Un día cualquiera del año 2022, Javier P. V., fue detenido al ser señalado por su esposa de haberla golpeado por celos. En otro punto de la ciudad, un día diferente o tal vez fue una noche, Eduardo M. fue arrestado tras golpear a su pareja sentimental durante un convivio familiar.
En otra ocasión, en una las 365 noches del 2022, Jonathan José G. W. golpeó a su expareja sentimental por negarse a retomar la relación; entre tanto, Alain Jovany M. V. fue detenido al ser señalado por su madre de haberla agredido físicamente tras sostener una discusión.
José Manuel L. D., fue detenido durante el 2022, después de agredir físicamente a su esposa al encontrarse en estado de ebriedad.; mientras que Alejandro P. G. agredió a su pareja sentimental por problemas económicos.
Estos casos de violencia, estimado lector, son apenas una pequeña muestra de los cientos o tal vez miles de veces, que cada año padecen las mujeres juarenses.
Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, indican que, al cierre del mes de diciembre, se habían acumulado 857 detenidos por estos motivos.
Sin embargo, la violencia familiar, intramuros e incluso a la vista de todos, se mantiene como una constante en nuestra ciudad y desafortunadamente muchos de los casos no se denuncian.
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Tras vivir dos años de permanente encierro a causa de la pandemia generada por el Covid-19, la vida pareciera que regresó a la normalidad a las calles, pero también, junto a este retomar de la rutina, volvieron a hacerse latentes los vicios sociales.
Cuando una mujer vive violencia familiar y se decide a denunciar, comienza la segunda parte de su calvario. El acceso a la justicia, se convierte en un verdadero vía crucis, afirman integrantes de organizaciones dedicadas al apoyo a mujeres.
Esta vía dolorosa que tienen que caminar, se da porque hay que seguir varios procedimientos que pueden durar varias horas en su primera etapa, sumando dolor al dolor, a la par de distintas acciones que llevan meses e incluso años, para lograr que el agresor esté bajo la lupa de la justicia.
Los gritos, los golpes, los distintos tipos de agresión que pueden incluir ataques sexuales e incluso violaciones, delitos que muchas veces se normalizan al interior de las viviendas, y también entre los mismos vecinos, tanto por ignorancia como por miedo, son aterradoramente comunes en Ciudad Juárez y no han disminuido.
Si bien se han dado ligeras reducciones en las estadísticas, lo cierto es que ninguna cifra en la que se dé constancia de una agresión, puede ser digna de presumirse, porque eso solo revela que alguien no está haciendo bien su trabajo en materia preventiva y punitiva.
La facilidad con la que los victimarios cometen sus atropellos y la permanente impunidad en muchos de los casos, mantiene un foco rojo encendido dentro de nuestra comunidad.
Los números no mienten, aunque ligeramente disminuyen, las estadísticas revelan la violencia contra las mujeres no es un asunto que afecte solo a un estrato económico, aunque los casos que se registran diariamente sí dejan un claro margen de que estos ocurren, al menos los que se denuncian, en colonias populares.
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Especialistas en la materia de atención a los casos de violencia de género, como Yadira Cortés Carrillo, portavoz de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, describe paso a paso lo que una víctima debe hacer para aminorar la burocracia que impera, después de que se está en una situación de peligro.
Cortés explicó que si los hechos recién han ocurrido, se debe marcar al 911, una vez que se hace el reporte inicial se debe solicitar el número de folio de atención; ese dato es de suma importancia para interponer la denuncia.
Con el número de folio le facilita al ministerio publico la búsqueda de la solicitud de atención, la atención recibida y el informe del primer respondiente ante los hechos de violencia, si es que hubo una situación.
Si no hay llamado al 911 y acude directamente a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos por Cuestiones de Género, ubicada en el bulevar Zaragoza y Durango para que levante la denuncia por violencia familiar.
Aquí debe de poner atención el lector para que vea lo que tiene que pasar una mujer denunciante. ¿Qué tiene que llevar para presentar su denuncia? El nombre del agresor, dirección, lugar donde trabaja el atacante; si puede, una identificación fotocopia del victimario, un comprobante de domicilio, también les piden comprobantes de los hijos, actas de nacimiento, copia del acta de matrimonio, nombres, direcciones y teléfonos de testigos.
Ya una vez con todo esto, probablemente la carpeta se apertura para iniciar la investigación. Si a usted, estimado lector, le ha fastidiado esta tediosa descripción, imagínese a quienes tienen que realizar el trámite.
Todo eso es lo que tiene que hacer una mujer que vive violencia física, pero si además de todo esto vive violencia sexual, hay que iniciar todo un procedimiento adicional, de revisión médica, peritajes, quizá también un protocolo de prevención de infecciones de enfermedades de transmisión vía sexual, porque dependiendo de las violencias aumentan los procedimientos.
Vale decirle que una mujer que va a denunciar vive este proceso al menos durante 3 horas, pero según se ha dado el seguimiento en estos casos, la tardanza del proceso puede alcanzar hasta las 8 horas en su primera etapa para interponer la denuncia.
Ese proceso de acceder a la justicia le llevará por lo menos de entre un año a un año y medio, si bien le va porque cabe recordar que del cien por ciento de las denuncias colocadas en la Fiscalía solo el 4 por ciento llega a una sentencia contra el agresor.
“El caminar o el calvario que vivimos las mujeres respecto a las violencias empieza con este agresor y termina, si es que podemos decir así, termina o continúa con el proceso de acceso a la justicia”, afirmó Cortés.
“Si no hay sentencias, no hay credibilidad en las instancias de acceso a la justicia y las mujeres dejan de denunciar o declinan los procesos a continuar en su denuncia, necesitamos acceso a la justicia de manera rápida, pronta y expedita”, añadió.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer en días pasados una reducción estatal del 22 por ciento en el delito de feminicidio.
Según la dependencia, esto se debe a que se han implementado políticas públicas humanistas, integrales y eficaces, con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y niñas chihuahuenses.
A unos días de concluir el 2022, la FGE afirmó que se registró una significativa reducción en el delito de feminicidio en la entidad, destacando una baja del 22 por ciento en comparación con el año anterior.
Así mismo, en Ciudad Juárez se tuvo una disminución del 11 por ciento mientras que en Chihuahua capital un 50 por ciento.
El feminicidio, a diferencia de un homicidio doloso de mujer, tiene características específicas, ya que en el primero hay o hubo entre víctima y victimario una relación sentimental, afectiva o de confianza; además, expresiones de violencia extrema, que se representan con las formas en que fue privada de la vida, los métodos que tienen implícita la saña y el odio, explicó la FGE a través de un comunicado.
Sin embargo, los datos de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, no coinciden con los mostrados por la FGE.
La Red da seguimiento solamente a lo que ocurre en Juárez. Partiendo de ahí, las cifras indican que el feminicidio en Ciudad Juárez no se ha reducido ni siquiera con los datos emitidos por la propia Fiscalía Especializada.
La Red cuenta con un registro de que el 2021, cerró con 171 homicidios dolosos contra mujeres, mientras que en el 2022 a cierre de noviembre, se dieron 128 homicidios dolosos, de los cuales la Fiscalía tipificó 17 como feminicidios en el 2021 y 16 en el 2022, hasta el cierre de noviembre.
Este dato habla de que la “reducción” fue apenas del 6 por ciento, pero los números de diciembre aún no están disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la cifra pudiera variar dramáticamente.
Con cierre a noviembre de 2022, hay una reducción del 26 por ciento, pero es en homicidio doloso contra mujeres, no en el feminicidio, aclara la Red.
Sin embargo, la Mesa de Mujeres señala que en el tema de las distintas violencias, haciendo hincapié en el seguimiento que ha dado a delitos como el homicidio doloso contra mujeres, la trata de personas, incumplimiento de pensión alimenticia, abuso sexual, violación, hostigamiento sexual y sexting, se tiene un registro que durante el 2021 se cerró con 8 mil 770 carpetas por estos delitos, mientras que en 2022 al cierre de noviembre fueron, 8 mil 300.
Es decir, estimado lector, que al cierre de noviembre estaríamos hablando de una reducción mínima y que no nos habla propiamente de que el problema este cercano a su solución.
Un dato más, si en promedio se registran mensualmente 600 carpetas de investigación por estos delitos, según la tendencia que se ha seguido, es muy probable que la cifra del año 2022 supere a la de su antecesor y con ello, se desmoronen los números alegres.
En todo caso, piden los especialistas, conocedores del problema, la Fiscalía debe desglosar con precisión en qué delitos se está enfocando para que se pueda entender esa reducción que pregonan.
Partiendo de ahí debe atenderse el fenómeno, no solo cuando ya ocurra el delito, sino con la asignación de los recursos pertinentes para que este tipo de violencias sean prevenidas, porque sí, puede resultar obvio y risible para algunos, pero a este día, el primero del año 2023, la violencia contra la mujer, la violencia familiar, los delitos intramuros siguen lamentablemente siendo un problema grave en Ciudad Juárez.
Y ante esta falta de atención, esta anarquía e impunidad que prevalece, este Mirone lamenta decirles, señores que manejan los números, que no les van a cuadrar las cifras, porque mientras no se siga atendiendo de raíz, con educación y valores, pero también con penas ejemplares este tipo de violencias, difícilmente vamos a poder disminuir los casos de feminicidios en la comunidad.
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Pudiera el lector creer que este Mirone confunde la magnesia con la gimnasia al citar los asuntos de violencia familiar y llegar a los extremos del feminicidio, pero antes de que piense cualquier cosa, preferiría compartir con usted un par de casos más.
Uno de ellos, de los pocos difundidos durante 2022 por la FGE –y no por falta de ganas, sino porque hubo pocos–, en los que se dio a conocer una sentencia contra un agresor de este tipo, ocurrió hace apenas unos días.
A través de un comunicado oficial de prensa emitido por la FGE, se dio a conocer que un sujeto identificado como Salvador M. M, pasará más de cinco años en la cárcel por cometer violencia familiar y lesiones contra una mujer.
Los hechos por los que se le sentenció ocurrieron el 30 de mayo de 2021, es decir, la justicia, aunque tardó un año y medio, finalmente llegó.
Salvador fue declarado culpable luego de que el Ministerio Público demostró que atacó y ocasionó heridas con un arma punzante a la afectada. Además fue condenado a pagar la cantidad de 26 mil 886 pesos, por concepto de la reparación del daño.
Otro caso, el último, ocurrió el domingo 13 de junio de 2021, entre las 00:00 y las 08:00 horas, en el interior de un domicilio en la colonia Libertad. Allí, Juan Carlos P.P. discutió con su esposa, la cual fue identificada con las iniciales J.S.L.
Durante la discusión, Juan Carlos la agredió físicamente con sus manos para luego tomarla del cuello y privarla de la vida, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Posteriormente, desmembró el cadáver, colocó las extremidades en costales de plástico y las arrojó su cuerpo en pedazos a un barranco en las inmediaciones del Camino Real.
Juan Carlos fue detenido y hace unos días se le sentenció a pasar 50 años en prisión además de pagar un millón de pesos por indemnización por muerte y gastos funerarios.
Dos casos, dos sentencias como ejemplo en las que nos deja el agridulce sabor de lo que actualmente significa la justicia pronta y expedita.
¿Se están tomando las medidas adecuadas? ¿Dónde está la educación y la prevención para que estos delitos ya no ocurran? ¿Basta una cantidad para resarcir los daños? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Es esta la justicia que anhelamos?