A más de tres actores políticos en el estado, les han de haber chillado los oídos la noche del miércoles, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), desahogó el paquete de los recursos que pedían anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la confección, distribución y uso de los acordeones.

Fue maratónica la sesión por el cúmulo de medios de impugnación que resolvió, pero también por todo el debate y la presentación de argumentos a favor y en contra de la anulación de la elección, ya que dos de las cinco magistraturas presentaron proyectos bien armados, en sintonía con distintas impugnaciones que fueron acumuladas y que en esencia controvertían la validez de la elección a partir de la inequidad en la contienda y el financiamiento ilegal de propaganda, lo que se derivó de la existencia probada de los acordeones en todo el país.

Aquí ya lo hemos dicho en otros momentos: desde luego que hubo mucha gente que votó a conciencia por quienes consideró los mejores o por quien le dio la regalada gana, recurriendo a la elaboración de sus propias anotaciones para no batallar a la hora de la votación en casilla, pero nadie puede negar que hubo operación política para la repartición de acordeones, con el objetivo de inducir el voto en favor de quienes ahí aparecieron.

Lo que se documentó en los dos proyectos que ayer se discutieron y finalmente se rechazaron en esencia por estándares de valoración de las pruebas (se consideraron meros indicios y no elementos con valor probatorio) tuvo que ver con la operación que generó el resultado favorable en la integración de la nueva Corte para cinco mujeres y cuatro hombres con distintos vínculos o relacionados con los grupos de poder morenista.

En el estado se distribuyeron acordeones que hasta opciones A y B tuvieron para algunos municipios (como el caso de Juárez) dentro de cada Distrito Judicial, donde se compartieron los números que tuvieron las 9 opciones más votadas para la Corte en todo el país. Previo a la jornada, se dio el reparto y fue conocido en su momento que en él participaron integrantes de la delegación de Bienestar, en esencia los Servidores de la Nación.

En el expediente que generó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se anexaron 3 mil 188 acordeones, que se distribuyeron en distintas partes del país, pensados para los distintos distritos judiciales, pero siempre coincidentes, en la mayor parte, con los números de las candidaturas a ministras y ministros que resultaron electos.

Por cierto, ese proyecto fue construido, en parte, a partir el recurso que promovió la candidata juarense a ministra, Olivia Aguirre Bonilla, junto con el candidato tijuanense Isaac de Paz. Pero se acumularon varios medios de impugnación en el mismo sentido.

Queda claro que no todo lo local llegó hasta la Sala Superior, sin embargo, cualquier operador político morenista, panista, priista, del Partido del Trabajo o de Movimiento Ciudadano, además de infinidad de trabajadores de Bienestar, de Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, sabe que aquí hubo entrega y uso de los acordeones y que se dio una férrea competencia entre grupos políticos para sacar adelante sus apuestas.

Con pruebas, hasta el bote irían a dar varios integrantes de todos los equipos que entraron a ese juego. Pero fue justo la carencia de pruebas plenas, lo que ayer se alegó por quienes votaron en contra de la nulidad planteada por igual en el proyecto de Reyes Mondragón, que en el de la magistrada Janine Otálara.

Por un lado, se argumentó que quedó acreditada la existencia de acordeones, su impacto en el resultado de las elecciones (con la ayuda de un análisis estadístico que vinculó los resultados de los cómputos distritales con las candidaturas promovidas en las guías) y que esa operación coordinada, sistemática y generalizada, únicamente podía entenderse con un financiamiento ilegal, que no provenía de las candidaturas, las únicas autorizadas para hacerlo.

Por el otro, se consideró que la sola existencia de los acordeones, como elementos aportados sin ninguna circunstancia de modo, tiempo y lugar, no probaban nada, además de que tampoco quedaba probada que su existencia fuera determinante en el resultado de la elección. En pocas palabras, que todo era una falacia y una “trama paranoica” de los impugnadores y los integrantes de la Corte que insistían en que las elecciones no tienen sentido si no son equitativas.

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Varios magistrados electos que estaban con el Jesús en la boca, se durmieron tarde la noche del miércoles, pero pudieron finalmente conciliar el sueño porque libraron un par de medios de impugnación más que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Uno de esos recursos fue el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, el JDC-2325/2025 promovido por el candidato a magistrado penal, Carlos Alberto Martínez Beltrán.

El juez de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Bravos iba por un recuento de votos que podría llevar a una reasignación de cargos, alegando que la diferencia entre el número de votos nulos era mayor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la votación en materia Penal.

De entrada, la ponencia le dio la razón, considerando que el Tribunal Estatal Electoral se había equivocado al determinar la improcedencia de un nuevo escrutinio y cómputo solicitado por el candidato juarense, porque había base legal en la normatividad electoral estatal.

El nuevo escrutinio era válido incluso sin el alegato de alguna otra irregularidad, únicamente con el número de votos nulos y su comparativa con las diferencias entre ganadores.

Pero la mayoría dijo no, y la ponente Janine Otálara Malassis recibió el apoyo para su proyecto nada más del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La presidenta Mónica Aralí Soto y los otros dos magistrados votaron en contra, por lo que se confirmó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

También fue rechazado el JDC-2333/promovido por la candidata a magistrada Penal, Judith Ávila Burciaga, quien actualmente se desempeña como secretaria proyectista en la Segunda Sala Penal Regional en Juárez.

Ella iba en ese recurso por la inelegibilidad de tres de los magistrados penales que recibieron su constancia de mayoría, aunque no habían alcanzado el 8 mínimo de calificación (o no lo habían acreditado). Sin embargo, el Tepj no le entró en ese caso al fondo y consideró que la promovente había consentido previamente el acto controvertido, que en este caso fue la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del pasado 31 de julio.

Todavía no cae el último out. Tanto Martínez como Ávila, e incluso otras candidaturas a las magistraturas, tienen recursos pendientes que se resolverán los próximos días.

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La ciudad sufre como nunca un problema de movilidad por la saturación vehicular y su deficiente infraestructura urbana.

Sin embargo, ni porque las vialidades se han vuelto embudos por toda la mancha urbana, se pone sobre la mesa la evaluación del programa federal de regularización de vehículos “chuecos”, que abrió, literalmente, la frontera a la importación de más unidades sin placas.

Se entiende perfectamente lo que se buscó atender con la medida: conceder el derecho a la movilidad en auto propio a quienes por los altos costos no pueden adquirir una unidad nacional, propiciar el ordenamiento por medio de la regularización y dar seguridad a todos con la identificación plena de los dueños de cada vehículo que circule por la ciudad, para cerrarle oportunidades a quienes utilizan chuecos para sus actividades criminales.

Sin embargo, claramente ya se les pasó la mano. Nada más en Juárez están circulando 176 mil vehículos más desde que se abrió el programa. Esos son los regularizados y que ya portan placas, pero resulta que al menos ya ingresaron otras 50 mil unidades que ahora siguen sin estar identificados plenamente.

Es el cuento de nunca acabar. Así que ya va siendo hora de que se le ponga un alto a esa política que tantas implicaciones tiene para la movilidad de la ciudad. El decreto está vigente hasta septiembre del 2026. No quiere pensar Mirone a cuánto subirá el padrón vehicular que en Juárez ya anda en las 800 mil unidades.

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Por terrenos azulados de la estructura estatal de Gobierno, ya se quedaron vacante al menos tres posiciones, por lo que anda la grilla desatada para ver quién se queda en esos cargos.

Hablamos del hueco que dejó el priista Manuel de Santiago Moreno en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytech) Zona Norte, además de la administración del Parque Central que dejó descabezado David Rocha Lemus. Gobernación lleva mucho más tiempo sin nombramiento, desde que Alejandro Jiménez se fue a la campaña para ser regidor.

Desde que acabó la quincena pasada le dijeron adiós a Manuel, pero no han dicho quién viene al relevo.

Con el Parque Central está peor la cosa. A David le dieron las gracias desde el 2 de junio y todavía es hora que no hay sustituto. Hubo ahí un proyecto que resultó chamuscado. Eduardo Gutiérrez se había sentado en la silla con impulso de la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, pero la gobernadora Maru Campos no se convenció y dejó el nombramiento en suspenso.

Aparte, desde abril del 2024 no hay responsable en la Oficina local de Gobernación, donde se la han pasado con puro encargado de despacho y todo lo controlan desde Chihuahua.

También se ha hablado de posibles ajustes en Educación y en el Registro Civil. En la primera oficina despacha Maurilio Fuentes y en la segunda Karla Gutiérrez. No falta mucho para que se despejen las dudas y se anuncien los nombramientos.