El asunto de los comodatos del parque El Chamizal está plagado de aristas, y algunas de ellas realmente adquieren una dimensión de escándalo, por la forma como se entregaron y el destino que les dieron.

Por ello, la visita que la semana pasada hizo la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para fungir como árbitro entre el Municipio, el sector privado y los activistas del Frente de Defensa del Chamizal, tiene a los comodatarios muy inquietos, sobre todo a los que recibieron su pedazo del parque para lucrar.

Como es del dominio público, el movimiento por la defensa de El Chamizal, liderado por el ingeniero agrónomo Daniel Delgadillo y un grupo importante de ecologistas, se oponen a que en los “hoyos” se construya el Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del Norte, obra en la que se contempla una inversión de 250 millones de pesos.

Para realizarla, el Gobierno del locutor Armando Cabada entregó en abril del año pasado un comodato al fideicomiso Paso del Norte, por 71 mil metros de terreno, para su construcción.

Este hecho abrió la caja de pandora de los comodatos de El Chamizal, que las administraciones anteriores han hecho desde 1987, cuando el Gobierno federal lo entregó al Gobierno municipal para su manejo y conservación, obligación que no se ha cumplido. Basta ver el evidente estado de abandono y deforestación en que se encuentra.

Por eso, durante la visita de la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores, pudo escuchar los argumentos de los activistas que se oponen, con justa razón, a que el parque se siga fragmentando, y donde salieron a relucir los negocios que anteriores administraciones hicieron con la cesión de comodatos.

Nos comentan que en uno de los sobres manila que se llevó la secretaria Albores en su maletín, cargado por uno de los muchos abogados que la acompañaron, iba una denuncia muy seria, con nombres de políticos, funcionarios y empresarios de Ciudad Juárez, aparentemente involucrados en transacciones de venta de polígonos del parque Chamizal.

Todo indica que, al amparo de permisos, convenios y contratos expedidos por autoridades municipales anteriores, hay quienes supuestamente cedieron a sus ambiciones y construyeron alguno que otro negocio de servicios y hasta departamentos, en tierras del parque.

La denuncia contiene datos y detalles que, de confirmarse, dejarían muy mal parados a los señalados. Para eso, ya se ordenó una auditoría para deslindar los límites del parque, donde la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) reclama para su patrimonio terrenos que colindan con el Río Bravo, mientras que, al oriente, otras dependencias federales también defienden lo suyo.

Total, el asunto de los comodatos está tan enredado que solamente el análisis jurídico que se acordó podrá dar certeza jurídica y, también, por qué no, sancionar a quienes en el pasado se beneficiaron indebidamente del único pulmón verde que tiene la ciudad, al amparo del poder político y económico.

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Independientemente de la absurda consulta pública que se pretende llevar a cabo para que la ciudadanía decida lo que ha de hacerse con el parque, los activistas que defienden El Chamizal han planteado que los trabajos topográficos de deslinde de los terrenos del parque, así como el análisis jurídico, lo realicen las autoridades federales, porque el Municipio sería juez y parte en un conflicto que va para largo.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, ha dicho que la revisión documental y trabajos de delimitación de los predios ocupados debe hacerse en una mesa interinstitucional, mientras que el dirigente de los activistas, Daniel Delgadillo, pide que lo realice la Semarnat.

“Tenemos claro que la Semarnat debe encargarse de la investigación. El Municipio no debe hacerse responsable de estos trabajos porque, al igual que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), liberaron permisos y comodatos desde 1987”, expuso.

Actualmente el parque se encuentra segmentado en unos 50 polígonos, restringidos al disfrute o aprovechamiento del público, por lo que una vez que se realicen los trabajos de deslinde y los estudios jurídicos del decreto que cedió el manejo del parque al Municipio, muchas irregularidades van a salir a la luz pública.

Por lo mismo, se anticipa que la intervención de la Semarnat no será el fin del conflicto, sino el principio de nuevos pleitos con los que algunos beneficiados defenderán sus comodatos, aun cuando los hayan obtenido para hacer negocio.

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Hay que reconocer que la iniciativa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de solicitar al Gobierno federal la donación al Municipio del inmueble donde anteriormente se ubicó el Hospital Guernika, ubicado en la avenida Hermanos Escobar, podría terminar, por fin, con el grave dolor de cabeza que es la prestación de servicios médicos a los miles de empleados municipales y sus familias.

El actual Gobierno comenzó lidiando con la concesión de los servicios que prestaba el hospital Poliplaza Médica, que luego se agravó con la improvisación del Centro Comunitario Santiago Troncoso como clínica de primer contacto, en medio del aumento de contagios de Covid entre el personal municipal.

Cuando la situación no parecía mejorar, se contrató por seis meses a la empresa chilanga Adaca Medical, que a su vez subcontrató a algunas clínicas para dar el servicio a cerca de 24 mil derechohabientes, pero las quejas por el servicio, lejos de cesar, han aumentado.

El elefante blanco que actualmente es el Hospital Guernika podría convertirse en la solución definitiva del problema si el Gobierno federal lo cede al Municipio, como todo parece que ocurrirá por los buenos oficios que el alcalde ya comenzó a desplegar en la capital del país.

El hospital fue asegurado por la entonces Procuraduría General de la República en septiembre de 1997, un mes después de que el crimen organizado secuestrara y asesinara a cuatro médicos, tres de los cuales prestaban sus servicios profesionales en el nosocomio.

Su vinculación con el dinero de un cártel de la droga fue determinante para el aseguramiento federal que hasta ahora prevalece. El hospital Guernika cerró sus puertas en el 2014, y quienes ahí trabajaron afirman que mucho del equipo de camas, quirófanos y salas de terapia intensiva permanece en su interior, aunque obsoleto y dañado.

Es probable que al Municipio le resulte más barato rehabilitarlo y equiparlo, que seguir pagando 22 millones de pesos mensuales a una firma que despacha desde la Ciudad de México con un call center, que únicamente canaliza a los pacientes al centro comunitario o a una de las cliniquitas que tiene subrogadas.