El exgobernador César Duarte Jáquez dispuso de 38 minutos para hablar desde la cárcel a la radio, desde algún teléfono, móvil o fijo.

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eso está correcto y se trata de un derecho que tienen las personas privadas de su libertad (PPL), en cuanto alguna persona externa, física o moral lo solicite y el requerido la acepte.

Por lo pronto, este medio tiene interés en hablar con las personas que siguen recluidas en prisión pese a que no tienen sentencia.

Los hay, y bastantes. Son más del 23 por ciento de los internos en los centros de reinserción social del estado, según el Inegi. Algunos, según diversas fuentes, no llevan dos años o tres, como alega el exmandatario, sino cuatro, o cinco o más años.

A ellos nadie les ha dado un espacio de casi 40 minutos, ni de a uno siquiera para exponer su punto y, tal como lo hace Duarte, alegar su inocencia.

En su larguísimo discurso, porque habló casi sin interrupción, el procesado repitió lo que ya ha dicho hasta el cansancio: que es un perseguido político, que todo es culpa de Javier Corral –y ahora hasta de Jaime García Chávez– y que pronto saldrá de prisión no por el cambio de la medida cautelar, sino porque se van a “caer” todas las causas en su contra.

Más de 38 minutos hablando sin interrupción para un programa radiofónico y nadie, ninguna autoridad penitenciaria o judicial entró al quite. ¿Cómo es que una Persona Privada de la Libertad tiene esa concesión de contar con un dispositivo de comunicación y entrar al aire en un programa de radio?

¿Es un derecho? Si es así, ¿lo han ejercido otros más de los casi 9 mil reos que hay en Chihuahua?

De las muchas afirmaciones que hizo el exgobernador, al menos en algunas tiene razón:

Que el sistema de justicia penal de Chihuahua es una auténtica puerta giratoria, porque más tardan en detener a los presuntos delincuentes, así sea en condición de flagrancia, que los jueces en liberarlos.

Que no hay justicia expedita. Hay personas procesadas que llevan años recluidas en prisión, pero no tienen ni abogados caros ni medios de comunicación que les abran los micrófonos.

Que su Gobierno no fue del todo “puro”. El detalle es que no lo dice como un ejercicio de autocrítica, sino como una justificación para trasmitirles a otros la responsabilidad de los posibles actos irregulares en su administración.

Que es un preso político. En efecto, si no lo fuera, jamás hubiera entrado al aire; tampoco tendría la atención mediática de su caso ni podría culpar a otros gobernantes de su condición. ¡Pobres los otros internos en las cárceles de Chihuahua, no son presos políticos!

Lo que le faltó decir es que ese sistema de justicia fue producto de una reforma que él mismo promovió, con todo y sus magistrados “oxigenados” y hasta edificio nuevo, con goteras gigantescas y todo lo demás.

Dice que lleva tres años recluido, pero dos de ellos en Miami, en calidad de procesado en tanto transcurría su juicio de extradición. Su equipo de defensa ha argüido que esos años en la Florida deberían contar al tiempo que lleva preso bajo medida precautoria y probablemente tengan razón.

Está a discusión el tema, pero no ha sido exonerado ni el juicio está sobreseído, como lo propagó su defensa.

En sustancia, Duarte vuelve a insistir en el mismo punto: es inocente –y está en su derecho de decirlo–, que todas las acusaciones en su contra son invenciones de Javier Corral y ahora hasta de Jaime García Chávez y que sigue en prisión nada más porque no pertenece al PAN.

Ahora sí que “pan” con lo mismo.   Lo cierto es que ese proceso, injusto según su decir, motivó su detención en Miami, su extradición hacia México y su reclusión en Chihuahua. Por cierto, ya va a cumplir un año desde que llegó a San Guillermo.

No dice que tiene otras 20 carpetas de investigación en su contra, las cuales podrían quedarse en un archivero, o en una de esas, activarse y formar parte de las causas en su contra.

Duarte se defiende, alega su inocencia y no se puede esperar menos; lo que no se puede entender es que él sí tenga esos espacios de operación, como las salidas a hospitales privados, la amplia entrevista radiofónica o el envío de comida desde fuera del Cereso.

Ciertamente, es un preso político: uno que está ahí, en el Cereso, en condiciones que ninguno otro tiene, acaso porque nunca fueron gobernadores.

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Nubes de tormenta se ciernen sobre el Consejo Ciudadano del Presupuesto Participativo, por haberle dado chance de entrarle a la puja de recursos públicos, a dos escuelas preparatorias, cuando el reglamento de este órgano público claramente establece que ningún plantel puede participar.

Por alguna poderosa conexión que tienen los directores de los Colegios de Bachilleres 11 y 6 de Juárez, quienes por cierto son esposos, fueron autorizados a participar en el presupuesto, enviando dos proyectos para sus planteles: uno para construir un estacionamiento y el otro para infraestructura educativa.

Lo malo del asunto es que los integrantes del Consejo Ciudadano sabían perfectamente que el reglamento prohíbe la participación de escuelas de cualquier nivel educativo, porque estas tienen varias partidas en los presupuestos federal, estatal y municipal.

Por lo mismo, ya se les armó la bronca con otras escuelas, que están exigiendo piso parejo y el mismo trato para presentar proyectos, y ahora no encuentran la forma de solucionarla, porque los directores y padres de familia de ambos bachilleres, andan vueltos locos de alegría, porque piensan que ganarán con sus propuestas.

Las votaciones de los proyectos serán el domingo 25 de junio, y se anticipa que varios directores de escuelas y sociedades de padres de familia, presentarán recursos de inconformidad para que se eliminen los dos proyectos de los Cobach. 

Cosas de la idiosincrasia mexicana, como en la olla de cangrejos: si no soy yo, tú tampoco.

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Organizaciones defensoras de animales ya pusieron su radar en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, por las condiciones insalubres y de abandono en que se encuentran decenas de equinos en reducidas caballerizas, que carecen de ventilación adecuada, limpieza y mantenimiento.

En el lienzo hay aproximadamente 200 caballos estabulados; los que pertenecen a los charros y escaramuzas que practican el deporte nacional en competencias estatales, regionales y nacionales, y los de los “juniors”, a los que les gusta montar, pero no tienen el mínimo conocimiento de todos los cuidados que requiere un equino.

Son los caballos de estos últimos los que reclaman atención, porque, a diferencia de los pencos que pertenecen a los charros que cuentan con caballerangos y mozos de cuadra para limpiar todos los días las caballerizas y atender a los animales, los suyos permanecen encerrados por días enteros, sin que les cambien de aserrín del estercolado piso, ni los ejerciten.

Eso que se conoce como vicios de cuadra, por los malos hábitos que perjudican a los caballos, desde el estrés que les provoca el encierro en reducidos espacios, hasta las enfermedades que pueden matarlos, por cólicos, por consumir alimentos en mal estado y por la deshidratación que provocan los golpes de calor, es lo que predomina en esos espacios mal atendidos que nadie supervisa.

Esto es precisamente lo que están denunciando los defensores de los derechos de los animales, pidiendo la intervención del departamento de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), que aun cuando solamente atiende especies pequeñas, puede ordenar cambios sustanciales en favor de los caballos maltratados, comenzando por las condiciones insalubres que prevalecen en el lienzo, que es de jurisdicción municipal.

Ya es hora que todos los vaqueritos urbanos se pongan las pilas y atiendan a sus mascotas, que no solamente comen pastura y toman agua, sino que requieren ejercicios, atención veterinaria, pero, sobre todo, responsabilidad porque se trata de seres vivos, no de juguetes.

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Algo tendrá que hacer y pronto, el fiscal general del Estado, César Jáuregui, para calmar los ánimos de la tropa adscrita a la Policía Ministerial, porque circulan versiones de que los están apoyando con viviendas y equipos, cuando eso únicamente lo están haciendo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La inconformidad entre los agentes investigadores se calentó el jueves, luego de que en la capital del estado se hizo entrega de las llaves de seis viviendas e igual número de cheques de 100 mil pesos cada uno, a los policías estatales.

Aunque en el evento se dijo que el apoyo era también para elementos de la Fiscalía General, en las redes sociales de la Policía Ministerial investigadora, salieron de inmediato a desmentirlo.

“Buenos días, eso es una noticia falsa, a nosotros no nos han dado ni las gracias”, reza uno de los comentarios.

Otro fue más específico: “todo eso nada más se lo dieron a la Policía Estatal. Luego la población piensa que sí nos dan y es totalmente falso”.

El mismo reclamo que en meses pasados hicieron por el equipo de trabajo que solamente le entregan a la SSPE de Gilberto Loya, lo repitieron ayer, aprovechando el evento de las viviendas, donde, por cierto, no se vio en el presídium al fiscal general, lo que robusteció el desmentido de los agentes ministeriales.

La rivalidad y celos entre las dos corporaciones del estado no es nada nuevo, pues desde la administración de Patricio Martínez se evidenció por primera vez, por el trato preferencial que con el presupuesto les daban a las tropas de Raúl “El Choche” Grajeda, a pesar de que sus elementos solo lucían en los desfiles y en sus traslados en largas y aparatosas caravanas a Chihuahua.

En aquel entonces, como ahora, la Policía Estatal tenía el mejor presupuesto, aunque solo hacía el show mediático aprendido a base de las famosas presentaciones sociales con “Power Point” del Choche, mientras que las broncas y el trabajo pesado lo atendía la Policía Ministerial. Igualito que ahora, pero elevado a la quinta potencia.