Muy grave la denuncia que hizo ayer la gobernadora Maru Campos, por la nueva oleada de migrantes venezolanos que llegarán a la frontera, “acompañados” ni más ni menos que por la Guardia Nacional.

Pero peor aún es el problema que se avecina para Ciudad Juárez al no contar con albergues necesarios para contener esta nueva marea humana que se avecina en su inminente paso para cruzar a los Estados Unidos.

Mucha razón tiene la mandataria en reclamar al Gobierno Federal, que ocupe a las fuerzas federales en escoltar a los migrantes, en lugar de destinar recursos para apoyarlos durante su estancia en los municipios por los que pasan y donde se estacionan en espera de cruzar a los Estados Unidos.

La insólita tarea de la Guardia Nacional, que no cumple en la entidad con su obligación en materia de seguridad, por atender las instrucciones de sus superiores para traer a la entidad cerca de dos millones de migrantes, invoca al sospechosismo.

No hay otra lectura, porque solamente a Chihuahua están llegando los grupos acompañados de la Guardia, como para evitar que se desvíen hacia otras fronteras, que son más atractivas para las personas desplazadas.

Ante las declaraciones y reclamos sustentados de la gobernadora, la Guardia Nacional, a través del chat de Comunicación de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua, dio su versión horas después, diciendo que “no proporciona seguridad ni acompaña a la caravana migrante como se ha difundido en algunos medios de comunicación; su deber es monitorear el desplazamiento y estar atenta en caso de que se presente algún incidente como se hace con cualquier concentración de personas”, así tal y como lo lee.

Si Juárez aún no termina de salir de la crisis que generó el campamento de venezolanos en las márgenes del río Bravo, y la saturación de los albergues, donde ya no hay cupo, ¿por qué insiste el Gobierno central en acarrear nuevos grupos?

No se trata de una acción humanitaria, definitivamente, porque humanitario sería que el Instituto Nacional de Migración se hiciera cargo de su estancia, salud y alimento, pero toda la carga de esta contingencia la asumen organizaciones civiles y religiosas, así como los gobiernos locales.

Esa manipulación de los flujos migrantes resulta hasta criminal, si se considera que esas personas vienen huyendo de la violencia, la persecución y el hambre, y es perverso que se les utilice con propósitos desestabilizadores y luego se hagan los desentendidos, como que no están enterados de nada. No se explica de otra forma.

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Y es que no se está tomando en cuenta la gravedad de lo que ya acontece en tierras chihuahuenses, del problema que crece como bola de nieve y del que hemos visto parte de sus efectos, por parte del crimen organizado.

El ataque que realizó un grupo de hombres armados a un camión de transporte público ocurrido durante la noche del miércoles en el trayecto de Samalayuca a Ciudad Juárez, deja ver el trasiego masivo de migrantes está ocurriendo ya de manera descarada frente de las autoridades.

En el autobús viajaban 29 extranjeros, principalmente venezolanos, quienes fueron recibidos en tierra juarense a balazos y estuvieron a punto de caer en manos de los traficantes de personas, de no ser, hay que reconocerlo, por la oportuna actuación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Además de poner a salvo a los migrantes y asegurar al chofer que resultó herido, también se logró la captura de dos presuntos “polleros”, que participaron en la frustrada acción delincuencial.

Durante la mañana del jueves, el propio titular de la SSPE, Gilberto Loya, dio a conocer que un segundo grupo, entre los que se cuentan mujeres y niños, fue localizado cerca de la vía del ferrocarril, en las inmediaciones de la ermita de San Lorenzo y que son de nacionalidades venezolana, nicaragüense y colombiana.

Sin embargo, eso es solo la punta del Iceberg de un problema titánico que se nos viene en la frontera, además de los 2 mil 500 extranjeros anunciados por la mañana por la gobernadora, se espera la llegada inminente de otros 500 migrantes quienes por la tarde del jueves ya pasaban la Comarca Lagunera.

Su arribo pudiera darse de manera paulatina en las próximas horas a esta frontera. Entretanto el primero en tomar cartas en el asunto fue el alcalde de Jiménez, Marco Chávez Torres, que anunció que pondría a disposición de los integrantes de la caravana, autobuses para trasladarlos desde las orillas del estado de Durango, hasta el municipio que preside.

Épica acción del edil jimenense, que en un sentido humanitario, está viendo por las mujeres y niños principalmente, que ya cansados de su andar, muestran signos de agotamiento y están siendo llevados a los dos gimnasios municipales que fueron habilitados como albergues temporales.

Según las estimaciones, durante el jueves se vio la llegada de aproximadamente mil 200 personas, y para hoy viernes se esperaba el paso por ahí, de otros mil 300 extranjeros.

Mientras los pobladores de Jiménez se han unido para apoyar en esta situación extraordinaria con alimentos, cobijas y ropa, las autoridades de ese municipio ponen el ejemplo, pero también lanzan un SOS desesperado a las otras esferas de Gobierno.

Y mientras las autoridades no se cansan de jugar a la papa caliente en lugar de definir de manera seria las acciones que permitan impedir el caos que se avecina, ni el sector empresarial, ni los grupos de poder han levantado la mano para brindar el apoyo a la ciudad que tanto les ha dado y que hoy más que nunca requiere de su colaboración.

Los albergues municipales están por llegar a su máxima capacidad, ¿Qué se viene para Juárez en las próximas horas?, ¿Habilitarán gimnasios, bodegones de maquiladora para recibir a los que vienen en camino?, ¿Una nueva invasión al río Bravo?, ¿Cuál es la estrategia que se tiene para contener esta marea humana?, ¿Hay alguna estrategia?

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Juárez quedó fuera del decreto aprobado ayer en el Congreso del Estado, para actualizar las tablas de valores catastrales de 53 municipios, para el Ejercicio Fiscal 2023, incluyendo el de Chihuahua.

El dictamen de decreto presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no incluyó a Juárez, porque aún hay resistencias para autorizar el factor que sirvió para el cálculo del valor base de las nuevas tablas, que generaban aumentos del 13 por ciento en la mayor parte de las propiedades.

En la sesión de ayer no se despejó la duda de esta omisión, por lo que se espera que, en la próxima sesión de la comisión de Programación y Presupuesto, se siga discutiendo el tema.

Por lo pronto, el decreto aprobado hoy representa un revés al ayuntamiento de Juárez, a pesar de que el alcalde compareció en días pasados con su equipo de finanzas a explicar la formula, con la que peritos valuadores de la ciudad calcularon la nueva tabla de valores.

El dictamen final faculta a los municipios que así lo decidan, a utilizar el mismo valor base que sirvió para el cálculo del impuesto en el 2022, por lo que de no ser aprobada la propuesta de Juárez, tendrá que sujetarse a este criterio antes que termine el año y no habrá actualización y mucho menos aumento.

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Más vale tarde que nunca, dice el refrán que bien aplica al Consejo Estatal de Salud, ya se puso las pilas para hacer frente al repunte de contagios de Covid-19 en la entidad, que en el último mes de noviembre superó los 19 mil casos nuevos con 8 muertos, números que colocan al Estado, como el más virulento de todo el norte del país.

No se trata de un asunto menor, sino de contener una nueva ola de contagios que nadie desea, pero que se está propiciando con el relajamiento de los controles preventivos y que puede salirse de control, si no se le informa a la ciudadanía que deben respetar los protocolos que todos conocen, para no volver a las medidas restrictivas.

Clínicas móviles de atención y campañas de orientación para volver a usar el cubre bocas, deben ser suficientes para bajar la incidencia y regresar a los parámetros normales.

Sin embargo, la ciudadanía no debe olvidar que la condición de frontera con el estado de Texas, que registró 79 mil 497 nuevos casos, con 251 muertos durante el mes de noviembre, eleva el riesgo de contagios transfronterizos.

Tan solo en las ciudades vecinas de El Paso y Las Cruces, en el mismo periodo registraron 5 mil 487 y mil 409 nuevos enfermos por Covid, respectivamente.

Las autoridades de salud no pretenden provocar alarma, sino concientizar a la población para que en estas fiestas navideñas no se suelten el chongo en las reuniones sociales, porque el virus no se ha ido, solo cambió de nombre… ahora le llaman pesadilla.

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Al recurso de amparo interpuesto por la Unión Ganadera de Chihuahua, contra el decreto que da vigencia al acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que permitirá la importación de carne barata de Argentina sin pasar por los filtros de sanidad, ya se sumaron los productores de manzana y papa de la entidad.

En el oficio que hicieron circular los ganaderos, precisan que están pidiendo la suspensión del acuerdo, no por temas arancelarios, sino porque no cumplen con las normas de sanidad e inocuidad alimentaria, porque se les han retirado a los organismos reguladores de la calidad de los alimentos, Coespris y Senasica, las facultades de inspeccionar las importaciones.

Actualmente son 40 mil los productores de carne del Estado que ven amenazada su actividad con la llegada de carne de Argentina, que no está pasando por los protocolos sanitarios y puede poner en peligro los hatos chihuahuenses, además de la salud pública.

Los ganaderos agrupados en la Unión Regional, afirman que la Secretaría de Economía está tomando todas las decisiones sobre este tema avalada por los mayoristas y minoristas, pero sin tomar en cuenta a los productores que, durante 30 años han trabajado para que se respeten las normas sanitarias y puedan darle un valor agregado a la carne.

Si el amparo procede contra el decreto en cuestión, el Gobierno federal deberá doblar las manos y sentar en la mesa de las negociaciones no solamente a los ganaderos, sino también a los fruticultores y horticultores, así como a los que se vayan sumando.