La Sesión Plenaria Extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado resultó escenario de lamentables exhibidas, tanto de personalidades como de situaciones.

Es la comidilla en el Poder Judicial, el agarrón que se dieron el jueves por el acomodo de las magistradas y los magistrados en las 30 sillas de la sala.

Esa fue la primera exhibida: el nivel de trascendencia de los temas que generan discusión en el Pleno para las magistraturas que tienen tan relevante responsabilidad en la administración de justicia. La segunda fue la falta de conocimiento y oficio para llevar una sesión apegada a la norma.

Todo se desprendió de la forma en que la magistrada Diana Margarita Félix Sierra, se le fue a la yugular a la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval, por acomodar “a capricho” los espacios y decidir, sin respetar orden alguno, cómo se debe de sentar cada persona.

“No es facultad de la Presidencia determinar cómo se van a sentar los magistrados, ni tampoco es a capricho o a gusto de nosotros. La ley es muy clara y hay un orden por materia y conforme al ordinal que le corresponde a cada sala. Tan es así que se acaba de llevar de manera puntual por el secretario la lista de asistencias. Entonces, no se trata de si somos amiguitos o no somos amiguitos. Estamos para cumplir la Constitución y para cumplir la ley”, dijo en una de sus exposiciones medulares la magistrada quejosa.

Particularmente, el reclamo fue por sentar junto a la presidenta, a quienes serán presidentes después del periodo de dos años de ella, como si tuvieran un rango superior a los demás porque alcanzaron mayor votación en la elección, justo el tema que los llevará a la presidencia rotativa, como contempló la reforma judicial.

Es lo que ya habían visto mal desde otras sesiones algunas de las magistradas y los magistrados: que por una especie de acuerdo político, se concede ese espacio de lucimiento a quienes ocuparán presidencia en el futuro. Ahí están siempre junto a Marcela Herrera y salen en cualquier toma. A eso se le vio tinte político.

Claro que varias de sus compañeras defendieron a Marcela y se fueron contra la intrascendencia del tema planteado, casi en forma de berrinche y con bastante enojo, por Félix Sierra.

Quien fue completamente descolocada y quedó mal parada, fue la presidenta del Tribunal. Ni manejo, ni control político, ni conocimiento, ni tablas para llevar las sesiones del Tribunal.

Para empezar, se notó en la sesión que está llegando sin el planchado previo de los asuntos, aunque sean simples.

Y como desconoce el manejo, quien le tuvo que entrar al quite, pero de fea manera, fue el secretario Francisco Fierro. El secretario habló en el Pleno casi como si fuera jefe de las magistraturas u otro magistrado más, atribuyéndose facultades que no corresponden a un secretario, además de que equivocó el procedimiento en el desahogo de las propuestas planteadas por un par de magistradas. No articuló votación alguna y los puntos se hicieron a un lado, sin ponerse en ningún momento a consideración del Pleno.

Eso pasó con la propuesta de Félix Sierra de someter a la aprobación del Pleno el acomodo presentado en ese preciso momento, pero también la contrapropuesta de la magistrada Perla Ruiz que, igual que argumentaba el secretario, planteó la improcedencia por tratarse de un tema no agendado previamente para una sesión extraordinaria. Lo mismo pasó cuando la propia Perla consideró que no debía votarse un proyecto en ausencia del magistrado que lo formuló y que presentó el secretario Fierro. Pero simplemente se le ignoró y no se le dio trámite alguno.

Fue excesivo el proceder del secretario aunque peor que Fierro se vio la presidenta Herrera cuando lo volteó a ver, para que fuera él quien diera explicaciones y salida a lo planteado en principio por Félix Sierra o después por Perla Ruiz.

Total, que el Pleno del jueves dio mucho de qué hablar y mostró cómo puede haber irregularidades cuando los temas son intrascendentes De ahí surge la pregunta: ¿qué pasará cuando lleguen los casos de verdadero impacto y complejidad?

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Hay más todavía en el tema de las exhibidas que dejó la sesión del Tribunal. Desde luego que no puede dejar de ponerse sobre la mesa el dato de que la magistrada Diana Margarita Félix Sierra, es esposa del exmagistrado de Tribunal Superior y excomisionado de la Judicatura, Luis Villegas Montes, el polémico abogado panista que también tiene fama de belicoso… y negociador al mismo tiempo.

Villegas, a quien le gusta mucho escribir y distribuir en distintas plataformas sus posicionamientos, se dio vuelo en diciembre del 2025 dándole patadas al pesebre.

En general le ha pegado duro al nuevo Tribunal Superior, al Tribunal de Disciplina y a algunos de sus integrantes. “Tribunal del selfie: justicia de espejo y ring light”, tituló uno de sus artículos con consideraciones propias y de otro texto ya publicado sobre cómo magistradas y magistrados ven pasar el trabajo, dejan sus oficinas vacías y se la pasan en eventos sociales o políticos, pensando únicamente en convertirse en influencers.

¿Qué pasó? ¿Cómo se fracturó su relación con el grupo en el poder del que formó parte como prominente abogado panista y hasta estratega electoral?

Lo que se comenta mucho es que quedó resentido por el incumplimiento de las promesas de liquidación y jubilación que se hicieron a quienes se retiraron y no se anotaron para contender por los cargos en el Poder Judicial.

Recibió poco y acusó traición. Ya lo ha dicho, incluso públicamente en contra de Palacio. También hay quienes dicen que en su momento pidió más posiciones y no se las dieron. Es decir, se le hizo poco que el nombre de su esposa, quien ya tenía larga carrera judicial y despachaba como jueza, fuera incluida en los acordeones que definieron quiénes pudieron convertirse en magistradas y magistrados por el lado de la estructura estatal azul.

Así que no se batalla mucho en imaginar que algo de su historia tuvo que ver con el duro posicionamiento de la magistrada Félix Sierra, particularmente ideado para agarrar fuera de base a la presidenta Marcela Herrera.

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Abelardo Valenzuela Holguín no se quedó con la espinita –podría ser espinota– clavada, y regresó el golpe al exgobernador Javier Corral Jurado.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción fue vapuleado jurídica y políticamente la semana pasada, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Corral por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), concediéndole la razón a la Fiscalía General de la República (FGR) en su determinación de ejercer la facultad de atracción.

El Bayo no únicamente se declaró en rebeldía al anunciar que no entregará el expediente a la FGR, sino que ayer concretó operativo y diligencia con aval judicial para asegurarle al exgobernador su cabaña de Basaseachi.

En agosto del 2024, cuando El Universal publicó aquel reportaje contra el exmandatario en torno al acopio de 14 propiedades con valor de 73.6 millones de pesos, se informó que esa cabaña la adquirió el hoy senador por Morena, desde el 2002, por 450 mil pesos, aunque en la fecha de la publicación se le atribuía un costo de un millón 785 mil pesos.

El caso es que ese inmueble en el que sin duda han estado algunos panistas y expanistas que fueron cercanos al exgobernador, fue asegurada presuntamente con el objetivo de “garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado a los Chihuahuenses, que asciende a 98.6 millones de pesos, que indebidamente se distrajeron, desviaron y dispusieron”.

La “Cabaña El Rincón”, ubicada en el municipio de Ocampo, fue boletinada por la FACH, instancia que informó que el aseguramiento forma parte de las diligencias que se realizan dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, derivada de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo con la FACH, el aseguramiento constituye una técnica de investigación legalmente prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se realiza con el objetivo de impedir que la propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

Se supone que la Fiscalía de El Bayo, podrá realizar diversas diligencias sobre el inmueble, vinculadas a la carpeta de investigación.

A ver ahora cómo viene la respuesta de Corral y sus abogados, quienes seguramente volverán a recurrir al amparo para recuperar el control de la propiedad.

Cuando se aseguran inmuebles, se busca evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia del patrimonio investigado a terceros vinculados, incluyendo redes de apoyo conformadas por familiares, colaboradores o amigos. Que se sepa, no andaba Corral en esos afanes, pero por lo pronto lanzó Valenzuela el fregadazo mediático.

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En el Congreso del Estado avanzó otro paso el proceso de designación de presidencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Aplicó la Junta de Coordinación Política el primer cedazo y de los 23 aspirantes, redujeron la lista a 18. Es decir, que cinco de los que se habían registrado, atendiendo la convocatoria abierta, no cumplieron con los requisitos.

No pasaron el filtro Carlos Mario Carlo Ponce, Ana María Córdova Aguilar, Sergio Enrique Blanco Pegueros, Jorge Antonio Breceda y Pedro Enríquez Contreras.

Para empezar, lamenta Mirone que no continúe en la lista el nombre de un juarense que presentaba excelente perfil. Hablamos del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge Antonio Breceda. Se desconoce la evaluación y cuál requisito de la convocatoria no cumplió.

Como juarense, únicamente permanece entre los perfiles conocidos, el de la coordinadora del Registro Civil en esta frontera, Karla Gutiérrez Isla, aunque Mirone se enteró que será difícil que llegue porque se aventó la aventura por la libre.

Es funcionaria y es panista de muchos años, pero en lugar de primero buscar el apoyo o el aval de Palacio y de la dirigencia estatal blanquiazul, nada más avisó que se inscribiría.

O sea que no es carta del grupo en el poder, pero sigue haciendo la lucha y anda muy movida, incluso mediáticamente y trabajando le cabildeó directamente con diputadas y diputados del Congreso del Estado. Muy bien que sea entrona y haga la chamba, pero lamentablemente así no funciona por estos lares la política, al menos por el lado de quienes ahorita traen la sartén por el mango y mueven las mayorías legislativas.

Hasta este momento no se sabe todavía por dónde vendrá la pichada. Lo único que ha trascendido es que se buscará un perfil para poder transitar con el aval de Morena en el Congreso del Estado, con la idea de obtener la mayoría calificada bajo consenso y no con algún voto arrebatado o comprado.

Las entrevistas en la Torre Legislativa para las y los 18 aspirantes, iniciarán el próximo lunes.