El 31 de marzo le toca a Rogelio Ramos entregar el changarro en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Será ese mes, o a finales de febrero, cuando salga la convocatoria y arranque formalmente el proceso de sucesión para la presidencia, pero ya se empezaron a mover las aguas en esa cámara que siempre ha estado llena de grillos.
Al menos hay dos prospectos ya en el arrancadero, por lo que todo pinta a que habrá competencia interna, es decir, hasta donde hoy se ha visto, no habrá espacio al candidato o la candidata de unidad, como ha ocurrido en muchos otros procesos.
Están puestos para el agarrón, Elizabeth Villalobos Lara, dueña de la empresa carnicera Grupo Lara Villalobos S.A. de C.V. así como Iván Pérez Ruiz, abogado fiscalista y dueño de la empresa de productos de limpieza Le Granel.
Supo Mirone que ha habido otros interesados en tiempos recientes, pero parece que, hasta hoy, no están en la antesala de arranque, donde ya se colocaron Villalobos y Pérez.
Entre los nombres que también suenan o han sonado, están los de Gilberto Cueva Pizarro, el propietario de Grúas del Norte y expresidente de Fechac Juárez, y el del empresario César Durán, dueño de Exhibit, la empresa de logística para todo tipo de eventos que renta escenografías, pantallas y stands.
Además, habían sonado dos empresarios del negocio de los automóviles usados, Raymundo Domínguez y el siempre presente en la política interna de ese gremio, Daniel “Chito” Cereceres, quien compagina el giro empresarial con el control de la Asociación Estatal de Beisbol.
Sin embargo, esos últimos nombres quedaron, por lo pronto, en reserva, ya que en la Canaco siempre puede haber cambio de pichada.
Todavía es temprano en el gremio, por eso no sabe Mirone qué posición van a tomar los mandones de siempre en Canaco, ahí donde las decisiones pasan regularmente por el escritorio de la familia De la Vega, la propietaria de la cadena de Superettes y tiendas Del Río.
También pesa lo que tengan que decir los gerentes de la cadena de tiendas Oxxo, que regularmente llegan a acuerdos con la familia De la Vega, pero hoy todavía no sabe Mirone qué tirada traigan.
Se conoce que Villalobos, quien es la presidenta de las Mujeres Empresarias, es apadrinada por empresarios como Eleno Villalba y Gabriel Cantú, quienes se supone que ya le prometieron allegarle los apoyos de las De la Vega.
Además, Elizabeth Villalobos es prima de Jorge Iván Villalobos Seáñez, aquel diputado federal mano derecha de Gustavo Madero, que disfrutó las mieles del poder en los tiempos de Javier Corral.
Bien podría decirse que Villalobos compite con su trayectoria en la propia cámara donde ha desempeñado distintos cargos, mientras que Iván Pérez apuesta por las relaciones que ha tejido a lo largo de una larga trayectoria como abogado corporativo, funcionario federal y director de Desarrollo Económico Municipal (cargo al que renunció el 9 de octubre de 2023).
Pérez Ruíz asegura que no tiene problema legal alguno, aunque el nombre de su empresa aparece en una de las denuncias contra el alcalde de Juárez que legisladores panistas presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción.
Se supone que el empresario aportará la evidencia necesaria para quedar libre de toda culpa. Ya veremos.
Por lo pronto tanto Villalobos como Pérez, tienen a salvo sus derechos como socios activos de Canaco y pueden aspirar a presidir el organismo empresarial, luego de tres años en que ha sido encabezado por Rogelio Ramos, el dueño de los hoteles María Bonita.
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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar le ganó un “raund” al Instituto Estatal Electoral, el IEE, en el llevado y traído tema de las pintas que de pronto aparecieron en Ciudad Juárez donde se pide que continúe Pérez Cuéllar en la Presidencia Municipal por un segundo período.
Por unanimidad, el Tribunal Estatal Electoral emitió un fallo en el que le dio la razón al juarense presidente municipal, en el sentido de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral no es una instancia facultada para obligarlo a nada, menos a decir que “él no fue”.
Para hacer un poco de historia, en diciembre pasado, aparecieron las mencionadas pintas en diversas bardas de la ciudad, en donde se leía, así con letras grandotas: “Que siga Cruz”, y nada más.
Luego, el PAN se quejó ante el IEE, por considerar que fue Cruz y nadie más que Cruz el que hizo pintar esos letreros.
En consecuencia, el órgano electoral les dio la razón a los panistas quejosos y le ordenó a Crucito publicar un mensaje en sus cuentas de redes sociales en el sentido de que él no fue quien mandó hacer los dichosos letreros.
Pues bien, Cruz se quejó ante el TEE porque, afirma, la Comisión de Quejas del IEE no es nadie para andarle mandando que borre, pinte o emita mensaje alguno y pues, bueno, el tribunal le dio la razón.
O sea que, hasta el momento, ya metió su primer gol, pero lleva varios en contra. A ver cómo llega cuando se den los registros de candidaturas a la Presidencia Municipal de Juárez.
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El Municipio de Juárez tiene una “deuda” con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no ha podido comprobar que el cumplimiento de cuatro recomendaciones que les han hecho desde el año 2021, cuando les comenzaron a caer los “coscorrones” por presuntas violaciones a las garantías de los ciudadanos.
El detalle, que Mirone ya había observado, es que los gobiernos de Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar hicieron como que cumplían con las recomendaciones que les hizo la CEDH a propósito de abusos cometidos por agentes de ese órgano de gobierno.
Por ejemplo, la recomendación número 12/2021, dirigida al entonces alcalde Héctor Armado Cabada Alvídrez el 8 de junio de 2021, dice que la CEDH encontró elementos para concluir que, efectivamente, agentes de la Policía Municipal de Juárez atentaron contra los derechos de un quejoso que denunció abusos cometidos en su perjuicio.
En ese caso, se le pedía al gobierno de Cabada que aplicara un proceso administrativo contra los agentes denunciados; que inscribiera al quejoso en el padrón de víctimas, y que se diseñe un curso de capacitación y adiestramiento de los agentes de la Policía Municipal juarense en materia de ética y respeto a los derechos humanos.
Luego, en la número 22/21, dirigida tanto a Cabada como al entonces fiscal, César Peniche, la CEDH les indica que, el 12 de mayo de 2017, se tuvo conocimiento de hechos presuntamente de tortura, ocurridos el día 12 de enero de 2012.
El detalle que resalta la Comisión es que, pese al enorme lapso transcurrido, no se había tomado ninguna medida para reparar el daño, ya que se encontraron elementos para concluir que hubo actos de tortura contra la persona que presentó la queja.
A Cabada le plantaron las dos recomendaciones y él nada más dijo que “ya estuvo”, pero no mandó comprobantes. O sea que, eso de “a las pruebas me remito” no vale para él, porque ni siquiera mandó las dichosas pruebas.
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Y tal parece que nuestros dos últimos alcaldes están en una cerrada competencia para ver quién le hace más al vivo con eso de responderle a la CEDH.
Ese mismo año, el 30 de noviembre de 2021, ya dirigido a Cruz Pérez Cuéllar, se le pide a la autoridad juarense que aplique las medidas para sancionar, al menos por la vía administrativa, a quienes atentaron contra los derechos de dos hermanas activistas.
Se trata de la recomendación 33/21, referente a una queja presentada por dos personas, hermanas ellas, voceras y pertenecientes de un movimiento social de defensa, quienes argumentaron haber sido confrontadas, violentadas y evidenciadas públicamente a través de redes sociales.
La petición era la misma: meter en cintura, así sea por la vía administrativa, al abusón que no respetó los derechos de las dos activistas, e inscribir a éstas en el padrón de víctimas. También, al igual que en los otros casos, aplicar cursos de capacitación sobre garantías respeto a los derechos de las personas.
En otra recomendación más, contra el ayuntamiento de Cruz, marcada con el número 44/21, también pide actuar contra agentes de esa instancia de gobierno para rectificar conductas violatorias de los derechos humanos.
Aquí, el caso es más grave, porque involucra a 15 agentes policiales que habrían agredido a un grupo de personas que participaba en una marcha en pro de los derechos de la mujer.
Contra ellas, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, quienes además ejercieron el uso de la fuerza sobre ellas, sin ningún motivo justificado.
Luego, ya detenidas, no se les permitió el acceso a una defensa o persona que las asistiera, ni siquiera decir algo en su propia defensa.
Todos esos casos tienen en común que se refieren a hechos ocurridos en el municipio de Juárez; que se los dirigieron a alcaldes de Juárez, y que, en los cuatro casos, éstos “hicieron” como que las cumplieron.
Es decir, que le respondieron a la CEDH que ya “habían cumplido”, pero no han probado que así lo hayan hecho. O sea que optaron por el “Principio de Pedro Infante”, ese que dice: “…tú me tienes que creer a mí; yo tengo cara de yo no fui”.