La reforma electoral federal no está diseñada para aprobarse, sino para exhibir resistencias y ordenar el escenario electoral rumbo a 2027 y 2030.

Esa es la clave para entender por qué la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se encamina hacia un pantano legislativo del que difícilmente saldrá como fue planteada… y quizá ni siquiera lo pretende.

Desde Palacio Nacional saben que el terreno en San Lázaro es complicado, pero también saben algo más importante: que en política, perder una votación puede ser más rentable que ganarla si el costo se traslada a otros y el relato queda bajo control. En esa lógica, la reforma funciona menos como un proyecto normativo y más como una herramienta para ordenar el tablero político.

No es casual que los dos ejes centrales —el financiamiento público a los partidos y las listas plurinominales— sean temas profundamente impopulares. Colocarlos en el centro del debate permite medir lealtades, exhibir resistencias y marcar posiciones rumbo a los próximos ciclos electorales.

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Desde que arrancaron los foros de consulta en la Cámara de Diputados, encabezados por Pablo Gómez, viejo conocedor de las batallas parlamentarias, quedó claro que el principal obstáculo no estaba en la oposición, sino dentro del propio bloque gobernante. Los aliados de Morena, el PT y el PVEM, comenzaron a marcar distancia desde el primer momento.

La razón nunca fue ideológica ni técnica. Fue política en su expresión más cruda: dinero y supervivencia. Ambos partidos han sido claros en que no acompañarán una reforma que reduzca el financiamiento público que reciben ni que los obligue a competir sin la red de protección que representan las listas plurinominales.

Durante semanas, el debate se desplazó hacia el número de diputados y la supuesta intención de desaparecer la representación proporcional. Ese ruido cumplió su función. El fondo nunca estuvo ahí. El verdadero conflicto es cómo se accede a esos espacios y quién sobrevive cuando se acaba la comodidad.

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Aquí aparece la verdadera encrucijada del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Si acompañan la reforma, se debilitan a sí mismos; si la bloquean, exhiben el costo real de su alianza con Morena. No hay salida limpia.

Ambos partidos han construido su viabilidad no a partir de mayorías sociales propias, sino mediante acuerdos cupulares, financiamiento público constante y posiciones plurinominales. En términos electorales duros, dependen menos del voto ciudadano que de su capacidad para fungir como bisagra del poder. La reforma ataca justo ese punto: les quita la renta política sin ofrecerles una ruta clara de sustitución.

Acompañar a Morena implicaría aceptar un rediseño del sistema que los obliga a competir en territorio, a invertir en estructuras locales y a disputar el voto sin muletas. No hacerlo los coloca, por primera vez en años, del lado de los defensores del statu quo, precisamente en dos temas que generan rechazo social transversal.

El costo de bloquear la reforma no sería solo legislativo, sino narrativo. Si el PT y el Verde la frenan, quedarán marcados como los partidos que impidieron reducir privilegios, aun cuando esos privilegios hayan sido el oxígeno que les permitió sobrevivir. Morena puede perder la votación, pero ellos cargarían con la factura política frente a un electorado que no distingue matices constitucionales, pero sí entiende quién defiende qué.

Por eso su margen de maniobra es mínimo: no pueden negociar sin ceder; no pueden ceder sin dañarse; y no pueden bloquear sin quedar expuestos. Esa ambigüedad no es estrategia ofensiva, sino defensa pura.

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En el ámbito local, la reforma también movería —y no poco— el tablero político-electoral.

El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo regresaron al Congreso del Estado y a la bolsa de las prerrogativas públicas que reparte el Gobierno estatal porque se montaron en la ola guinda de 2024. Sin Morena, ambos partidos volverían a su tamaño real.

Los verdes, o al menos así lo ha sostenido su diputado Octavio Borunda, no hicieron coalición con Morena y, por lo tanto, aseguran no tener compromisos parlamentarios. Esa narrativa les ha servido para sumarse al bloque PRIAN y construir una mayoría abrumadora que los mantiene cerca del poder palaciego.

Pero conviene no perder la memoria. Antes de entrar en campaña dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, el PVEM no existía en Chihuahua, literalmente. Su dirigencia estatal era un fantasma que vagaba por los corrillos del Congreso y su representación legislativa era cero.

Del PT se puede decir casi lo mismo. Tras las elecciones de 2021 se quedaron sin curul y sin financiamiento público. Regresaron al ruedo solo cuando volvieron a coaligarse —como ha sido costumbre— con la fórmula ganadora.

Votar ahora en contra de Morena, en una reforma que toca intereses estructurales, sería sentenciar la viabilidad de la coalición y obligarlos a competir por cuenta propia en 2027. A menos que decidan integrarse formalmente al bloque PRIAN.

Pero ahí el escenario se vuelve todavía más complejo. Ese bloque ya enfrenta tensiones internas por el reparto de beneficios. El PRI, por ejemplo, ha rezongado por lo poco que le toca y ha amagado con irse solo con sus candidaturas.

Una coalición que incorpore al PT y al PVEM podría aportar entre dos y cuatro puntos porcentuales de votación: muy útiles para ganar elecciones, pero tóxicos a la hora de repartir posiciones. Las curules plurinominales no se multiplican: son once.
¿Las van a repartir entre cinco fuerzas? Ahí es donde la aritmética empieza a cobrar factura.

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Ricardo Monreal ha dicho que la iniciativa podría llegar al pleno este mismo mes. Puede ser. Pero llegar no equivale a aprobarse. La aritmética constitucional es inapelable: sin los votos del PT y el Verde, no hay reforma.

Aquí es donde el cálculo político se completa. Morena puede seguir negociando hasta desfondar su iniciativa, o puede enviarla al pleno, dejar que se hunda y capitalizar la derrota. Porque perder esta votación permitiría construir un relato simple y eficaz: se intentó bajar el dinero a los partidos y eliminar privilegios; fueron los aliados quienes se opusieron.

En un contexto de hartazgo ciudadano, ese discurso conecta. El rechazo al financiamiento excesivo y a los diputados plurinominales atraviesa ideologías y clases sociales. Morena lo sabe. Y también sabe que señalar responsables puede ser más rentable electoralmente que lograr un acuerdo tibio.

Al final, la reforma electoral no será juzgada por lo que cambió en la ley, sino por lo que reveló del poder. Quién quiso tocar privilegios, quién los defendió y quién prefirió esconderse detrás del procedimiento. Si se aprueba o no, casi es lo de menos.

Lo que importa es que dejó claro quién puede caminar sin muletas y quién no sobrevive sin presupuesto. Y en ese retrato, rumbo a 2027 y 2030, hay aliados que ya quedaron exhibidos… y un Gobierno que decidió que perder una votación también puede ser una forma de ganar la partida.