La polémica, el diferendo político, la simulación y la imposición de intereses partidistas, siguen acompañando el proceso de reforma judicial, muy particularmente en lo relacionado con la elección por voto directo, de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

El punto de ebullición se alcanzó el viernes, primero en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y luego en el Pleno del Congreso del Estado, se decidió, por mayoría, que debían hacerse dictámenes separados y votarse por separado, los nombres de aspirantes a jueces, de los de magistrados.

Luego de dividirse el listado entregado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, únicamente se incluyó el correspondiente a jueces en el dictamen aprobado en Jucopo, con cinco votos a favor de las representaciones del PAN, PRI, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, y uno en contra de Morena.

No se incluyó el listado con los nombres de los aspirantes a magistrados. Quedó fuera. Tampoco se votó por separado. El dictamen no especificó la razón de la exclusión y en la reunión de la Jucopo únicamente se dijo que no hubo acuerdo al respecto.

En el dictamen elaborado por la Secretaría Técnica se afirmó que la Constitución preveía procesos separados “para magistrados y magistradas” y, por lo tanto, listas separadas.

Para la representación de Morena, en voz de Cuauhtémoc Estrada, la Jucopo se excedió en sus atribuciones al hacer una interpretación errónea para manejar una división que no está contemplada ni en la Constitución, ni en la ley reglamentaria, ni en la convocatoria.

También consideró que se excedió al considerar en el orden del día, la “aprobación” de los nombres, cuando lo único que se establece como procedimiento en la convocatoria, es la remisión de los listados con los nombres al Pleno. En todas las etapas del proceso se habla, en términos genéricos, de personas juzgadoras, en un solo procedimiento respecto a los listados.

Afirmó que, en ningún momento, la ley faculta a la Jucopo a aprobar o desaprobar los nombres que surgieron del trabajo de la Comisión de Evaluación del Poder Legislativo, que fue designada en acuerdo político de las distintas fracciones en el Congreso.

El Comité de Evaluación (integrado por dos especialistas en Derecho propuestos por el PAN, dos por Morena y uno por el PRI) recibió 906 propuestas de aspirantes a personas juzgadoras, aplicó un primer filtro de cumplimiento de requisitos y presentación de documentación, una evaluación de perfiles idóneos y la insaculación en los casos necesarios, para tener un listado final de 470 personas.

………………

Por parte del PAN, el coordinador de la bancada, Alfredo Chávez, insistió en que Morena quiere imponer una lista de candidatos a magistraturas o con perfiles afines a su partido, tratando de partidizar todo el proceso. No hubo señalamientos específicos de los nombres a quienes hacía referencia.

“Lo que hicimos fue preservar el derecho de los jueces y juezas a ser votados en el Pleno. Morena debe demostrar congruencia y votar este dictamen, en lugar de intentar imponer su voluntad”, dijo el diputado Chávez después de la reunión de Jucopo.

En un comunicado oficial, con declaraciones de Chávez, se señaló que “las fuerzas políticas en el Congreso decidieron no avalar la lista de magistrados presentada por Morena, ya que se identificaron perfiles con vínculos partidistas”.

Sin embargo, no existió una lista elaborada por Morena, únicamente un documento que correspondió integrar al Comité de Evaluación elegido por el propio Congreso, como parte de un acuerdo político.

El Comité enlistó 470 nombres, 94 nombres de personas aspirantes a las magistraturas y 376 para jueces. La mayoría de los diputados decidió dejar fuera a las 94 personas, hombres y mujeres que atendieron la convocatoria y decidieron someterse a las reglas del proceso para intentar ser electas por el voto popular.

En el caso de los otros dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, no hubo división de listados, ni exclusión alguna. Es público que entre los aspirantes que lograron pasar todos los filtros y las insaculaciones, hubo nombres de conocidos políticos del PAN y el PRI que están en la función pública.

En la sesión de Jucupo, el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, consideró que no se podía lesionar el derecho de todos los participantes del proceso que pasaron todas las etapas para llegar a la boleta electoral porque haya “uno, dos, tres o cinco nombres de personas incómodas”.

En distintos momentos y por diversos actores, han surgido los señalamientos sobre injerencias de actores políticos en el proceso.

“Las declaraciones de Morena son una falsedad y un burdo intento de distracción, ellos fueron los que rompieron y violentaron el proceso democrático al meter sus propios intereses para satisfacer la ambición de uno de sus miembros, traidor a Chihuahua”, se indicó en comunicado con declaraciones atribuidos a la diputada del PT, América Aguilar.

Sin decir el nombre, Aguilar hizo referencia a Javier Corral Jurado, el exgobernador panista que hoy es senador por Morena. Han trascendido versiones en el sentido de que la medida de excluir el listado por las magistraturas buscaba precisamente evitar que personas con algún vínculo con el exmandario o con la exconsejera de la Judicatura, Lucha Castro, llegaran hasta las boletas electorales. También se señaló que se pretendía cerrar el pasó a algún actor que tuvo participación en los llamados Expedientes X, desde el Ministerio Público.

En un momento de la discusión del viernes, también el diputado Alfredo Chávez indicó que, en el listado integrado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, se incluían “perfiles afines a ellos (diputados de Morena) y a exgobernadores que hoy están en Morena”. De igual manera, se refería al exgobernador Javier Corral.

La diputada del PT consideró que la representación de Morena insistía en “ignorar el perfil de algunos nombres en la lista” para aprobarla en su totalidad, también dando por sentado que la Jucopo podía desconocer o descalificar el trabajo del Comité de Evaluación.

Sobre ese particular, la presidenta en turno del Congreso, la morenista Elizabeth Guzmán acusó que, por encima de la legislación, la Jucopo había puesto un cuarto filtro más al procedimiento, extralimitándose en sus atribuciones.

………………

La injerencia política y la intención de acomodar la nueva legislación a modo, también se ha visto claramente en otras etapas del proceso de renovación del Poder Judicial.

En la elección de personas juzgadoras del próximo 1 de junio, no únicamente participarán quienes pasaron los filtros y las insaculaciones de los comités. Al Congreso del Estado también le correspondió mandar al Instituto Estatal Electoral el listado de todos aquellos jueces y magistrados que decidieron no retirarse y hacer valer su derecho a participar en la competencia electoral para seguir en el cargo que ya ostentan.

La polémica escaló incluso antes de que el Congreso decidiera qué hacer con el listado del Poder Legislativo, cuando se hicieron ajustes en todo el Poder Judicial para colocar a personajes como encargados provisionales de magistraturas o juzgados de primera instancia, precisamente para que tuvieran el pase automático a la boleta electoral.

Se quedó esa rendija desde la ley secundaria y la convocatoria, especificando que podrían participar en la elección quienes estén “en funciones”. Y como en todo el Tribunal Superior de Justicia se arrastra un déficit de titulares que se suplieron con encargados de despachos o provisionales, se tuvo un amplio margen para realizar acomodos.

Se habla incluso de pago de favores o de facturas políticas desde el Congreso del Estado.

Un hermano de la diputada del PT, América Aguilar (quien vota siempre con la mayoría del PAN y el PRI, aunque el PT se supone que forma parte de la 4T) fue nombrado encargado provisional de la Quinta Sala Penal Central. Rubén Aguilar Gil podrá ser votado en las elecciones y quedarse de magistrado, si gana la elección con el apoyo de su partido.

La esposa del diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, también fue nombrada recientemente encargada del despacho en una magistratura. Nancy Escárcega Valenzuela apenas había ingresado al Poder Judicial en el 2022 como secretaria técnica adscrita a la Unidad de Análisis, Medición, Estadística y Seguimiento en la ciudad de Chihuahua.

En esos movimientos con evidente carga política también está el caso de la esposa del secretario del Ayuntamiento juarense, Héctor Ortiz Orpinel. Angélica Mendoza Beltrán, al quedarse como provisional en la Primera Sala Regional Civil, podrá competir para magistrada y seguramente lo hará con el respaldo de una parte de las estructuras morenistas del municipio bajo gobierno guinda.

“Esto que pretende hacer hoy el PRIAN, PT, MC y Verde en la Jucopo tiene un nombre: rapiña política, son carroñeros que buscan acaparar los últimos privilegios de un sistema decadente y podrido. Un sistema que le quita oportunidades a sus jóvenes para dárselos a los políticos de siempre”, lanzó la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, durante la discusión del viernes.

“Las esposas y los hermanos que buscan estar en la boleta sin pasar siquiera por un filtro de evaluación, se reflejarán en los votos en esta sala, lastimosamente en perjuicio de otras personas que se registraron a tiempo, que gastaron tiempo, dinero y esfuerzo desde su educación hasta la obtención de los requisitos como la constancia de antecedentes penales o de residencia”, señaló la legisladora que antes fue del Partido del Trabajo.

Frente a la rebatiña que ha generado el proceso, entre la ciudadanía y en particular entre quienes fueron rasurados de las listas siendo ajenos a los conflictos partidistas, nuevamente hay decepción y molestia con la clase política.

Ya se prevé una lluvia de recursos legales de quienes impugnarán la actuación del Poder Legislativo en la validación de los listados finales de los candidatos a personas juzgadoras.

El proceso dará mucho más de qué hablar y también se puede anticipar que, desgraciadamente, la injerencia político-partidista mantendrá la polémica en todas las etapas.

Si ya se cruzaron y se enfrentaron los intereses partidistas en la definición de los listados y en el llenado de los cargos provisionales, más lo harán durante las campañas políticas y en la jornada electoral que viene.