Llegó al estado de Chihuahua el reto absurdo e irresponsable que desafía a los adolescentes que participan en estos “juegos” peligrosos, a desaparecer por espacio de 48 horas sin tener contacto con nadie, para que sus fotos se viralicen y se activen los protocolos de seguridad.
El reto se promueve por la red social Tik Tok, y está confirmado que en Chihuahua han participado estudiantes de secundaria, de 10 a 12 años de edad y, sin embargo, no se ha visto hasta ahora que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal emita alguna alerta o campaña de concientización para que los padres de familia estén pendientes de sus hijos.
Autoridades de otros estados como el de México y Guanajuato, han reaccionado a este peligroso reto, informando que no es una diversión, pues pueden ser manipulados por delincuentes como lo han hecho en los secuestros virtuales y en las extorsiones telefónicas, que también en Chihuahua causaron mucho daño.
Desparecer por 48 horas consiste en ausentarse voluntariamente de sus hogares, sin que sus parientes se enteren donde se encuentran escondidos o escondidas, para que sus amigos compartan sus fotografías y los hagan pasar falsamente como personas desaparecidas ante los medios de comunicación.
El peligroso “juego” dura 48 horas, porque es el tiempo en que se enciende la alerta Amber en las policías municipales y fiscalías estatales, para la búsqueda de los adolescentes reportados como desaparecidos.
Habrá que recordarle a quienes promueven estas competencias en el mundo digital, que las falsas alarmas intencionales también constituyen un delito, y que aquellos que participan corren el riesgo de sufrir la suerte de la fábula del pastor mentiroso; cuando realmente estén en peligro, nadie les va a creer.
Los que saben de estos supuestos desafíos afirman que el reto de desaparecer surgió desde el año 2018, pero hasta hace unas semanas se popularizó, generando molestia y preocupación en las entidades donde se ha puesto en movimiento a las autoridades por las falsas alertas.
A ver hasta cuándo se despiertan en la entidad, para que se apliquen las medidas preventivas y correctivas en municipios como Juárez, donde ya están ocurriendo las desapariciones de “mentiritas”.
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A una semana de la muerte de los 39 migrantes en los calabozos del Inami, el ambiente entre el personal de la dependencia federal es de tensión e incertidumbre, pero también de división, porque muchos consideran que el delegado Salvador González Guerrero debe responder ante la justicia, no los agentes detenidos que solo cumplían órdenes.
Fuentes mironianas en la dependencia que está en crisis, revelaron que los oficiales están muy nerviosos, porque dicen que después de la tragedia, los venezolanos que andan en las calles se empoderaron y se han vuelto muy violentos.
Actualmente, en la representación local del Inami hay 150 elementos, incluyendo los 80 que vinieron de otros estados para apoyar los operativos en la línea divisoria, pero se han dividido en dos grupos.
Los que apoyan al contralmirante González y los que piden de manera soterrada que lo llamen a cuentas, pues defienden al oficial Daniel Goray, detenido por la Fiscalía General de la República, porque era el encargado de la estación migratoria que se convirtió en crematorio.
Los inconformes con el militar retirado a cargo de la dependencia, saben que la presión ciudadana y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos irá en aumento, y quieren que se deslinden responsabilidades, pero que dejen en libertad a sus 3 compañeros que ya pasaron sus primeras noches en el Cereso, y su lugar lo ocupen Salvador González y su lugarteniente Edgar Caro.
Este lunes, el tema subirá de tono cuando en los Congresos del Estado y en el de la Unión, se aprueben las comisiones de investigación y seguimiento del caso, donde piden responsabilizar al contraalmirante González, pero también al delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera, por no haber cumplido con la obligación de supervisar las condiciones en que se encontraban los migrantes detenidos, ni alertado sobre la existencia de calabozos en lugar de albergues o centros de apoyo en el INM.
Por otro lado, la organización no gubernamental HIAS formulará otra denuncia ante la CNDH, porque se violaron los derechos de un venezolano que sobrevivió al incendio, quien tenía un proceso vigente para alcanzar el estatus de refugiado y no podía ser detenido, y mucho menos encarcelado por las autoridades migratorias mexicanas.
La Organización Humanitaria Judía Internacional, que brinda servicios vitales a refugiados y solicitantes de asilo en más de 20 países, demandará la reparación del daño al migrante lesionado, porque las autoridades violaron los principios establecidos en el artículo 5º de la Ley de Refugiados.
Por todo lo anterior, la semana estará muy agitada y quedarán en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno federal, para castigar a todos los responsables de la tragedia, o aplicando la justicia selectiva solamente a los 8 chivos expiatorios que han sido mencionados.
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Como en feria le fue a la diputada juarense Andrea Chávez en las redes sociales, después de la denuncia que hizo en la Cámara de Diputados contra el Gobierno del Estado, por la supuesta firma de un convenio con el gobernador de Texas, para frenar el flujo de migrantes en la frontera compartida.
La legisladora, que se mantuvo muy calladita a raíz de la tragedia de los migrantes en el calabozo del Instituto Nacional de Migración, se plantó, cinco días después, en la tribuna del Congreso de la Unión, para exhibir un memorándum de entendimiento del año pasado, que la gobernadora Maru Campos firmó con el gobernador texano Greg Abbott, e intencionalmente sacó de contexto su contenido, afirmando que fue para frenar el flujo migratorio hacia el Estado de la estrella solitaria.
Lo que no dijo fue que, ese acuerdo con el gobierno texano, se realizó para que Abbott terminará con el bloqueo a los transportes de carga que van de México a los Estados Unidos.
Andrea quiso aprovecharse de la desgracia de los migrantes, para desviar la atención del repudio que ha recibido el Gobierno federal y, en su ridícula exposición, cargó también contra el proyecto de la Plataforma Centinela, que es un tema que corresponde al ámbito de seguridad pública y no al de control migratorio, como lo quiso hacer ver.
Como consecuencia, en su propia cuenta de Twitter, los usuarios la pusieron como palo de gallinero y lo menos que le dijeron fue ignorante, servil y carroñera.
Le recordaron que las víctimas de la tragedia murieron en una cárcel ilegal del Inami, encerrados por oficiales que los dejaron morir, no en instalaciones del Gobierno estatal.
La diputada dio pie para que, en cientos de réplicas que tuvo tras su desafortunada intervención en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le recordaran que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se agachó ante el gobierno de Donald Trump y movilizó 28 mil guardias nacionales en la frontera sur, para contener a los migrantes.
El documento que mostró en tribuna, y que supuestamente es el oficial del acuerdo con Texas, tiene garrafales errores de redacción, carece de fecha y de nombres completos de quienes supuestamente lo emitieron, y eso también le cuestionaron, haciendo ver que la joven e inexperta legisladora se aventó el tiro de presentar un documento falso, solo para salir a defender lo indefendible.