Cuatro meses después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhibiera a dos de las áreas más poderosas del Gobierno estatal por la sobrevigilancia aplicada al exgobernador César Duarte Jáquez, la recomendación sigue empantanada. No hay cumplimiento, no hay consecuencias y tampoco señales de que alguien tenga prisa por sacarla del limbo jurídico-político-administrativo donde fue convenientemente arrojada.

Se trata de la recomendación No. CEDH:5s.1.018/2025, fechada el 22 de septiembre de 2025, dirigida contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por el aparato de vigilancia y seguimiento que —según el quejoso— se le impuso cuando se encontraba en libertad condicional.

Lo curioso del caso es que, de las dos dependencias que recibieron el manazo del ombudsman, solo una —la SSPE, a cargo de Gilberto Loya Chávez— aceptó la recomendación.

La otra, la FGE de César Jáuregui Moreno, simplemente dijo que no. Y ahí quedó: háganle como quieran.

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Todo derivó de una queja presentada por Duarte ante la CEDH el 9 de septiembre de 2024, tres meses después de haber salido del Cereso 1, con brazalete localizador. En ella denunció que dependencias estatales le aplicaron un marcaje personal que no les correspondía, pues se encontraba bajo la tutela del Poder Judicial del Estado.

Después de un año de análisis, el ombudsman —de reserva— Alejandro Carrasco emitió la recomendación al concluir que sí se acreditaron violaciones a derechos humanos relacionadas con actos de vigilancia no autorizada.

Entre los ejemplos documentados: el exgobernador, hoy sujeto a proceso por peculado y asociación delictuosa en perjuicio del erario chihuahuense, señaló que a diario era seguido por un vehículo que resultó ser propiedad de la FGE, o que la SSPE instaló una de las antenas móviles conocidas como “escorpiones” en la cerrada residencial donde habitaba tras dejar el Cereso.

¡Pobre de él! Sufrir ese suplicio sin acordarse de las que hacía la propia Fiscalía cuando él despachaba como gobernador.

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Lo que termina de darle tono de telenovela política al asunto es que, de las dos dependencias “regañadas”, solo la SSPE aceptó el castigo, pero no lo ha cumplido, según le contaron a Mirone.

La otra, la FGE —la que presuntamente le dio seguimiento personal— se negó a aceptar la recomendación y, por tanto, no lo inscribió en el padrón de víctimas, como lo solicitaba la CEDH.

Vale subrayar que esa negativa se dio a pesar de lo expresado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien declaró públicamente que su Gobierno se aplicaría en serio para cumplir lo recomendado por el ombudsman.

El asunto vuelve a la mesa porque estamos a semanas de que se elija a la persona que ocupará la presidencia de la CEDH. Como ya se ha comentado en este espacio mironezco, será una mujer por primera vez en los más de 30 años de historia del organismo.

Una de las cartas más viables es Ada Miriam Aguilera Mercado, hoy Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la FGE.

Es decir: la fiscal que dijo “no” a la recomendación de la CEDH.

Y aquí la pregunta obligada: si llegara a presidir ese organismo, ¿le pedirá a su sucesor o sucesora que cumpla las recomendaciones que ella misma rechazó cuando estaba del otro lado del escritorio?

Good point.

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Hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Congreso del Estado se está haciendo como que le hablan las moscas para no recibir el informe de actividades que, por ley, debe presentarse durante el mes de enero de cada año, a más tardar.

A Mirone le contaron que el organismo, a cargo de Alejandro Carrasco, ya tenía listo el informe desde endenantes de que llegara la fecha límite y solo esperaba a que el Congreso del Estado le diera fecha para su presentación.

La arenita siguió cayendo en el reloj y la fecha para la presentación nomás nunca llegó, no al menos en enero, y tal parece que tampoco será en febrero.

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Lo grave del caso es que, con su desdén hacia la CEDH, el Congreso violentó la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual, en su artículo 50, dice con todas las letras que el informe debe presentarse durante el mes de enero del año.

Algunos que ya están presurosos por elegir a la nueva presidenta sin cumplir antes con el resto del mandato que le da vida a la CEDH les valió queso el artículo y pretendían que el presidente en funciones mandara el paquete con todo lo que tiene que informar y, como quien dice, se fuera con su acuse de recibo.

Era casi como darle al organismo una función de paquetería, de cartero que deja el correo por debajo de la puerta y se sigue de largo a continuar con sus funciones.

Pero no. El mismo artículo establece que el informe debe presentarse en sesión del Congreso del Estado, en el pleno y ante los 33 integrantes —menos los que estén urgidos de ir al baño— y, además, ante los representantes de los tres poderes del Estado.

Para que se entienda: le deben dar toda la pipa y todo el guante al acto, y difundirlo con el mayor ruido posible, porque así lo mandata la ley.

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Para lo que se ofreciera, el actual encargado del despacho de la presidencia de la CEDH ya tenía listo su informe y solo esperaba que le pusieran la mesa y el mantel largo para hacer la presentación oficial. Al menos, puede decir que de su parte ya cumplió con lo establecido en la ley.

Hubiera sido bueno escuchar, por ejemplo, cuántas quejas se recibieron en 2025, pero sobre todo, cuántas recomendaciones se han cumplido a cabalidad. Sabemos que muchos organismos hacen como que reciben y hasta cara ponen de que las van a cumplir, pero pasan los días, los meses y hasta los años y nomás nada.

Ahí estaba un buen dato: quién cumplió y quién no. Parece que hay muchos que no saldrían bien librados de ese recuento. A lo mejor y por eso es que le están dando largas al asunto.

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Se pusieron intensas las campañas para elegir la nueva presidencia del Club Campestre de Ciudad Juárez, con fuertes acusaciones sobre lo que ahí ocurre en materia de tráfico de influencias.

Quien le subió dos rayitas al tono campañero fue Alejandro Ramírez Ruiz, cabeza de la planilla Campestre Juárez 360.

Ha circulado profusamente un video que Alejandro tituló “Que se escuche fuerte”, en el cual arremete contra el estado de cosas que —considera— ha prevalecido al interior del Club durante las últimas administraciones.

“Hoy quiero ser muy claro y que se escuche fuerte: no más socios abusando de su tráfico de influencias. Eso se acabó. Se acabaron los privilegios indebidos de socios proveedores que han abusado de nuestro Club”, dice el dueño de Ópticas Franklin.

Acusó que hay quienes se han aprovechado de un esquema de sobreprecios. Ya Mirone había tocado aquí ese tema. Se habla de al menos un 30 por ciento de sobreprecio en servicios y obras como una práctica común, de la cual han vivido no solo contratistas externos, sino también algunos socios vinculados a las últimas mesas directivas.

“El Campestre lo vamos a cuidar, como lo hemos hecho este último año. No se equivoquen: fuimos nosotros quienes ejercimos la presión y tomamos las medidas necesarias. La transparencia no es solo un discurso, es mi compromiso”, remata el mensaje de quien ha fungido como responsable del Comité de Administración, tras la sacudida en la dirección generada por el desfalco de 21.3 millones de pesos.

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El tema del desfalco está inevitablemente en el centro de la campaña e incluso fue retomado por la otra planilla, Unidad y Progreso, encabezada por el médico Rafael Tirado.

Unidad y Progreso tuvo que deslindarse de lo ocurrido el año pasado y, entre sus principales ofertas, colocó el compromiso de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el desvío que mantiene en prisión y bajo proceso al que fuera gerente administrativo contratado por la directiva.

La planilla asegura que se llegará hasta las últimas consecuencias y que no habrá ni perdón ni excepciones para nadie. El posicionamiento se dio después de que, desde Campestre Juárez 360, se manejara la narrativa de que Tirado y su equipo buscaban echarle tierrita al tema de los 21.3 millones.

“Aquí lo decimos sin rodeos: no se atenuará ninguna sanción a los que resulten responsables, porque creemos en un Club distinto, donde prevalezca la unión, el respeto y la convivencia. Un espacio donde reencontrarse, recuperar la confianza y sentirse orgullosos de pertenecer al Club Campestre de Ciudad Juárez”, señala el propio Tirado en otro video promocional.

El médico insiste en que no se solapará a nadie, ya que “lo que nos ocurrió nos afectó a todos y por eso vamos a actuar hasta las últimas consecuencias”.

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Tirado afirma que su compromiso es la unidad para reconstruir el Club y el progreso para avanzar.

Ambas planillas se dicen dispuestas a recuperar lo perdido. Mientras que Campestre Juárez 360 pone sobre la mesa el abandonado Casino para rehabilitarlo y volverlo rentable, Unidad y Progreso afirma que el Club perdió nivel en las copas de golf y tenis, por lo que buscarán traer de nuevo a jugadores profesionales.

Ya veremos qué otros trapitos se exponen al sol y cómo intentan las planillas hacerse de la preferencia de los socios que participarán en la votación.

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Apenas ayer comentábamos en este espacio sobre el lanzamiento de la campaña de espectaculares de Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien se promociona como prospecto para obtener la candidatura a la gubernatura.

También dijimos que no se podía descartar que se subiera a la misma contienda, para hacer el mayor ruido posible en favor del Partido Acción Nacional, la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez.

Pues resulta que el lanzamiento de ambos fue prácticamente simultáneo, con lo que se confirma que por ahí va la estrategia de las dirigencias partidistas, avalada desde Palacio: que haya proceso interno, precampaña y, por lo tanto, mayor posicionamiento, independientemente de que Marco Bonilla traiga bastante delantera.

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Todo ayuda a la marca y también a las figuras que podrían participar y emerger después como candidaturas fuertes a otras posiciones. En este caso particular, bien podrían caer tanto Gilberto Loya como Daniela Álvarez en la candidatura para la alcaldía juarense, bajo la lógica de no ser avasallados aquí por Morena, y así mantener vivas las aspiraciones de conservar la gubernatura.

Además, está claro que el PAN debe tener opciones para cubrir la cuestión de género, y ahí hay variables que podrían moverse conforme avancen los cálculos en otros estados y los distintos escenarios para colocar candidaturas de hombres y mujeres.

Como en ese tema no está dicha la última palabra y, además, sabe Mirone que hay encuestas internas que no colocan a Daniela tan despegada de Marco, suena bastante lógica la apuesta de invertirle más a su posicionamiento.

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Así que ya están arriba los anuncios espectaculares, que no son tan explícitos, pero que finalmente buscan posicionar el nombre de Daniela.

“Daniela tiene palabra”, dice el mensaje, acompañado de la imagen estilizada de un rostro no del todo definido, pero con las características de la presidenta estatal del PAN. Los anuncios pueden verse en varias de las principales avenidas, tanto de la capital del estado como de esta frontera.

“La Daniela es cabrona”, fue el mensaje que a finales de septiembre del año pasado apareció en bardas de ambas ciudades, pero ahora la propaganda subió de nivel y se trasladó a los espectaculares.

A ver si hay quién se atribuye la autoría. Será difícil: todo mundo anda viendo cómo sacarle la vuelta a la fiscalización de las autoridades electorales.