Por todos lados, ya sea en el Palacio de Justicia de la capital, en la Ciudad Judicial de esta frontera o en los juzgados del eje vial Juan Gabriel, se comenta sobre todo el power que traen dos comisionadas (no podría ser de otra manera cuando es el tiempo de las mujeres) para meter nuevo personal.

Sus atribuciones quedaron en el marco normativo que creó el Órgano de Administración Judicial conforme a la reciente reforma que llevó a la elección popular de personas juzgadoras y desbarató a la Judicatura. Es todo un poder, aparte del Tribunal Superior y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Karla Reyes preside en este primer periodo al Órgano de Administración y Minerva Correa está al frente de la Comisión de Carrera Judicial. Palomeadas de origen en Palacio, las comisionadas traen la sartén por el mango si se trata de llenar los huecos y hacer las contrataciones necesarias para cumplir con todas las plazas y el organigrama que marca la norma.

Completan el nuevo ente de cinco asientos, las comisionadas Luisa Fernández Márquez Picard y Judith Ávila Burciaga, además del comisionado Eduardo Zacarías Gómez Bustamante.

El punto aquí, y es lo que ha generado cierto malestar en otros actores y operadores, es que Karla y Minerva han hecho mancuerna para convertir a todo el Poder Judicial en agencia de colocaciones para puros afines de color azul; recomendaciones que vienen de fuera o de plano puros compas de ambas figuras.

La molestia mayor radica en que en ese afán, de plano están dejando fuera a personas que ya traían méritos en la carrera judicial o querían seguir escalando, como en el caso de los escribientes, ya que se está privilegiando a puros externos. Se ha notado sobre todo en materia Penal, donde hicieron a un lado a buenos prospectos para meter gente sin currículum; también se promovió a defensores sin experiencia o actuarios sin trayectoria en otras áreas del Tribunal.

Supo Mirone que para los movimientos ni siquiera tocan base con la presidenta en turno del Tribunal Superior, Marcela Herrera y se manejan como las verdaderas dueñas del Poder Judicial.

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Ahora que fue vinculado a proceso el exgerente administrativo del Club Campestre, Alberto M.M., el Comité Legal del propio Club está más decidido que nunca para ir hasta el fondo en el desvío de los 21.3 millones de pesos.

El gerente enfrentará su proceso en prisión preventiva, pero los abogados del Club no se quedarán conformes con eso, ni aunque finalmente sea sentenciado y se quede en prisión por el delito de administración fraudulenta.

Supo Mirone que la intención del Comité Legal, con varios de los socios más influyentes del Club, es que la Fiscalía General del Estado, por medio de sus especialistas financieros y bajo las leyes vigentes que lo permiten, le siga la huella al dinero desviado.

A dónde fue a parar el dinero y quién resultó beneficiado, es lo que quieren saber, con la idea de que pueda recuperarse lo robado y que si hay otras personas involucradas, también sean castigadas penalmente.

Nadie se ha creído en el Club que haya un operador y responsable solitario, aunque en ese sentido ya esté confeso. Parecería que se quisiera exculpar a otros. Fueron 53 transferencias de las cuentas del Campestre hacia las cuentas personales del gerente, pero lo que falta saber es a dónde se dispersó el recurso.

Lo que ha trascendido y aumenta las sospechas de que no actuó solo, es que Alberto no parece haber comprado ningún bien, ni mueble ni inmueble. No incrementó sus propiedades así que, ¿dónde quedó la bolita?, se preguntan todos.

Unos sospechan que hay más directivos o socios involucrados y otros más creen que la lana fue a parar a alguna empresa financiera tipo Aras o incluso a los negocios de Carlitos Güey.

Es lo que deberá investigar la Fiscalía, luego de que se fijaron cuatro meses para que termine de hacer su tarea complementaria y presente todos los elementos ante el juez. Por eso el Comité Legal trae la consigna de pegarse al MP y allegarle toda la información posible, además de presionar para que se haga lo que se tenga que hacer.

Sin duda, el 2026 seguirá abriendo más capítulos a la historia de corrupción e intriga en el Club Campestre de Ciudad Juárez.

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Pues ahora resulta que los agentes aduanales no se fueron del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), más bien “los salieron” por andar incumpliendo estatutos.

Comentamos aquí cómo se estaba desgranando la mazorca del CCE con el fuerte posicionamiento de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA), que dijo retirarse del organismo por considerar que el Consejo no atendía ni defendía las verdaderas prioridades del sector productivo local.

Hay otro lado de la moneda y le contaron a Mirone que no es tanto que los aduanales hayan renunciado, sino que no los dejaron quedarse con su asiento en el Consejo.

Primero batearon al presidente de la AAA, Adrián Rodríguez Almeida, bajo el argumento de que los estatutos prohíben que un funcionario público ocupe un lugar en el Consejo. Rodríguez trae doble cachucha, ya que es encargado de la delegación Chihuahua de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Después, la AAA mandó como su representante a la expresidenta del gremio, Nora Yu. Sin embargo, a la reconocida empresaria que ya fue presidenta de la Canaco, también le cerraron la puerta, bajo el argumento de que ella es representante popular, ya que es la senadora suplente de Andrea Chávez.

Terminaron los aduanales enviando a un tercer representante, pero sintieron que eran demasiados los agravios y prefirieron separarse del CCE.

Claro que también hay lectura estrictamente grilla o partidista detrás del asunto. No falta quien considere que en realidad lo que hizo el Consejo Coordinador fue cerrarle la puerta a la 4T, ya que Rodríguez sería su representante como funcionario federal, igual que Nora Yu como senadora guinda, aunque no sea la propietaria de la curul.

Como suele pasar, no quedan ajenos a los intereses y las grillas partidistas, ninguno de los organismos empresariales.

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Como se terminó ya el 2025 no podíamos cerrar sin mencionar algunos deseos guajiros para el Año Nuevo, si hablamos de la política, la grilla, la administración pública, la seguridad y la toma de decisiones en torno a lo que necesita la ciudad, el estado y el país.

Bien podríamos enlistar un deseo por cada mes del año:

1) Que nadie le meta mano al cajón. Ni municipal, ni estatal, ni federal.

2) Que Juárez reciba lo que en justicia le corresponde.

3) Que ya le paren a la deuda pública.

4) Que no se dejen obras tiradas o inconclusas.

5) Que se destierre la narcopolítica, acabe la impunidad y no haya más “barredoras” por todos lados.

6) Que las instituciones del Estado recuperen el control territorial en manos de los malandros.

7) Que se ponga fin a la interminable guerra entre los cárteles y sus distintas facciones.

8) Que en verdad se atiendan las rutas troncales y se amplíe la cobertura para tener un verdadero Sistema Integrado de Transporte.

9) Que ya se ponga un freno al mercantilismo urbano, la dispersión, el expansionismo y el crecimiento sin sustentabilidad que únicamente ahondan el rezago en infraestructura y el deterioro de la ciudad.

10) Que los gobernantes se pongan de acuerdo en priorizar las inversiones para la ciudad, dejando de lado el cálculo político o la rentabilidad electoral.

11) Que termine el dispendio y el desvío de recursos por las anticipadas campañas electorales.

12) Que no quede en fiasco la reforma judicial y en verdad funcione el sistema de justicia.

Aquí le podríamos seguir al infinito, pero mejor nos ponemos optimistas para que a los lectores mironianos sí se les cumplan todos sus deseos personales. ¡Feliz Año Nuevo!

Posdata: Nos leemos de nuevo el 3 de enero porque el día 2 no hay columna.