Facundo Teófilo Martínez Robledo murió en el desamparo. Literalmente.

Meses después de que un juez de control le impusiera la prisión preventiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía desde hacía años terminó por derrotarlo. Murió en su celda del Cereso número 3. No hubo amparo. No hubo compasión. No hubo revisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lo colocó al mismo nivel que el propietario del Crematorio Plenitud, donde se acumularon casi 400 cadáveres embalsamados. Para el expediente, eran iguales. Pero no lo eran.

Facundo era empleado, un obrero asalariado, próximo a jubilarse. Estaba enfermo, con una EPOC y una hernia tan predominante que era visible a través de sus ropas. Según la lógica de la FGE, era tan culpable por no haber maniobrado cientos de cuerpos de distintos pesos y tallas, operar un horno que llevaba años descompuesto y responder por un negocio que no era suyo. ¡Cómplice!, le acusaron.

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Su “cómplice”, José Luis Arellano Cuarón, sí era el dueño. Él cobraba por cremaciones que no se realizaban. Él ofrecía un servicio que sabía inexistente. Él facturaba mientras las urnas se llenaban con residuos que no correspondían a los restos de quienes las familias despedían con dolor.

Ambos fueron vinculados a proceso por inhumación indebida o no autorizada de restos humanos. La diferencia no estuvo en la imputación, sino en el destino.

Facundo murió en prisión. Arellano Cuarón está libre.

Uno no tuvo recursos para una defensa que le abriera la puerta. El otro sí. Uno enfrentó la cárcel enfermo y sin amparo. El otro consiguió que un juez “reconsiderara” su situación jurídica y concluyera que, después de todo, no había cometido ningún delito. Se tragó el cuento de que nada más “se le juntó el jale”.

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El contraste entre una justicia ciega y otra que ve para donde le conviene lo representa a todas luces el juez séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien le otorgó el amparo a Arellano Cuarón con el que pudo regresar a la libertad.

El viernes 13, día cabalístico que, para algunos, representa la mala suerte y, para otros, la fortuna. El dueño de Plenitud estaba entre los segundos. Sin enfrentar juicio, recibió la bendición del amparo y, casi tan pronto como salió de prisión, se fue a refugiar al extranjero, a El Paso, para ser exactos.

Ahora, el juez que facilitó su huida está en la picota, al menos en términos de opinión pública, ensombrecido por la sospecha de haber recibido un “cañonazo” para ir a abrir el cerrojo de la celda de Arellano.

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El juez Rivas es uno de los que llegó a ponerse la toga después de haber “ganado” el cargo en las controvertidas elecciones judiciales de junio pasado. Es, digamos, uno de los casos más emblemáticos de lo que salió mal en la Reforma Judicial que tanto empujó la 4T.

La actuación de ese juez, sin embargo, no será revisada pronto, pues las evaluaciones al desempeño tardan meses y los resultados, todavía más.

Para cuando sepamos si el juez “del acordeón” recibe una sanción por su mal desempeño, será demasiado tarde. Arellano ya está en El Paso y Facundo Teófilo ya está en otro plano existencial.

Facundo no murió por la EPOC. Murió porque no tenía apellido, dinero ni juez.

Y mientras el sistema afina evaluaciones, revisiones y calendarios, la verdad ya quedó dictada: en este país, la cárcel sigue siendo para los pobres y la libertad para quien puede pagarla.

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Más allá del contraste entre el amparo que liberó al propietario del crematorio y el desamparo que dejó morir en prisión a un empleado, el caso Plenitud abre ahora un frente distinto, pero igualmente relevante: los mecanismos formales de evaluación y control del desempeño judicial.

No se trata ya del contenido de una resolución específica, sino de los instrumentos institucionales diseñados para revisar cómo, por qué y con qué estándares se toman decisiones que producen efectos irreversibles.

Con independencia de las quejas que se puedan presentar contra las personas juzgadoras ante el Tribunal de Disciplina Judicial en el plano federal, la nueva norma —derivada de la Reforma Judicial— contempla un procedimiento de evaluación ordinario y de seguimiento regular.

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Pues resulta que el Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial trae una verdadera revolución, al haber iniciado los exámenes teórico-prácticos desde el pasado 9 de febrero, desatando el nerviosismo entre jueces y magistrados.

Hay todo un procedimiento que incluye visitas presenciales, encuestas de satisfacción, evaluación entre pares y análisis de indicadores de rendimiento.

A ello se suma la revisión de productividad, la existencia de quejas administrativas fundadas y el cumplimiento de los plazos que exige la Ley de Amparo, además de la normatividad en materia de recursos humanos y materiales.

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Bastante inquieto ha de estar el juez de Distrito en Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien se colocó bajo sospecha de corrupción luego de haber resuelto que no existía delito alguno en el acumulamiento, manejo y disposición de 386 cadáveres en el Crematorio Plenitud. No ha de tener sólidas bases formativas y corre el riesgo de reprobar el examen, que exige una calificación mínima de 8.5.

Bien podrían aplicar los evaluadores algunas de sus encuestas a quienes protestaron en el exterior de las oficinas del Poder Judicial en contra de Rivas y de su resolución. Seguramente saldría reprobado.

Por lo pronto, a Rivas no le fue nada bien con la protesta de los deudos del crematorio Plenitud. Lo menos duro que le dijeron, a todo pulmón y en pancartas, fue el calificativo de “vendido”.

La efervescencia que hay en el Poder Judicial de la Federación por los procedimientos de evaluación contrasta, además, con la inacción del Tribunal de Disciplina Judicial a nivel estatal. Se ha presumido mucho el trabajo para confeccionar lineamientos, pero a seis meses de que entró en funciones ese nuevo órgano disciplinario, nada se ha sabido de evaluaciones ni de sanciones.

El Órgano de Evaluación de Desempeño y el propio Tribunal de Disciplina a nivel federal ya han caminado bastante terreno y hasta existe una lista de personas juzgadoras sancionadas. Aquí, en cambio, la nueva institución no ha pasado de los conversatorios y de los llamados a los usuarios del sistema judicial para que denuncien irregularidades.

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El de ayer no fue un anuncio político, pero tampoco fue un anuncio menor. La senadora Andrea Chávez confirmó a traves de sus redes sociales que será mamá y lo hizo con un mensaje largo, pensado y claramente dirigido. No habló de cargos ni de campañas, pero sí de infancia, de desigualdad y de futuro.

El texto, ni de asomo plantea una retirada ni una pausa. Al contrario: refuerza la narrativa que la juarense ha venido construyendo desde hace tiempo, donde lo personal no sustituye a lo público.

En su mensaje Andrea informó y siguió hablando de lo mismo de siempre: derechos, niños, oportunidades y responsabilidad del Estado.

El componente ideológico está ahí, así como la memoria familiar, la formación política, las referencias culturales. Nada nuevo para quien ha seguido su trayectoria.

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El momento tampoco es casual. Andrea atraviesa una etapa de consolidación política y el mensaje apunta a eso: no hay repliegue, no hay silencio, no hay desaparición del escenario. La maternidad no aparece como límite, sino como parte del mismo relato.

Vale detenerse en un punto que sí es importante y que ella misma subrayó. La legisladora explicó que había tomado la decisión de mantener su vida personal fuera del ámbito público, una decisión derivada —dijo— de duros aprendizajes. Sin embargo, optó por compartir la noticia.

“No puedo privarme ni privarles de compartir la felicidad plena”, escribió.

Mirone lo dijo desde antes, no como chisme, sino como contexto, porque en política, lo que no se dice también comunica. Y aquí el mensaje es sencillo: Andrea seguirá en la conversación pública, con la misma agenda y el mismo tono.

Será mamá. Y seguirá siendo actora política.

¡Enhorabuena, senadora!

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El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al tercer trimestre de 2025 dejó bien parado al Gobierno municipal de Juárez, que encabeza el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar, al menos por el momento.

Decimos “por el momento” porque esa ASF, la verdad, está buena para un apuro, ya que apenas entregaron el informe de auditoría del tercer trimestre de 2024, con cerca de año y medio de retraso.

Mientras a otros entes de Gobierno y Ayuntamientos con menos recursos y habitantes los dejaron castigados, a Juárez lo trataron como al niño de primaria al que sí lo van a dejar salir al recreo porque hizo la tarea.

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Al Gobierno juarense que encabeza Cruz Pérez Cuéllar, como quien dice, le pusieron su estrellita en la frente y su palomita con crayón colorado en el cuaderno, porque sí se portó bien.

De siete conceptos revisados, ninguno arrojó observaciones o irregularidades: dos salieron “rechinando de limpios” y los otros cinco fueron solventados.

La ASF revisó un monto de 917 millones 540.1 mil pesos, que representó el 100 por ciento de los recursos fiscalizados al municipio de Juárez, Chihuahua. Todo, sin una sola observación.

Pero más allá de los números, lo que llama la atención es el cierre del informe del Gobierno crucista: “Gestión adecuada de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”.

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Hasta ahí, hay motivos para quebrar la piñata, pero todavía falta ver cómo queda el informe anual.

El periodo revisado abarca solo julio, agosto y septiembre de 2024, primer trimestre de la segunda administración del aspirante a gobernador.

Falta auditar el cuarto trimestre, el más peligroso, justo cuando ya estén encarreradas las preprecampañas.

Esto aún no termina.

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Por terrenos del Gobierno del Estado en Juárez, donde hubo lloradera del personal por la salida de la titular de la dependencia, fue en el Registro Público de la Propiedad.

Desde mediados de la semana se despidió de su gente Karla Vergara, quien había quedado al frente desde marzo de 2021, tras la salida de Jesús Martínez Meneses, en la recta final del quinquenio de Javier Corral.

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Ahí trabajaba Karla, abogada egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como registradora desde 2018, con el impulso del notario Javier Camargo Nassar, bien conectado entonces con el gobernador Corral.

Hizo buena chamba y libró el cambio de administración en 2021 por mérito profesional, sin respaldo político.

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Sin embargo, desde Palacio ya le habían echado el ojo a la posición. Se comenta que llegará un enviado desde Chihuahua para controlar la recta final del sexenio.

Le pidieron el espacio y lo entregó sin problema. Oficialmente: renuncia.

Ahí hay intereses fuertes: predios, vivienda, notarios, jueces, despachos, promotores y funcionarios.

A ver qué sorpresa dan desde Chihuahua con la designación del nuevo titular del Registro Público de la Propiedad en Juárez.