Muchas especulaciones, sobre todo en el ámbito político, despertó ayer la muerte del exfuncionario duartista, Antonio Enrique Tarín García, quien presuntamente se suicidó lanzándose desde un puente del Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua.

La duda surge por el hecho de que es el segundo de los excolaboradores de César Duarte, involucrados en los “Expedientes X” por peculado, que muere en condiciones trágicas.

El primero fue Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien era diputado federal y en marzo del 2017 sufrió un extraño accidente en la vía corta Parral-Chihuahua, y el rin de un tráiler que se salió de su eje, impactó su vehículo y lo mató.

Antonio Tarín era su suplente en la diputación y no pudo asumir el cargo para protegerse con el fuero, porque era reclamado por la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado, cometido cuando fue director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del gobierno de César Duarte.

El ahora occiso, permaneció en prisión desde el 2017 hasta el 2021, cuando le cambiaron las medidas cautelares y pudo seguir los procesos judiciales desde su domicilio, con un brazalete en el tobillo, que llevaba puesto cuando murió.

Tras su muerte, en las redes sociales circuló un mensaje sobre la salud mental y la prevención del suicidio, que supuestamente Tarín compartió en muro de Facebook.

La intención de esa publicación, era a todas luces robustecer la teoría de que el ex funcionario duartista tenía problemas de depresión y eso lo orilló al suicidio. Sin embargo, eso generó más dudas y sospechas.

Ahora, la pregunta obligada que surge, tras la serie de especulaciones y las teorías del suicidio asistido es ¿a quién o a quiénes beneficiaba su muerte, después de 6 años de enfrentar diferentes procesos en los tribunales de Chihuahua y cuando ya había logrado el beneficio de la libertad condicional?

Fue el pasado 17 de marzo cuando Tarín García cumplió seis años enfrentando la justicia penal, cuatro años siete meses en prisión y 15 meses en libertad, pero sujeto a proceso en siete causas del fuero estatal y una federal.

En uno de los procesos que tenía abiertos en Chihuahua, debería comparecer el próximo 24 de abril, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

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Utilizando números de Sinaloa, Jalisco, Campeche y la Ciudad de México, los malandros tienen asolados a los habitantes de Nuevo Casas Grandes con las extorsiones telefónicas, que aumentaron en este periodo vacacional de Semana Santa, como nunca se habían registrado.

El alarmante número de llamadas que van desde las amenazas de supuestos grupos criminales, pasando por las de falsos parientes lejanos, hasta las de premios que no existen, pusieron en alerta a la policía de aquel municipio, porque los delincuentes se hacen pasar por comandantes o jefes policiacos, para sacarle información personal a los neocasagrandinos.

La táctica es la misma que han utilizado en diferentes ciudades del Estado. Primero engañan a la población haciéndose pasar por alguna autoridad para obtener datos familiares, y luego pasan a las llamadas de violencia psicológica, para obtener el dinero.

Aunque las denuncias son constantes en todo el Estado y es difícil capturar a los responsables, porque llaman desde otras ciudades y utilizan cuentas bancarias o de tiendas de conveniencia, que cambian después de un atraco, la gente de esta región sigue cayendo en su trampa, sobre todo cuando la engañan con el supuesto secuestro de un pariente.

Esta criminal actividad tiene éxito precisamente en las regiones del Noroeste del Estado, donde los grupos criminales han impuesto el miedo en la población con levantones, desapariciones forzadas y ejecuciones.

La policía cibernética reportó que las llamadas de los extorsionadores se han hecho de los teléfonos 669-120-4339, 669-250-3914 de Sinaloa; 387-959-6004, 333-555-0000 de Jalisco; 983-213-9412 de Campeche y 552-929-6848 de la ciudad de México.

Anótelos, estimado lector mironiano, por aquellos de las dudas y para que no se deje sorprender.

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Y hablando de la región noroeste, las que también han aumentado son las quejas por las carencias, deficiencias y mal servicio a los derechohabientes del Instituto del Seguro Social en las clínicas de Ascensión, Flores Magón, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Buenaventura.

Aunque las molestias han surgido en las cinco instituciones, son más abundantes en las clínicas 42 y 54 del viejo y el nuevo Casas Grandes.

Los pacientes maltratados por el personal de estos nosocomios, están urgiendo a las autoridades centrales de la Secretaría del IMSS-Bienestar, a que tomen medidas y resuelvan los problemas.

Los derechohabientes se quejan de que faltan especialistas en todos los centros de salud del IMSS, que las tomografías se tardan hasta un año en autorizarlas y practicarlas en clínicas externas, así como la recurrente falta de medicamentos.

Por si eso fuera poco, tienen que aguantar la mala actitud de los médicos generales, porque al no tener especialistas, tienen que lidiar con los pacientes de enfermedades crónicas que requieren tratamientos especializados.

Los reportes que llegaron a Mirone indican que se han dado casos donde los pacientes no pueden ser trasladados a hospitales de Juárez o Chihuahua, simplemente porque no hay viáticos para la gasolina de las ambulancias.

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Los principales activistas de Morena en el Estado, léase los diputados locales, están decididos a no bajar la guardia contra la Plataforma Centinela, pese a que la ciudadanía (87%) votó a favor del proyecto, en la consulta realizada por el Instituto Estatal Electoral.

De los 37 mil 188 votos registrados en la plataforma del IEE de Chihuahua, 32 mil 48 votaron a favor mientras que en contra solamente lo hicieron 4 mil 624 personas, y los restantes mil dieciséis se quedaron en posición neutral.

No obstante el descalabro, los morenistas insisten en mantenerse en contra del proyecto,  para ello preparan nuevas protestas y campañas en redes sociales. Por lo pronto, según nos informan, ya están preparando reuniones informativas en los principales municipios de la entidad, donde se realizarán obras e instalaciones de la plataforma, para decirle a la gente que la inversión que se pretende no garantiza el beneficio en seguridad pública.