La competencia es esencia de los procesos democráticos, pero en el caso del Presupuesto Participativo, ya se volvió una verdadera rebatiña, una guerra –en varios sentidos desigual– por los votos y los presupuestos para distintas obras.

Andan muchos actores en el juego, menudean las acusaciones del piso disparejo para competir, además de injerencias y prácticas indebidas.

En el Colegio de Bachilleres quieren ser aplanadora. Llegó el reporte a Mirone de que ayer les pidieron de tarea a todos los alumnos, al menos del plantel 6, presentar y entregar en físico su CURP, el documento que se sugiere a los votantes llevar el día de la elección para agilizar la captura de datos.

Inmediatamente generó suspicacias de padres de familia ese requerimiento de captura de datos porque lo relacionan con votos dirigidos o capturados por una vía extraoficial.

La verdad es que no se supo para qué querían el documento. La autoridad municipal está pidiendo a los votantes llevarlo a las mesas de votación, pero el mero día de la jornada.

También se confirmó que los profes están ofreciendo un punto extra por el voto a los alumnos, no únicamente para el proyecto de obra en su plantel, de pasadita les dicen por cuáles otros tres votar. Incluso se está ofreciendo otro punto más a quien lleve al centro de votación a otros diez electores.

Hay intereses específicos para que ganen ciertas obras, pero también está el tema de romper los récords de votación. Por eso andan hechos la mocha los empleados de Desarrollo Social, apadrinando proyectos y operando la movilización del 17 y 18 de mayo.

Ahora hasta en las zonas más fifís le entraron los vecinos a la presentación de proyectos. Pelearán duro los comités para quedarse con lo que les dejen los planteles escolares. Tres proyectos en Campos Elíseos, uno en El Campestre, muchos en la Valle del Sol.

Hasta en el Tecnológico de Monterrey habilitaron la última mesa de votación, la 201. Como que hay algunos proyectos muy planchaditos.

En la promoción, se ve quién trae más lana. Por ejemplo, en la calle Baudelio Pelayo, en El Campestre, en apenas unos 200 metros pudieron colocar varios anuncios de su proyecto en estructuras metálicas. En otras partes, apenas se alcanzan a cooperar los vecinos para unos cuantos volantes.

“Yo voto por proyectos vecinales y lo haré por los que están alrededor de donde vivo”, han lanzado como campaña en la Red de Vecinos, tratando de hacer frente a las condiciones de desigualdad por la operación desde las escuelas y desde las estructuras oficiales.

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Todavía no se sabe de dónde salió la especie o quién se la inventó, pero generó toda esta semana mucho ruido en el PAN, un tema de mayores dimensiones que el chistecito de Sergio Madero focalizado en Ciudad Juárez.

Hablamos del borrego que se soltó en Chihuahua, respecto a que el PAN nacional había definido que la candidatura para la gubernatura en 2027, quedaba reservada para una mujer.

Ese tipo de decisiones deben de pasar por los mayores órganos de decisión azul, la Comisión Permanente y el Consejo Nacional, con el mapa de todo el país sobre la mesa y las proyecciones en los 16 estados en los que habrá elección de gubernatura. Todavía le zumba para ese momento.

Hubo actores que el asunto los agarró fuera de base y hasta se vieron mal a la hora de reaccionar, como el alcalde Marco Bonilla, quien muy a la defensiva salió a decir que el PAN tenía que irse con hombres donde los hombres estaban mejor posicionados y con mujeres donde estaba al revés, lo que suena por demás lógico.

La verdad es que el PAN no ha dicho nada todavía, pero Marco no se fue por ahí, sino que reaccionó dando a entender que aquí alguien le estaba moviendo el tapete a su proyecto, como volteando a ver a la dirigente estatal, Daniela Álvarez, la juarense que ya tiene rato apareciendo en el segundo lugar en las encuestas.

También hay que decirlo, antes de que Daniela empezara a hacer su chamba como presidenta, no había nadie más en el escenario, fuera de Bonilla. Y como por lógica, siempre debe de haber un Plan B, y las cuestiones del género tienen forzosamente que ponerse sobre la mesa, irremediablemente es que la juarense (quien viene de hacer campaña por el Senado) entra ya en cualquier ecuación.

Todo, pese a que la propia Daniela ha dicho que no trabaja por ese proyecto. La verdad es que ya no sabe Mirone si quien puso a correr el borrego le quiere hacer un bien, o le apuesta a complicarle las cosas, porque vincularla a la dinámica de la sucesión le resta margen para colocarse como jefa de la operación política de todos los esfuerzos rumbo al 2027.

Eso lo sabe bien Daniela, por ello ha insistido en que nada está haciendo ella por un proyecto personal. Ni equipo, ni estructura, ni dinero, ni manejo de imagen trae en esa apuesta. Todo está enfocado a la talacha territorial partidista.

Otra cosa muy distinta es que ese trabajo, aunado a sus posiciones bastante fuertes contra las principales figuras de la 4T, la coloque como competencia para lo que venga. También está claro que no dejará Daniela de brincarle por el PAN en lo que le corresponde y que en automático le jala los reflectores, aunque eso le genere ruido a algún otro actor o liderazgo panista.

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De nueva cuenta llevarán hasta el límite en el Congreso del Estado, el segundo round en la pelea por la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Primero se había dicho que la discusión y aprobación en la Junta de Coordinación Política de la nueva terna se daría este jueves, pero parece que ya se movió para la siguiente semana, cuando se agota el tiempo para las definiciones.

Por ley, el Congreso del Estado debe de nombrar al titular en un plazo que no exceda de los 180 días desde que inició el procedimiento para sustituir a una persona que tiene el cargo provisional ante una ausencia definitiva en la presidencia, lo que aquí ocurrió con la muerte de Javier González Mocken.

Ayer habría por la tarde una encerrona del Grupo Parlamentario de Morena para discutir el asunto. Hoy seguramente se conocerá si estarán o no en disposición de darle al bloque mayoritario el voto 22, el que se necesita para alcanzar la mayoría calificada en la designación.

Claro que eso no ocurriría si otra vez intentaran en el PAN mandar a Georgina Bujanda en la terna, o que optaran por un hombre para la presidencia.

El grupo guinda se mantiene hasta ahora en su postura de que debe de ser mujer, y que en la nueva terna deben estar las que salieron mejor evaluadas en el ejercicio de la Jucopo, donde cada fracción partidista asignó una calificación a cada una de las 25 candidaturas registradas y consideradas elegibles.

En la encerrona morenista definirán de alguna manera si su apuesta es por llegar a un acuerdo político o por volver a tumbar de plano el procedimiento, lo que implicaría que tendría que sacarse nueva convocatoria y mantener a quien está actualmente como encargado de despacho en la CEDH.

A ver también cuál es la tirada o la posición del presidente de la Jucopo, el coordinador de la fracción panista, Alfredo Chávez.

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Comentábamos aquí que faltaba saber cuál sería la aportación del Gobierno Municipal para la compra de los primeros terrenos en que se construirán las viviendas del programa de Claudia Sheinbaum.

Ayer se despejó la duda en la sesión de Cabildo, donde se aprobó la donación de dos terrenos que en conjunto suman 54 mil 409 metros cuadrados, en favor del Gobierno Federal.

Los juarenses se pondrán con 81 millones 600 mil pesos para la compra, lo que permitirá que se pueda beneficiar a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y que no pueden pagar por una vivienda de interés social digna.

También se reveló en la sesión ordinaria de ayer, que la compra se realizará a la inmobiliaria Pejorza. No se dijo eso en Cabildo, pero la empresa es propiedad de una de las ramas de la familia Zaragoza Fuentes.

Los predios se ubican en el extremo suroriente de la ciudad. Como parte de la operación de compraventa, el Gobierno Municipal pagará un enganche de 26 millones 600 mil pesos y 20 mensualidades de 2 millones 750 mil pesos cada una.

En esa reserva se podrán construir las primeras mil 300 viviendas del programa federal.

El punto de acuerdo presentado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue aprobado por unanimidad por parte de las distintas fracciones partidistas.