Conforme cunde el miedo por la rapidez con que los contagios de Covid-19 están produciéndose en la ciudad, muchas preguntas flotan en el aire sobre los focos de contaminación que nadie ve, que nadie atiende y que representan peligrosos multiplicadores de la pandemia.

Los centros de detención preventiva de la Policía Municipal, de Seguridad Vial y de la Policía Ministerial, que se encuentran por toda la ciudad, han pasado hasta ahora desapercibidos como centros de contagio.

Las celdas de las estaciones policiacas municipales de Riberas del Bravo, estación Sur, Universidad y Centro, así como las de Vialidad y los separos de la Policía Ministerial, carecen de cualquier medida sanitaria, comenzando por la limpieza diaria, y mucho menos tienen protocolos anti-Covid.

En promedio son 700 las personas que son detenidas solamente en las estaciones municipales todos los días y llevadas a los separos, mismas que no son examinadas para detectar los síntomas de la enfermedad.

En alguna de las estaciones de la Policía Municipal solo les miden la temperatura con el termómetro digital, mientras que en el resto, los carceleros se limitan a preguntarles si no han estado enfermos, como si los detenidos tuvieran el ánimo para responder con toda honestidad, o mostrar la cartilla de vacunación o la prueba negativa.

Los titulares de las tres instancias de Seguridad olvidan que toda persona que sea detenida, tiene derechos y debe ser tratada con respeto, aunque en esos momentos vaya a ser encerrada en una celda.

Esos derechos incluyen dignidad y salud, los cuales se violentan desde el momento en que los recluyen en mazmorras que no tienen ventilación, higiene, clima, sanitarios limpios y mucho menos sanitización diaria contra el virus.

Todos los que entran a las celdas son potenciales propagadores del Covid-19, porque llegan sin saber que son portadores o que pueden contraerlo en los insalubres espacios a donde son confinados.

Aunque la detención dure unas cuantas horas, los reclusos preventivos pueden salir contaminados y a nadie parece importarle, porque cuando algún borrachín o infractor vial muestra un signo sospechoso como temperatura, tos o catarro, lo echan a la calle sin mayor trámite.

Así lo revelaron a Mirone fuentes de la Policía Municipal que tienen temor de enfermar en el desempeño de su trabajo, solo porque los jefes no tienen la disposición de limpiar, cuando menos con cloro, las celdas y todas las instalaciones adyacentes. La amenaza de la cuarta ola de contagios es una realidad, aunque aún haya necios que se niegan a reconocerlo y prefieren practicar la filosofía del Tío Lolo.

Mientras tanto, los que pertenezcan al selecto grupo de los clientes frecuentes de la barandilla municipal o de Vialidad, prevénganse con una buena mascarilla, un frasco con gel y muchas oraciones, para que en su próxima estadía en chirona, no salgan viruleados.  

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Donde siguen hechos bolas con el problema del aumento de contagios entre el personal y funcionarios, es en el Municipio, pues mientras la directora de Salud, Daphne Santana aseguró por oficio en días pasados que son más de 150 los reportados con Covid-19, entre ellos varios directores y jefes de área, el secretario del Ayuntamiento dijo ayer que solo son 40 los contagiados.

O Héctor Ortiz Orpinel no tiene la información actualizada, o sigue la misma línea discursiva de las titubeantes autoridades de Salud, que tienen miedo de admitir que estamos en presencia de la cuarta ola de la pandemia agravada con la variante ómicron.

Según el informe de Salud Municipal, están aplicando 300 pruebas diarias al personal, pero no han dado a conocer resultados, aunque en las dependencias hay cada día más ausentismo.

Versiones extraoficiales aseguran que los empleados que han salido positivos solamente son enviados a sus casas con instrucciones de aislarse, nada más. No hay un plan de seguimiento de los contactos que tuvieron esas personas que resultan positivas y, por consiguiente, siguen dando palos de ciego porque desconocen los focos de infección.

Por si eso fuera poco, la titular de Salud ha decidido que todo el personal del Gobierno municipal reciba atención médica en el centro comunitario Santiago Troncoso, a pesar de que no está equipado, carece del personal médico suficiente y la farmacia no tiene medicamentos.

Así lo reconoció ayer el jefe de proyectos de los centros comunitarios, Rogelio Casillas, en la reunión que tuvo con la comisión de regidores que atienden este rubro, donde también admitieron que el Gobierno no ha dimensionado el problema que se viene con la nueva ola Covid-19.

Si bien es cierto que el centro comunitario Santiago Troncoso funcionó en un tiempo como clínica de primer contacto, ahora carece de equipo médico especializado hasta para atender un parto simple.

Su improvisación como centro de salud ya le está causando problemas a los burócratas, como el que en días pasados vivió en carne propia la asistente del regidor priista Jorge Gutiérrez Casas, que fue a consulta porque tenía síntomas sospechosos y le dijeron que era una simple gripe, pero le recetaron Azitromicina, para el Covid-19, y cuando llegó a la farmacia le salieron con el cuento que no la tenían y que debería comprarla. Así andan las cosas.

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A tremendo dilema se enfrenta hoy el delegado del Bienestar y representante político del presidente de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Los indicadores de riesgo epidemiológico por Covid-19  se han disparado por todo el estado, justo cuando reactivó su maquinaria de entrega de apoyos sociales.

El mismo día que el presidente municipal morenista, Cruz Pérez Cuéllar, anunciaba un repliegue de actividades oficiales con participación comunitaria (como el tradicional festejo con rosca gigante por el Día de Reyes), Loera se daba vuelo entregando en Juárez tarjetas para las pensiones de las personas adultas mayores.

Hablamos precisamente de las personas más vulnerables ante eventuales contagios. Los actos, por más que se trate de entrega de apoyos sociales, no dejan de ser políticos. Y por supuesto que son masivos. El miércoles se informó de una entrega de 2 mil 245 tarjetas.

En un solo día tuvo Loera tres eventos del mismo tipo. Además del que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Tecnológico de Juárez, se fue a entregar más tarjetas y otros apoyos para grupos vulnerables a Ascensión y Nuevo Casas Grandes.

Y eso que apenas arranca motores. La agenda oficial de ayer para el delegado de Programas para el Desarrollo contemplaba entregas masivas en cinco municipios distintos.

Esa movilidad y ese tipo de eventos, claramente chocan con las medidas de restricción que las autoridades estatales y municipales están sugiriendo. Ya veremos cómo lo resuelve el delegado, porque de todos es sabido que el presidente López Obrador siempre prefiere los abrazos, sin importar para nada el riesgo epidemiológico.

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Por varias noches no podrán conciliar el sueño varios jueces y algunas juezas penales de los distintos distritos judiciales en que se divide jurisdiccionalmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Y es que, si la guadaña cortó los privilegios de tres juzgadores que en materia civil y familiar no fueron ratificados en sus cargos el pasado 5 de enero, supo este Mirone que la limpia en lo penal será aún más draconiana.

El Consejo de la Judicatura del Estado tiene como fecha máxima para resolver el destino de más de 30 jueces y juezas penales, hasta el 17 de enero. Así que para varios de los juzgadores empieza la cuenta regresiva, porque tienen demasiados esqueletos en el clóset y no serán ratificados.

Lo que adelantaron las fuentes mironianas es que los expedientes en revisión están bastante chonchitos, por el cúmulo de quejas y denuncias que en su contra se han presentado en poco más de tres años.

De todo ha llegado a la Unidad de Responsabilidad Administrativa y ha pasado por la  Visitaduría: desde casos de corrupción y prácticas de coyotaje por parte de los propios juzgadores, hasta maltrato y acoso laboral. Por cierto, los más emproblemados son los jueces juarenses, es decir, los del Distrito Bravos.

Por ley, debe darse la ratificación o no de los jueces que fueron electos en el 2018, cuando el poder y el control político lo ejercía desde el Consejo de la Judicatura la tristemente célebre Lucha Castro, comisionada para tal fin por el entonces gobernador Javier Corral Jurado.

En total son 54 jueces y juezas las que están pasando por ese proceso, pero ahora bajo la batuta de los enviados por la gobernadora Maru Campos al Consejo de la Judicatura, Abelardo Valenzuela y Luis Villegas Montes.

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La limpia ni siquiera ha terminado en los juzgados civiles y familiares. Aunque el miércoles fueron ratificados 12 de 15 jueces, hay procesos en curso, por quejas y denuncias que todavía deberán atenderse.

Si se dio la ratificación en la mayoría de los casos, fue porque el tiempo se les vino encima en el Consejo de la Judicatura. Se debía, sí o sí, resolver el 5 de enero, ya que, si no actuaban en sesión del Consejo, lo que procedía jurídicamente era la ratificación automática.

Así que tampoco las juezas y jueces en materia civil o familiar, pueden destapar el vino. Falta que libren la revisión más detallada de sus expedientes y resoluciones. Hay por ahí también algunas irregularidades que se supone, no van a dejarse pasar.

A fin de cuentas, el Consejo de la Judicatura para eso se creó, como órgano de control que deber de frenar cualquier exceso o desvío de los juzgadores, además de vigilar y poner orden en todo el Poder Judicial.