Con una diezmada plantilla de 200 empleados, entre agentes federales, personal administrativo y operativos del Grupo Beta, la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración comenzó a funcionar desde el viernes pasado bajo el mando del nuevo titular, Manuel Alonso Marín Salazar.

Marín Salazar viene del Estado de Baja California donde fungió como subdelegado y delegado y suple en el cargo al contraalmirante Salvador González Guerrero, sujeto a proceso por la muerte de 40 migrantes y las lesiones a otros 27, ocurrida en el incendio en la estación migratoria del puente Lerdo, el pasado 27 de marzo.

La delegación estaba provisionalmente a cargo del agente Andrés Quevedo, quien recibió el reconocimiento del Dr. Héctor Martínez Castuera, coordinador general de oficinas del Instituto Nacional de Migración, por haber mantenido a flote la dependencia durante la aguda crisis que sobrevino al siniestro.

Aunque el nuevo delegado no anunció cambios por el momento en la estructura, ya se habla que en los próximos días comenzarán a sustituir las plazas de los agentes que renunciaron y fueron renunciados, así como de los 6 que se encuentran vinculados a proceso y permanecen detenidos en el Cereso.

Será Manuel Alonso Marín a quien le corresponda gestionar la demolición de la estación migratoria, que se convirtió en crematorio y tumba de los 40 migrantes y que aún sigue en pie como mudo testigo de la irresponsabilidad criminal del personal del INM.

Si entre sus planes está limpiar la dependencia y demostrar trabajo a pesar de que desconoce la plaza por ser foráneo, tendrá que comenzar por deshacerse de ese vestigio de luto, para convertirlo en un albergue decente donde se atienda con humanitarismo a los migrantes y dejen de ser vistos como mercancías y negocio.

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Independientemente de los cargos por peculado y uso ilegal de atribuciones que enfrenta al haber contratado ilegalmente un crédito para el Ichisal, el economista Eduardo Fernández Herrera “destacó” en el Gobierno de Javier Corral, porque durante su gestión como secretario de Salud, tuvo el más alto registro de muertes por Covid-19 en el estado.

Egresado del Tec de Monterrey, Lalo Fernández tomó posesión de la Secretaría de Salud de Chihuahua en julio de 2020, cuando la pandemia azotaba la entidad y lo que se requería en la cabeza del sistema sanitario era un médico especialista en virología, no un experto en las variables económicas de Chihuahua, que por cierto, ya andaban en ese tiempo por los suelos a consecuencia del constante endeudamiento de esa administración.

Haciendo un recuento de las víctimas que dejó el Covid-19, de julio de 2020 a octubre de 2022, el período más crítico de la pandemia en la entidad, los registros hablan de 10 mil 168 muertos en este período.

De ese total, 4 mil 979 se registraron solamente en los primeros seis meses de Lalo Fernández como secretario de Salud, de julio a diciembre del 2020.

Dicho en otras palabras, el 48 porciento de las muertes por coronavirus ocurrió durante la gestión de un economista decidiendo la fallida estrategia de salud para enfrentar el mortal virus.

El resto de los fallecimientos ocurrieron en 2021 con 3 mi 780 muertos y en 2022 con mil 409, lo que habla de que, definitivamente, el nombramiento de Fernández Herrera como responsable de salud en los tiempos más difíciles de la pandemia, tuvieron consecuencias funestas para los chihuahuenses.

Aunque esta estela de luto fue producto de la estulticia de Javier Corral, que improvisó y habilitó a su compadre para un cargo que le quedaba muy grande y no era de su competencia profesional, se había mantenido oculto, a pesar de que en aquel tiempo su nombramiento fue impugnado por personal del sector salud, que hasta una petición con firmas hicieron en la plataforma Change.org, pidiendo la destitución del mismo.

Ahora que le resultaron esos pecadotes financieros en la Fiscalía Anticorrupción y que lo mantendrán un buen rato en la sombra, deben pesarle también en su conciencia esas 4 mil 979 víctimas por Covid-19, durante el semestre negro que vivió la Secretaría de Salud bajo su mando.

Los médicos, enfermeras y paramédicos del sector salud así lo advirtieron en aquella ocasión: “El mundo enfrenta una de las peores pandemias de su historia y es de suma importancia tener expertos en el área al frente de la lucha contra el Covid-19. Eduardo Fernández Herrera no tiene ningún conocimiento del área de Salud y por tanto, puede llevar a decisiones catastróficas en términos de salud pública que el esté frente a esta secretaría”, tal y como pasó. Ni más, ni menos.

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Sin tanta enjundia como lo hicieron en el caso del exfiscal Panchito González, el exgobernador Javier Corral y el delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera, salieron a defender en sus muros y grupos de redes sociales, al exsecretario de salud, Eduardo Fernández Herrera, detenido el fin de semana por peculado y otras hierbas.

Mientras que el exgobernador utilizó las publicaciones de otros medios, que han sido sus incondicionales aliados para descalificar la aprehensión de su compadre Fernández, diciendo que “es claro que la gobernadora trae en la mira a su antecesor”; el delegado de la 4T publicó en un grupo de WhatsApp, que la Fiscalía Anticorrupción de la gobernadora, fabrica delitos contra Eduardo Fernández, porque fue el funcionario que documentó los recibos firmados por ella en la nómina secreta, y el responsable de interponer la denuncia de hechos.

Destaca en esta ocasión, que Corral se cuidó de no expresarse directamente, sino a través de otras plumas afines, lo cual no hizo Juan Carlos Loera, que a sus comentarios agregó: “recuerden que la gobernadora también ordenó que se le fabricara el delito de tortura al Maestro González Arredondo.

Cuando lo detuvieron con lujo de violencia, su padre murió de un infarto, hoy detienen a Eduardo Fernández cuando salía del hospital, donde se encuentra su esposa muy enferma. Ese es el Gobierno del Estado de Chihuahua del PAN; de la patria grande y generosa de Gómez Morin, al vil negocio y la venganza más mezquinos” (sic).

Por esas embestidas en las redes, que enrarecen el ambiente de Chihuahua, el fiscal Abelardo Valenzuela les respondió de manera contundente al decirles: “respetaré todas las expresiones, por más primitivas o desesperadas que sean, las carpetas de investigación cumplen los más altos estándares científicos de investigación y profesionalismo”. Tómala.

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¿Pero qué carajos está haciendo Gobernación local? El director de Gobernación en la Zona Norte, Alejandro Jiménez Vargas, informó este lunes sobre una reunión clandestina en la que participaban más de 200 personas, la cual fue detectada por los operativos que realizan los cuerpos de seguridad y pese a todo, solo se les dio una ‘regañadita’ a los organizadores.

El ‘after party’, se realizaba como su locución en inglés lo indica, fuera de horario y donde incluso, se supo había cobro por entrar y simplemente, no se procedió a llevar a cabo ninguna detención o sanción, ni para los organizadores como para el domicilio donde se efectuaba.

Según informó el propio director de Gobernación, ‘el after’ ocurrió la madrugada del 14 de mayo en una casa del fraccionamiento Álamos de San Lorenzo.

Según se dijo, dicha casa es rentada para hacer este tipo de reuniones, careciendo de cualquier permiso.

Pues bien, en la narrativa de Jiménez Vargas, los elementos del Operativo Conjunto de Seguridad observaron varios vehículos sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, dirigiéndose a una vivienda localizada en la calle Miguel Cabrera.

Allí entraban y salían personas y, además, se escuchaba música. ¿Y qué cree, estimado lector? Ya eran pasadas las 3 de la mañana y había ‘cover’ para entrar.

Pues en las acciones hubo confrontación entre elementos de seguridad de las distintas corporaciones y los ocupantes, donde estos últimos argumentaban que era una fiesta particular.

Jiménez Vargas comentó que el movimiento que se registraba en la zona presentaba características de una fiesta clandestina, además varios de los asistentes comenzaron a reclamar la devolución de su dinero.

¿Y qué cree? Pese a todo lo detectado, la sanción aplicada fue el desalojo del inmueble y una advertencia verbal de que si lo volvían a hacer serían sancionados.

¿Qué estará esperando el ilustre funcionario para aplicar una sanción ejemplar en este tipo de eventos a todas luces irregulares? Los accidentes automovilísticos que terminan en desgracia a manos de personas en estado de ebriedad han enlutecido a miles de juarenses, por no hablar de las estadísticas derivadas de la violencia.

Cabe recordar que casos como este, como el de La Mansión, que hace algunos meses fue clausurada por los mismos motivos y donde, por cierto, el titular de Gobernación brilló por su ausencia, deben atenderse con seriedad y sanciones ejemplares, no solo con nalgaditas y fruncidas de ceño.