia, de violencia e impunidad.

Ciertamente que no es una experiencia de la que tenga nada que presumir y es entendible que prefiera ocultarla, pero de ahí a que ande dando conferencias a las nuevas generaciones de abogados, como que no encaja, por la simple razón de que, en los hechos, como persecutora del delito en Chihuahua, fue un soberano fracaso.

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A casi un mes de que el delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, le dijo zorra a la gobernadora, esto durante una entrevista en una estación de radio, la diputada federal Laura Contreras Duarte presentó una queja en su contra, ante el Instituto Estatal Electoral, por actos de violencia política en razón de género y por misógino.

Dijo la legisladora que la denuncia se presentó porque no van a dejar que se normalice ningún acto de violencia contra las mujeres en Chihuahua.

Lo interesante será saber si Laura está enterada del elevado índice de delitos impunes que se cometen todos los días contra las mujeres de la entidad, comenzando por el feminicidio, pasando por las agresiones sexuales y terminando con la violencia doméstica, para que también haga algo al respecto.

La queja en cuestión fue recibida y turnada a acuerdos en el IEE, donde la diputada solicitó también, que se dicten las medidas cautelares, que se evite se siga propagando la violencia en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y que, en el momento procesal oportuno, se determinen las sanciones en contra de Loera de la Rosa, además de las medidas de reparación, protección y garantías de no repetición de los hechos denunciados.

Aunque tarde, reaccionó la diputada chihuahuita a la expresión peyorativa de Loera, cuando este le respondió a Maru por acusar al presidente de la Republica de haber metido las manos en los pasados procesos electorales y le dijo que, “la zorra no se ve la cola”. Ahora el asunto le causará algunos malos momentos al excandidato a gobernador.