La ciudad de Pisa, Italia, tiene su torre de mármol a la que debe su fama mundial, no solo por su belleza, sino también por la particularidad de que tiene una pronunciada inclinación.

Pronto, Ciudad Juárez podría ser considerada la “Pisa de la frontera”, porque también contará con su “torre inclinada”. Y no precisamente porque el edificio en sí se vaya a cargar hacia un lado o hacia el otro. Esperemos que eso no suceda, pero sí está “cargada” hacia la empresa que ha venido vendiendo a los gobiernos una serie de productos, servicios y artículos para la seguridad pública.

Nada de extraño habría que una empresa especializada en el ramo se encargara de construir una torre diseñada específicamente para operaciones de seguridad.

Lo que llama la atención son dos aspectos: uno, que la tal empresa, Seguritech, beneficiaria de la obra, arrastra una larga cauda de quejas, reclamos y señalamientos en cuanto lugar ha prestado sus servicios.

Ya bien lo informó Norte Digital, con todo el detalle del extenso historial de malas cuentas que ha dado esa empresa, a la que el gobierno de Maru Campos le ha entregado la obra civil más cuantiosa de lo que va de su administración.

La empresa de marras opera en 22 entidades del país y en casi todas ha dejado estelas de quejas y reclamos, ya sea por aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento.

Si la entrega del contrato a una empresa con esos antecedentes ya debería ser motivo de, por lo menos, levantar la voz, la forma como se le otorgó dicho contrato es ya de escándalo.

Y es que el contrato no fue objeto de una licitación pública, como se debió conducir en vista del valor total de la obra: más de 4 mil millones de pesos.

En Chihuahua, al igual que en otras entidades del país, a Seguritech se le asignaron los contratos de manera directa, sin licitación ni competencia de por medio. La revista Proceso documentó en el año 2018, que esta empresa acaparó el 80 por ciento de las adjudicaciones directas.

Este florecimiento económico de una empresa que inició ofreciendo el servicio de instalación de botones de pánico se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¡Qué casualidad!

Ahora Maru le entregó la obra a esa cuestionada empresa, sin dar explicación alguna. Falta ver de qué está hecha la Auditoría Superior del Estado para que verifique cómo y por qué esa torre se “inclinó” en favor de una moral que carga consigo tanto reclamo por malos servicios.

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Otra vez la diputada federal Daniela Álvarez le puso el cascabel al gato al subir un exhorto ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública intervengan el programa federal “La Escuela es Nuestra”, por actos de corrupción que afectan a los padres de familia y estudiantes de todo el país.

La legisladora encueró en este exhorto a los “Siervos de la Nación” y a los facilitadores que están a cargo de la implementación del programa en el país, porque resultaron tan mañosos que ahora les dicen los “Cuervos de la Nación”.

Daniela Álvarez dijo que desde el 2020, la Auditoría Superior de la Federación registró las numerosas irregularidades cometidas a la sombra del programa de apoyo escolar, pero recientemente diferentes organizaciones de padres de familia de diferentes entidades han denunciado los abusos de que son víctimas.

Los mentados facilitadores les condicionan el ejercicio de los recursos y obligan a las sociedades de padres de familia, a contratar a las empresas que a ellos les conviene para realizar las obras de infraestructura escolar autorizada y recibir su respectivo moche.

El programa en cuestión permite que la misma comunidad de la escuela participe en la realización de las obras, y a cambio se les paga el salario mínimo, pero los “Cuervos de la Nación” reportan sueldos triplicados para quedarse con la mayor parte del recurso.

En Juárez ya se dio el caso de este tipo de abusos en la escuela primaria Nicolás Bravo, que tiene una de las sociedades de padres más activas y emprendedoras de la ciudad, y a pesar de que hace meses que denunciaron las irregularidades, no ha pasado nada.

Por lo mismo, Daniela Álvarez promovió el exhorto para desenmascarar a los corruptos y que las autoridades responsables actúen en favor de los ciudadanos y no sean cómplices de los señalamientos que se han denunciado.

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A ver si el presidente de la República no la acusa de traición a la patria, como acusó ayer en la mañanera a todos los que lo criticaron por burlarse de las solicitudes de consultas hechas por los Estados Unidos y Canadá, por considerar que las políticas energéticas mexicanas violan el tratado comercial T-Mec.

A todos los que analizaron, informaron, opinaron y criticaron su postura, Andrés Manuel López Obrador los llamó traidores a la patria porque, según su criterio, “en vez de defender a México, defienden los intereses de países y empresas extranjeras”.

El enésimo exabrupto presidencial mañanero se lo dedicó a los académicos, a los intelectuales a quienes calificó de “pseudos”, a los expertos, a los internacionalistas, a los analistas y periodistas que abordaron el conflicto que AMLO ridiculizó y minimizó con la canción del Chico Che “Uy, que miedo, mira cómo estoy temblando”, el miércoles pasado.

Llama la atención que, aunque las reacciones principales a su postura de rechazar que se revisen las políticas energéticas, surgieron primero de los países socios, se les fuera a la yugular a los especialistas mexicanos, que lo único que hicieron fue advertir consecuencias graves para la economía del país, si no se respetan las reglas del T-Mec.

Si hasta el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, uno de los fans de López Obrador, pidió, al igual que la Cámara Canadiense de Comercio, que la controversia se trate con determinación y seriedad, porque las consultas son el mecanismo para resolver disputas entre los tres países, por qué entonces tanto brinco, estando el suelo tan parejo.

La postura de EU y Canadá está más clara que el agua. Le están diciendo con otras palabras que  cabrestea, o se ahorca, como reza el dicho campero con sabor a amenaza, para hacer saber a alguien que debe alinearse, si no quiere afrontar consecuencias desagradables.

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Duro y a la cabeza se le fue ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar al titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez, porque no les permiten llenar las pipas municipales para dotar de agua a las colonias marginadas.

El choque se da cuando la ciudad es azotada por tremendos calorones y hay serio desabasto de agua en la ciudad, precisamente en tiempos en que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían sumar, en lugar de restar, para atender la crisis del vital líquido.

Cruz se quejó del bloqueo para cargar las pipas en las garzas de la JMAS, porque es inhumano dejar a las familias de las colonias conocidas como Los Kilómetros, sin el vital líquido,

En respuesta a las declaraciones del alcalde, el presidente de la JMAS, señaló que no tiene “ningún tema personal con el alcalde, ni mucho menos con el Gobierno Municipal”, ya que todo se reduce a que no hay líquido en el tanque de Los Alcaldes.

Insistió Nevárez que no existe la negativa ni el boicot que menciona Cruz y le recordó que cualquier petición o gestión puede hacerla de manera directa con él, como siempre lo han hecho.

Este Mirone espera que este roce mediático no escale a mayores y que por el bien de las familias afectadas, ambas instancias encuentren la solución a la problemática desencadenada por el calor extremo, para que puedan recibir el agua que tanto necesitan.