Absurdo pero cierto. Dos semanas después de haber concluido la Cumbre de las Américas, donde se firmó el pacto migratorio “La Declaración de Los Ángeles”, para regular la migración “segura y ordenada”, ocurrió la tragedia de San Antonio, Texas, donde murieron 53 migrantes que viajaban de contrabando en un tractocamión, que fue abandonado en una carretera secundaria.

Fue el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, cuando los jefes de estado y representantes de 20 países del continente americano, entre ellos Estados Unidos y México, hicieron el compromiso de unir esfuerzos para contener la crisis migratoria de la región, pero de nada sirvió.

La muerte por sofocación, calor y sed que sufrieron 53 de los 67 migrantes que viajaban en el remolque, entre ellos 22 mexicanos, fue un cubetazo de agua fría para las “buenas intenciones” tomadas en la Cumbre.

La noticia de la tragedia dio la vuelta al mundo y puso en evidencia otra vez, que los grupos del crimen organizado que controlan el tráfico de personas, siguen burlando todos los mecanismos de control migratorio de ambos países, porque tienen el poder para corromper y comprar voluntades de la nacionalidad que sea.

Tras el hallazgo de las víctimas en el remolque, los mandatarios que participaron en la cumbre, reaccionaron como ya es costumbre en los políticos de altos vuelos: consternados, enojados, ofreciendo condolencias y toda la ayuda a las familias de los muertos y sobrevivientes, y hasta anunciado castigo para los responsables.

Al enterarse del caso, en su viaje por España donde asistía a la cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden habló de “luchar contra la multimillonaria industria criminal que abusa de los migrantes y conduce a la muerte a demasiados inocentes”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una investigación, pero también mostró su habilidad para descubrir el hilo negro, cuando dijo que “estos hechos suceden porque hay tráfico de personas y falta de controles en la frontera de México y Estados unidos, así como en el interior del país vecino”. Brujo.

Para esa “investigación”, México mandó personal de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración a San Antonio, Texas, a reunir información, pero solamente para deslindarse de la bronca, mientras que las agencias federales gringas detuvieron a dos polleros y al chofer mexicanos, como responsables de la carga humana.

Los sabuesos aztecas, encabezados por el director del INM, mostraron en la mañanera presidencial del viernes pasado, que el camión de la muerte pasó dos puntos de revisión migratoria de CBP y de la Patrulla Fronteriza: en El Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera con México, y el de Cotulla, Texas, a unos 109 kilómetros de Nuevo Laredo, para detenerse finalmente a media hora de San Antonio, después de recorrer 235 kilómetros.

Sin embargo, esa sesuda investigación, que no fue sino una simple recopilación de datos y videos proporcionados por el FBI, no dice nada sobre la forma como cruzaron la frontera los 67 migrantes y solo especula que el camión estaba estacionado en el Valle de Río Grande, Texas, distante a 266 kilómetros de Laredo, Texas, que fue donde abordaron las personas.

Valle de Río Grande se localiza entre las ciudades de McAllen y Nuevo Laredo, por lo que se cree que los migrantes cruzaron por Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, que forma parte de lo que se conoce como la Frontera Chica, donde prácticamente se puede cruzar a pie el Río Bravo.

Sin embargo, los enviados mexicanos no se molestaron ni ensuciaron los zapatos para ir hasta el sitio de cruce, alertados tal vez de que dicha zona el tráfico de personas lo controla el Cártel del Golfo, cuyos asesinos emprenden duras represalias contra quienes se atraviesan en sus criminales negocios.

Para las autoridades federales, el hecho de que cargaron a los migrantes en el tractocamión en suelo texano, y pasaron sin problemas dos puntos de revisión de las agencias federales del vecino país, fueron suficientes evidencias para lavarse las manos y dejarle la papa caliente al Gobierno estadounidense.

Pero, es una realidad que las 67 personas cruzaron la frontera bajo el control de traficantes mexicanos, que los contactaron en suelo mexicano y les pusieron dos polleros mexicanos de guías, además de contratar el transporte con chofer, también mexicano. Ese es el meollo del asunto.

Es decir, toda la logística para enviarlos a su muerte rumbo al sueño americano se realizó en suelo mexicano, pero nadie investiga ese lado de la tragedia, porque involucra complicidades y facilidades de personal corrupto del Instituto Nacional de Migración y de las corporaciones policiacas de los tres niveles.

Así ha ocurrido siempre y por lo visto, seguirá ocurriendo, por más pactos migratorios que se firmen y más declaraciones punitivas que se hagan.

Desde 1987, cuando ocurrió la tragedia del furgón de la muerte abandonado en una espuela de las vías del tren en Sierra Blanca, Texas, donde murieron dieciocho migrantes mexicanos asfixiados, las investigaciones se han realizado únicamente en territorio norteamericano, nunca en el punto donde se engancharon a las víctimas y mucho menos, contra los grupos criminales que lo hicieron.

En el caso de Sierra Blanca, los migrantes cruzaron por Juárez y abordaron el furgón del ferrocarril Missouri Pacific, en los andenes de El Paso, guiados por contrabandistas que fueron los mismos que cerraron las puertas del vagón por fuera, en venganza porque no les pagaron todo el dinero pactado. Así lo informaron en aquel año los investigadores federales de los Estados Unidos.

No obstante, en México no se realizó ninguna pesquisa y por lo tanto, los criminales siguieron impunemente con su criminal negocio.

Lo mismo ha ocurrido en los 6 casos registrados en los últimos 19 años, incluyendo el más reciente.

El primero de esta lista de fatalidad ocurrió el 14 de mayo de 2003, cuando 19 migrantes murieron también sofocados dentro de un camión con remolque, mientras viajaban del sur de Texas a Houston. El tráiler llevaba 74 personas.

Nueve años después, el 22 de julio del 2012, quince de un grupo de 23 migrantes de Guatemala, Honduras y México murieron, cuando la camioneta tipo Van que los transportaba se estrelló en un pueblo rural del sur de Texas.

Cinco años más tarde, el 23 de julio del 2017, diez migrantes fallecieron dentro de un remolque en un estacionamiento de Walmart, en San Antonio, Texas.

La caja del vehículo no tenía ventilación ni aire acondicionado y cuando la temperatura del interior alcanzó los 65 grados centígrados, provocó la muerte por sofocación y deshidratación de los migrantes.

En marzo del año pasado, otros trece migrantes perdieron la vida cuando la camioneta en la que viajaban hacinados, con otras 12 personas, se estrelló contra un camión materialista que transportaba grava y arena en una carretera de California, cerca de la frontera mexicana. 

Finalmente, el 4 del 2021, 10 migrantes murieron y 20 más resultaron heridos, en otro accidente de carretera en Encino, Texas, donde la camioneta de los contrabandistas se estrelló contra un poste de electricidad.

En ninguno de estos dramáticos casos, las autoridades mexicanas han informado de la captura de uno solo de los responsables de enganchar, cruzar y transportar a los migrantes, como era su obligación hacerlo.

Ahora, a toro pasado, de nada sirven sus mensajes de duelo, ni sus muestras de preocupación y mucho menos sus promesas de investigación y combate a las redes criminales de tráfico de personas, si en los hechos no pasan de ser simples promesas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció sin dar fecha, una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para tomar acciones y “combatir las redes de tráfico de personas, prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada y regular”.

O sea, más de lo mismo que se dijo en la Declaración de Los Ángeles y que a los pocos días fue burlada por los traficantes del crimen organizado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo también que el 12 de julio se reunirá con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, para abordar como agenda central el tema migratorio y “apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida al otro lado de la frontera”

Otra falacia, con la que pretende deslindar al Gobierno de la grave responsabilidad que tiene en las tragedias de migrantes, porque por aquí pasan, los enganchan y los embarcan en las travesías de la muerte, sin que los responsables sean perseguidos ni castigados.

Según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, 6 mil 430 migrantes fallecieron o desaparecieron desde 2014, en el trayecto hacia Estados Unidos, de ellos, mil 248 en 2021.

Más del 60 por ciento de esas muertes ocurrieron en la frontera de 3 mil 169 kilómetros entre México y Estados Unidos, sin que hasta la fecha se haya llevado ante la justicia a ninguno de los traficantes criminales.

 Entonces, ¿cuál migración ordenada y segura pretenden los Gobiernos de los dos países que son escenarios de tráfico y muerte, si el crimen organizado de México controla todas las rutas, a las autoridades migratorias y policiacas, a la Guardia Nnacional y ahora también a los puntos de revisión del CBP y de la Patrulla Fronteriza en Texas?

Con tanto rollo y mentira que dicen, solo ofenden la inteligencia de los ciudadanos que saben muy bien que, en la crisis migratoria, todas las autoridades binacionales involucradas, seguirán jugando el papel del Tío Lolo, frente al millonario negocio de los mercaderes de humanos que seguirán sembrando muerte y dolor.