La regidora Sandy García dobló ayer las manitas y ya no cuestionó la entrega de 400 mil pesos para que el pastor José Luis Aguilar Cuéllar pueda sufragar los gastos de operación durante un año de un albergue para niños en la zona de Los Kilómetros.

En la sesión previa de Cabildo, Sandy puso en duda que el pastor Cuéllar tuviera incluso el albergue y mostró claramente que había muy poca confianza en entregarle tal cantidad de dinero como representante del Centro Familiar Ayuda Asociación.

Entre dirigentes cristianos se conocen bien y además traen sus filias y fobias, que fue lo que quedó claro en la previa, cuando Sandy cuestionó (como ha ocurrido en general con los subsidios para todo tipo de cosas) que no se atendiera el tema en la instancia correspondiente, en este caso el DIF Municipal, o que nada más se apoyara a una agrupación, cuando hay por toda la ciudad múltiples espacios que atienden a miles de niños con hambre y sin techo seguro.

Pero Aguilar, quien ya fue regidor y dirigente del extinto Partido Encuentro Social, es aliado de la Administración y a final de cuentas no le quedó otra a la regidora que sumarse al dictamen de la Comisión de Hacienda y dar su voto a favor.

Sin embargo, parece que no cayó en saco roto su posición inicial, ya que antes de la votación hubo incluso coincidencia entre el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar y el regidor opositor Alejandro Jiménez, respecto a la necesidad de ponerle lupa a cada peso que se está entregando en los subsidios, para que el recurso de los juarenses se destine realmente en favor de los más vulnerables y no se pierda en el camino.

Sin decirlo abiertamente, sí pidieron todos, además de Sandy, mayores controles para que no quede la lana en los bolsillos de los gestores, como sería Aguilar Cuéllar en este caso.

También se sacó otro punto bueno con el diferendo, ya que la regidora insistió en que se debe generar un padrón de comedores para la niñez, regular su operación y los esquemas de apoyo que salen del Gobierno Municipal. Ahí se le sumaron otros ediles, como el coordinador de la Comisión de Hacienda, Antonio Domínguez.

Habrá, pues, mucho trabajo por hacer en el marco normativo y operativo para ordenar su funcionamiento, además de echarle la luz a cada uno de los subsidios que en el Cabildo se han aprobado en cada sesión, a diestra y siniestra.

Las transferencias directas del recurso público ya son la marca de la casa, en concordancia con la 4T a nivel nacional. Es una repartidera de dinero por todos lados.

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En otro de los puntos centrales que se trató en la sesión ordinaria de Cabildo, también se aprobó, con el voto en contra del regidor panista Alejandro Jiménez, la autorización para rentar a 15 años una planta de procesamiento de residuos sólidos y para licitar la entrega de la concesión de su operación y en general de todo el reciclaje en el relleno sanitario.

Todo mundo habló en la sesión de los beneficios ambientales para la ciudad y para la vida útil del relleno sanitario. También quedó claro que la normatividad obliga a avanzar en ese tipo de procesamiento y reciclaje. Se supone que además habrá mejores rendimientos a la hora de producir biogás para la energía eléctrica.

Pero tal como ocurrió en la sesión previa, y aquí lo habíamos comentado, hubo cero información sobre los beneficios económicos para el Municipio y para quien tendrá la concesión del reciclaje.

Ninguna proyección se manejó a partir de que se reciben al menos mil 600 toneladas de basura al día en el relleno sanitario.

Se explicó que los números se tendrán hasta que se trabaje en la licitación, así que se dio un paso un tanto a ciegas.

Tampoco queda claro para qué el Municipio tendría que rentar un equipo, es decir, pagar por él, pero entregarlo en concesión a que lo opere un tercero.

Igualmente, por qué se estableció que únicamente recibirá el Municipio, en contraprestación de la concesión, un 10 por ciento de lo que se obtenga del reciclaje, es decir, ¿por qué no 15, o 20, o 30 por ciento?

Total, ya se dio luz verde, aunque en la sesión de ayer también se cuestionó (sin que se diera respuesta) qué pasará con las personas que todavía hacen trabajo de pepenadores en el relleno sanitario.

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Bastante perdida se vio la presidenta de Canaco, Elizabeth Villalobos cuando salió con su propuesta de utilizar en obras de infraestructura de la ciudad, parte de los recursos que recibe y maneja el Fideicomiso para al Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Y eso que el organismo es de creación empresarial y Villalobos es parte del gremio, el mismo que ideó el instrumento financiero y de participación ciudadana para hacer frente, de manera más de fondo y estructural, al alza en la inseguridad en los momentos más aciagos que vivió esta comunidad.

Por eso se gestionó ante el Congreso del Estado el marco legal, para autoimponerse un pago extraordinario (una sobretasa) en el Impuesto Sobre Nóminas. Se adecuó la ley para hacer la recaudación y para la creación de un fideicomiso con dos brazos administrativos: Seguridad y Justicia Asociación Civil, para la zona norte del estado, y Fundación Ficosec, para la zona centro sur.

Simplemente no se creó para financiar obra. Hay incluso prohibición legal.

Todo se basa en reglas y estatutos, así que los proyectos que se financian desde Ficosec, tienen que estar alineados con cuatro ejes: fortalecimiento institucional en seguridad y justicia; evaluar, medir y monitorear la acción de Gobierno en seguridad y justicia; corresponsabilidad ciudadana frente al delito y fomento a la competitividad.

Por eso sonó a mera ocurrencia la propuesta de Villalobos, de pensar que está ahí un fondo disponible para hacer obra pública, sin consideración alguna sobre todo el entramado jurídico e histórico que hay detrás de Ficosec, con su decreto de creación y su finalidad específica.

El tema pasa por donatarias autorizadas por el SAT, así que no es ‘enchílame otra’, el disponer del recurso para algún proyecto a financiar e implementar. 

Por lo visto, a Villalobos se le hizo fácil en su desconocimiento del tema, decir que se podía dar un mordisco a esos casi 300 millones de pesos que nada más este año se están ejerciendo en la zona norte, entre 32 y 35 proyectos de intervención social.

Desde luego que Ficosec no se pone a construir obras, dispersa el recurso en los proyectos de instituciones que procuran justicia y organizaciones de la sociedad civil.

Hay proyectos tan consolidados, como “Del barrio a la comunidad”, que ya tienen 11 años en el rescate de las juventudes en entornos de violencia y en conflicto con la ley, a través de educación y actividades culturales. Nada más en un año se atienden 600 jóvenes que se blindan así del reclutamiento de las bandas criminales.

De ese tipo de intervenciones se trata, con un enfoque muy claro y preciso para el uso de los fondos que llegan hasta Nuevo Casas Grandes, lo que simplemente ignoró Villalobos en sus declaraciones. Hay múltiples recursos destinados a las capacitaciones del personal policial y de procuración de justicia, además del equipamiento. Se atienden las problemáticas de reinserción social y de violencia estructural contra las mujeres, entre muchas otras.

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Con el anuncio de la próxima visita presidencial, se confirmó ayer que andan bastante bien las relaciones entre la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La gira la terminó de amarrar Campos Galván en su encuentro del martes en Acapulco, Guerrero, donde se realizó la 50ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la presencia de los gobernadores de todo el país.

Ayer en su conferencia mañanera, Sheinbaum confirmó la gira cuya agenda está en construcción, pero el hecho es que además de ir a la Sierra Tarahumara, estará en nuestra frontera.

Desde el 5 de diciembre, la presidenta había adelantado que visitaría las principales ciudades de la frontera norte para tratar el tema migratorio y la probable deportación masiva de indocumentados que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El tema de las deportaciones masivas y en general de los impactos de la migración, también se puso sobre la mesa en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Hay que tomar previsiones y por eso andará acá la presidenta Sheinbaum. Además, seguramente aprovechará el viaje a Juárez para tomar las definiciones pendientes en torno al Sistema Nacional de Cuidados que empezará aquí en beneficio de las madres trabajadores de la industria maquiladora, conforme a un compromiso de campaña. Sheinbaum ha reconocido que existe aquí una deuda histórica que su Gobierno tratará de saldar.

El caso es que en Juárez habrá encerrona de trabajo entre Sheinbaum y Campos, con sus respectivos equipos. La agenda presidencial ha dado prioridad a las demandas de los pueblos originarios, por lo que también se atenderá un evento con la comunidad rarámuri, en la mera Sierra.

“Vamos a entregar tierras al pueblo rarámuri, lo cual es un acto histórico y una demanda de justicia que responde a una lucha de muchos años. Además, visitaremos Juárez y ahí tendremos una reunión con el equipo de la gobernadora y una parte de nuestro Gabinete, como lo hemos hecho en otras entidades”, dijo la presidenta.

El asunto en la Tarahumara tiene que ver con la entrega de tierras, otra asignatura que tiene pendiente el Gobierno federal.