Cómo estarán de cuadrados los criterios de la CFE en la aplicación de las tarifas a los usuarios domésticos, que sin ninguna consideración, está cobrando una tarifa cara a un municipio pequeño y pobre de la entidad, mientras que a los más grandes les asigna una más barata.

Tal es el caso del municipio La Cruz, que, con una población de 3 mil 700 personas de escasos recursos, dedicadas principalmente al trabajo del campo, tienen el servicio de energía eléctrica con la tarifa 1A, que es la más cara en uso doméstico.

Lo absurdo del asunto es que municipios colindantes y más poblados que La Cruz, como Camargo y Saucillo, tienen la tarifa 1B, que es ligeramente más barata que la que pagan sus vecinos con menores ingresos.

El tema ya escaló hasta el Congreso del Estado, donde ya no piden queso, sino salir de la ratonera y que la CFE reconsidere la tarifa que aplica a los cruceños, pues todas las gestiones que han hecho hasta ahora, para que los chihuahuenses reciban el subsidio de verano con tarifa 1F, han fracasado.

En el caso de La Cruz, donde la mayoría de la población está compuesta por ejidatarios, jornaleros del campo y empleados de la industria maquiladora, que reciben un salario mínimo, la tarifa que les aplican varía mes a mes, y en junio subió de 80 a 90 centavos el kilowat-hora, valor que irá en aumento hasta diciembre.

Nada justifica esa tarifa, porque esta población tiene las mismas características climatológicas de sus vecinos que pagan menos por el servicio de luz.

La Cruz está registrando actualmente temperaturas promedio de 36 grados centígrados, muy superiores a los 25 grados que fija la norma de la CFE para la tarifa 1A, por lo cual con justa razón reclaman el subsidio, porque en los próximos meses estarán en la disyuntiva de pagar los caros recibos de luz o comer. Así de grave es la situación.

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Siguiendo con temas del sur del estado, por cuarta ocasión en este año volvió a temblar ayer en Parral, y no precisamente por el choque de la administración municipal con el Gobierno del Estado, porque la primera se adjudica obras que se realizan con recursos estatales, sino por el terremoto que se registró con una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter.

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional de la UNAM, el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al norte de Parral, antes de los límites de Valle de Zaragoza, a una profundidad de 7 kilómetros, lo que echa por tierra el mito de que las excavaciones de las minas de la región son la causa de los movimientos telúricos.

Las Coordinaciones de Protección Civil del Estado y del Municipio no reportaron daños materiales, solamente el susto, porque el movimiento telúrico ocurrió cuando la población dormía, a la una de la mañana.

Con este, son cuatro los temblores que se han sentido en la Capital del Mundo en lo que va del año. El primero fue el 26 de febrero, el segundo el 12 de marzo y el tercero el 24 de mayo, y después del registrado ayer, los que se acumulen y los que generen los encontronazos políticos rumbo al 2024, que ya empezaron, porque el Gobierno Municipal naranja, se quiere colgar de las obras del estadio de beisbol y la Puerta del Tiempo que realiza el Gobierno estatal.

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Mañana se vestirá de manteles blancos el Comité Municipal del PAN, porque vienen directivos estatales al foro que, con mesas de trabajo político, se convertirá en la pasarela de los que aspiran a una candidatura en el 2024 para la alcaldía, el Congreso local y el federal.

El foro en cuestión forma parte del programa “Juárez se Escucha Fuerte”, que lanzó la presidenta Xóchitl Contreras para animar a los panistas fronterizos, que se encuentran muy apagados, pero sobre todo muy grillados.

Al evento viene la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Margarita Alvídrez, pues el jefe Gabriel Díaz viajará a la Ciudad de México, donde el sábado se definirá el método de selección del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, que le pondrá nombre y apellido al afortunado o afortunada que se la rifará contra Morena.

De hecho, en la última visita del dirigente nacional Marko Cortés a Chihuahua, dijo que sería antes del 26 de junio cuando se vote el método de selección del hombre o mujer que los abanderará.

Al foro están invitados todos los suspirantes por las candidaturas de Juárez y que tendrán mano en los temas que se aborden en las mesas de trabajo, donde no se hablará del calor, ni de las tarifas de la CFE, ni del servicio de transporte que no cumple con la renovación del parque vehicular.

Nada de eso. Solamente se hablará de grilla y de las posibilidades que tienen de ganarle a Morena, pero, principalmente, de no perder la mayoría del Congreso del Estado, que los dirigentes de la 4T se han puesto como objetivo principal y ya lo están cantando como para poner más nerviosos a los panistas.

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La integración de otro grupo que pretende sacarle raja política a la tragedia de los migrantes, ocurrida el pasado 27 de marzo en Juárez, se formó en el Senado de la República, supuestamente con el propósito de darle seguimiento al caso, cuando ni siquiera han podido obligar al Instituto Nacional de Migración a derribar el viejo edificio, que se convirtió en crematorio y que sigue de pie como mudo testigo de la imbecilidad humana.

“La instalación del grupo plural para dar seguimiento a hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez”, así la anunció pomposamente el Departamento de Comunicación del Senado de la República, precisando que los legisladores que forman parte de este grupo analizarán y darán continuidad “puntual”, a los mecanismos de apoyo que se implementarán para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, así como a las víctimas y a sus familiares.

El grupo en cuestión lo encabeza el chihuahuense Rafel Espino, pero lo que no dijeron, es porqué hasta 3 meses después de la tragedia, que llevó a prisión a 7 personas como presuntos responsables de los hechos, están formando un equipo de seguimiento.

Se supone que todas las investigaciones del siniestro están a cargo de la Fiscalía General de la República y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le da seguimiento a la atención e indemnización de las víctimas y sus familias.

Si nada de eso corresponde atender a los senadores del “grupo plural”, entonces, ¿por qué no han obligado al INM a derribar el edificio y a modificar sus tenebrosas “estaciones migratorias”, que tienen en 24 estados de la República Mexicana?

Eso sí es su obligación y competencia, así como legislar para que las 35 estaciones migratorias que actualmente son viles centros de detención, dejen de ser cárceles inhumanas de migrantes.

Decir que la integración de este grupo es un “ejemplo de voluntad política para generar conciencia, coadyuvar, promover el diálogo y la colaboración para que haya mejores políticas públicas de respeto a los derechos humanos frente a la migración” es solamente vil rollo, que no mejora las condiciones y trato que se les da a los extranjeros en su paso por suelo mexicano rumbo al sueño americano.

A ver con qué mentiras nos salen, en el informe que el senador Espino presentará sobre el trabajo del grupo en el pleno de la Cámara Alta.