Y va de nuez. En acato a sendos fallos de la justicia federal, el Congreso del Estado debe volver a revisar las dos solicitudes de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y una contra el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, mismas que las habían bateado, que por “falta de pruebas”.

En uno de esos fallos el juez le pide a la Comisión Jurisdiccional del Congreso que se regrese sobre sus pisadas y vuelva a analizar la demanda de juicio político promovida por el abogado Gerardo Cortinas Murra contra el ex gobernador.

¿Por qué pidió llevarlo a juicio? Por haber propuesto a la abogada Luz Estela “Lucha” Castro para integrar el Consejo de la Judicatura local a pesar de que no cumplía con los requisitos para ese cargo.

Según Cortinas, Corral violó la Ley porque Lucha ya tenía más de 65 años cuando asumió el cargo, y la ley establece que ese es justamente el límite de edad. O sea que, para el litigante, la edad sí es motivo para relegar a una persona de ocupar un encargo público.

Otro caso es el de demanda de juicio político promovido en contra del exgobernador y del exsecretario de Hacienda Local por no haber pagado sus sueldos a los trabajadores del Gobierno del Estado en la fecha que marca la ley.

Ambas demandas habían sido desechadas por la comisión por falta de evidencias desde la perspectiva de los diputados. Vale mencionar que, al momento de la denuncia de Cortinas, ni Javier Corral, ni Arturo Fuentes Vélez, como tampoco Lucha Castro estaban ya en los cargos que ocupaban cuando “violaron la ley”.

Para empezar, los integrantes de la Comisión Jurisdiccional ya dejaron sin efecto aquel acuerdo, emitido por ellos mismos, en el que se desechaban esas querellas, y ahora las van a retomar, no sin antes darle un jalón de orejas al área de Normatividad, para que a la próxima haga sus proyectos de acuerdo con más sustancia y evite que la justicia federal los vuelva a exhibir.

Entonces ¿cuándo iniciaría, de ser el caso, el juicio contra Corral y compañía? Quién sabe, tal vez y se la lleven tranquila, así como para sacarle ese recurso al exgobernador por si se le ocurre postularse para un cargo en las próximas elecciones.

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La nueva táctica de Morena para defender los controversiales libros de texto gratuitos para primaria y secundaria es demostrar que el Gobierno del Estado sí estuvo involucrado en la planeación de los mismos y que el magisterio participó en los trabajos de análisis para definir los contenidos.

En una larga, muy larga conferencia de prensa, el diputado morenista Óscar Avitia Arellanes, quien preside la Comisión de Educación del Congreso, presentó dos capturas de pantalla a manera de evidencia de que sí se realizó la consulta que ahora dicen que no se hizo.

Ambas fueron tomadas de la página del Gobierno del Estado de Chihuahua y corresponden a boletines de prensa en los que se informa justamente de la participación del magisterio local y de la Secretaría de Educación y Deporte en los trabajos para el análisis de los nuevos textos de primaria y secundaria.

En una de esas capturas, se aprecia el boletín cuyo título es “Inician en Juárez asamblea para programas de estudio y diseño de libros de texto gratuitos”.

La nota, fechada el jueves 24 marzo 2022, habla de que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciaron los trabajos de la Asamblea de Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica.

“El propósito de la asamblea es analizar con la comunidad educativa el plan y los programas de estudio para la Educación Básica, modificar lo necesario y con ello, elaborar los libros de texto gratuitos en el marco de la Nueva Escuela Mexicana”, agrega.

Luego, el 25 de marzo, se publicó otro comunicado titulado “Clausuran asamblea de programas educativos para rediseño de libros de texto gratuitos”.

La intención del diputado de la 4T era demostrar que tanto el magisterio como el Gobierno sí participaron en la elaboración y fueron consultados para generar el producto final, el mismo que ahora causa una gran controversia.

Será lo que digan, pero la confrontación está ahí: unos a favor, y otros en pro de quemarlos, así que más vale que llegue alguien con capacidad de mediación, porque el ciclo escolar empieza en tres semanas.

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¡Quiubo, quiubo!, ¿Qué pasó, si estábamos chupando tranquilos? Es la pregunta que seguramente se han de estar haciendo más de tres presidentes municipales, ahora que

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aventó el bombazo de los cambios en las reglas para que los municipios puedan utilizar los recursos provenientes del programa de regularización de autos ‘chuecos’.

No vaya usted a creer que este Mirone le viene con dolores de cabeza inventados, el asunto de las modificaciones ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre lo más destacable es que ahora los municipios serán los encargados de reportar, fiscalmente, la manera en la que fueron invertidos los pesos y centavos que les están siendo otorgados.

Estas modificaciones para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de esos recursos, precisan que esta lanita deberá ser utilizada exclusivamente para la pavimentación de calles.

Es decir, que si algún edil, de manera desafortunada decidió utilizar una pizcachita para otro fin, ahora tendrá que reponerlo o demostrarlo con números claros.

Al capítulo De las responsabilidades en la aplicación de los subsidios, se modificó un párrafo: “cumplir plenamente y por sí mismos los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, laborales, administrativas, fiscales y de cualquier otro tipo relacionadas con los Proyectos de pavimentación”.

Aunque el cambio pudiera ser mínimo, es significativo, porque se sustituyó la palabra asumir por “cumplir” y en obligaciones se agregó “fiscales”; ándele pues, si creyó que era gratis, pues ahora va a tener que comprobar cada uno de los movimientos que se hicieron con el recurso.

A ver con qué cuentas le salen a la Federación los municipios que participan en este programa, en los que se incluyen los de Chihuahua; será un reporte que va a poner incómoda a más de una administración local.

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El próximo 8 de agosto se vence el plazo para que sean entregadas las 150 mil firmas que cada aspirante solicitó el Frente Amplio por México (FAM) para contender por la candidatura a la Presidencia de México y entre los mismos participantes afirman que ni siquiera Xóchitl Gálvez, a quien se considera la aspirante más fuerte, ha logrado recabarlas.

Esto a pesar de que la misma Señora X, había declarado que ya tenía más de 297 mil rúbricas e incluso, pudiera alcanzar más de 300 mil firmas para entregarlas.

Ayer el periódico El Universal, publicó una interesante serie de entrevistas con los 11 aspirantes por el FAM, quienes narraron las dificultades que han tenido para recolectar las firmas, señalando algunos las constantes fallas que tiene el sistema digital.

No han faltado las excusas entre los aspirantes para explicar por qué a una semana del vencimiento del plazo, no han juntado el requisito; algunos, como Beatriz Paredes, dicen que sus fuerzas de apoyo están en las zonas más apartadas de la mancha urbana.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, sin revelar números, asegura que estará en la siguiente etapa.

Al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no les ha ido tan bien en eso de la recolectada, y al igual que el perredista Silvano Aureoles, no han completado y probablemente ni completarán las firmas. Miguel Ángel Mancera y Enrique de la Madrid, andan igual, por la calle de la amargura. De los restantes ya mejor ni hablamos.

Aunque Xóchitl Gálvez es considerada la puntera en cuanto al FAM, sus “Xóchitl Lovers”, quieren que el trámite quede bien amarrado y por esa razón andarán Luis Sigala encargado del grupo de apoyo en Ciudad Juárez, Dani Said Cruz, coordinador del área juvenil, y Marco Quevedo, de Coparmex, exhortando a los jóvenes a firmar a favor de la aspirante panista.

Entonces, o no está seguro el anhelado número de las 150 mil firmas para Gálvez, o quieren mostrar músculo para que los otros aspirantes que pasen a la siguiente etapa se desistan y ya mejor firmen a favor de la Señora X. Vaya usted a saber, pero por lo pronto, ya quieren jalar a la chamacada de Juárez, falta que los chavos y chavas juarenses quieran.

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Ya son cuatro años de la tragedia en Walmart de El Paso, de aquel 3 de agosto cuando un hombre joven, desquiciado por el racismo y la xenofobia, viajó 10 horas hasta El Paso, Texas, para asesinar a sangre fría a 23 personas y otras 23 más resultaron lesionadas.

El pasado mes de junio Patrick Crusius fue encontrado culpable por el crimen y fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas.

Después de esa masacre la comunidad fronteriza del lado estadounidense, en el Paso Texas, cambió, de ser considerada una de las ciudades más segura de Estados Unidos, a ser en la que se ha perpetrado uno de los peores crímenes de odio en la historia reciente del vecino país.

A cuatro años de la tragedia las heridas siguen abiertas; ayer las familias y representantes del gobierno se reunieron en el memorial que fue creado para mantener vivo el recuerdo de las víctimas. La son del mariachi se oyó “Amor Eterno” de Juan Gabriel; fue la melodía que se eligió para honrar la memoria de las víctimas.

Más allá de la condena generalizada y de que 99 cadenas perpetuas contra el tirador no bastan, sigue pendiente el tema del control de la venta de armas que tanto daño han provocado en ambos lados de la frontera.

Está pendiente también el tema del racismo, en estos tiempos electorales en los que las políticas migratorias por parte del gobernador texano, Greg Abbott, y su iniciativa de colocar boyas y alambres con navajas y púas, están causando la muerte de personas cuyo único error fue buscar una vida mejor, el sueño americano en la tierra de la libertad, hoy cercada con un muro.