¡Vaya que a Esther Mejía, la excandidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía juarense, le fue de mal en peor en su última aventura política!

No nada más terminó peleada con la dirigencia de Morena, el partido que la hizo síndica municipal y perdió la elección del 2 de junio de fea manera, alcanzando apenas el cuarto lugar.

También sus allegados sufrieron las vendettas en la propia Sindicatura cuando llegó como su suplente, Mireya Torres y para acabarla de amolar, ahora terminó sancionada por el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

La noche del martes hubo sesión del TEE. Por unanimidad, se aprobó el proyecto del magistrado Hugo Molina, respecto al Procedimiento Especial Sancionador, el PES 373/2024, promovido por Héctor Ortiz Orpinel, en su carácter de candidato suplente a la alcaldía por Morena-PT y representante del partido guinda ante la Asamblea Municipal Electoral.

El hoy nuevamente secretario del Ayuntamiento con Cruz Pérez Cuéllar acusó durante la campaña a Esther Mejía de vulnerar el interés superior de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) al violentar leyes y lineamientos para la propaganda política.

En pocas palabras, Mejía utilizó la imagen de niñas y niños sin cumplir criterios de consentimiento, lo que violenta derechos humanos de este grupo vulnerable, de acuerdo a lo que dio por acreditado el TEE en su resolución.

Como sanción, se le impuso a la candidata “fosfo-fosfo” únicamente una amonestación pública, aunque el partido Movimiento Ciudadano sí deberá pagar una multa, al tener culpa “por el deber de vigilancia”, según el Tribunal.

La sentencia también incluye la inscripción de la candidata y de su partido en el catálogo de sujetos sancionados por violaciones a las normas electorales.

El tema es interesante no únicamente porque pegó en contra de la política juarense que en el Ayuntamiento debe de compartir asiento junto a su acusador y operador crucista, el secretario  Ortiz, también porque otros políticos de otras latitudes fueron sancionados por el mismo motivo.

La protección a los derechos de grupos vulnerable definitivamente llegó para quedarse, aunque haya sectores y actores de la sociedad a los que no les ha caído el veinte y no ponen atención a esos nuevos criterios que ya se aplican en la materia electoral.

Por ejemplo en Parral, a Soledad Sánchez, la esposa de Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien contendió por la Presidencia Municipal, también se le sancionó por la misma violación a la norma. La franquicia de Lozoya deberá pagar otra multa más. Ahí la queja la presentó el PAN.

A Guillermo Gómez, candidato del Morena-PT en Saucillo le pasó lo mismo. Presentó formatos de autorización para el uso de imágenes de menores, pero el Tribunal no los dio por válidos al no contener la información requerida.

Otro asunto más llamó la atención en la comalada de impugnaciones que resolvió el TEE.

Aparte del PES relativo al incumplimiento de protección de derechos de NNA, procedieron otras dos sentencias contra Sol Sánchez por otros procedimientos promovidos por el PAN, los dos relativos a la entrega de apoyos para incidir en el sentido del voto, lo cual está prohibido por la ley.

En una primera denuncia se acreditó que Sol estuvo entregando garrafones de agua cuando pedía el voto. Respecto a la segunda denuncia, la propia candidata de MC publicó información, claramente retando a la autoridad electoral, al señalar y mostrar que seguía con la entrega de los mismos apoyos. Por eso procedieron las dos quejas y el TEE resolvió en contra de la abanderada de MC.

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El viaje a España que realizarán regidores del Cabildo de Juárez se tornó en tema muy puntilloso en la Presidencia Municipal, al grado de que algunos de los ediles prefieren evadirlo y otros hasta se molestan si son cuestionados al respecto.

Antes de que comenzara la reunión previa de Cabildo celebrada ayer, varios reporteros se colocaron en el pasillo de acceso al salón Francisco I. Madero, donde se llevan a cabo las reuniones del Ayuntamiento, para preguntarle a los regidores, conforme iban entrando, sí irían a Madrid, al supuesto seminario sobre gestión urbanística.

La mayoría de los cuestionados evadieron responder de forma concreta a la pregunta.

Entre las que fijaron postura clara con relación al viaje, estuvieron Mayra Karina Castillo Tapia, María Dolores Adame Alvarado y Martha Patricia Mendoza Rodríguez.

Las regidoras morenistas respondieron a los preguntones que no acudirían al mentado seminario que se supone servirá para mejorar las prácticas gubernamentales, aunque prácticamente ya faltan poco más de dos meses para que el trienio finalice.

Ahí mismo, en el pasillo donde se les estaba requiriendo el dato a los regidores, se manejó la versión de que los ediles que tampoco acudirán son Pedro Alberto Matus Peña y Jorge Marcial Bueno Quiroz.

Todos los demás que fueron requeridos evadieron el cuestionamiento o bromearon al respecto, como Enrique Torres Valadez, quien con una amplia sonrisa comentó que iría solo si lo invitan.

La que de a tiro sí se molestó fue Tania Maldonado Garduño, quien aceleró el paso al escuchar la pregunta y esbozando una sonrisa socarrona soltó: “¿Por qué mejor no escriben sobre lo que pasa en las sesiones de Cabildo?”. Ahora resulta que hasta se indignó la regidora más pasalona, quien parece trabajar para los desarrollos inmobiliarios y no por los intereses de la ciudad.

El viaje está programado para iniciar el 20 de julio, por lo que de segurito ya está todo debidamente reservado. Lo que había conocido Mirone es que, de manera bastante cínica, varias de los regidoras habían acordado decir públicamente que no irían, aunque fuera mentira.

Tal parece que los ediles fronterizos no quieren quedarse atrás y asistirán a aprender buenas prácticas gubernamentales como lo hicieron el año pasado sus homólogos de la ciudad de Chihuahua, quienes estuvieron en la península ibérica por 11 días para cursar un diplomado de formación política. Claro, con cargo al erario.

El costo global de ese viaje fue de un millón 485 mil pesos para costear los vuelos y hospedaje a Madrid y Portugal, donde visitaron diferentes instancias gubernamentales, tales como el Senado español, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Lisboa.

Ahora, los regidores juarenses que acudirán a ese viaje evaden el dar cualquier explicación, aunque el dinero para costear su gira salga de los bolsillos de los contribuyentes que sí cumplen con el pago de sus impuestos, con la esperanza de que se usen para la mejora del equipamiento urbano, no en traslados y estancias en el extranjero que no traerán beneficio tangible alguno.

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Cuando se trata de castigar la corrupción, le suele temblar la mano a cualquier autoridad. Claro que lo más grave es cuando la razón de la tolerancia es que la mala práctica alcanza las posiciones más altas, pero también es común que se prefiera no moverle hasta llegar al castigo, para no generar escándalo y “proteger” a la institución.

Lo anterior viene a cuento por lo que pasó en la Oficina de Gobernación Zona Norte, donde se separó de su cargo a quien estaba al frente del despacho, Omar Baquier, junto con cuatro inspectores.

Prácticamente se desmanteló la oficina y se nombró como encargada de despacho a Juana Ramona García. Eso anduvo haciendo acá el pasado lunes, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Nada se dijo entonces oficialmente, pero no es desconocido en Gobierno del Estado, que al menos en ese caso, el manotazo sobre la mesa implicaba frenar actos de corrupción presumiblemente atribuibles a Baquier y a su equipo.

Se supone que todas las irregularidades fueron plenamente identificadas por el equipo especial que Salvador Caballero encabeza por todo el estado y que acá en Juárez detectó situaciones comprometedoras no únicamente para Baquier y su gente, incluso para el titular anterior, Alejandro Jiménez, quien ahora es regidor electo por el PAN.

Ayer que De la Peña habló desde la capital del estado sobre los movimientos en Juárez, dejó entrever la razón, al señalar que se requería acá en esa dependencia a personas honestas, además de tener probado compromiso y capacidad técnica.

Especificó el funcionario que fue una separación del encargado y cuatro inspectores. Despedidos todos, dados de baja al perdérseles la confianza, pero ahí es donde cuestiona Mirone por qué no se procede legalmente si se está ante casos de presunta corrupción.

A ver en qué queda el asunto. Falta ver todavía si Lilia Ana Méndez Rentería, la exdirectora general de Desarrollo Urbano Municipal con Armando Cabada, llega o no a la oficina de Gobernación en Juárez.

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El estado de Chihuahua no quedó muy bien parado en el informe “Cinco conclusiones clave de las elecciones 2024 en México”, presentado por las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el Proyecto de Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

La entidad se ubicó en el lugar número seis del país, respecto a “niveles de disturbios y destrucción de la propiedad contra figuras políticas”. En la métrica, con nueve eventos de este tipo registrados, empató con el Estado de México.

El estudio confirmó lo que ya se veía por todo el país durante las campañas: un aumento significativo de la violencia durante el proceso electoral en contra de figuras políticas.

Chihuahua y el Edomex fueron superados por Guerrero, con 10 incidentes, Oaxaca, con 12; Ciudad de México, con 13; Hidalgo, con 14; Puebla, con 18, y Chiapas, con 30.

El registro corresponde a un periodo entre el 7 de septiembre de 2023 y el 15 de junio de 2024.

Sin embargo, la mayor cantidad de sucesos ocurrió en la jornada electoral del 2 de junio. El estudio indica que de los 216 incidentes de violencia ocurridos el día de las elecciones, el 80 por ciento iba dirigido a candidatos a cargos locales, seguidores o familiares.

Del total de los incidentes presentados durante las campañas, el 40 por ciento fue dirigido hacia funcionarios, actuales y anteriores, que no se postularon para cargos públicos.

El informe concluye que la incidencia se incrementó ante la disputa por el control territorial entre organizaciones criminales, así como las disputas de poder a nivel local.

No por nada, en el estado fueron 17 los candidatos a distintos cargos de elección popular que solicitaron protección policiaca al Instituto Estatal Electoral, instancia que para ello recurrió a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.