Ahora sí que se soltó el chamuco (otra vez) en Juárez. Nada más en dos días, se acumularon 22 homicidios dolosos.

Distintas fuentes y diferentes versiones señalan que el origen está en la guerra entre grupos criminales por el control del narcomenudeo.

Es la distribución y venta de cristal la manzana de la discordia, con ajustes de cuentas que se han presentado en colonias donde hay mayor consumo de esa droga. Los asesinatos, en su mayoría con armas de fuego, se han realizado al interior de los domicilios de las víctimas y en las calles.

En el recuento de 22 víctimas mortales se incluye a dos mujeres.

Desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, igual que desde la Policía Municipal, el repunte de la violencia se atribuyó a la guerra por el cristal. Las personas asesinadas serían“puchadores” o vendedores al menudeo.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirmó el origen de la violencia y dijo que se trabaja “para mantener esto, y que se mantenga como un tema entre grupos del crimen organizado”.

“Lo lamentamos, por supuesto, pero es eso lo que está pasando, un conflicto entre grupos derivado de la venta de cristal”, insistió el alcalde, quien también confirmó la detención de ocho personas como probables responsables de los crímenes de este jueves.

Fue la Policía Municipal la que hizo las detenciones, pero se supone que ya se armó un operativo conjunto con participación de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional.

Urge contener la escalada violenta, para que efectivamente no se cruce la línea y no surjan, como en otros momentos, las víctimas colaterales del conflicto entre grupos criminales y la intervención policial. Parece que los malandros están poniendo a prueba a las corporaciones y las fuerzas armadas.

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El tema de la semana en Chihuahua es el giro que dio el alcalde Marco Bonilla en torno al caso de Monte Xenit, el fraccionamiento que se puso en el ojo del huracán desde las lluvias del año pasado, cuando se desgajó una loma, se vino abajo parte de su barda perimetral y algunas viviendas quedaron a punto del colapso.

Ahora resulta que el alcalde sí está preocupado por los residentes, ordenó un desalojo con apoyo para la renta de tres meses y la mudanza, además de adelantar que se interpondrán denuncias de todo tipo, incluso penales, para frenar la impunidad con la que ha actuado la desarrolladora Dexe.

Siempre se minimizó el problema y todo lo que hay detrás de las autorizaciones de nuevos fraccionamientos que están acabando con gran parte de los cerros y alteran el cauce de los arroyos, principalmente en la parte norponiente de la ciudad, sobre todo porque el caso se tomó como bandera política de la diputada morenista Brenda Ríos, quien busca los mayores reflectores posibles rumbo al 2027, ya que le interesa la candidatura por la alcaldía.

Y como Marco Bonilla también trae proyecto, pero por la gubernatura, parece que tomó la decisión política de entrarle al caso y cambiar la narrativa, como para vacunarse para lo que pueda ocurrir después con este y otro tipo de casos en materia de desarrollo urbano, ya que las lluvias siempre terminan dejando las negligencias oficiales al desnudo.

Nada más hay que ver lo que generaron las crecidas en la capital del estado la semana pasada. Las alteraciones en las partes más altas del norte de la ciudad, donde los fraccionamientos se construyen sin tomar en cuenta la mecánica de suelos, ni hacer los estudios de escurrimientos, provocaron que las corrientes desembocaran en la colonia El Porvenir, con los resultados catastróficos para varias familias que ahí residían.

En ese contexto, de nuevo surgió la crítica, igual que hace un año, cuando ocurrió el deslave en Monte Xenit, respecto a que las autoridades han sido permisivas o incluso están coludidas con el Cártel Inmobiliario, para facilitar los negocios de constructoras y desarrolladoras, olvidándose de la seguridad de los compradores, del impacto ambiental y de la sostenibilidad y sustentabilidad de la ciudad.

No es difícil llegar a la conclusión de que los desarrolladores mandan, igualito que en Ciudad Juárez. Siempre están detrás de los políticos (y sus campañas) para asegurar el cuidado de sus intereses.

El representante legal de Monte Xenit, Luis Alfonso Anchondo Cuilty, es una figura cercana al poder y apenas en marzo de este año dejó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la ciudad de Chihuahua.

Sigue siendo parte de la Canadevi, como representante ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y también es parte de la Mesa Directiva del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua. Como suele pasar (también en Ciudad Juárez), ciertos empresarios son ajonjolí de todos los moles. No dejan espacios que les puedan servir para procurarse beneficios y cuidarse las espaldas.

Anchondo Cuilty, quien había sido director de Minería por nombramiento de Alejandra de la Vega en la pasada administración estatal, también se coló al Consejo de Planeación Urbana Municipal y al Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (Implan), cuando fungió como presidente de la Canadevi.

El Cártel Inmobiliario siempre se las ha ingeniado para fijar las pautas del desarrollo urbano y por eso las constructoras hacen lo que les viene en gana, empezando porque tienen a los políticos comiendo de su mano o viviendo en sus fraccionamientos exclusivos.

Pues contra Monte Xenit se fue ahora Marco Bonilla y aseguró que se actuará “contra la voracidad y la avaricia de Dexe”. Habló de que si hay funcionarios coludidos podrían ir la cárcel. Quién sabe qué enjuague haya tras bambalinas, pero, por lo pronto, el alcalde juega a dar el manotazo en la mesa, después de muchos años de tolerancia y permisividad.

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Entre las múltiples impugnaciones a la elección judicial que están pendientes de resolver a nivel federal, se encuentra la que promovió Olivia Aguirre Bonilla, la única mujer chihuahuense que contendió para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No lo habíamos comentado aquí, pero la derechohumanista y académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), promovió, junto con Isaac de Paz González, candidato a ministro, un Juicio de Inconformidad en contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Como parte del expediente SUP-JIN-194/2025, se pidió en el recurso la anulación de la elección de ministras y ministros bajo los argumentos principales de inequidad, intervención ilegal de las estructuras de Bienestar y coacción del voto.

Lo que se impugnó fue la declaración de validez de la elección de ministras y ministros, sin investigar ni resolver de fondo las denuncias de coacción estructurada del voto.

Los principales actos ilícitos que denunciaron, son el diseño, impresión, elaboración y distribución territorial de los folletos o acordeones como propaganda electoral a nivel nacional.

De Paz González también es derechohumanista y académico en Tijuana, Baja California. Ambos firmaron el recurso y aunque de alguna manera saben que difícilmente va a prosperar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no quisieron dejar pasar todas las que, consideran, fueran ilegalidades en el proceso. De alguna forma se trató de dejar un precedente y no validar lo que pasó.

Documentaron la existencia de casi 40 cuadernillos que se distribuyeron en el país para inducir el voto y aportaron indicios de que la operación se articuló con personal de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

“La operación fue estructurada, generalizada y coordinada a nivel nacional, violando el principio de autenticidad del voto”, señala el recurso.

Se habla incluso de un incidente que documentaron por parte de la Secretaría de Bienestar, justo cuando estaba el proceso de campañas electorales, poco antes de la jornada electoral.

Bienestar publicó una licitación para publicidad, pero extrañamente desapareció después. Los promoventes creen que hubo gato encerrado y posiblemente de ahí salió para la millonaria impresión de los acordeones.

Los nombres de las ministras y ministros que ganaron la elección, todos estaban en los cuadernillos, por lo que fue evidente que hubo inducción del voto en su favor.

A nivel federal, después de la elección se presentaron 950 medios de impugnación en contra de la elección del 1 de junio.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) registró 700 y el Instituto Nacional Electoral (INE), otros 250.

El Tepjf ya resolvió 178, la mayoría vía el desechamiento. De esa cifra, solo uno fue analizado a fondo y en dos casos fueron reencauzados a otras instancias.

En el resto predominó la improcedencia por tratarse de situaciones ya pasadas (93 expedientes), además de que en 27 se declaró inexistencia del acto, y en 17 casos los magistrados señalaron falta de interés jurídico o legitimación de la persona que interpuso el recurso.

Aparte, hubo 32 casos en que la causa del desechamiento fue preclusión, es decir, que el promovente había perdido su oportunidad de actuar dentro del proceso.

El Juicio de Inconformidad de Aguirre Bonilla todavía no se revisa.

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En Juárez se puso caliente la plaza, apenas después de que el foco rojo se había encendido esta semana al sur del estado, en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo.

Allá se tuvo que cerrar al público la Presidencia Municipal, luego de que se dieron enfrentamientos entre los grupos que pelean aquella plaza, con saldo de varios muertos, aunque oficialmente nada más se encontraron dos cuerpos; los demás se los llevaron las propias células criminales.

El caso es que aquel conflicto (La Línea, del Nuevo Cártel de Juárez, anda desplazando al Cártel de Sinaloa) hizo que la alcaldesa Ana Laura González tuviera que tocar base ayer en Palacio de Gobierno.

Ya no supo Mirone si se le mandó hablar o ella se dejó ir para explicar lo que allá está ocurriendo y que tanto preocupa a los habitantes de Guadalupe y Calvo y poblados vecinos.

No nadamás anduvo la alcaldesa en Palacio, algunos funcionarios y mandos policiacos acudieron al encuentro que se dio justo cuando se rompieron los récords de homicidios dolosos en un día en Ciudad Juárez, al menos en lo que va del año.

Ana Laura estuvo resguardada en su casa prácticamente toda la semana, sin acudir a la Presidencia Municipal. Desde la campaña, no se le separa una célula de la Guardia Nacional que la vigila en el trabajo y en su domicilio.

No hay que olvidar que cuando era candidata recibió amenazas del crimen organizado. Hasta aventó el arpa y se desapareció por un tiempo. Pero luego recibió el apoyo federal y vive con vigilancia permanente, día y noche.