Días antes de la noche que todo juarense quisiera olvidar, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, delegado, en aquel entonces, del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, recibió un mensaje de advertencia: “no vaya…”.
La advertencia era una señal inequívoca de que aquella reunión a la cual acudiría como invitado especialísimo era en realidad una emboscada, al menos para él.
La noche que ahora quisiera guardar en el rincón más oculto de sus recuerdos tenía como punto culminante la reunión con las “fuerzas vivas” de Juárez para planear un operativo encaminado a “limpiar” las calles de Ciudad Juárez de migrantes centro y sudamericanos, especialmente, los procedentes de Venezuela.
La voz –o mejor dicho, el mensaje de WhatsApp– le advertía que aquello era un operativo arriesgado y a todas luces violatorio a la política migratoria del país, y los principios que se defienden ante la comunidad internacional.
No hizo caso: ahí estuvo, a convocatoria del Municipio. Lo que sucedió después ya es historia: los operativos recogieron a tal cantidad de indocumentados que en cuestión de horas saturaron la estación del INM, la cual vio rebasada de inmediato su capacidad de atención.
Fue así como se llegó al desenlace fatal, el de la noche del 27 de marzo de 2023, cuando 40 personas murieron y otras 28 resultaron lesionadas en ese mismo lugar, a causa de un incendio que inició en una de las celdas donde estaban recluidos los migrantes.
La mayoría de esos huéspedes habían llegado poco antes, a consecuencia de los operativos emprendidos por el contraalmirante.
Poco después, el 30 de marzo, el ahora detenido recibió un mensaje de quien antes le había advertido no asistir a aquella reunión. Era una especie de “se lo dije”.
Y se lo dijeron, y ahora se encuentra con la carga histórica de ser el presunto responsable de una de las grandes tragedias migratorias ocurridas en el país.
Como decíamos al inicio, esto ya es parte de la historia. Lo que queda ahora es juzgar por la vía judicial a González Guerrero, y al menos por la vía política a quienes ordenaron “limpiar” a Juárez de migrantes.
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Si la sola presencia de personas en las inmediaciones del río Bravo en sí, independientemente de su lugar de procedencia, constituye un peligro para sus propias vidas, el hecho de que extranjeros nuevamente se coloquen en esa área debería tener una reacción (de seguridad) de carácter prioritario para las autoridades.
Peor aún es que pese a tolerar que acampen nuevamente en los linderos del río, se estén generado conatos de violencia y actos que ya trascienden los límites y que pudieran costar nuevamente vidas humanas.
Nos referimos al altercado que aconteció durante la mañana del miércoles, cuando un grupo de extranjeros, principalmente venezolanos, según trascendió, le cerraron el paso al tren en las inmediaciones del Puente Negro, como se le conoce al cruce ferroviario que une las ciudades de Juárez y El Paso y que se ubica a un costado del puente internacional Paso del Norte.
El problema subió de tono y ya representa un riesgo latente, debido a que circularon varios videos donde los extranjeros que tomaron las vías del tren a las 6 de la mañana e impidieron su paso, gritaban consignas a los militares mexicanos que acudieron a atender la emergencia, incitándolos a que les dispararan.
Para fortuna de la ciudad y de los mismos que intervinieron, ahora sí que literalmente “la sangre no llegó al río”, pero estuvo a nada de haber llegado.
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A Mirone le dicen que los envalentonados migrantes pretendían llamar la atención de manera escandalosa ante la visita, a Ciudad Juárez, del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, quien tendría una reunión para tratar el tema de la migración, justamente a unos metros del lugar del incidente.
Ken Salazar, estuvo reunido con la gobernadora Maru Campos y otros funcionarios, en el en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), para analizar el tema de migración y las acciones que se llevan a cabo en ambos lados de la frontera. El CAIM está apenas a unos metros del Puente Negro.
La presencia de las personas en movilidad en esa zona se dio a unas horas de la llegada del diplomático estadounidense. El bloqueo de las vías del tren obligó a reforzar la zona con presencia de policías municipales y estatales, luego de que trascendiera la intención de un intento de cruce masivo al país vecino.
En noviembre del año pasado, las autoridades se armaron de valor para llevar a cabo el retiro de cientos de migrantes que se encontraban acampando en las inmediaciones del río.
El riesgo que representaba mantenerse ahí debido a las bajas temperaturas y el uso de fogatas rodeadas de casas de campañas donde permanecían familias enteras, obligó a tomar una determinación.
Las acciones no fueron fáciles, ya que algunos extranjeros asentados en el lugar se oponían al desalojo y prefirieron quemar sus casas antes de ser removidos. La densa nube de humo y fuego se entremezcló con los gritos y llantos, convirtiendo ese lugar en una representación el infierno, en la que, por fortuna, no hubo pérdidas de vidas humanas qué lamentar.
La sangre no ha llegado al río, pero la muerte ya se hizo presente en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, el pasado 27 de marzo, cobrando la vida de 40 extranjeros y dejando otros 27 lesionados, en un incendio, que independientemente de las responsabilidades, se pudo haber evitado.
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Tras la reunión que sostuvieron la gobernadora María Eugenia Campos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y Richard Verma, subsecretario de Estado para Administración y Recursos de EU, se realizó una rueda de prensa en la que se habló de todo por parte de los diplomáticos estadounidenses, menos de qué van a hacer para mejorar las condiciones de apoyo en Ciudad Juárez.
Peor aún, los funcionarios gabachos vinieron a echarle limón a la herida al señalar que el problema de la migración es un fenómeno mundial que registra la movilización de 100 millones de personas en todo el planeta, por lo que Juaritos no era el único lugar que atender.
Eso sí, dijeron que ya se trabaja en un programa entre México y Estados Unidos para crear una frontera moderna y segura.
Hablaron también de que se atenderá el tráfico de personas desde los países de origen con el fin de disuadir a los migrantes para que no caigan en manos de los ‘polleros’.
Previo a la reunión que sostuvieron con la góber en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), Ken y Richard recorrieron el albergue Kiki Romero, para conocer las condiciones en las que permanecen los migrantes en su paso por esta frontera.
Por cierto, en la reunión también estuvieron presentes los alcaldes de Juárez y El Paso, Cruz Pérez Cuéllar y Oscar Leeser, pero no fueron contemplados para participar en la conferencia, por lo que el presidente municipal de Juárez se retiró, dándose la orden al equipo de comunicación de hacer lo propio, mientras que el mayor Leeser, sí se quedó a un ladito de la mesa, durante la atención a medios, atendiendo el protocolo, por si se ofrecía algo.
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Probablemente en la conferencia celebrada ayer, en la que se dio el repaso a las buenas intenciones y deseos que tiene el Gobierno estadounidense para atender el tema de la migración, el comentario sobre las acciones que realiza el gobernador de Texas, Greg Abbott, fueron las que más llamaron la atención.
A pregunta directa de los medios de comunicación al embajador sobre la colocación de boyas y alambres de púas por parte de la Guardia Nacional de Texas que ordenó el gobernador texano en las inmediaciones del río Bravo, Ken Salazar, hábilmente cedió la palabra a Richard Verma, subsecretario de Estado para Administración y Recursos de EU.
“Le toca a él, porque él está en Washington”, dijo Salazar, señalando con el índice derecho a Verma; a este último no le quedó otra que apechugar mientras pelaba unos ojotes y reía de manera nerviosa.
Como ofensivo, fue como calificó el diplomático la acción de Abbott, que en su intento por frenar el fenómeno migratorio usa ese tipo de recursos, indicó Verma, el Departamento de Justicia ya llevó su caso a la Corte y se espera que el fallo sea favorable al Gobierno federal para darle un ‘estate quieto’ al gobernador texano. El clásico manotazo del jefazo. ¡Sópatelas!
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La diputada Georgina Zapata, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención a Migrantes, estaba molesta el día de ayer y no le faltaba razón.
Resulta que, como presidenta del Congreso del Estado, no ha podido sesionar para avanzarle al trabajo legislativo porque la secretaria de ese mismo órgano, Rosana Díaz Reyes, de Morena, no se ha presentado en la Torre Legislativa para ponerle su “ganchito” de autorización a la convocatoria.
Ese no es todo el problema: en condiciones normales, bastaría con que le aplicara su firma electrónica y el trabajo continuaría, pero no, la morenista por el distrito IV con cabecera en Juárez retiró el uso de su firma electrónica para convocar a los trabajos de la misma.
Luego, se negó a firmar la convocatoria de puño y letra. ¡Oh, que la…!
Según lo expuso Georgina Zapata, Rosana Díaz es la única diputada que ha retirado el uso de su firma electrónica en las comisiones del Congreso, sin motivo aparente, o al menos no se lo ha hecho saber a nadie, de manera oficial.
Ahora que Rosana no es la única desatenta, porque ya se hizo un llamado vía convocatoria a todas las integrantes de la Comisión y solo la diputada Marisela Terrazas, del PAN y también juarense, ha respondido.
Si no se reúnen a la brevedad, se podrían perder recursos federales destinados a atender problemas de migración y violencia hacia migrantes, porque se deben aprobaron las iniciativas 1442 y 1982.
De modo que, “con el poder de su firma”, bien pueden destrabar ese problema, que no tiene más vericueto que reunirse a hacer el trabajo para el que se les eligió: legislar.