Todavía no deja de comentarse un evento que fue bastante teatral, sí, pero sobre todo funcional. Funcional a la política, que es donde la escenografía casi nunca es inocente.

Fue el 31 de enero la presentación de 300 Amazonas del Cambio. Se dijo que era un grupo de mujeres con agenda propia, pero el arranque dejó claro algo más concreto: su alineación con el proyecto político del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

No fue un acto marginal ni discreto. Ahí estuvo el presidente municipal, y no como espectador. Su nombre, sus iniciales, su hashtag #CPC y su imagen formaron parte del mensaje central, en un lanzamiento cuidadosamente armado por Rocío Sáenz, la exdiputada priista que desde hace tiempo combina activismo femenino y emprendimiento, a través de Renace Mujer y Renace Lencería.

No hubo discurso feminista, pero sí empoderamiento en clave de motivación. La fórmula funcionó: 300 mujeres organizadas bajo 30 liderazgos —estrellas, cabezas de legión— vestidas con una mezcla simbólica que fue de hadas a guerreras espartanas, pasando por amazonas, diosas griegas y Mujer Maravilla. La estética fue clara: épica, fuerza y pertenencia.

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El alcalde no dejó lugar a dudas. En sus redes escribió: “Acompañamos la presentación de 300 Amazonas del Cambio, una iniciativa que impulsa el liderazgo de mujeres juarenses comprometidas con su comunidad. Me da mucho gusto ver a mi esposa, Rubí Enríquez, formando parte de este proyecto. ¡Felicidades a todas!”

La agrupación también difundió el evento en su propio perfil. Las imágenes mostraron a un Cruz Pérez Cuéllar rodeado únicamente de mujeres, todas portando una especie de lanza – bastón de mando– varita mágica simbólica. El mensaje visual se explicó solo.

Rocío Sáenz se presentó como la Amazona 300, con escudo incluido. La referencia fue directa a 300, la película sobre Leónidas y sus guerreros. Nada sutil.

“¡No somos una ni somos dos, ni somos tres… somos 300, cuéntenos bien!”, escribió. Habló de formación política basada en el estoicismo, del cultivo de la mente, el cuerpo y el espíritu, y de cambiar el entorno a partir de la transformación interior.

La asociación civil reforzó el tono épico con un mensaje sobre legado, generaciones pasadas y el cambio en manos de las propias mujeres, cerrando con hashtags que volvieron a colocar a #CPC en el centro del discurso.

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Durante el acto, Rocío Sáenz lanzó una frase que no pasó desapercibida: “a partir de este día, las mujeres no volveremos a ser personajes ficticios, ni invitadas, ni material reciclable en cada campaña”. Dicho en un evento donde el proyecto político ya estaba identificado.

Hubo también ritual. La Amazona 300 arengó a las asistentes y el salón respondió con un coro repetido: ¡Awuu! ¡Awuu! ¡Awuu! La política, a veces, también busca cohesión desde lo emocional.

En redes, el montaje encendió el debate. Para algunos fue un exceso; para otros, una señal inquietante de hasta dónde puede llegar la teatralización cuando la política se mezcla con la épica. No faltaron lecturas que vieron en el acto más cercanía con lo fantástico o lo ritual que con una formación política convencional.

Desde dentro, la respuesta fue inmediata y cerrada. Las integrantes defendieron el montaje, se asumieron como Amazonas del Desierto y reivindicaron el espacio como una plataforma política legítima, organizada, disciplinada y con identidad propia.

Una de ellas, identificada como Alicia Flores, condensó ese espíritu al plantear que no se entienden como piezas sueltas, sino como un solo cuerpo político, integrado por mujeres de distintos perfiles —activistas, profesionistas, amas de casa, emprendedoras— que dicen actuar con inteligencia, valentía, conocimiento político y un compromiso explícito con Juárez.

Así se mostró el movimiento: con símbolos, narrativa y cohesión. Porque en política, cuando el mensaje se blinda con ritual y escenografía, casi nunca se trata solo de una presentación.

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El grupo parlamentario de Morena se lanzó con todo y, después de mucho anunciarla, presentó finalmente su acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Paquete Económico que aprobó el bloque PRIAN el pasado 16 de diciembre de 2025.

Fue el miércoles 28 de enero cuando lo que queda del grupo morenista se presentó ante la Corte para entregar cuatro acciones de inconstitucionalidad, en las que solicitan que se dé marcha atrás a todo lo que integró el Paquete Económico: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, autorización para contratar un crédito por 3 mil millones de pesos y la reestructuración de casi 55 mil millones de pesos de deuda pública.

Los documentos, como lo había anticipado Mirone, van firmados solo por 10 de los 12 integrantes que, a la fecha, tiene Morena en su bancada en Chihuahua. Las ausencias se identifican con facilidad: Rosana Díaz, quien ya tiene un pie fuera y el otro en un partido distinto al que la hizo diputada, y Edith Palma.

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La buena noticia para los morenistas es que dos de los cuatro recursos cayeron “en blandito”, porque serán revisados y dictaminados por las ministras Lenia Batres y Yazmín Esquivel. Es decir, quedaron, como quien dice, “en casa”.

La controversia 12/2026 estará a cargo de Lenia Batres, hermana de Martí Batres, actual director del ISSSTE y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó cuando la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, dejó la capital para buscar la silla más grande del país.

Para mayor referencia, Lenia Batres llegó a la Corte a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dicho por este Mirone: es de casa.

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En tanto, la 13/2026 quedará bajo la lupa de Yazmín Esquivel, a quien AMLO impulsaba para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que a medio camino se atravesó el escándalo de su tesis de licenciatura, presuntamente plagiada.

Si alguien se interpuso en su ruta hacia la presidencia de la Corte fue el bloque PRIAN en la Cámara de Diputados, así que ahora tiene la oportunidad de devolver la cortesía con el recurso promovido por Morena.

¿Quieren más? La 14/2026 estará a cargo de la ministra Loretta Ortiz. ¡Ah, caray! Otra más que llegó a la Corte impulsada por el tabasqueño que ahora vive en Chiapas.

¿Soltamos la última? La acción 15/2026 quedará en manos de la ministra María Estela Ríos González, quien —¿adivinen?— fue consejera jurídica durante el gobierno de AMLO.

Vistas así las cosas, los morenos de Chihuahua podrán quejarse de que en el Congreso local les echan montón, incluso con los votos de sus “aliados” electorales —ah, pa’ amiguitos que se cargan—, pero tienen una Corte “carnala” que bien podría echarles todo abajo.

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El término “amparo definitivo” emociona a cualquiera que no esté muy imbuido en las lides abogadiles ni en los vericuetos procesales. Así como suena, pareciera que quien lo recibe prácticamente ya ganó el litigio y puede irse a su casa tan campante, sin volver a ocuparse de la causa que se le seguía.

Es el caso de los fans del exgobernador César Duarte Jáquez, quienes de inmediato salieron a festinar el “amparo definitivo” que le concedió Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

El propio fallo del juez deja claro que no va a dejar la cárcel ni se le ha declarado absuelto o inocente. El proceso penal en su contra por presunto lavado de dinero, que se le sigue en el ámbito federal, continúa vivito y coleando.

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Según le cuentan a Mirone conocedores del tema, el amparo obtenido por el político ballezano implica, en los hechos, una especie de pausa en el curso del juicio en su contra, hasta en tanto no se resuelva otro amparo que él mismo promovió contra la vinculación a proceso que busca la Fiscalía General de la República.

Conviene recordar que la defensa de D. J. promovió un amparo contra el auto de vinculación a proceso por los delitos de lavado de dinero que le imputa la FGR.

En sustancia, lo que ordena el nuevo amparo es que se detenga todo hasta que se resuelva, precisamente, el amparo contra la vinculación a proceso. Pero de que sigue en Almoloya, de eso no hay duda.

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Vale recordar que el exgobernador fue detenido el 8 de diciembre pasado mediante una orden judicial emitida por un juez federal, acusado de desviar recursos públicos de manera ilícita.

En ese momento, la fiscal Ernestina Godoy —quien por esas fechas se estrenaba en el cargo— informó que el procesado habría intentado ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, “utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”.

Se trata de una causa, como quien dice, “nueva”, porque la otra —la que se le sigue en Chihuahua por peculado y asociación delictuosa por el presunto desvío de 96 millones de pesos— corre por cuerda separada.

Y lo de “corre” es un decir, porque a punta de amparos D. J. ha logrado que todo se detenga, que no se le vincule y que el proceso se mantenga en un permanente “tate quieto”. ¿Le sirve eso para salir de la cárcel? Por lo visto, no.

Hasta ahora, lo único que ha conseguido es mantenerse procesado, con un brazalete localizador y con fotografías en las que aparece con una banda negra sobre los ojos. Es, sin duda, el auténtico “rey del amparo”.

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En la última mención que aquí hicimos sobre la grilla en el Club Campestre, a Mirone le tocó comentar la planilla completa de Unidad y Progreso, que presentó el doctor Rafael Tirado.

Pues ya salió también la planilla Campestre 360, encabezada por Alejandro Ramírez Ruiz. Desde luego, será clave el peso de los equipos para definir si es el otorrinolaringólogo o el dueño de Ópticas Franklin quien se quede al frente del club, que opera como Asociación Civil, durante los próximos dos años.

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Entre los principales apoyos destaca el del abogado Dante Acosta, quien va como uno de los 15 consejeros y podría brincar a la Mesa Directiva como vicepresidente. Desde la elección pasada apostó con el equipo que le ganó al grupo de los expresidentes y es figura clave en el Comité Legal, la instancia que ha movido las denuncias derivadas del desfalco de 21.3 millones de pesos.

Socio en los restaurantes El Corralito, Dante fue también director jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento en los tiempos tricolores de Enrique Serrano en la Presidencia Municipal. Además, apoyó la fallida campaña de Serrano por la gubernatura, desde el área jurídica.

También va Lalo García como tesorero. García, quien hoy ocupa ese cargo tras la suspensión del anterior tesorero, trabajó en la Secretaría de Educación a nivel local cuando el panista Pablo Cuarón Galindo fue secretario y Judith Soto subsecretaria.

Como secretario fue propuesto el abogado César Martínez.

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En la lista de consejeros aparecen varios nombres conocidos: Dante González, hijo del fallecido José Luis González Mocken; Gabriel Rivera, abogado y hermano de Arturo “El Licenciado Rivera”, hoy funcionario municipal en la administración de Cruz Pérez Cuéllar; y Ricardo Murillo, empresario del pádel, originario de Nuevo Casas Grandes.

También forma parte del equipo Luis F. Rodríguez, empresario zapatero, uno de los dueños de Zapaterías Marytere y Kókoro. La planilla de 15 integrantes —que incluye al propio Alejandro Ramírez— la completan María Cruz Goytia, Roberto Lozano, Eduardo Baca, Carlos Sánchez, Ricardo Abbud, Juan Constandse (hermano del rector de la UACJ, Daniel Constandse) y Yamil González.

Aparte están las seis propuestas para el Comité de Vigilancia, donde destaca Eduardo Ramos Morán, con amplia trayectoria en organismos empresariales y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien de ganar repetiría en el cargo. Lo acompañan José Martínez, Hugo Rey, Alejandra Bermúdez, Javier Nava y Luis Murguía.

Ahora viene lo bueno: campañas, cabildeos y presentación de propuestas ante los socios del club. La elección será el 24 de febrero.

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Este Mirone les informó hace días de la forma descarada en la que el incipiente partido México Tiene Vida anduvo repartiendo despensas a cambio de que las personas “beneficiadas” se inscribieran como afiliadas y prestaran, “por voluntad propia”, su credencial de elector.

Un grupo de personas recibió la invitación para acudir por despensas, pero se topó con que en realidad se trataba de una especie de “catafixia”: la despensa a cambio de su firma de adhesión al partido en ciernes. La semana pasada se presentaron en las oficinas de la Vocalía del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua para interponer su denuncia.

Se toparon, por desgracia para ellas, con que ese hecho —que a todas luces representa una coacción y un descarado lucro con la necesidad de la gente— para el INE “no tiene la menor importancia”, como diría el actor Arturo de Córdova.

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Se trataba de un grupo nutrido de madres de familia, muchas de ellas integrantes de colectivos de personas con serias limitaciones económicas y una evidente necesidad de apoyo.

Habían acudido de buena fe al llamado que les hicieron para recibir una despensa, pero se negaron rotundamente a firmar la membresía de un partido que no conocen o con cuya plataforma política no coinciden.

Iban —le cuentan a Mirone— bastante molestas por el fiasco que resultó la mentada repartición de despensas, por lo que decidieron denunciar el hecho como un probable delito electoral.

Con todo detalle, relataron que hacerlas acudir con la oferta de una despensa y salirles después con que formarían parte de un movimiento político desconocido representaba una práctica engañosa y un vil acarreo.

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Sin embargo, de poco les sirvió describir con lujo de precisión lo que fue un acto de mercadeo político que normaliza el uso de apoyos sociales para inducir afiliaciones.

En el INE les dijeron —palabras más, palabras menos— que ese partido está en proceso de formación y, por lo tanto, no puede ser sancionado.

Punto. Se acabó.

El triste espectáculo ocurrido el 25 de enero pasado, cuando se llevó a cabo la dichosa “catafixia”, se quedará en el anecdotario, al menos a los ojos del “autónomo” INE.

La inconformidad de las denunciantes no era solo política, sino también ética, pues consideran indebido que se utilicen necesidades sociales —particularmente de personas con discapacidad y de sus familias— para sumar simpatizantes.

Eso es para las quejosas. Porque para el INE no hay fijón y, como quien dice, “pasó bobito”… y ya.