Mientras el reflector político se concentra en la disputa por la candidatura a la gubernatura entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez, en esta frontera ya se mueve otro tablero igual de importante: la candidatura de Morena a la alcaldía.

Ahí el foco se ha colocado, principalmente, en dos figuras que hoy concentran el posicionamiento y la estructura política del partido en Juárez: el senador Juan Carlos Loera y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Se desató la grilla, y no precisamente en tono amable. La candidatura de la plaza más morenista del estado empezó a disputarse con fiereza. Las encuestas y los resultados electorales recientes no dejan lugar a dudas sobre la hegemonía guinda en esta frontera, por lo que se entiende que el pleito, de aquí a la fecha de la definición, sea a morir por esa candidatura.

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Tampoco puede haber mucha discusión sobre el posicionamiento que traen en este momento Mayra y Loera. Ella como la cara y la imagen de todo el aparato que opera la dispersión millonaria de apoyos que se entregan a miles de juarenses por parte de la Secretaría de Bienestar, y él como senador, que además viene de la campaña a gobernador y de la misma plataforma de Bienestar, como anterior delegado.

Difícil que alguien les pueda competir en Juárez, donde el senador Loera ya fue candidato a la alcaldía en 2016. Paradójicamente, él le abrió desde 2018 la puerta a la expriista Mayra Chávez, quien desde sus inicios conectó bien con la delegada política de Morena para la elección de aquel año en Chihuahua: la entonces diputada federal y hoy secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

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Fueron parte del mismo equipo político hasta el rompimiento personal que en 2021 protagonizaron Loera y Montiel, prácticamente al final de la campaña fallida por la gubernatura.

Pero mientras Loera se separó de Ariadna, Mayra contrajo nupcias con Diego Villanueva, uno de los principales operadores de la secretaria, por lo que la relación Mayra–Ariadna se afianzó y terminó de consolidarse con el nombramiento de ella como delegada en Chihuahua, después de que Mayra trabajó en la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México, más cerca de Montiel.

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Conocedor del poder y la influencia de quien no se olvida de su AMOR por Chihuahua, el primero que hizo ruido y abrió fuego fue el senador Juan Carlos Loera, cuando el 20 de febrero, en conferencia de prensa, mostró los resultados de la encuesta de Rubrum que lo colocan muy por encima de Mayra Chávez en Juárez.

Ahí acusó al grupo montielista de actuar de manera sectaria y de aprovechar los recursos de los programas federales para favorecer el proyecto político de la delegada, a quien además cuestionó por su pasado duartista.

De alguna manera, Loera quiso mandar el mensaje de que no permitiría que las negociaciones cupulares o las influencias en el centro del país lo dejaran fuera, después de la definición de la gubernatura, y que no se tomara en cuenta lo que señalan las encuestas sobre Juárez, incluidas las internas de Morena.

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Más recientemente, y en el mismo tono, arremetió contra el montielismo en la figura del actual diputado federal Carlos Castillo, quien fungió en Chihuahua como delegado especial para el proceso electoral de 2024. Lo acusó de haber actuado de manera excluyente y de operar exclusivamente para el equipo de Ariadna Montiel.

Castillo respondió llamándolo traidor a los principios del movimiento e incluso mitómano, asegurando que el chihuahuense nunca fue realmente cercano a Andrés Manuel López Obrador.

A partir de ahí se envió toda la caballería contra el senador, mientras que, en forma paralela, se despliega una intensa campaña en redes para destacar la imagen y los atributos de Mayra Chávez, quien no deja de repetir que considera un honor que se le mencione en las encuestas tanto para la gubernatura como para la alcaldía de Juárez.

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No nada más desde las estructuras de Bienestar o desde el Congreso del Estado le ha llovido a Loera. También le brincó en Ciudad Juárez el regidor Antonio Domínguez, quien recientemente se puso el chaleco de AMOR por Chihuahua.

Abiertamente, el edil —que además es uno de los fundadores de Morena y que antes fue parte del equipo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar— se le fue a la yugular, acusándolo de ser factor de división dentro del movimiento.

“No se dejen engañar por algunos actores políticos, como lo es el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, una figura que se ha dedicado a destruir y dividir a la base de Morena”, dijo el regidor, quien aseguró que el senador se está quitando la máscara para mostrarse como es.

“Nosotros lo hemos padecido a este personaje (…) no le interesan más que sus ambiciones personales. Desde que lo invitamos a formar parte de Morena, hace más de 15 años, cuando militaba en el PRD, se ha dedicado a su proyecto personal y a su protagonismo”, agregó.

En medio de la zacapela, Loera no baja bandera y, en una de sus más recientes publicaciones, compartió un video con palabras de Andrés Manuel López Obrador para destacar su compromiso con el movimiento y afirmar que “la lucha es por principios, no por el poder”.

El hecho es que, en el centro de toda esta escaramuza de declaraciones y acusaciones, está la disputa por la joya de la corona morenista: la alcaldía de Juárez, en la antesala del levantamiento de encuestas y de una definición que, para esta frontera, no pasará del 8 de noviembre.

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¡Extra, extra! Así podría anunciarse el rechazo al proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, donde el voto en contra de sus antiguos aliados, el PT y el PVEM, fue determinante para que no caminara el primer proyecto legislativo con “denominación de origen” de la actual administración.

Tal como se preveía, Morena no alcanzó la mayoría calificada —para la cual necesitaba al menos 334 votos—, pues solo su bancada votó a favor. El bloque opositor, al que ya se pueden ir anotando el partido de la estrellita amarilla y el del tucán, ganó en esta ocasión.

El rechazo a la reforma constitucional podría inscribirse como la primera gran derrota legislativa del sexenio, pero también como la fractura de una coalición que lo ganó prácticamente todo desde 2018 a la fecha.

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Según le cuentan a Mirone, el punto de ruptura entre Morena y sus dos exaliados tuvo su origen en la eliminación de la llamada “cláusula de vida eterna”. ¿Qué significaba esta? Que los partidos coaligados podían trasladarse votos entre sí para lograr que todos alcanzaran al menos la votación mínima para conservar el registro y el acceso a los Congresos federal o estatales.

Tampoco aceptaron la eliminación de las candidaturas plurinominales por lista, donde podían ir anotando, elección tras elección, a miembros de su familia para que no se enfriara la curul que acababa de dejar su pariente.

El caso de Chihuahua es por demás ilustrativo: las candidaturas “de lista” le permitieron a la familia Aguilar colocar a cinco de sus miembros tanto en el Congreso del Estado como en la Cámara de Diputados desde 1995. Ni cómo pedirles que eliminaran esa forma tan “cachetona” de hacerse de cargos legislativos.

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Para los morenos, no hubo tiempo para lamentos ni reproches a sus exaliados. Inmediatamente después del rechazo, la bancada encabezada por Ricardo Monreal anunció que se activará el “Plan B”.

¿En qué consiste? En un paquete de reformas a leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que solo requieren mayoría simple. Esa mayoría Morena la tiene, y de forma sobrada.

Vistas así las cosas, se espera que el partido guinda aplique una especie de “venganza legislativa”: una reforma muy dura que recorte el presupuesto del INE y de los partidos, sin necesidad de negociar con el Verde o el PT.

Y el encontronazo sí tiene impacto en la política de Chihuahua.

El PVEM podría estar viendo sus últimos días como partido con registro estatal, con curul en el Congreso local y con acceso a dinero público. Así estaban antes de aliarse con Morena en 2024 y así podrían quedar si deciden competir solos.

Para el PT el escenario es similar: tampoco tenían prácticamente nada antes de 2024. Fue la alianza con Morena la que les permitió obtener dos diputaciones, registro estatal y prerrogativas.

¿Y Morena? Tampoco está exento de un descalabro si la coalición se rompe en Chihuahua. Hay regiones donde necesitaban la convergencia con sus aliados para la cobertura de casillas y la suma de liderazgos.

Tal vez no les mueva demasiado en la capital, pero en Ciudad Juárez podría ser determinante para perder algún distrito, lo mismo que en otras zonas del estado.

En resumen: nadie salió ileso. Todos sufrirán algún daño. Especialmente el contribuyente, que seguirá viendo cómo su dinero se gasta en mantener partidos “milagro”… porque solo así se explica que sigan existiendo.

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Si alguien pensaba que la reforma judicial iba a salir gratis, más vale que vaya sacando la calculadora. Porque el rediseño del sistema de justicia —ese que llevó a elegir jueces y magistrados mediante voto popular— ya empezó a mostrar su primera factura: la liquidación de quienes hoy ocupan esos cargos.

La cifra final da como para poner los pelos de punta y la sangre a temperatura de congelador, sobre todo cuando recordamos que la reforma se vendió como una forma de replantear todo el sistema judicial para que no resultara tan caro.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el esquema de pensiones y compensaciones para integrantes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua dejó claro que la transición hacia el nuevo modelo deberá hacerse respetando los derechos laborales de quienes hoy integran el sistema.

Dicho de otra manera: la reforma cambió todo, pero ahora hay que pagarle a los despedidos, removidos o retirados. Y no es una cifra menor: casi 500 millones de pesos, nada más por ese concepto.

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¿De a cómo salió el chistecito de elegir a los jueces por voto popular? Ahí vienen los números.

Entre magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia, el universo de funcionarios que podrían acogerse a pensión o compensación no es precisamente pequeño.

Según la antigüedad de cada uno, los cálculos más conservadores hablan de compromisos financieros que, sumados a lo largo de los años, podrían hacer que la cifra de 470 millones de pesos que ha manejado el Gobierno del Estado termine creciendo.

Y eso sin contar otro detalle: el costo de haber organizado una elección popular para votar por acordeones… perdón, para designar democráticamente a jueces y magistrados.

Ya lo vimos todos: la elección implicó echar a andar todo un aparato electoral, imprimir boletas, instalar casillas, capacitar funcionarios y movilizar estructura electoral, tareas que recayeron en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, al que hubo que darle transfusiones de recursos para cubrir ese gasto extraordinario.

Así que, mientras el país discute si la reforma fortalecerá o debilitará la independencia judicial, en Chihuahua empieza a aparecer una pregunta mucho más terrenal: ¿cuánto va a costar todo esto?

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El fallo de la Corte bien podría inscribirse como “el otro” golpe que recibió la 4T en esta semana, pues la causa de inconstitucionalidad procedía del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado.

Es una derrota judicial que deja en claro cuánto cuesta hacer reformas a la carrera, sin una ingeniería financiera y administrativa, por no hablar de la jurídica y política.

Porque entre pensiones, compensaciones, reorganización administrativa y elecciones judiciales, la transición hacia el nuevo modelo podría implicar compromisos financieros que, según estimaciones preliminares, se acercan peligrosamente a la barrera de los mil millones de pesos.

Así que, mientras se discuten las virtudes democráticas del nuevo sistema, en los pasillos del Poder Judicial —y también en los del presupuesto estatal— alguien ya debe estar haciendo cuentas.

Porque una cosa es reformar la justicia… y otra muy distinta, pagar la cuenta de la reforma.