Con la firma del compromiso “Declaración de los Ángeles”, terminó el viernes pasado la Novena Cumbre de las Américas, donde 20 países, incluyendo a los Estados Unidos, se comprometieron a desarrollar una política coordinada para lograr una migración ordenada en el continente, un tema de suma importancia para el Estado de Chihuahua que es ruta de paso, y para Juárez, como frontera de cruce y recepción de miles de migrantes.

El documento es histórico, porque por primera vez 20 países se comprometieron en una responsabilidad compartida, en la colaboración con la sociedad civil y en el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero, para apoyar a las personas en movimiento en las Américas. Ahora solo falta que lo cumplan.

Aunque el presidente de México no asistió porque no invitaron a sus amigos los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el acuerdo lo firmó en su representación el canciller Marcelo Ebrard, y, por lo tanto, el Gobierno federal está obligado a respetarlo y cumplirlo en todos sus puntos.

La declaración la firmaron también los Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El texto incluye un compromiso de todos los gobiernos firmantes –a lo largo de la ruta migratoria– para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.

El documento llama a una mayor coordinación en las fronteras entre los países que afrontan el fenómeno de las migraciones, de llegadas y de tránsito, como la frontera de Juárez y El Paso, una de las más transitadas de México.

Establece claramente que se debe buscar una atención humanitaria en las fronteras para retornar a los migrantes “que no tienen necesidades de protección ni base legal para permanecer en otro país”.

O sea, se refiere a todos aquellos que no son perseguidos, que no sufrieron por la violencia del crimen organizado o de pandillas como las Maras, ni huyeron de su hogar por hambre ni pobreza. Una verdadera utopía, porque todos tienen una causa y una desgracia que los obliga a escapar.

En el caso concreto de México, la Declaración de Los Ángeles lo compromete a ampliar el programa “Tarjeta de Trabajador Fronterizo” para incluir de 10 mil a 20 mil beneficiarios adicionales, para satisfacer las necesidades de los empleadores en el país y brindar una alternativa a la migración irregular.

Otro de los compromisos sustantivos para el Gobierno mexicano, es que deberá integrar a 20 mil migrantes al mercado laboral durante los próximos tres años, con el apoyo de ACNUR, para que esas personas obtengan el status legal como refugiados reconocidos y tengan acceso a oportunidades en regiones con escasez de mano de obra, como el caso de la industria maquiladora de exportación de Juárez.

El acuerdo es muy claro al señalar que los resultados y el éxito del mismo a corto, mediano y largo plazo, depende de la participación y cumplimiento de todos los países que vivieron la crisis migratoria, que se registró por primera vez en 2013.

Pero no es necesario remontarnos tanto tiempo, para ver el tratamiento que le ha dado el Gobierno federal mexicano a la crisis migratoria, que, por la ausencia de políticas humanitarias, lo han convertido en un problema de violación a las garantías individuales y lo más grave, en un criminal negocio.

Un botón de ejemplo. El pasado 6 de junio, al mismo tiempo que comenzaba la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, una caravana de 5 mil migrantes, principalmente venezolanos y centroamericanos, que se encontraban varados en la frontera sur mexicana, partieron de Tapachula rumbo a los Estados Unidos, cansados de esperar que el laberinto burocrático les resolviera su estancia legal en México o cuando menos, les permitiera conseguir trabajo para subsistir, en uno de los estados más pobres del país.

Irónico, pero cierto. Mientras los mandatarios discutían los términos para humanizar el trato a los migrantes, en las carreteras de Chiapas, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración dejaron que la caravana pasara, solamente con la condición de que lo hicieran caminando. No pueden bajo ninguna circunstancia viajar en autobús o abordar un tren, y mucho menos que les den aventón los transportistas de carga.

Desde ahí, la condición torquemadista impuesta, rompe con el espíritu humanitario de la Declaración de Los Ángeles, que precisa: “el objetivo es cambiar la forma en que las personas migran”, lo cual no autoriza de ninguna manera a los gendarmes mexicanos a obligarlas a caminar miles de kilómetros bajo lluvia, sol, viento; con hambre sed y enfermedades.

Esa brutal medida a los únicos que beneficia es a los grupos criminales dedicados al tráfico humano, para quienes es más fácil lograr sus presas, cuando el agotamiento los obliga a aceptar el servicio de los coyotes y polleros, a riesgo de lo que venga después.

Esa caravana que por esa condición también comenzó a dividirse, para tomar diferentes rutas rumbo al norte de México, tarde o temprano llegará a Chihuahua y tocará base en Juárez, donde sin duda se repetirá el escenario de insolvencia del 2018, cuando arribaron los primeros grupos.

Baste recordar que, de octubre del 2018 a abril de 2019, llegaron a Juárez poco más de 15 mil personas, procedentes de Venezuela y Cuba, principalmente, de acuerdo con los registros del Colegio de la Frontera Norte en su investigación Caravanas migrantes y desplazamientos colectivos en la frontera México-Estados Unidos, publicada en el 2021.

La crisis humanitaria que ese número de migrantes provocó en Juárez, movió a la sociedad civil a generar lo que en el 2019 se conoció como Iniciativa Juárez, con la participación de los tres niveles de Gobierno y el sector privado, para mejorar las condiciones de los migrantes con techo, comida, salud y empleo.

El modelo fue diseñado para implementarse en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, pero fue únicamente en esta frontera donde se impulsó y probó con éxito, con la apertura del albergue Leona Vicario, en una nave industrial del eje vial Juan Gabriel.

En ninguna de las otras plazas fronterizas funcionó y fueron las organizaciones religiosas, de la sociedad civil y derechohumanistas de ambos lados de la frontera, los que enfrentaron la crisis sin ayuda gubernamental, tal y como lo documentó en enero de 2021 el programa Historias de la Frontera Norte, producido y transmitido por el canal del Congreso de la Unión.

A tres años de aquella experiencia exitosa en Juárez, se aproximan ahora las nuevas caravanas y aunque el albergue Leona Vicario aún funciona, las condiciones políticas, económicas y sociales de la ciudad son inestables.

El arribo en estos momentos de una caravana de cientos de migrantes encontrará a la ciudad en medio del caos que generan las diferencias entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el delegado federal Juan Carlos Loera, y de este último con la gobernadora Maru Campos, donde hay tiro cantado, aunque en los eventos públicos nomas se pelen los dientes.

Aunque la responsabilidad de la atención a la crisis migrante es del ámbito federal, y así fue suscrito en la Declaración de Los Ángeles, sería ingenuo pensar que la federación va a cargar con todo el costo que implica la atención de miles de personas en movimiento, desde su tránsito por el territorio nacional, hasta la llegada y estancia en las ciudades fronterizas.

Esa carga la han asumido siempre las organizaciones de la sociedad civil, con limitaciones y todo tipo de carencias, y solamente en la Iniciativa Juárez, le entraron los Gobiernos de los tres niveles, pero únicamente en Juárez.

En esas condiciones, sin recursos, sin ganas de atender un problema grave, porque no hace brillar la gestión gubernamental ni tiene rentabilidad electoral, ¿qué podemos esperar cuando comiencen a llegar miles de personas cargadas con miles de necesidades?

Esto aplica puntualmente en Juárez, donde hay condiciones creadas por la Iniciativa Juárez para atender con solvencia el problema, pero no hay voluntad política para prepararse y realizarlo con éxito, con tanto pleito, celo y locuras por llegar al 2024 que existen entre los morenos y los panistas que hoy nos gobiernan.

Por otro lado, en el acuerdo de la cumbre de Los Ángeles se habló de gestión humanitaria para una migración ordenada, pero no se dijo nada del lucrativo negocio que en México representan los grupos en movimiento para el crimen organizado, para las corporaciones policiacas como la Guardia Nacional y para el Instituto Nacional de Migración.

Los abusos, secuestros, extorsiones y hasta desapariciones de migrantes, están documentados a lo largo de la ruta migratoria, que siguen desde que cruzan la frontera sur, pero hasta ahora se niega y se minimiza.

¿Quién va a darle seguimiento al cumplimiento formal del acuerdo internacional para que se frenen esas acciones criminales, se respeten sus derechos y se les atienda como seres humanos, no como invasores ni extraños?

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, hizo el sábado pasado un posicionamiento en torno a la Declaración de Los Ángeles, a través de su Director Regional Adjunto para América Latina, Julio Rank Wright, quien consideró los compromisos loables, pero dijo que “no está claro cómo se monitorearán y evaluarán estos compromisos. Sin financiamiento a largo plazo y voluntad política para proteger a quienes se desplazan en la región, el IRC teme que las intenciones de la Declaración fracasen y dejen atrás a millones de personas en movimiento en las Américas”.

Dicho en otros términos: orden dada, no supervisada, vale para pura… vacilada.

Hasta ayer, ninguna autoridad federal, estatal o municipal de la entidad se había pronunciado en torno a las implicaciones y aplicaciones del acuerdo de Los Ángeles.

¿Acaso esperarán a que estalle la crisis como en el 2018, para reaccionar? ¿O dejarán otra vez la iniciativa y la solución a la sociedad civil, como ya es costumbre?

Si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como responsable de la política interior del país, estuvo el viernes en Juárez cortando listones y en lugar de hablar del tema de los migrantes dijo que “está siempre listo” para el 2024, qué nos espera con las otras instancias que ya andan flotando rumbo al futuro y se les olvida que primero deben resolver el presente.