Como habitantes de una ciudad marginada por los Gobiernos federales y estatales, y muy rezagada en materia de servicios públicos, ¿podríamos aspirar a que el próximo año, cuando el Estado y el Municipio ejercerán presupuestos sin precedentes, Juárez reciba la atención que merece y reclama desde hace muchos años, o estaremos otra vez pecando de ilusos?

Si los presupuestos que han presumido la gobernadora y el alcalde se materializan en obras y servicios, entonces debemos pecar de “aspiracionistas”, porque en una ciudad gobernada por primera vez por Morena, habrá obra pública que le haga justicia a los juarenses.

Si el Gobierno del Estado destinará 18 mil millones de pesos a Juárez, como lo han anunciado, y el municipio tendrá un presupuesto inédito de 8 mil millones, hay esperanza de que mejoren las desastrosas condiciones de las vialidades, del servicio de limpia, de alumbrado, de los parques y jardines, pero, sobre todo, de que se terminen las obras que abandonadas que se han convertido en una pesadilla para los fronterizos.

No incluimos en esta lista de buenos deseos, el devaluado servicio de seguridad pública, porque está probado que no es con más patrullas, policías y pistolas, como el problema de inseguridad y violencia del crimen organizado se abatirá, si no se mejora la selección del personal, la calidad de su capacitación, las condiciones de trabajo de los elementos y si no hay voluntad política para combatir con determinación a los malos.

Mientras ello no ocurra, no habrá presupuesto suficiente para reducir la delincuencia, porque ya tenemos la experiencia de que miles de soldados y fuerzas federales y estatales, no han podido con cientos de emisarios del mal, que tienen a su favor el poder corruptor del dinero.

Por todo eso, sería inútil que se gastaran los presupuestos históricos en proyectos falaces, que solo proyectan buenas intenciones, pero que en la realidad no se materializarán ni se verán reflejados en la paz social.

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Nadie está obligado a dar lo que no tiene y, esa premisa aplica perfectamente al absurdo acuerdo que tomó ayer el Congreso del Estado, para exhortar a las juntas municipales de agua a garantizar a las personas su derecho fundamental de acceso al vital líquido las 24 horas del día, limitando además el tandeo.

Si bien es cierto que, la iniciativa del diputado Omar Bazán, se hizo basada en estándares de la Organización Mundial de la Salud y en resoluciones de la ONU, sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, también lo es, que, todo eso embona perfectamente en regiones donde les sobra el agua, no en el desierto de Chihuahua donde cada año se reducen las reservas de los mantos acuíferos.

En la capital del estado, existe el tandeo o limitación del servicio de agua potable en determinadas horas, porque simplemente no hay suficiente para el abastecimiento las 24 horas.

En Juárez, vivimos este año un verano ardiente con estrés hídrico, un fenómeno que refleja el agotamiento que existe en la cuenca compartida, que alimenta los sistemas de agua de Juárez y El Paso.

En ambos casos, en el de la capital y el de la frontera, no estamos hablando de que el abastecimiento no se cumpla a cabalidad por falta de capacidad de los organismos operadores, sino por falta de reservas, que es muy diferente.

Si en vez de plantear iniciativas alejadas de la realidad, se propusieran a impulsar en serio y de manera profesional, una cultura del ahorro y combate al desperdicio de agua, otro gallo nos cantaría.

Para nadie es un secreto que, en ambas ciudades, pero particularmente en Juárez, es grave el desperdicio y huachicoleo del agua, pero nada se hace para combatirlo.

Los que despilfarran el vital líquido piensan que, con pagar un recibo, están pagando el agua, cuando lo que cubren es el servicio por el traslado del agua hasta sus hogares, porque el agua no tiene precio y por lo mismo, nadie tiene derecho a derrocharla.

Los operadores de la JMAS local han revelado que el 30 por ciento del agua que se envía por las redes se desperdicia por fugas, robos, malas prácticas, pero sobre todo porque no le dan el valor que tiene un elemento vital que no se recupera ni se puede producir.

Por todo lo anterior, si no hay agua suficiente, de nada sirven los ridículos acuerdos parlamentarios, para que el servicio se proporcione de manera permanente las 24 horas del día. Ni que fueran alquimistas.

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No cabe duda que al regidor panista Joob Quintín, le está lloviendo sobre mojado, pues el miércoles pasado, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia lo vinculó a proceso por una denuncia de violencia política agravada y violencia familiar, que había sido anulada en primera instancia por un juez local.

Fue el magistrado Marco Tulio Cano Corral, de la primera sala penal regional, quien revocó la primera resolución, apelada por los asesores jurídicos de la expareja sentimental de Joob, y en sus conclusiones determinó que existen suficientes elementos de prueba “de los actos abusivos de poder y omisión intencionales, encaminados a dominar, controlar y agredir psicológicamente” a su exmujer. 

Los hechos documentados en la resolución, datan del mes de marzo del 2018 a diciembre del 2021 pero fue hasta la audiencia del 13 de mayo de este año, cuando el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, Eric Israel Robles Chávez, resolvió no vincular al regidor a proceso, al desestimar los cargos.

La agente del Ministerio Público que llevó el caso, Adriana Santana, interpuso el recurso de apelación y expresó agravios, que siete meses después surten efecto, para dejar a Joob Quintin en mala posición y sujeto a proceso.

De momento, Quintín Flores podrá continuar desempeñando su cargo de regidor, hasta en tanto el proceso llegue a sentencia que, de ser condenatoria, lo dejaría fuera del Cabildo en automático.

Joob ya perdió la coordinación de los regidores del PAN en el Cabildo y dejaría muy mal parado a su partido si perdiera la libertad por abusón.

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Mientras que los responsables del sistema estatal de Protección Civil siguen dormidos en sus laureles, el Gobierno Municipal de Parral tomó la iniciativa de comenzar a promover una cultura sísmica en la población, impartiendo cursos en escuelas y empresas del sector privado, siguiendo el consejo popular de que más vale prevenir que lamentar.

Otra vez es un municipio pequeño de la entidad, el que pone la muestra a los funcionarios estatales responsables de la protección de la población, que siguen esperando que las soluciones a los males y fenómenos naturales que ocurren en la entidad, les caigan del cielo.

Las autoridades municipales de la capital del mundo, tomaron la decisión de realizar simulacros de evacuaciones y capacitar a la población con recomendaciones básicas, para sobrevivir en casos de temblores, después de que esa región vivió varios movimientos telúricos.

No se esperaron a que Protección Civil del Estado se decidiera a cumplir con su responsabilidad, por lo que, con personal del Departamento de Bomberos, comenzaron a impartir cursos en escuelas, hospitales y empresas.

Esta es la segunda ocasión en que, una autoridad municipal le hace el trabajo a los que cobran en el sistema estatal de Protección Civil, pues antes fue el Gobierno de Cuauhtémoc el que les ganó el mandado, cuando impartieron en las escuelas públicas y privadas medidas de protección para que los niños aprendan a protegerse de las balaceras cuando están en el plantel, en sus casas y en las calles.

La primera capacitación de este tipo, se registró en el 2018, cuando la comarca manzanera vivió una racha de enfrentamientos armados, y la segunda ocurrió en septiembre de este año, después de que tres alumnos de la Secundaria Técnica 69, resultaron lesionados por balas perdidas cuando jugaban en las canchas del plantel.

En ambos casos, el de Parral por los sismos y el de Cuauhtémoc por balaceras, ha quedado en evidencia la negligencia de la dependencia estatal para implementar acciones preventivas, por lo que ya es tiempo de que alguien los llame a cuentas, o les pida su renuncia.