EL NULO aseo en el manejo de los contratos de publicidad oficial del nuevo amanecer y el tufo de negocios al amparo del poder por parte del área de Comunicación Social, obligan al gobernador Javier Corral a honrar la palabra empeñada en el discurso inaugural de su mandato el pasado 4 de octubre.
“DEMOSTREMOS que un político honesto puede ser un gran político, que el arte de la política es la gesta del bien común, y que en toda negociación política debe haber límites, y esos límites son los principios y los valores. Recordemos hoy con Simón Peres, que la grandeza en política es del tamaño de la causa a la que servimos”.
“A TODO aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el Partido…”.
ESOS dos párrafos, por sí solos, debieran marcar la ruta a seguir en el grave caso de los contratos exprés, asignados a una empresa creada ex profeso para otorgar servicios a la administración estatal, vinculada además a Miguel Riggs, amigo personal del mandatario y uno de los organizadores de la Carrera de la Liberación, con la que arrancó la era Corral en alusión al voto ciudadano que “liberó” a Chihuahua de un régimen autoritario y corrupto.
ESTÁ además el contrato por monitoreo de medios a José Luis Muñoz, compadre del gobernador. Y todo ello se llevó a cabo sin licitar ni dar cumplimiento a la leyes de Adquisiciones y de Contabilidad y Gasto Público. Podrá estar transparentado en la página Amanece Chihuahua, pero no se cumplió con la legislación, como hasta ahora no se ha hecho con la impresión del pravdita Cambio 16.
LOS DATOS que han dado a conocer varios medios pegaron duro en la línea de flotación del Gobierno corralista. La honestidad ha sido su carta de presentación y eso obliga no solo a esclarecer los señalamientos, sino a tomar medidas correctivas y aplicar la ley. No se puede solo atribuir a errores generados por la curva de aprendizaje de los funcionarios.
SI HAY PERMISIVIDAD con conductas indebidas, por menores que se consideren comparadas con las corruptelas del pasado reciente, se corre el riesgo de escalar a casos mayores. Ahí está también el tema del gasto injustificado de 300 mil pesos de la subsecretaria de Cultura en Juárez, Austria Galindo, en época de plena austeridad; sobre el que tampoco se actuó. Hay gente desmoralizada dentro del propio Gobierno por esas incongruencias.
HOY está programada una rueda de prensa del titular de Comunicación Social, Antonio Pinedo, en la que intentará salir del atolladero donde él mismo se metió, no solo en lo que respecta al poco aseo en los contratos de la publicidad oficial, sino a la escasa efectividad en el manejo de la política informativa del Gobierno, la mala relación, falta de tacto y de interés en ser un facilitador del flujo de información entre periodistas y las áreas de la administración pública estatal.
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DONDE TAMBIÉN se les hizo bolas el engrudo es en el tema de la renuncia del auditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza. A estas alturas no se sabe si hay renuncia o no. Se habla de un escrito entregado al coordinador de la bancada del PAN, Miguel La Torre, comunicando su intención de retirarse, pero no establece fecha ni nada por el estilo, tampoco tiene validez legal.
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MIRONE lo anunció aquí mismo, estaba por darse el cambio en la rectoría de la Universidad Tecnológica de Juárez, por las presiones a las que fue sometido el ahora exrector, Ricardo García Parra. Finalmente se impuso el grupo de notables del nuevo amanecer que se está apoderando de todos los cargos en esta frontera. El sustituto es Guillermo Álvarez Terrazas.
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EL ABOGADO Roberto Rentería Manqueros, quien funge como secretario del Ayuntamiento, tiene prácticamente un pie fuera de la Presidencia Municipal. Le informan a Mirone que dejaría su cargo no por asuntos personales o por haber sido invitado a ocupar un cargo mejor, ni por otro motivo de los que regularmente argumentan los funcionarios cuando son abortados por el sistema.
LA RAZÓN ES simple: por incompetente y por la muy mala relación que tiene con el Sindicato de Trabajadores del Municipio, en cuyos conflictos no supo mediar y llegar a buen acuerdo. Hay otros muertitos que le cuelgan al joven funcionario, residente de El Paso, pero lo cierto es que ya no estaría en el ánimo del alcalde, por lo que en cualquier momento vendría su remoción.
“EL LICENCIADO Rentería no tiene ninguna filiación política, es un hombre independiente igual que nosotros, y es muy exitoso en la abogacía, algo fundamental para cuidar todos los aspectos que se generan en la Secretaría del Ayuntamiento, por eso es que he depositado en él toda mi confianza”, dijo Armando Cabada cuando lo nombró como su mano derecha en el Ayuntamiento hace poco más de tres meses.
OTRO DE LOS que también están en capilla es el director de Asentamientos Humanos, el panista Arturo Ayala. Y es que, sin decir los nombres, ayer el propio presidente municipal afirmó que realizará cambios en los próximos días; no dio nombres, pero es más que evidente la inconformidad que hay con el trabajo del abogado blanquiazul, quien podría ser reubicado.
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UN MILLAR de juarenses se apostaron a las afueras de las oficinas de Gobierno desde muy temprano ayer para hacer el pago de la revalidación vehicular, pero con la intención de soltar de su bolsa solamente 388 pesos y no los mil 231 que exige el Gobierno del nuevo amanecer.
CASI SE infarta el recaudador de rentas, Sergio Nevárez, cuando vio a la multitud que se arremolinaba y se organizaba en fila para hacer el pago, sobre todo cuando supo que no pagarían el importe total sino la tercera parte, y que un amparo conseguido por la abogada Susana Prieto lo obligaría a aceptar esa cantidad.
AL PRINCIPIO, el excoordinador de los regidores panistas y exlíder de las causas sociales, que en años anteriores pugnaba por pagos justos en impuestos o servicios como el de la revalidación, se puso difícil al no aceptar el pago. Después le sobrevino la ojeriza de los seguidores de Susana Prieto, que tomaron las oficinas, hasta que se ablandó. La raza hizo el pago, pero al final fue tomado en cuenta como abono a la deuda, no como pago total.
EL ASUNTO no terminó ahí, la manifestación continuará hasta que les sea reconocido el pago completo. Ayer en la tarde se armaban las guardias para pernoctar afuera del recinto gubernamental.
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“CONSUMIDORES al Grito de Guerra”, es el nombre del plan de acción lanzado por organizaciones nacionales agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria, en la que participan pequeños productores, organizaciones de defensa del derecho a la alimentación, combate al hambre, derechos humanos, entre otros.
MIRONE fue enterado ayer que el gobernador Javier Corral dio instrucciones a los secretarios de Desarrollo Social, Víctor Quintana, y de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, para adherirse a este movimiento, que tiene como verdadero objetivo crear un bloque contra las políticas de gobierno implementadas por Donald Trump y que perjudican a los mexicanos.
COMO MEDIDAS de acción, “Consumidores al Grito de Guerra” fomenta que únicamente sean adquiridos productos elaborados en nuestro país, adquirir únicamente en mercados y tianguis donde hay cercanía con los productores locales, y castigar a aquellas empresas extranjeras que apoyan al repudiado Trump.
LA TAJADA del pastel que pretende arrebatar la organización no es cualquier cosa, si se considera que nuestro país importa el 42 por ciento de los alimentos que consumimos.
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SI EL DIABLO no vuelve a meter su cuchara, este miércoles deberá presentarse a comparecer el extesorero del Municipio, Juan Miguel Orta Vélez, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, en relación a la investigación reabierta por presunto fraude en el Plan de Movilidad Urbana (PMU).
DESDE MARZO del año pasado la organización Ciudadanos Vigilantes presentó la denuncia, misma que terminó en la congeladora en extrañas circunstancias durante el anterior régimen estatal; pero a raíz del cambio de Gobierno, el expediente fue reabierto en noviembre, según órdenes directas del nuevo fiscal general, César Augusto Peniche.
LA DENUNCIA 37/2016/0009311, que señala directamente a los exalcaldes Héctor Murguía y Enrique Serrano como presuntos responsables de fraude, fue interpuesta en primera instancia ante la Unidad de Atención al Público de la FGE, y posteriormente turnada a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.
EL DOCTOR Orta Vélez aclaró el pasado fin de semana que no hay nada que esconder y que tiene toda la disponibilidad para aclarar cualquier aspecto que le sea requerido en relación a las obras del PMU, por lo que en cuanto sea citado, se presentará sin ningún problema. El asunto es que el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava, afirmó al grupo de Ciudadanos Vigilantes que el extesorero se había negado a comparecer en dos ocasiones. A ver si la tercera es la vencida.
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EL PLEITO casado que se trae el síndico de Juárez, Aarón Yáñez Limas, con el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez, ya llegó hasta las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación.
DESPUÉS de que Silva Márquez se ha negado en dos ocasiones a recibir al equipo de auditores de la Sindicatura, Yáñez Limas trató el tema con el titular de la Auditoría Especial de gasto federalizado, Salim Arturo Orci Magaña, con quien se reunió en la capital del país para tratar diversos temas.
LA DIRECCIÓN de Obras Públicas es el área encargada de bajar recursos del Fondo Metropolitano, y en tanto Gerardo Silva no permita el acceso a los archivos para la auditoría, no podrá establecerse con claridad el sinnúmero de dudas que prevalecen en esa área, señalada también por favorecer con contratos de obras, sin licitación, a empresarios vinculados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la misma que lo recomendó como director al actual presidente, Armando Cabada Alvídrez.
SI CONTINÚA la resistencia de Silva para permitir que se abran las puertas de la transparencia y el ingreso de los auditores, Obras Públicas podría quedarse sin director, según dicen en la Sindicatura.
EL TEMA de la transparencia sigue siendo el dolor de cabeza no solo de la administración de Armando Cabada, quien tanto pregona el discurso de cero moches y apertura plena para transparentar las acciones de su Gobierno, sino que ahora también el Gobierno del Estado pareciera estar enfermo del mismo mal, ante la evidente estrategia fallida en materia de comunicación social. Tanto Corral como Cabada siguen quedando a deber en este renglón.
PERO NO nada más el titular de Obras Públicas trae un frente abierto apuntando sus obuses al síndico, pues el oficial mayor, Víctor Ortega, hasta por oficio se ha encargado de asegurarle a Aarón Yáñez que no tiene facultades de intervenir en las distintas áreas de la administración, y de paso ordenó que la dotación de gasolina le fuera suspendida durante el último mes al personal de la Sindicatura.
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A RÍO revuelto, ganancia de pescadores. Con el intempestivo oleaje que levantó la encuerada que le dieron al síndico chihuahuita, Miguel Riggs Baeza, en torno al tráfico de influencias del que ha sido parte para favorecer los negocios familiares, la que salió con mayores dividendos fue la alcaldesa Maru Campos.
DESDE QUE se instaló en el cargo, Miguel Riggs se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para toda la administración capitalina, y es que se ha dedicado en cuerpo y alma a fisgonear en todas las oficinas para exhibir como un gran hallazgo de auditoría cualquier carpeta o pluma mal acomodada.
ASÍ, SIN pensarlo dos veces, Maru agarró la recta y le conectó un hitazo al ahijado político del gobernador Javier Corral, mismo que fue a dar hasta el patio central de Palacio, luego de sentenciarlo a esclarecer el asunto del tráfico de influencias o apegarse a lo consecuente. En pocas palabras, le estuvo juntando piedritas para tirarle hasta que alzó la cabeza.