Toda una fichita resultó el agente de la Guardia Nacional, Octavio Bautista, que el jueves fue entregado por sus mandos a la fiscalía general del estado por el delito de violación, en agravio de una mujer que trabaja para una agencia de seguridad privada en el aeropuerto internacional Abraham González.

Resulta que el sujeto de marras, que ostentaba el rango de sargento hasta el día de su arresto, tiene un largo historial de denuncias acumuladas, pero inexplicablemente seguía en servicio, comisionado en un punto tan importante como el puerto aéreo.

Informes confidenciales revelaron a Mirone que la contraloría interna de la Guardia Nacional tiene otras dos denuncias en su contra por privación ilegal de la libertad de tres cubanos, a quienes retuvo en las oficinas pese a que presentaron sus documentos de traslado, y les exigió el pago de mil dólares a cada uno para dejarlos ir.

También tiene otra por abuso sexual de una mujer que supuestamente llevaba mercancía ilegal en el aeropuerto, donde tenía arreglos con empresas de paquetería que le pagaban para que les ayudara a embarcar mercancías extranjeras sin que pasaran por aduana.

Ahora que está detenido, se espera que todos esos presuntos delitos se le notifiquen y acumulen al Ministerio Público para evitar que por obra y gracia de las lagunas procesales pueda quedar en libertad.

Como se trata de un redomado pájaro de cuenta, ahora que su identidad fue revelada, es muy probable que le surjan otros pecados por los que debe pagar ahora que ya lo despojaron del uniforme y las insignias. 

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Durante la zacapela que se vivió el jueves en el pleno del Congreso del Estado, por la discusión de la reforma judicial, el morenista Gustavo Pichú de la Rosa acusó al diputado emecista Francisco Sánchez, de haber negociado su voto a cambio de un puesto para su esposa Nancy como secretaria técnica del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que carece de carrera judicial y experiencia en este campo.

Coincidentemente, después de la acalorada sesión, comenzaron a circular copias de dos oficios dirigidos al jefe de la Unidad de Transparencia del TSJ, Víctor Armando González Castro, en respuesta al oficio número UT-398/2022, enviado a la directora de Recursos Humanos, Rocío Ivette Aguilar Lerma, y a la directora de Proyectos, Marcela Adriana Sapién Martínez.

A las dos directoras de área se les solicitó información sobre el puesto de la esposa de Francisco Sánchez, funciones que desempeña y sueldo que percibe, para dar respuesta a una solicitud de transparencia hecha por un particular.

La directora de proyectos y jefa inmediata de Nancy, respondió que el 2 de marzo de este año el Consejo de la Judicatura aprobó el nombramiento de Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, como secretaria técnica adscrita a la Dirección General Jurídica, comisionada como jefa de la Unidad de Análisis, Medición, Estadística y Seguimiento del Tribunal Superior de Justicia.

En su informe describe que Nancy está encargada de la unidad de estadística, que valida la revisión y registro de los informes estadísticos de las áreas jurisdiccionales y auxiliares; que provee estadística a usuarios internos y externos y que además resguarda la estadística judicial.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos informó que Nancy ingresó con base a partir del 4 de marzo, dos días después de ser autorizada su plaza, con un sueldo de 21 mil 058 pesos, una compensación de 47 mil 108 pesos y un bono por despensa de 624 pesos, que dan un total de 68 mil 790 pesos por mes.

Los documentos confirman lo que el Pichú de la Rosa ventiló en la acalorada sesión legislativa, donde por toda respuesta, el diputado parralense le dijo que se oponía a la reforma “porque no le había tocado nada”. O sea que, a confesión de parte, relevo de pruebas.

El favorecimiento a la esposa de Sánchez a cambio del voto del diputado a favor de la reforma judicial es tan evidente, que encuadra en la figura de tráfico de influencias.

Esa fue una de las razones por la que su única compañera de bancada, Ilse América García, aventó la toalla y votó en contra de la reforma junto con los diputados de Morena, en un claro rompimiento con los arreglos convenencieros del diputado naranja, que ahora se queda solo y, eso sí, ahora podrá vender sus favores al mejor postor sin tener que repartir el pastel.

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Tremendo revés le dieron los abogados de Canaco y de la empresa Del Río a la dirección de Gobernación del estado, al obtener la suspensión provisional y dejar sin efecto la clausura para venta de licor y cerveza, que les habían aplicado en 59 tiendas de conveniencia.

Uno de los juzgados federales que concedió la suspensión fue el 5º de Distrito, con sede en esta ciudad, y dejó mudo al jefe de la oficina de Gobernación local de la zona norte, Alejandro Jiménez, quien presumía ser la trompa de la máquina en Derecho de Amparo y ahora ya no encuentra ni un manual que lo pueda apoyar.

Como se sabe, las clausuras de los negocios de la familia De la Vega se basaron en las licencias de venta de alcohol que supuestamente no renovaron.

Los abogados que representaron la causa de los expendios argumentaron ante el Poder Judicial de la Federación que, aunque las licencias estaban vencidas, se habían realizado los pagos de revalidación en el 2021.

Gobernación estatal reaccionó ante las suspensiones provisionales, presentando quejas ante los jueces federales, una por cada inspector que intervino en las clausuras, pero también les dieron palo, porque no presentaron las tres copias de expresión de agravios, que se requieren cuando se interpone el recurso de queja de acuerdo con la Ley de Amparo.

Total, que el “Jimenotas” anda que no lo caliente ni el sol, a pesar de que estamos arriba de los 38 grados centígrados todos los días, y ya hasta le recomendaron que tome un curso de actualización en materia de amparo, o de plano replantee su vocación, porque solo anda dando lástima en los tribunales federales.

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Como si el desastre vial que causaron las obras del transporte en la ciudad no fuera suficiente dolor de cabeza para los juarenses, ahora son los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos los que sufren las consecuencias de las pésimas obras, por los congestionamientos que les impiden desplazarse con rapidez para atender las emergencias.

Cuando se proyectaron los trabajos de la ruta troncal, se cuestionó el hecho de que los servicios de emergencia como ambulancias, policía, vialidad, protección civil y bomberos, se verían afectados en sus traslados, pero un genio resolvió el dilema, autorizando que todas las unidades de estos servicios se puedan movilizar por los carriles confinados que utilizarán los nuevos camiones.

Hasta ahí todo iba bien, pero cuando los traga humo comenzaron a circular por dichos carriles para llegar rápido a los incendios, ¡oh sorpresa! se dieron cuenta que las pesadas máquinas apagadoras simplemente no caben, porque rebasan las dimensiones de las reducidas rúas. 

Ya son varias unidades las que han resultado seriamente dañadas con las plataformas de las estaciones del BRT, pero los bomberos no tienen otra opción para trasladarse con rapidez a los lugares donde se registran los siniestros.

En el más reciente incendio del Relleno Sanitario, los valientes traga humo sufrieron las de Caín para llegar, por los problemas que les significó transitar por el carril confinado de la avenida Tecnológico, donde las máquinas sufrieron serios raspones.

Alguna solución debe exigirles la autoridad municipal a los constructores de las pésimas obras, para que se muevan los vialetones y se amplíen los carriles (para que también dejen menos espacio en las calles) o de plano se les pase la factura de los daños que sufren las unidades, y los que dejan los siniestros que no se atienden a tiempo, por culpa del caos que generan los congestionamientos.