A estas alturas del año son muchas las voces que cuestionan la permanencia del fiscal Roberto Fierro Duarte en el cargo. Nadie, excepto el grupo parlamentario de Morena, lo ha dicho en voz alta, pero la actuación de Fierro y del aparato entero de procuración de justicia del Gobierno estatal está en el ojo de la discusión entre diversos actores de la sociedad civil.

El dato que se pone sobre la mesa es el desdén con el que la Fiscalía tomó los sangrientos sucesos del 11 de agosto del 2022, cuando comandos armados pertenecientes a una organización delictiva aterrorizaron a Ciudad Juárez y mataron a 11 personas, mujeres y niños entre ellos.

Ese aciago día, la versión oficial apuntó a que la movilización de gatilleros a sueldo para sembrar el pánico, destruir negocios y asesinar a mansalva a ciudadanos se gestó dentro del penal conocido como Centro de Reinserción Social número 3, ubicado en Juárez.

Desde aquel entonces, las autoridades señalaron como posible autor intelectual a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, en un fallido intento por fugarse de la prisión donde purgaba penas por la comisión de delitos de alto impacto.

Este martes 3 de enero, después del, ahora sí, acertado intento del susodicho por salir a la fuerza de su prisión, se sabe de todos los privilegios y facilidades de operación que tenía dentro del Cereso 3.

Desde televisores de última generación, por decir lo menos, hasta armas de alto calibre, una caja fuerte y más de un millón 700 mil pesos ahí almacenados, es lo que se encontró en las celdas donde era resguardado el líder del grupo conocido como los Mexicles.

Ahora lo dicen en voz baja pero con reiteración: si hubieran actuado como debieron hacerlo en aquel “Jueves negro”, lo del primero de enero no habría sucedido. ¿O qué no revisaron las celdas del penal después de aquellos lamentables sucesos? ¿No encontraron acaso ese arsenal, el dinero y los aparatos electrónicos de todo tipo?

A estas horas también son algunos los que claman que “no se politice el tema”. Como si la seguridad pública no fuera un asunto político.

Sin embargo, al menos hasta ayer, la posición del fiscal dentro del gabinete estaba firme, y no precisamente por sus magros resultados, sino por la alzada de voz que dio la diputación de Morena, pidiendo su destitución.

Mención aparte las declaraciones del secretario general de Gobierno, César Jáuregui, en el sentido de que en este asunto “todo mundo está sujeto a investigación, todos estamos”.

¡Qué cosas! Nadie sabe para quién trabaja. Cuando su cargo se cae a pedazos, el fiscal Fierro encuentra la tabla de salvación en el grupo que pide su salida.

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Muy revelador, sin duda, fue el informe que la Sedena presentó en la Ciudad de México, sobre los privilegios que El Neto y su pandilla, Los Mexicles, tenían en el interior del Cereso número 3, que evidenciaron corrupción y tolerancia del director del penal, que ya fue cesado y sujeto a investigación junto con algunos de sus subalternos.

Sin embargo, un pequeño detalle le faltó informar al General Luis Crescencio Sandoval, secretario la Defensa Nacional (Sedena): la razón por la que el Ejército llegó al penal 30 minutos después de que los Mexicles tomaron por asalto la prisión, masacraron a los custodios y rescataron a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias ‘El Neto’.

Si de acuerdo con el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), el reporte del ataque se recibió a las 7.10 de la mañana, y los soldados llegaron media hora después, cuando el comando de criminales ya se había ido con todo y trofeo, ¿cómo justifican los mandos militares no haber actuado antes, si el cuartel se encuentra a un costado del reclusorio y necesariamente tuvieron que haber escuchado los balazos, los gritos de pánico y todo el ruido que se generó en el exterior del penal, con los familiares de los reclusos que esperaban ingresar a la visita del día primero del 2023?

Estuvo muy bien que, en el cateo realizado por los militares, cuando horas más tarde ingresaron al penal, hayan encontrado todas las evidencias del control que los delincuentes tenían sobre las autoridades del reclusorio, pero mejor hubiera estado su intervención en caliente, para frustrar la fuga y detener la masacre.

Fue el reporte que hizo la Sedena lo que aceleró la renuncia del director del penal Alejandro Alvarado Téllez, pero eso no resuelve la crisis que comenzó el domingo y se trasladó a las calles de la ciudad, donde había psicosis y todo tipo de rumores sobre balaceras e inminentes enfrentamientos de las policías con delincuentes.

Este ambiente de terror, generado por el sangriento asalto al penal, se agudizó después del enfrentamiento de policías ministeriales con una célula del crimen organizado, donde fueron abatidos 5 delincuentes, después de que mataron a los agentes Omar Eduardo Posada Cárdenas y Edgar Ramírez Ramírez.

Después de este hecho, circuló la versión de que todas las corporaciones, la Guardia Nacional y el Ejército, recibieron órdenes de tirar a matar en cuanto localizaran a los fugitivos y a los pandilleros cómplices, lo cual puede ser interpretado como una guerra que apenas comienza, pero la desinformación sigue reinando.

Es así como suelen agudizarse las crisis y como se pierde el control de la seguridad, cuando la incompetencia y la confusión dominan en la opinión pública y por toda respuesta se aplican “curitas” a una hemorragia generalizada, como son la petición de renuncia del director del Cereso, el traslado de 191 reos peligrosos a otros penales, las declaraciones atropelladas para defender lo indefendible, o las promesas de que todo está bajo control, cuando todo indica lo contrario.

Dice la sabiduría popular que, a grandes males, remedios mayores, pero aquí se está aplicando al revés, porque el problema en lugar de tener prioridad para desplegar una estrategia, para la caza de los fugitivos y sicarios, se convirtió en una discusión estéril, de morenos contra panistas.

El único control de daños que se asoma para contener esta severa crisis, es la recaptura del Neto y de todo el comando de asesinos profesionales que participaron en su escape. Todo lo demás serán simples ocurrencias reactivas, que podrán distraer la atención, pero que no resolverán el problema que tiene a la ciudadanía crispada.

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En esa polémica que desató lo ocurrido en el Cereso de Juárez, le entraron con singular enjundia y olímpica alegría, varios diputados del Congreso del Estado, sobre todo los Morenos, el solitario diputado de Movimiento Ciudadano y los panistas, al grado de que tuvo que intervenir la diputada presidenta, Adriana Terrazas, para llamar a la cordura y meter orden al jaloneo de cobijas entre los legisladores.

Los morenos, encabezados por su líder de fracción Cuauhtémoc Estrada, le comenzaron a pegar al gobierno del Estado, echándole todas las culpas por lo sucedido en el Cereso número 3, rasgándose las vestiduras y pidiendo varias cabezas, postura en la que fueron secundados por “Pancho Pistolas” Sánchez, quien aprovechó el tema para llevar agua a su seco molino.

Luego, diputados y diputadas panistas respondieron en voz de su líder Mario Vázquez y de la juarense Marisela Terrazas, para echarle la bronca al Gobierno federal y ponerle más limón a la herida.

Ante este fuego cruzado, Adriana Terrazas intervino puntualizando ante los integrantes de la legislatura que, después de los trágicos hechos, todos están frente a una justa exigencia de seguridad y paz por parte de la ciudadanía, por lo que su responsabilidad es responder con acciones tangibles y no con discusiones estériles.

A todos los legisladores dirigió su mensaje, pero tenía clara dedicatoria a los guindas y azules que estaban enfrascados en la polémica, para reafirmar su compromiso con la seguridad, y voltear a ver los centros de reinserción social, revisar sus condiciones de infraestructura, su población, los temas presupuestales y su administración.

En este punto la presidenta del Congreso aprovechó para pegarle un descontón al Gobierno que encabezó Javier Corral, al decir que su administración tuvo en el abandono a los penales estatales, aunque también dijo más de lo mucho que se ha prometido para seleccionar mejor el personal de los penales, profesionalizar los cuerpos policiacos que los vigilan y que se apliquen políticas de prevención, para que dejen de ser escuelas del crimen. El hilo negro.

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En otro tema, nos llega información fresca de año nuevo sobre el jugoso negocio que el jefe de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, Daniel Goray, está realizando con los migrantes que llegan a ese puesto de control de extranjeros indocumentados.

Resulta y resalta que el funcionario de marras está haciendo buen billete con los amparos que les tramita a los migrantes detenidos, para que obtengan su libertad y puedan seguir su camino rumbo al “sueño americano”.

Obviamente que Goray no es el que tramita los amparos a los migrantes, sino que tiene un equipo de abogados externos, a quienes canaliza los asuntos para que interpongan el recurso de garantías.

Él solamente los pone en libertad, cuando los actuarios de los tribunales federales le notifican la suspensión provisional.

Con los recursos que interponen los abogados con los que tiene sociedad, Goray se allana y no responde, mientras que los que atienden litigantes que no están en su equipo, los contesta para que los actos reclamados se dilaten y los migrantes permanezcan más tiempo detenidos, hasta que se alineen con los despachos de su conveniencia.

Aunque han surgido quejas por esta ilegal operación del funcionario, nadie hace nada, por la simple razón de que es uno de los protegidos de Edgar Caro, el sub representante federal del INM, que tiene el control de la dependencia.

Aunque se supone que, a petición y queja de varios diputados federales, la secretaría de Gobernación mandaría a principios del año una auditoría a la delegación del INM de Chihuahua, para constatar el desorden que priva en la dependencia, hasta no ver, no podemos creer que finalmente se pondrá orden en una institución tradicionalmente corrupta, que ha permanecido al margen de su responsabilidad, para atender la crisis migrante que se vive en esta frontera.