Existen pocos dramas humanos tan fuertes como la migración ocasionada por la pobreza, la inseguridad o la falta de libertades. Lo hemos visto aquí con los venezolanos. Mientras que en septiembre llegaron 33 mil a varios puntos de la frontera que comparten Estados Unidos y México, en octubre fueron atendidos más de 50 mil de varias nacionalidades.

Las autoridades de EU reportaron un incremento del arribo de los sudamericanos en este año fiscal del 293 por ciento respecto al año fiscal anterior. Para tener una noción más clara del aumento de este fenómeno, nada como los números. Hace diez años había en promedio solo 127 aseguramientos mensuales de venezolanos, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés).

En su recorrido rumbo a la tierra del cada vez más inalcanzable Tío Sam, la mayoría de quienes abandonan el país gobernado por Nicolás Maduro se han enfrentado no solo a los peligros naturales de la selva, sino a la delincuencia de varios países, además del frío, al que no están acostumbrados.

Parte de este aumento del flujo migratorio se debe a que la administración de Joe Biden anunció el pasado 12 de octubre un nuevo proceso que permite a los venezolanos y sus familiares inmediatos entrar a EU.

El programa abriría las puertas a 24 mil venezolanos que quieran emigrar legalmente, con un plan similar al que ya existe para los ucranianos que huyen de la invasión rusa. Sin embargo, de manera paralela y ambivalente, EU les cerró el acceso bajo el Título 42, medida sanitaria vigente desde 2020.

Aunque el Gobierno demócrata intentó desactivar el Título 42, los gobernadores republicanos le han puesto una zancadilla a Biden. Una decisión judicial ordenó la expiración de esa medida a partir del 21 de diciembre, pero el pasado lunes la Corte Suprema lo mantuvo activo temporalmente, tras una solicitud de la oposición.

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Los republicanos han llevado al extremo su oposición a la migración en los últimos meses.

Mientras el flujo crecía en septiembre, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, empezó a enviar autobuses con indocumentados a Washington. La mayoría de los migrantes han sido venezolanos. Los republicanos Doug Ducey, de Arizona y Ron DeSantis de Florida, hicieron lo mismo, el primero en camiones y el segundo vía aérea.

Solo de Texas se han trasladado a Washington y Nueva York, entre otras ciudades, a más de 9 mil migrantes del total de 700 mil que esperan solicitudes de asilo pendientes que avanzan lentamente en los tribunales. En eso se han gastado 12 millones de dólares.

Las grandes oleadas se dieron en un entorno electoral por las elecciones de mitad de periodo en noviembre, y aunque al final de este proceso se preveía que la marea migrante se detendría, no fue así. Al contrario, en las últimas semanas las caravanas con cientos de indocumentados pusieron a temblar a las autoridades de ambos países.

El radical Greg Abbott ya había amagado con otras medidas, como militarizar la frontera con México. El martes elementos de la Guardia Nacional estadounidense colocaron cercos de alambre en unos 500 metros del borde del río Bravo, para impedir que se siguieran entregando venezolanos a la Patrulla Fronteriza.

Las imágenes de los soldados en la línea fronteriza desde luego son muy mediáticas y son otras de las medidas de presión del ala radical republicana. Esto implica de lleno a nuestra frontera.

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Al ingrediente político, hay que agregarle el de la inseguridad. Los migrantes vienen lastimados y durante el trayecto a esta frontera se lastiman más. Vivieron por años en climas hostiles debido a la pobreza e inseguridad que hay en sus lugares de origen, y con tal de intentar mejorar sus vidas se enfrentaron primero a los riesgos de la selva, y después a los de la inseguridad que hay en varios países de Centroamérica.

En el último año las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno en México han localizado casas de seguridad, en las que tenían prácticamente presos a indocumentados. Algunas personas rescatadas indicaron a las autoridades que esperaban envío de dinero de sus familiares, para que sus secuestradores los soltaran.

La actividad criminal en el territorio estatal representa un riesgo más al que se enfrentan los indocumentados. Una prueba de esto fue la desaparición en Coyame de 13 migrantes en septiembre de 2021 o los secuestros masivos. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió con ellos.

Otro plagio masivo ocurrió en septiembre de 2021 en la colonia Vistas de Cerro Grande, ubicada en el sur de la capital del estado. Ahí se mantuvieron encerrados por meses 340 migrantes. Algunos aseguraron que les pidieron hasta 70 mil pesos para liberarlos.

Uno de estos casos sucedió en Durango hace poco. Cientos de personas que se dirigían a esta frontera fueron secuestradas, pero fueron salvadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

A todo este enjambre de situaciones sociales y de inseguridad, hay que contabilizar los migrantes que han sido asesinados en Juárez y sus alrededores.

Si antes los grupos del crimen organizado se peleaban por la droga y los puntos de venta, ahora también por los migrantes. La semana pasada un grupo de pistoleros disparó a un camión en el que se trasladaban migrantes de Colombia y Venezuela. Las conclusiones son claras, no cualquiera puede “mover” indocumentados. El ataque sucedió en el kilómetro 329 de la carretera Samalayuca-Juárez.

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Ciudad Juárez se ha llenado de migrantes. No solo hay personas de varias nacionalidades en los albergues, hay otros que se establecieron provisionalmente en departamentos gracias a los recursos enviados por sus familiares. Muchos de ellos ya tienen empleo en restaurantes, estéticas o en negocios de la zona del Centro Histórico.

El Gobierno del Estado aseguró hace poco que ha invertido 10 millones de pesos para atender a ese sector y que la Federación no ha tomado la responsabilidad que le corresponde. Entonces también el fenómeno en México adquiere por momentos tintes políticos.

El Paso también está a tope. En los albergues se observa a muchos migrantes mientras esperan ayuda para llegar a su destino final. El Gobierno de El Paso podría abrir un refugio para quienes ya no alcanzaron un lugar en algunos de los albergues. Hace unos días el alcalde Leeser anunció que acondicionaría varios edificios, mientras que la Cruz Roja cederá 10 mil camas. De ese tamaño es el reto que tienen del otro lado del río. No hay mucha ayuda del Gobierno estatal de Texas.

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Ante el sufrimiento del migrante por alcanzar el “sueño americano”, a un lado de la inseguridad y la disputa política de los Gobiernos, tenemos la fría realidad de las decisiones administrativas del Gobierno de Biden.

Pareciera que el presidente de Estados Unidos promete medidas que de antemano sabe que no puede cumplir, pero que le generan simpatía política, como la de detener expulsiones durante sus primeros 100 días de gobierno. Una corte federal en Texas anuló el procedimiento.

Aunque ha hecho comentarios a favor de la migración y no se ha mostrado de forma radical contra ella, Biden no ha propiciado grandes cambios en la política migratoria, ni siquiera se ha separado mucho de la impuesta por el republicano Donald Trump.

La política pública sobre migración en Estados es casi igual con los republicanos o demócratas. Como ejemplo tenemos que la Asamblea General de la ONU firmó en 1990 la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares con el objetivo de asegurar que la migración sea segura. La Convención entró en vigor en 2003 y ha sido ratificada hasta la fecha por 56 países, aunque no por EU.

Así el migrante se lanza al vacío, porque sabe que no puede volver a su país, pero tampoco está seguro que será recibido por Estados Unidos. Su hogar provisional es Ciudad Juárez, la ciudad de la furia.

Y en ese hogar del indocumentado, la realidad es que la migración es una “papa caliente” no únicamente para los Gobiernos, sino para la sociedad, debido a que la ciudad no está preparada para una migración masiva como pudiera ocurrir en los siguientes meses.

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Desde hace cinco años, tiempo en el que ha habido varias crisis de migración en Ciudad Juárez, el problema del racismo ha crecido. Aunque afortunadamente solo se ha quedado en redes sociales, no deja de ser una piedra en el zapato para la comunidad.

Basta leer los comentarios que usuarios de Facebook o Twitter hacen en las páginas de medios de comunicación, para medir el pulso del desapego que tiene la población fronteriza, compuesta en gran parte por migrantes, por las causas de los viajeros que quieren alcanzar su sueño.